jueves, 22 de diciembre de 2005

Lista negra: ¿Un nuevo Watergate?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 22 de diciembre de 2005.

Resulta notorio que durante la última semana Bush haya hecho cinco discursos confirmando, y luego tratando de justificar, la existencia de un programa ultrasecreto de intercepción electrónica, microfónica y telefónica desplegado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, siglas en inglés) contra ciudadanos de EU y otros "sospechosos de terrorismo" en territorio nacional. Según se filtró a los medios, el esquema fue autorizado por Bush (y Cheney), sin siquiera el requerido aval judicial de una "corte secreta" encargada de estos asuntos, lo que apunta a la presunta inclusión, entre los blancos de espionaje, de un "amplio espectro" de personalidades, organizaciones e instituciones.

El reconocimiento público sobre este operativo y su "ultrasecreta lista negra" es asunto de orden mayor, cuyo antecedente es Watergate y el medio ambiente de abusos de "seguridad nacional": al igual que a Nixon, el caso que nos ocupa también le explotó a Bush como resultado de una "fuga de seguridad" y las repercusiones pueden ser nacional e internacionalmente vastas como indica el hecho -que irrita a Bus- de que en los pasillos de la política -y la legislatura- se empieza a usar el término "dictadura" para referirse a su gobierno. El affair se da en el contexto de un gobierno signado por el secretismo y lo clandestino, que hace que Nixon y su camarilla parezcan focos de transparencia y veracidad.

El "nuevo Watergate" ocurre cuando abundan graves y severas denuncias, como las del coronel Larry Wilkerson, ex jefe del personal de Colin Powel y ex director del Colegio de Guerra del Cuerpo de Marinos. Desde la conservadora New American Foundation, y en referencia a su experiencia durante los primeros cuatro años de Bush, dijo: "lo que presencié fue una cábala entre el vicepresidente Cheney y el secretario de Defensa Rumsfeld, que impacta asuntos básicos y toma decisiones que la burocracia no sabía que estaban siendo hechas... Nunca he visto algo semejante en mis estudios sobre las aberraciones, las ilegitimidades, las perturbaciones y cambios al proceso -de toma de decisiones- en materia de seguridad nacional" (Washington Post, 20/10/05). Tal parece que, al igual que en tiempos de Nixon, la cábala Bush-Cheney-Rumsfeld secuestró la Constitución y el reconocimiento de este hecho está en la base, por una parte, del rechazo legislativo para renovar y dar permanencia a la Ley Patriota que otorga a Bush potestades que alteran el equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial establecido en la Constitución, y por otra, del creciente nerviosismo, si no es que alarma legislativa, en torno a abusos del poder amasado por la cábala bajo el impulso del 11/9, una operación terrorista en la que la actuación de sectores claves de la comunidad de inteligencia en "la no prevención" de los ataques (incluyendo de manera prominente a la NSA y "toda" la estructura que diseñó y operó el sistema para la vigilancia y monitoreo del espacio aéreo y satelital la mañana de ese fatídico día) todavía no se aclara. La intranquilidad es amplia y la expresó tanto el senador republicano Arlen Specter del Comité Judicial, quien anuncia que convocará a sesiones en enero para revisar el espionaje de Bush-NSA, como el senador demócrata John D. Rockefeller, quien dio a conocer copia de una carta secreta y sellada que envió a Cheney en 2003 rechazando el programa. Los recelos de republicanos y demócratas derivan del concurso del aparato clandestino en la usurpación que hace Bush de funciones legislativas y judiciales que rebasan en mucho las impulsadas por Nixon, cuyos blancos para la vigilancia incluyeron personalidades, instalaciones, organizaciones, grupos, documentos y material informativo del establishment político-empresarial, legislativo, intelectual y sindical.

En la eventualidad de que se materializara un acto de "terrorismo catastrófico" y dadas las propensiones autoritarias y herméticas del grupo en el poder, cabe mencionar lo que parece ser una premonición de Wilkerson: "Le hemos hecho la corte al desastre en Irak, Corea del Norte, Irán y en general en relación a crisis domésticas como Katrina. Si se diera un ataque nuclear terrorista u ocurriera una gran pandemia... se podría generar una regresión hasta tiempos de la declaratoria de independencia". Ello porque la Casa Blanca cuenta con esa "lista negra ultrasecreta" que explica la perturbación e intranquilidad del Legislativo, ya que se extendería más allá de los "sospechosos de terrorismo" para incluir a las personalidades e instituciones que la cábala considera "obstáculos" a sus crecientes encubrimientos. Su "neutralización", según los manuales del Ejército, incluye a "líderes conocidos o sospechosos de grupos hostiles", "líderes políticos de conocida o sospechosa hostilidad hacia los objetivos políticos y militares de EU", "oficiales conocidos o sospechosos" y "colaboradores y simpatizantes conocidos o sospechosos de colaborar con el enemigo, cuya presencia en el teatro de operaciones constituye un riesgo para la seguridad de EU".

jueves, 8 de diciembre de 2005

Tortura, terror e imperialismo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 8 de diciembre de 2005.

"No puedo comentar sobre asuntos que afecten a nuestro servicio de inteligencia''. Con estas palabras Condoleeza Rice trató de evadir, durante su visita oficial a Alemania, la catarata de preguntas y cuestionamientos de la prensa europea sobre la existencia de centros de inteligencia antiterroristas financiados por la CIA y dotados de personal local. Los campos de ''internación, interrogación y eliminación de islamistas sospechosos'' desplegados por el gobierno de George Bush en Europa, en Irak y a lo largo y ancho del mundo, representan un inusitado esfuerzo por establecer un ''nuevo orden policial-judicial'', que opera al margen del derecho internacional, centrado en el uso de instrumentos públicos y ''privados'', de terrorismo de Estado.

Como resultado aumentan las fricciones y contradicciones entre gobiernos y su respectiva opinión pública. Considérese la centralidad que adquirió el tema de la tortura y el uso clandestino de pistas de aterrizaje de la CIA en Alemania, para el transporte, martirio y eliminación de presuntos terroristas. Es un asunto espinoso ante una población que sufrió los traumas -y vergüenzas-, de los campos de exterminio y terror nazi. Ahí es intenso el impacto psicopolítico de un esquema como el impulsado por el triunvirato Bush-Cheney-Rumsfeld, y esto ocurrió cuando Rice visitaba a un gobierno como el de la señora Merkel, que se esfuerza por mejorar la relación con Estados Unidos.

Los costos políticos para Merkel si se sospecha de la más leve colaboración con Estados Unidos en materia de represión y de centros de interrogatorio y exterminio, pueden ser devastadores y ella lo sabe: su gobierno conservador opera en medio de una opinión pública cuyo rechazo a la guerra en Irak persiste, junto con una creciente e indignada irritación por las operaciones ''clandestinas'' estadunidenses, las que incluyen el uso sistemático de la tortura, práctica a la que ahora parece adicto el triunvirato, la CIA y el Pentágono. El vicepresidente defiende a capa y espada los ''nuevos métodos'' tipo Gestapo que se emplean porque, dice, ''son útiles para combatir al terrorismo''. La opinión generalizada de expertos y conocedores es precisamente la contraria: la inutilidad de la información producida por el abuso físico y mental, por la humillación sexual y religiosa, de ''la persona''.

El desplome de la imagen de Estados Unidos no puede ser mayor. Hace poco el almirante Stanfield Turner, ex director de la CIA, calificó a Cheney como el ''vicepresidente para la tortura''. Mientras, el número de islamistas ''desaparecidos'' aumenta. Así se desprende de documentación proveniente de la Cruz Roja, la misma FBI, el Ejército y los documentos oficiales, que además muestran que el Pentágono cuenta con un contingente de 54 mil soldados instruidos para operaciones clandestinas de infiltración, demolición, sabotaje y capturas subrepticias, cuya ampliación promueve Rice en esta gira.

El terror de Estado por el petróleo iraquí va desde el bombardeo de civiles, las redadas y masacres continuas, el uso de armas prohibidas, hasta la tortura y el establecimiento en más de 40 países de centros para infligir dolor, tormento y angustia en la mejor tradición hitleriana.

Hace poco se informó en Estados Unidos que en Irak existen ''al menos'' mil 100 centros de tortura -algunos contratados a empresas estadunidenses-. También se sabe que operan en barcos de guerra y en aviones. Es un vasto esquema en el que, según datos recientes (Mark Danner, "Torture and Terror: America, AbuGhraib and the War on Terror", New York Review of Books, 2004, citado por W. Pfaff, en su notable What We've Lost, Harpers, noviembre 2005) participan ''agentes estadunidenses, soldados y contratistas privados''.

Para América Latina el asunto no es nuevo: millones de familias han sufrido el terror de Estado y la tortura como instrumento de ''gobierno'', como lo ilustran las actividades de la Escuela de las Américas, donde se adiestran decenas de miles de oficiales latinoamericanos en técnicas que, según el Departamento de Defensa, van desde ''la censura y las operaciones de cateo y cordón'' hasta ''el interrogatorio de prisioneros y el control del 'populacho' y los recursos''. Esto siempre se negó. Hoy es parte de una política de Estado intervencionista que considera ''obsoleta'' la Convención de Ginebra, que combate a la Corte Penal Internacional y que expone a los oficiales y responsables a la máxima pena, según la Ley Federal de Estados Unidos sobre Crímenes de Guerra de 1996, vigente. Bush, el ''comandante en jefe'', encabeza la lista de los ''involucrados'', por lo que su gobierno usa el término de ''enemigos combatientes'' como dispositivo lingüístico para evitar su aplicación. Pero, como dice Pfaff, la Casa Blanca le señala a la tropa que ''...en la guerra contra el terrorismo están suspendidas no sólo las normas internacionales y nacionales, y el comportamiento legal, sino también las normas religiosas y seculares comúnmente aceptadas como parte de la civilidad''. (p.55)

jueves, 24 de noviembre de 2005

El triunvirato contra Caracas

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 24 de noviembre de 2005.

El petróleo es sin duda uno de los temas de fondo de la fricción diplomática entre México y Venezuela, desencadenada por las declaraciones públicas de Fox, una vez concluida la Cumbre de Mar del Plata. Cabe recordar que ambas naciones son las dos principales abastecedoras de petróleo latinoamericano a Estados Unidos, con Colombia en tercer lugar.

Aunque la temática es amplia y compleja, existen dos cuestiones que es necesario recordar: primero, que Venezuela tiene una de las reservas probadas de crudo convencional de mayor dimensión del mundo. Según el American Petroleum Institute, ronda los 70 mil millones de barriles, sin incluir vastos yacimientos de crudo pesado localizados en la Cuenca del Orinoco.

Agréguese a esto la intención del gobierno encabezado por Hugo Chávez, que es apoyado por casi dos terceras partes del voto popular, de intensificar la industrialización de ese vital recurso y también de recuperar la renta petrolera y manejarla en función del desarrollo económico y social de su país.

Además, Venezuela, país fundador de la OPEP, es el quinto exportador de crudo con una producción diaria de 3.1 millones de barriles. Su gobierno está realizando esfuerzos para diversificar su clientela, al tiempo que impulsa iniciativas esenciales como PetroCaribe, un esquema en el que Caracas suministra a los países del Caribe petróleo a precios preferenciales: una rebaja de 40 por ciento del costo si el precio llega a más de 50 dólares el barril, como ocurre en la actualidad, y más concesiones a los signatarios de Petrocaribe si el precio rebasa los 100 dólares.

Chávez ya estableció una entidad afiliada a PDVSA que se encargaría de poner esto en práctica, y ha insistido en que todo nuevo negocio se haga entre gobiernos, excluyendo a empresas privadas como Texaco, planteamiento que generó gran malestar y alarma en el poderoso lobby de la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos y sus instrumentos de proyección de poder estatal desde la Casa Blanca: la CIA, el Pentágono y el Banco Mundial bajo Wolfowitz. Con el fabuloso negocio petrolero en la mira, desde hace varios años el gobierno de Bush intenta un ''regime change'' en Caracas.

Ya que a corto y mediano plazos el entorno energético internacional es delicado y la dependencia energética de Estados Unidos aumenta, se agudiza su propensión a recurrir a la criminalidad de Estado y a maquinaciones diplomilitares que van de la propaganda radial-televisiva y el asesinato, al uso de ''grupos operativos de terrorismo anticipatorio y proactivo'', al servicio de Rumsfeld. Ello, ante un régimen caraqueño que da contenido al principio de ''Venezuela -y sus recursos- para los venezolanos''.

Antonio Rossi (Clarín, 6-11-05) informa que lejos de haber alcanzado un techo, el precio internacional de petróleo seguirá su escalada hasta superar a mediano plazo la barrera de los tres dígitos, y mucho me temo que no serán bajos, lo que generaría enormes dislocaciones económicas, sociales y políticas a lo largo y ancho del planeta. Es un escenario previsto en Petrocaribe y con un alto orden de probabilidad de ocurrir ya que, lamentablemente, no se registra acción drástica alguna por parte de los grandes consumidores de racionalizar el uso del crudo.

Por el lado de la demanda el crecimiento no se detiene. Desde que el gobierno de Reagan desmantelara los programas de Carter para promover el ahorro y la diversificación energética, el consumo en Estados Unidos se acrecienta y aunque su población es apenas el 3 por ciento de la del mundo, quema 25 por ciento del petróleo mundial.

A eso se agrega el arribo de China e India como fuertes compradores, y lo mismo sucede con los países del Tercer Mundo, también con un consumo en aumento. Existe además el factor de desestabilización provocado por la ocupación de Irak. El problema se percibe mejor si se tiene presente que 90 por ciento del abasto viene de pozos que tienen más de 20 años de explotación y que el 70 por ciento sale de pozos con poco más de 30 años. Es perceptible el agotamiento de la capacidad ociosa de los grandes productores, una situación inédita, cuando se le compara con el ''choque petrolero'' de los 70.

Si no se toman medidas drásticas de ahorro energético, el petróleo será cada vez más caro, mientras Estados Unidos, bajo el triunvirato Bush-Cheney-Rumsfeld, que Gore Vidal califica con tino como una ''junta petrolera'', se inclina por incendiar Caracas y la región. El triunvirato sigue aplicando la política exterior y de seguridad bajo el supuesto de que América Latina es ''su'' depósito de recursos naturales, que puede tomar a su antojo.

Por ello es necesario prestar atención a la advertencia hecha por un analista del Washington Post el pasado 2 de noviembre en el sentido de que ''el Pentágono ha empezado planes de contingencia para un potencial conflicto militar con Venezuela como parte de una amplia evaluación post-Irak de las amenazas estratégicas contra Estados Unidos. Esa planificación fue impulsada por instrucciones generales y específicas promulgadas por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y sus asistentes de política civil''.

jueves, 10 de noviembre de 2005

Cumbre: las advertencias de Chávez

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 10 de noviembre de 2005.

Fracasó el intento oligárquico-imperial de resucitar el ALCA impulsado por Bush -por medio de Panamá- en la cumbre celebrada en Argentina. Fue un empeño que contó con el lamentable endoso de Fox y Uribe y es acontecimiento mayor en la agenda y los esfuerzos de los pueblos por el desarrollo, el empleo, la equidad y un manejo soberano y ecológico de sus recursos naturales -petróleo, gas, agua, minerales, biodiversidad-. Sin embargo, conviene prestar atención a dos advertencias de Hugo Chávez con motivo de ese cónclave. La primera, según el New York Times (NYT) fue que, "...si al imperialismo estadunidense, en su desesperación, se le ocurriera invadir a Venezuela, daría inicio a una guerra de cien años". La segunda, "...no seremos una colonia de la América del Norte", la pronunció al rechazar el ALCA, postura respaldada por la opinión pública de la región y del mundo.

Sobre lo primero, cabe recordar, por un lado, que a la enorme y creciente codicia de EU por el dominio empresarial-militar de los combustibles fósiles localizados en México, Venezuela y los países andinos, es decir, en depósitos fuera de su jurisdicción territorial, se agrega su ambición por el control y usufructo de las principales fuentes de minerales, agua y biodiversidad de la región. Para nadie es un secreto que en el modus operandi del capital monopolista, articulado por Washington, destacan el FMI, el BID y el Banco Mundial -ahora bajo Wolfowitz, el segundo de Rumsfeld en el Pentágono y arquitecto de la sanguinaria conquista de Irak y su reserva petrolera. Con esos organismos, el tiburón aplica a cada sardina el "bilateralismo intensivo" para debilitar coaliciones tipo Mercosur e impulsar sus diseños colonial-anexionistas, disfrazados de "libre comercio", como el que se ensayó y formalizó en México, de consecuencias ruinosas para la economía popular, el aparato productivo y sus encadenamientos, la agricultura, el patrimonio y la soberanía del país. A ellos EU agrega una "sombrilla" de seguridad con programas de adiestramiento militar, la transferencia de tecnología para la represión y un rosario de bases en torno a recursos naturales de interés, con asesores y "organismos de seguridad" encaminados a la "ampliación" jurisdiccional castrense. Por ejemplo, "la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte", promovida en México por salinistas y entreguistas de hueso colorado y la unilateral "incorporación" de México y Canadá al "Comando Norte" del Pentágono (DdD), establecido en 2002, bajo el impulso del 11-09 y la "guerra antiterrorista".

En América del Sur al "bilateralismo intensivo" de BM-FMI-BID también se agregan programas castrenses, entre los que destaca el Plan Colombia y su proliferante infraestructura militar y de contratistas, con los recursos naturales y el petróleo de Colombia y Venezuela en la mira. Ahí, EU realiza despliegues terrestres, marítimos y por ríos navegables.

Antes de la cumbre, Hugo Otazar informó que bajo la rúbrica de "Alianza estratégica no divulgada", el diario ABC reveló un documento "confidencial" que describe una "política de alta prioridad" de Paraguay hacia EU que revela el ofrecimiento a Rumsfeld del gigantesco aeropuerto de Mariscal Estigarribia, distante 550 kilómetros al noroeste de Asunción, para una base aérea. (Clarín 28 Oct,05, p31). El aumento en la presencia de marines en Paraguay se detectó desde septiembre. Se indica que Paraguay estaría en condiciones de ofrecer esa base "para controlar conjuntamente con Paraguay su espacio aéreo, totalmente desprotegido", lo que "facilita usar el mismo para el tráfico de drogas". Luego se ilustra el propósito de EU de crear fisuras en el Mersocur, ya que "al mismo tiempo, se puede ofrecer una base de operaciones para la CIA el FBI en ciudades importantes como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Saltote Guará para vigilar la Triple Frontera, una zona crítica de la región"..."donde posiblemente se utiliza el lavado de dinero para financiar el terrorismo...". Otazar informa que Robert Mueller, el director de la FBI estuvo en Paraguay para inaugurar una oficina... -la octava de América Latina-, y recuerda que en mayo pasado el Senado "aprobó la inmunidad para los soldados estadunidenses que participarán en 13 misiones militares entre julio de 2005 y diciembre de 2006".

Mientras, la oficina de Rumsfled preparó un diseño paralelo al ALCA, útil para la administración de los intereses empresariales y geoestratégicos de EU, de Alaska a la Patagonia, (y de otras regiones con recursos naturales vitales), planteamiento que un articulista del Washington Post calificó de "el equivalente moderno de la vieja Oficina de Colonias británica". Esa "oficina", que ya funciona en el Departamento de Estado, incluye al DdD, Energía, la CIA, FBI, la AID. Sin duda también participa el BM, por su amplia experiencia en el manejo de corte colonial de nuestras economías. Las advertencias de Chávez están lejos de ser mera "retórica populista", como con arrogancia las calificó el NYT.

jueves, 27 de octubre de 2005

Guantánamo y la dictadura imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 27 de octubre de 2005.

Cuba enfrenta un arbitrario bloqueo, un abierto programa intervencionista y el acoso político-militar de Bush y el Pentágono (DdD), que, además, utilizan la base de Guantánamo -territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos desde principios del siglo XX- como campo de ensayo para la articulación de lo que es la más profunda usurpación de funciones policial-judiciales experimentada en la historia de EU. Ahí se practica la instauración de "un nuevo orden político-judicial", cuya meta es la suspensión de principios constitucionales cardinales a la impartición de justicia, gestados a lo largo de siglos, en torno a la protección de derechos humanos básicos como el habeas corpus.

El papel de lo que hoy ocurre en Guantánamo, en el proceso de gestación de un régimen dictatorial e imperialista, en su dimensión legal (de consecuencias tan funestas para la humanidad, como la traumática versión sufrida por Alemania durante el régimen nacionalsocialista), fue analizado con nitidez por Jean-Claude Paye ("Guantánamo and the New Legal Order", Monthly Review, mayo, 2005). En su dimensión humana lo que ocurre en Guantánamo está siendo denunciado por medio de huelgas de hambre, lenguaje de la desesperación de prisioneros, torturados y agobiados, sometidos cotidianamente, durante ya tres años, a los más brutales y sistemáticos abusos sicológicos y maltratos físicos, hablando así por todas las víctimas de la dictadura imperial.

En Guantánamo -y en el resto del proliferante sistema carcelario instaurado tanto en Irak como en navíos de guerra o "delegando" los "interrogatorios" a países que practican la tortura- se perfilan las características ominosas de "la dictadura imperial" que opera con la colaboración del gobierno de Blair, bajo el amparo y justificación de la "guerra contra el terrorismo". Aunque muchos fueron liberados, desde el 11-9 más de mil 200 personas han sido arrestadas y detenidas, cuando no secuestradas, sin cargo alguno, por el solo hecho de ser árabes o musulmanes o tener esa apariencia, como sucedió al ciudadano brasileño, ejecutado por la policía inglesa.

Las mismas disposiciones antiterroristas -y la histeria racista-, gestada por los ataques del 7 de julio en Londres, que costaron la vida al brasileño por su mero aspecto, influyeron a los legisladores estadunidenses para renovar y dar permanencia a la Ley Patriota.

En Guantánamo hay cerca de 540 personas, procedentes de poco más de 40 países, a quienes no se les llama "prisioneros de guerra", "detenidos" o "prisioneros políticos". Sólo nueve han sido formalmente acusados.

Guantánamo, por su estatus de territorio ocupado ilegalmente, se usa para que personal de EU se comporte al margen del derecho internacional y de la Constitución, y bajo el estado de excepción de la Ley Patriota. La meta es poner en práctica un régimen de "excepción" en todos los estadios del procedimiento judicial.

La Ley Patriota (aprobada por la legislatura bajo la indignación del 11-9 y días después de unos extraños ataques con ántrax high tech del Ejército, cuya autoría no ha sido clarificada) "formaliza" el estado de excepción y, como recuerda Paye, "autoriza" la detención ilimitada de ciudadanos extranjeros que se sospeche forman parte o son miembros de cualquier organización que el Ejecutivo catalogue de "terrorista". A esta "autorización" de la legislatura, se agrega otra que el Ejecutivo se otorga a sí mismo mediante un decreto presidencial de noviembre 13 de 2001 en el cual se establecen "comisiones militares ad hoc para juzgar a individuos acusados de participar o de apoyar a tales organizaciones". Por medio de ese decreto y al margen del derecho internacional, de la Constitución y de los procedimientos penales, civiles y militares, la camarilla Bush-Cheney-Rumsfeld se autoriza a sí misma para realizar tales juicios en secreto eliminando de paso cualquier apelación civil, mientras dirige la violencia estatal contra "ciudadanos extranjeros", o ciudadanos de EU calificados como "combatientes enemigos".

En la mayoría de los casos, a los prisioneros se les ha negado el derecho de asesoría legal o de demanda judicial. En custodia se les ha maltratado, torturado, prohibido practicar su religión, todo en violación flagrante de la Convención contra la Tortura y Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por EU. Aún más, la realización extraterritorial de arrestos a diestra y siniestra, así como el "reconocimiento" de muchas naciones de este "derecho" (bajo presión económico-política de la Casa Blanca) anuncian el arribo de un nuevo orden político internacional en el que se utiliza el terror de Estado sin contemplación legal alguna, cancelándose las libertades y derechos fundamentales, afectando la esfera pública y privada y, según advierte Paye, marcando..." el fin de la separación formal de poderes al dar al Ejecutivo el tipo de autoridad que se asigna a los jueces: la autoridad de plantear e interpretar la ley: el poder autoritario de la dictadura".

jueves, 13 de octubre de 2005

EU: dictadura imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 13 de octubre de 2005.

William Arkin dio a conocer en el Washington Post (WP, 21/9/05) un operativo del Estado Mayor, Granite Shadow, en el que, "sin supervisión ni control civil", el Pentágono (DdD) realiza maniobras de emergencia ante el "terrorismo catastrófico". Ello, aunque la Ley Posse Comitatus de 1878, vigente, prohíbe el uso de los militares en territorio de Estados Unidos y que Bush pide abrogar en su afán por usar cualquier contingencia, real o imaginaria, para ahondar el peso castrense en las decisiones y presupuestos del gobierno federal: "la amenaza del terrorismo catastrófico", dice la Casa Blanca en un documento de Homeland Security, "requiere una revisión completa de las leyes que permiten a los militares actuar dentro de EU". Granite Shadow es uno de varios dispositivos en curso desde el 11/9, que confiere al DdD poderes "extralegales": es el lado "doméstico" de la guerra preventiva en pos de los recursos petroleros de Irak y del Medio Oriente.

En torno a esta "mutación cívico-militar", inducida por el 11/9, Eric Margolis del Toronto Sun recordó que algo similar se presentó en la película Seven Days in May, en la que la derecha en el poder intenta un putch, utilizando una excusa y un dispositivo antiterrorista top secret del Pentágono. Ahora, dice Margolis, "la vida parece imitar a la ficción". David Eisenberg, del Asia Times, discute estas alteraciones "cívico-militares" y evoca que en 1985 Gaspar Weinberger, secretario de Defensa de Reagan, advirtió que "apoyarse en las fuerzas militares para realizar tareas civiles va en detrimento de la capacidad militar y del proceso democrático".

Granite Shadow no es "excepcional", sino parte de una tendencia militarista y autoritaria de Estados Unidos evidente desde los años setenta (Vietnam, Camboya, Chile, Argentina, Uruguay, Watergate), continuado durante los ochenta (Centroamérica, Irán-contras), e intensificado en los noventa por la alarma de firmas petroleras estadunidenses (como Halliburton, enteradas de las condiciones reales de los campos petroleros a nivel global), en torno al perceptible agotamiento de las reservas de petróleo convencional -v.gr. crudo barato y de fácil acceso.

Desde Reagan ya habían huellas de que algo grave ocurría en las relaciones "cívico-militares". Durante Clinton se autorizó la participación del DdD en misiones delicadas del Departamento de Justicia (localización y arresto de personas, incautación de bienes y documentos), así como ante ataques biológicos o químicos, y se promulgaron leyes que autorizan al presidente usar la fuerza armada en EU para "proteger la vida y la propiedad".

Después del 11/9 se formaliza el putch, ya que: 1) se suspenden apartados clave de la Constitución y de los derechos civiles y judiciales, instaurándose un "estado de excepción" por medio de la Ley Patriota y la creación de tribunales militares secretos. La sección 104 de esa ley autoriza el uso de las fuerzas militares en todo tipo de urgencias, en "caso de ataques con armas de destrucción masiva", mientras en Guantánamo se experimenta con y se "institucionaliza" la tortura sistemática; 2) se acelera el "uso no militar" de los militares, acaparando el DdD funciones y capacidades técnicas realizadas por las diversas burocracias "civiles", desde los servicios de inteligencia y de entes como los laboratorios del Departamento de Energía, hasta los servicios y presupuestos de salud y del Departamento de Home Land Security. En una de las más recientes manifestaciones de militarización, discutida al detalle por Michel Chossudovsky ("Ley Marcial y la pandemia de gripe aviar", globalresearch.ca) la Casa Blanca militariza la "salud pública", ya que elabora, por medio del DdD y no del Departamento de Salud, los principales mecanismos de prevención médica, incluyendo la operación de la Ley Marcial y la elaboración de una vacuna antiviral, esta vez con motivo de la amenaza de esa pandemia que, según la OMS, podría afectar a todo el planeta; 3) Bush y Cheney, como apuntó Kitty Kelley en el New York Times del lunes pasado, se protegieron borrando las huellas por medio del Decreto presidencial 13233 (noviembre de 2001), que les permite controlar la información desde el gobierno de Reagan y Bush padre, hasta nuestros días, en temas como el Irán-contras, las guerras por el petróleo del Golfo, la autorización de la tortura, el escrutinio del 11/9 o de Katrina y los magnos contratos sin licitación, como los recibidos por Halliburton en Irak.

Ya que México y Canadá fueron incorporados al recién creado Comando Norte, cabe notar que, según el WP, el ultrasecreto Granite Shadow se articula desde ahí como un operativo "autónomo" y es parte de un esquema mayor que incluye comandos y "fuerzas de choque", que operan dentro y fuera de Estados Unidos, bajo una "autoridad especial" otorgada por Bush y Rumsfeld, para realizar "actos terroristas preventivos" o "provocativos", con apariencia similar a la operación "autónoma" y ultrasecreta -con 19 terroristas suicidas reclutados en Arabia Saudita- que presenciamos el 11/9.

jueves, 29 de septiembre de 2005

San Lázaro y el tsunami petrolero

John Saxe-Fernandez
La Jornada.
México 29 de septiembre de 2005.

No es la mano invisible del mercado la que inspira el "decálogo energético" de Fox. Es una reiteración de propuestas del aparato de seguridad de Estados Unidos y del alto empresariado internacional y sus socios locales, para dar cobertura constitucional al despojo en curso del sector petroeléctrico. La iniciativa ahora se promueve desde un Banco Mundial (BM) presidido por Paul Wolfowitz, uno de los principales arquitectos de la agresión militar por el petróleo iraquí. El BM opera junto con el aparato diplomático y de seguridad de EU en México y, como en Venezuela e Irak, lo hace bajo la instigación del "choque petrolero", un tsunami, que se gesta al calor de dos procesos que se retroalimentan: a) la persistente negativa de la Casa Blanca para impulsar un vasto programa para amortiguar el derroche energético y b) una creciente incapacidad física de los productores, debido a límites geológicos en la extracción de petróleo convencional, ante una mayor demanda mundial, cuellos de botella en la capacidad de refinación, con la correspondiente volatilidad en los precios.

Ahora se refuerza la iniciativa privatizadora con cabilderos armados de maletas repletas de vidrios y espejos para la compra de la conciencia legislativa. Es parte de una campaña de "presión diplomático-empresarial" para sacar adelante "el decálogo" a como dé lugar.

Dado que durante este sexenio el proceso privatizador de facto de funciones vitales de Pemex y la CFE en beneficio de grandes petroleras fue amplio, ahora los inversionistas y el aparato de seguridad estadunidense, ante el "tsunami petrolero", se esfuerzan por "constitucionalizar" el despojo en curso. Lo hacen por medio de Fox, quien lo gestiona ante el Legislativo con la obediencia y diligencia propia de un ex gerente de Coca-Cola cumpliendo instrucciones de su "casa matriz".

Con la Constitución mutilada, se dejaría el camino libre a los esquemas ya elaborados de "ingeniería financiera" -en varios paraísos fiscales- para lanzar el patrimonio petroeléctrico del país directamente al piso de remates de Wall Street y de la Bolsa Mexicana de Valores .

En La compra-venta de México (Plaza y Janés, 2002, p. 353) ilustré uno de esos diseños: el de Investors Guaranty Fund Ltd (IGF), bajo la coordinación de la International Finance Corporation, organismo vinculado orgánicamente al BM, e instancia central en los mecanismos para la gran subasta del sector energético del país. La propuesta se centró en alentar las exportaciones de petróleo y electricidad, mediante la inversión directa de IGF. Según los documentos, el capital necesario se generaría a través de la venta de Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements (MEXDS GIA), títulos en dólares con el respaldo de "bancos internacionales de desarrollo" (sic): BM-BID.

Tanto en el caso del petróleo mexicano como en el de Venezuela -que posee la principal reserva probada de petróleo convencional del hemisferio occidental, estimada en 70 mil millones de barriles, sin incluir vastos yacimientos de crudo pesado- las grandes empresas del ramo siempre actúan con el respaldo del aparato de Estado y en nombre de la "seguridad nacional" de EU.

Un ejemplo reciente de la "amalgama" entre las empresas, el Congreso y el Ejecutivo (el "triángulo de hierro") lo ofrece una convocatoria realizada por Securing America's Future Energy (SAFE) y la National Commission on Energy Policy (NCEP) para analizar diversos escenarios energético-empresariales y de seguridad. Un proceso que se realizó bajo el título de Oil Shockwave (el choque -o tsunami- petrolero) en el que participaron importantes ex miembros de la industria petrolera, analistas y comerciantes de petróleo, como David Frowd, de Royal Dutch/Shell&, así como personajes del mundo militar, legislativo y de seguridad nacional, como por ejemplo los senadores Richard Lugar (republicano) y Joe Lieberman (demócrata); Robert Gates y James Wollsey, ex directores de la CIA; el general P. X. Kelley, ex comandante del cuerpo de Marina, Frank Kramer, etcétera.

Según el comunicado de prensa, se elaboró un escenario en el que sólo se reducían 3.5 millones de barriles (mdb) de los 83 mdb consumidos anualmente por el mundo. Las consecuencias serían: precios de 5.74 por galón de gasolina, elevación en el precio del petróleo a 161 dólares por barril, incremento de 12.6 por ciento del índice de precios, desplome de 30 por ciento en el índice de confianza del consumidor, aumento del déficit de cuenta corriente a poco más de un billón (trillón) de dólares. Habría un ascenso significativo en el orden de probabilidad de recesión.

En el contexto del "decálogo de Fox", llama la atención que, entre las varias medidas consideradas "del lado de la oferta", el grupo plantea aumentar la disponibilidad de petróleo en el mercado mundial, "promoviendo el desarrollo de las reservas de crudo convencional en naciones que actualmente no permiten la inversión privada, utilizando para ello una acción diplomática intensa". No en Los Pinos, sino donde cuenta: en San Lázaro.

jueves, 15 de septiembre de 2005

Halliburton, Irak y Katrina

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 15 de septiembre de 2005.

La "no prevención" de catástrofes que tipifica al gobierno de Bush, es "maná del cielo" para Halliburton -y su subdidiaria Kellog, Brown and Root (KBR)-, la gigantesca firma de servicios petroleros encabezada por Dick Cheney hasta que asumió la vicepresidencia de EU.

Sean calamidades creadas por mano humana, como el 11/09 y su secuela en Irak, o por fuerzas naturales, como el devastador huracán Katrina, los contactos -y la simbiosis- de la empresa con la cúpula político-militar de la presidencia imperial, le permiten aprovechar esas adversidades para hacer buenos negocios.

Si se revisan los detalles pronto se develan los mecanismos y operaciones que permiten y facilitan este proceso. Los principales contratos gubernamentales de Halliburton se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio (sic) de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.

El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney, como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con KBR para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.

El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-. En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa (pork and barrel) y de personal (revolving door) es parte del modus operandi del capital monopolista.

En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue sustituida por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak. En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones (mm) en septiembre de ese año. Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mm, pero éstos pueden llegar a los 18 mm, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán o los 1.22 mm de Halliburton con Pemex, empresa estatal sujeta a iniciativas del Banco Mundial para su desmantelamiento (divestiture) y extranjerización, intensificadas por Fox. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera). Aún así, la prensa informa que en julio pasado el Ejército le asignó 5 mm a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios.

En 2003 se dijo que la guerra costaría 60 mm. En marzo de 2005 la erogación de las operaciones militares llegó a 135.3 mm, de un total de 250 mm. Se gastan 6 mm al mes y en cinco años la cifra acumulada se calcula en más de 1.3 billones.

Malo para el mundo y los contribuyentes, bueno para Halliburton, el principal entre cientos de contratistas militares en Irak que, además, se beneficia de los desastres naturales: una de sus subsidiarias acaba de recibir un contrato de 500 millones de dólares de la Marina para realizar reparaciones de emergencia en instalaciones navales dañadas por Katrina. En julio de 2005, KBR Services Inc obtuvo un contrato para prestar servicios de emergencia, retiro de escombros y basuras, en caso de desastres naturales.

La Casa Blanca tenía una idea clara y precisa del impacto que tendría un huracán de categoría 3, 4 o 5 proveniente del Sur-Sureste de Luisiana sobre Nueva Orleáns. Así se lo hizo saber hace un año la Agencia Federal de Gestión de Crisis que pidió a la Casa Blanca, por medio del secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, tomar medidas para mitigar el desastre, incluyendo el reforzamiento y ampliación de los diques de protección al Norte de la ciudad. El ACE estimó su costo en 14 mm. Ante el drenaje presupuestal de la "reconstrucción" de Irak sólo se asignaron 700 millones. Se habrían salvado miles de vidas. Pero las utilidades empresariales, por la "no prevención" de estas tragedias humanas, son fabulosas.

jueves, 1 de septiembre de 2005

La quinta columna imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 1 de septiembre de 2005.

No quitan el dedo del renglón y menos ahora que los productores de petróleo experimentan una creciente incapacidad física para enfrentar la creciente demanda mundial de crudo: las empresas del petróleo, el gas y la electricidad y los instrumentos del Estado imperial, desde el Pentágono y la CIA hasta el Banco Mundial y el BID, insisten en impulsar "reformas estructurales" e implantar "mecanismos de integración energética", encaminadas a la privatización y extranjerización del complejo petroeléctrico mexicano, Petróleos Mexicanos (Pemex) Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza.

En febrero de 2005 David J. O'Reilly, presidente del Consejo (CEO), de Chevron-Texaco, no dejó duda sobre el trance energético: "planteado de manera simple, la era del fácil acceso a la energía ha concluido. En parte esto es así porque estamos experimentando la convergencia de la dificultad geológica con la inestabilidad geopolítica". Es un asunto urgente para grandes empresas y los gobiernos de las naciones productoras o importadoras de crudo.

A consecuencia de la segunda revolución industrial, el uso e impacto del petróleo se siente en virtualmente todos los sectores de la economía, la sociedad y la política, en todas las sociedades del mundo, acrecentándose de manera inconmensurable con el arribo y la producción en masa de la máquina de combustión interna tanto para el sector civil como el militar, de la petroquímica con decenas de miles de productos que forman parte del estilo de vida actual, incluyendo los fertilizantes, esenciales para la producción agrícola mundial, del transporte masivo -terrestre, aéreo y marítimo- y, en el caso de México, ni más ni menos, como ingrediente de gran peso en el conjunto de fuentes para la generación eléctrica.

No extraña entonces que de cara a las próximas elecciones presidenciales, la CNN, conocida en América del Sur como Tv Bush por su alineamiento con las políticas de la Casa Blanca, se incorpore a una embestida privatizadora que opera desde lo que ya es un sistemático y paulatino desmantelamiento de las mencionadas empresas públicas. Es una tarea en la cual es imprescindible el sometimiento, la complicidad y la colaboración de una voraz oligarquía y su cúpula gubernamental, históricamente inclinada a entregar al capital extranjero el patrimonio nacional y las principales operaciones económicas, a cambio de una coparticipación en la apropiación del excedente. La política "energética", en cuyo diseño participó, además del BM y varias consultoras, la fallida y escandalosa Enron, con toda su agudeza gerencial, no menos que delincuencial, cede la parte operativa de Pemex a Halliburton, Bechtel, Degollar McNaughton, Scotia Group, Dosel International, entre otras, con jugosos contratos y las convierte en su brazo técnico.

Es una inconstitucional y desleal operación perpetrada desde "adentro" por una quinta columna que ya "se asume" como tal. En una entrevista con Carmen Aristegui, difundida por CNN, el director de la CFE se declaró abiertamente contra la empresa. Al plantear su apoyo a la "apertura eléctrica" reconoció lo sorprendente que podía parecer su actuación cuando, siendo su director, atacó los fundamentos constitucionales de la CFE. Es algo insólito porque tanto él como Fox están comprometidos jurídicamente ante la nación a defender la Constitución y la integridad de las empresas bajo su responsabilidad.

La arremetida del director de la CFE contra la CFE se hizo desde una televisora de EU que promueve "reformas estructurales" que benefician a empresas de ese país, esta vez por medio de una entrevista interrumpida por espots de Fox en sus momentos estelares de entreguismo. Con una Aristegui light en materia eléctrica, el resultado fue un gran "promocional" contra el principio de "México para los mexicanos", esa herejía del general Cárdenas ante la doctrina Monroe y el destino manifiesto.

En la mira está la riqueza petrolera localizada en aguas profundas del Golfo de México. Al respecto el director de Pemex dijo ante el Senado que "es urgente legislar" (v.gr modificar la Constitución) para no perder los negocios que se presentan ahí: "No podemos desarrollar un proyecto de esta naturaleza eficientemente si no nos asociamos con las gentes que lo han hecho durante 30 o 40 años". Según el senador Manuel Bartlett, del PRI, "la presión ahora está sobre la riqueza del Golfo de México, donde se realizan gestiones para que hagamos alianzas, que son además contratos de riesgo (inconstitucionales) para explotar el Golfo debido a la desvergüenza de este gobierno al decir 'no podemos, no tenemos tecnología' ".

EU quiere dar continuidad y "constitucionalidad" al despojo. El titiritero necesita una nueva marioneta y el PRI ya se apuntó para tan magna encomienda: con miras al 2006-2012 desvinculó su plataforma electoral de los preceptos constitucionales clave. Para Bartlett, Roberto Madrazo, el promotor de este cambio y aspirante, "es un tránsfuga que se ha convertido en vasallo de intereses trasnacionales".

jueves, 18 de agosto de 2005

El Chernobyl mexicano

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 18 de agosto de 2005.

En momentos en que los precios del petróleo se disparan tanto por el aumento de la demanda mundial, la ocupación militar de Irak como por evidencias de límites geológicos de las reservas de petróleo convencional, la opción nucleoeléctrica resurge de las cenizas de Chernobyl, promovida por la "Comisión Cheney sobre Energía" como la opción energética más barata y limpia, paradójicamente en medio de amenazas de Bush contra Irán, precisamente por la vinculación entre los residuos de la nucleoelectricidad y el armamentismo nuclear.

Calentar agua con un reactor para generar electricidad, aunque no produzca gases con efecto invernadero, es una opción sumamente peligrosa y cara. En el mundo existen más de 300 centrales nucleoeléctricas y sólo entre 1971 y 1986 ocurrieron 156 accidentes en 12 países, como lo recordó en 1991 Vladimir Chernousenco, director del Laboratorio de Física No Lineal de la Academia de Ciencias de Ucrania, en entrevista sostenida con Raquel Peguero. Sus conceptos, incluidos en el impactante libro de Guillermo Zamora: Caso Conasupo: la leche radiactiva (Planeta 1997) indican que la opción nucleoeléctrica sólo en apariencia es barata y limpia, ya que se ocultan otros costos, como el de que los reactores deben "alimentarse de uranio que luego se convierte en plutonio y no es posible almacenarlo en ninguna parte, además de que es extraordinariamente peligroso.

Otro, el costo de hacerlo seguro y finalmente su desmantelamiento después de 30 años, cuando las plantas se vuelven obsoletas y esto es sumamente caro". (p. 61). En efecto, hoy la prensa de Estados Unidos informa de la polémica en torno a usar territorio de Arizona como el basurero para los residuos radiactivos acumulados por la industria "civil" y militar de EU. Es imposible mantener seguro un material que permanecerá activo por decenas de miles de años. A ello se suman los peligros del armamentismo impulsado por Bush que aumenta el uso del plutonio.

En México, con la nucleoeléctrica de Laguna Verde llegando a su obsolescencia, debe exigirse una evaluación ambiental y de los contratos y empresas involucradas en su desmantelamiento. El accidente ocurrido el 15 de abril de 1986 por el fallo del reactor cuatro de la nucleoeléctrica de Chernobyl puede repetirse. Georgi Arbatov, entonces director del Instituto Moscovita sobre EU, (llamado el Kissinger de Oriente, aunque jamás fue responsable de crímenes de guerra, que a fin de cuentas, es el meollo de la gestión pública de Kissinger), indica que ese accidente fue comparable con una explosión atómica en la atmósfera, evaluación que se ajusta a la de Chernousenco encargado además de los trabajos de limpieza de Chernobyl, condenado a muerte por la radiación recibida en el curso de esa misión y quien advirtió a Gorbachov que "el desastre de Chernobyl puede considerarse entre los más graves del desarrollo de la civilización entera".

En la Federación Rusa, hasta 1991, habían sido afectadas 5 millones de personas, con más de 10 mil víctimas mortales y todavía para esa fecha vivían otros 8 millones en lugares contaminados. (p.60). El físico indica que, a principios de los 90, el área total sujeta a la contaminación radiactiva era de 100 mil kilómetros cuadrados mientras se siguen descubriendo nuevas concentraciones de contaminación, y más de 35 millones de personas, en distintos grados, han estado sujetas al ataque radiactivo (p.63). Después del siniestro se detecta que la radiactividad llegó también a los suelos, alcanzando a todos los países de Europa, afectando a la vegetación, animales, alimentos y a los seres humanos.

El veneno radiactivo se propagó por todo el viejo continente y cruzó el Atlántico, "atracando" en Veracruz y afectando a nuestra población y niñez, no por el "régimen de vientos", sino por el régimen de cinismo, corrupción, irresponsabilidad, codicia e impunidad de los ex presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Así lo demuestra Zamora al describir el modus operandi del aparato de poder -políticos, empresas públicas y privadas y académicos-, involucrado en uno de los más arteros asaltos contra la salud de la población mexicana, concretado en la compra y distribución de entre 17 y 43 mil toneladas métricas de leche en polvo de la República de Irlanda, contaminada con cesio 137 y estroncio 90.

En su prólogo, Homero Aridjis, del Grupo de los Cien, recuerda que la Organización Mundial de la Salud había advertido al gobierno mexicano sobre la leche radiactiva, "pero la Secretaría de Salud, bajo la responsabilidad de los doctores Guillermo Soberón, secretario, y Jaime Martuscelli, subsecretario...autorizó la distribución y comercialización de la leche". Al referirse a la negligencia criminal de los responsables en esta materia, el físico Miguel A. Valdovinos indica que el Laboratorio de Monitoreo y Dosimetría Ambiental de Laguna Verde encontró dosis significativas de radiactividad en las muestras de la leche, "provocándose el peor accidente radiológico ocurrido en la historia de México, consecuencia, a su vez, del peor accidente radiológico ocurrido en el mundo".

jueves, 4 de agosto de 2005

Hiroshima: terrorismo de Estado

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 4 de agosto de 2005.

A 60 años del ataque atómico contra Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, todavía muchos aceptan la justificación esgrimida por el gobierno de Harry S. Truman y sus sucesores de que así se acortó la guerra y, en la interpretación oficial, popularizada por Hollywood, cientos de miles de soldados de Estados Unidos habrían salvado la vida. Es lo que se enseña en muchas escuelas y se difunde por la televisión, especialmente en History Channel, ese intento por apropiarse del pasado y, en una suerte de ejercicio orwelliano, digerirlo para expulsarlo al mundo con habitual falta de objetividad e interpretaciones sesgadas precisamente para consumo de aquellos pueblos que han sido impactados por dichos sucesos.

Hiroshima es uno de ellos, demasiado importante para dejarlo en manos de los mercaderes. Su significación y actualidad es un hecho. Según una encuesta realizada en 2003 entre periodistas y otros formadores de opinión, la abrumadora mayoría identificó esos ataques con armas atómicas como el suceso más importante registrado durante el siglo XX. Frente a la actual y sostenida carrera armamentista, este es un leve reflejo del profundo impacto humano, histórico y estratégico de Hiroshima y Nagasaki. Cuando la mentira sistemática priva para justificar guerras como la de Irak, cobra inusitado relieve político, no menos que histórico, la investigación de Gar Alperowitz The decision to use the atomic bomb (Nueva York, Knopf, 1995), que demuestra documentalmente que esos ataques no fueron causados por necesidades militares sino por motivaciones políticas que tenían más que ver con la intención de impactar el medio ambiente posbélico que acabar con la guerra. En los hechos el brutal mensaje de Truman fue: "tenemos el monopolio de este tipo de armas de destrucción masiva, y no nos tiembla la mano para usarlo contra la población civil". Es una "misiva" dirigida al resto de la humanidad, no sólo a Stalin. Por medio de Hiroshima y Nagasaki, Truman "globalizó" Auswich y, como lo he señalado en otra oportunidad, proyectó hacia el futuro la práctica del terror de Estado, del genocidio, de los crímenes de guerra, del exterminio sistemático de la población, y de las operaciones clandestinas como instrumentos de política exterior.

Alperowitz muestra que William D. Leahy, almirante de la marina estadunidense y jefe del Estado Mayor de Truman, dejó constancia documental de que "el uso de este armamento bárbaro en Hiroshima y Nagasaki no ayudó materialmente en nuestra campaña militar contra Japón... Al ser los primeros en usar esa arma, adoptamos los niveles éticos prevalecientes entre los bárbaros de las eras oscuras. A mí no se me enseñó a hacer la guerra de esta manera. Las guerras no pueden ganarse destruyendo mujeres y niños". Los generales MacArthur y Eisenhower en ningún momento pensaron que fuera necesario usar la bomba atómica contra la población civil. Eisenhower escribió: "... expresé a Stimson (el secretario de Guerra) mis graves dudas, primero en la base de mi convicción de que Japón ya estaba derrotado y que lanzar la bomba era un acto totalmente innecesario, y segundo porque sabía que nuestro país debía evitar ofender a la opinión mundial usando un armamento innecesario para salvar vidas estadunidenses". Alperowitz nos recuerda la sorpresa de Norman Cousins, al enterarse, en el curso de una entrevista con MacArthur realizada después de la guerra, que ni siquiera fue consultado, expresando, además que no existió justificación militar alguna para lanzar la bomba.
Hiroshima es un acontecimiento mayor en la historia de 500 años de la modernidad. Como advirtió Günther Anders, vivimos en la era en la que "en cualquier momento disponemos del poder para transformar cualquier lugar de nuestro planeta, aun nuestro planeta mismo, en una Hiroshima". La reflexión seria sobre Hiroshima permite apreciar, en toda su magnitud ética y estratégica, acontecimientos contemporáneos como la actual política nuclear de Bush y el brutal ataque aéreo contra la población civil iraquí, perpetrado bajo el lema de shock and awe, la rúbrica del terrorismo de Estado del secretario de la Defensa Donald H. Rumsfeld y de Paul D. Wolfowitz, el "presidente" del Banco Mundial. Tan grave como la cómplice participación del gobierno de Junichiro Koizumi en la carnicería de Bush en Irak, una bofetada a las víctimas de Hiroshima.

La Casa Blanca alienta la proliferación y modernización de las armas nucleares, la intensificación de la carrera armamentista a nivel nuclear y de balística intercontinental, y gira instrucciones secretas para preparar ataques con este tipo de armas contra seis naciones, Rusia y China entre ellas. El Sistema Nacional Antibalístico y la adopción de la guerra preventiva son parte de un explosivo recetario que incluye 4 mil 500 armas nucleares ofensivas de Estados Unidos, 3 mil 800 de Rusia, y entre 200 y 400 de Francia, Inglaterra y China. La de Bush es una política nuclear, a decir de Robert MacNamara, "inmoral, ilegal, militarmente innecesaria y espantosamente peligrosa".

jueves, 21 de julio de 2005

La autocracia imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 21 de julio de 2005.

En lo que es un neurálgico encadenamiento de acontecimientos que tiene como pivote las iniciativas políticas, judicial-policiales y de "seguridad nacional" impulsadas por Bush al amparo de la indignación nacional y mundial, ante los ataques del 11-9, las agencias noticiosas informan del resurgimiento en EU de un clima dictatorial, de acosamiento político, que recuerda al macartismo que afligió a esa nación después de la Segunda Guerra Mundial.

Se indica que Greenpeace y la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), grupos pro derechos civiles, acusan a funcionarios de la FBI de usar los poderes de la Ley Patriótica "para borrar la frontera que separa las actividades legítimas de desobediencia civil de las actividades terroristas, en un intento por reprimir la oposición política" (La Jornada, 19/7/05). Esto es parte de una sistemática erosión de la Constitución y de la instauración de un Estado de excepción policial-militar por medio de esa "ley", muchas de cuyas cláusulas vencen este año, pero Bush, aprovechando el 7-7 inglés, se esfuerza por darles carácter "permanente".

Como el núcleo de los integrantes del Project for a New American Century (PNAC) ocupan cargos clave en el gobierno de Bush (Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Bolton, etcétera) es importante recordar el "guión" principal para el ascenso de la nueva derecha, sintetizado en Rebuilding America´s Defenses, trazado por el PNAC en septiembre de 2000.

El PNAC planteó, y ya en el poder esperó que ocurriera "un evento catastrófico y catalizador -como un nuevo Pearl Harbor-", que movilizara a la opinión pública y permitiera aplicar sus teorías y planes de acción (Rebuilding..., citado por Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire, Metropolitan, 2004, p. 229). Para el PNAC el 11-9 fue un suceso propicio para poner en marcha una suerte de putch. Pocos días después del 11-9, Condy Rice interpretó la tragedia, con sus más de 3 mil muertos, como una "oportunidad". Rice, entonces a cargo del Consejo de Seguridad, convocó a sus miembros y les pidió, (textual), "...pensar en cómo capitalizar estas oportunidades para cambiar de manera fundamental la doctrina estadunidense y darle forma al mundo, a raíz del 11 de septiembre", añadiendo: "realmente pienso que este periodo es análogo al de 1945-1947", el periodo de acoso de la guerra fría, ahora denunciado por Greenpeace y la ACLU.

En estos momentos la ACLU suena la alarma por el sometimiento de una legislatura bipartidista, dominada por los republicanos, a las exigencias presidenciales por la renovación y extensión indefinida de la Ley Patriótica. Al cúmulo de acciones despóticas (tortura sistemática, cárceles y tribunales militares secretos, etc.) se agregan dos medidas opresivas: primero, las silenciosas maniobras en la legislatura para, en palabras del New York Times (NYT, 16/7/05), "destruir uno de los pilares del derecho constitucional: el poder de habeas corpus de las cortes federales... horroriza que los legisladores contemplen la destrucción de un derecho humano básico que se estableció después de mucho sufrimiento, a lo largo de tres siglos de jurisprudencia".

Cuatro días antes, ese mismo rotativo del establishment mediático nos informa que la autocracia presidencial acelera, de manera alarmante, la extensión del oscuro y denso manto de la "seguridad nacional" a una vasta masa de documentos oficiales, que a la menor excusa son retirados del escrutinio público. Es una peligrosa regresión que se detectó después del 11-9, sobre todo, aunque no exclusivamente, en expedientes y minutas sobre el papel estatal en la "no prevención" de esos ataques. El NYT indica que el gobierno está clasificando documentos para evitar su inspección pública "a un ritmo de 125 por minuto" con una tendencia "que casi duplica el número de documentos anualmente ocultos al ojo público: más de 15 millones el año pasado y cerca del doble de lo que se clasificó en 2001". Con el pretexto de la campaña antiterrorista, el gobierno usa categorías amorfas para la clasificación de documentos a fin de que no sean conocidos por la población, bajo rúbricas como "información de seguridad sensible".

En medio de este temible proceso, es significativo que quien encabeza las quejas por el "secretismo" sea Thomas Kean, copresidente de la comisión independiente que investigó los ataques del 11-9. Kean advierte que este ocultamiento es contraproducente para la seguridad: "el mejor aliado que tenemos para protegernos contra el terrorismo es un público informado", y señala que el monumental fallo de inteligencia del 11-9 no se debió a fugas de información, sino a las barreras de información entre el público y las agencias responsables de la seguridad.

La Casa Blanca hace grandes esfuerzos por extender al resto del mundo ese estado de excepción de corte policial-militar junto al clima sicosocial persecutorio denunciado por Greenpeace y la ACLU. No es asunto que nos sea ajeno. Fox y Abascal, por medio de la "Alianza", ya nos metieron en el ajo, calladamente, sin consultarnos.

jueves, 7 de julio de 2005

La sangrienta bandera del 11/9

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 7 de julio de 2005.

La retórica de la Casa Blanca para justificar la guerra contra Irak observa una modificación importante e inquietante: ahora se centra en la explotación de las emociones colectivas generadas por el 11/9. En un discurso ante cientos de soldados, transmitido en cadena nacional para defender la carnicería que EU comete por el petróleo y otros negocios de "reconstrucción" en Irak, Bush mencionó once veces el 11/9 explícitamente, y otras más de manera implícita. "Esta guerra llegó a nuestras costas el 11 de septiembre de 2001", dijo Bush en esa ocasión, agregando que la inusitada resistencia a la ocupación es parte "... de la misma ideología asesina que destruyó la vida de nuestros ciudadanos en Nueva York y en Washington y en Pensilvania".

Fue tal su insistencia en el 11/9 que el New York Times en su editorial del 29 de junio pasado exclamó: "... no esperábamos que Bush se disculpara por la falsa información con que nos llevó a la guerra, o por los errores catastróficos que hizo su equipo en la conducción de las operaciones militares. Pero habíamos esperado que se resistiera a la tentación de usar la sangrienta bandera del 11/9 una y otra vez para justificar una guerra contra un país que no tuvo absolutamente nada que ver con esos ataques terroristas".

El lenguaje de la presidencia imperial para justificar la guerra se modifica así por tercera ocasión. Ante el derrumbe documental -y moral- de la farsa protagonizada por Bush y Blair sobre las "armas de destrucción masiva" que, según ellos, Sadam Hussein podría desplegar "en 45 minutos", se pasó a la "ofensiva por la democratización": otra excusa para dar respaldo propagandístico a la ocupación colonial de Irak y su infraestructura petrolera. Tales objetivos resultan también insostenibles por el apoyo abierto y los vínculos de Bush con notorias autocracias del Medio Oriente y por el esfuerzo que ha desplegado su gobierno a favor de la revalidación y ampliación del régimen de excepción policial-militar instaurado en EU después del 11/9 por medio de la Ley Patriota, cuya vigencia de cuatro años vence precisamente en 2005.

Ese límite temporal fue impuesto por la preocupación de los legisladores de abusos de los extraordinarios poderes otorgados al Ejecutivo y formalizados el 24 de octubre de 2001 (La Jornada, 25/10/01, p. 7).

La Ley Patriótica fue aprobada por el Congreso en medio del pánico generado por el 11/9, "reforzado" por unos todavía no aclarados ataques con ántrax. Ese bioterrorismo, impune y selectivo contra medios de comunicación, miembros claves del Congreso y edificios legislativos, creó un clima de terror e indignación que ayudó a "legitimar" ante la opinión pública los bombardeos contra Afganistán y a impactar el medio ambiente sicosocial y político en el que se aprobó la instauración de un estado formal de guerra y de excepción policial-militar en EU.

Las preocupaciones de los legisladores se vieron confirmadas poco después por el decreto presidencial firmado por Bush que otorga poderes al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para el establecimiento de Tribunales Militares Secretos, con poderes de procesamiento, enjuiciamiento y ejecución secretos de individuos de origen extranjero, emigrantes, residentes en EU o en cualquier otro país, que sean sospechosos de actos de terrorismo. El decreto se aplica de manera selectiva y fraudulenta.

Que se sepa ni Rumsfeld ni el Departamento de Justicia han procedido contra Posada Carriles, terrorista de la CIA que transitó por México y que deambula libremente en EU, ya que goza del favor presidencial por su brutal activismo contra la revolución cubana.

Los excesos de Bush y Rumsfeld contra los prisioneros en Abu Grahib, la instauración de lo que Amnistía Internacional apropiadamente calificó de Gulag estadunidense, por las condiciones y trato atroz de prisioneros en distintas bases estadunidenses en el orbe, notablemente en Guantánamo y el amplio uso de barcos de guerra como centros de detención y tortura, aunado a los abusos del aparato policial estadunidense, han generado un clima de crítica y oposición a la Ley Patriota por parte de la opinión pública y de legisladores demócratas, acompañados de un puñado de republicanos. Esto ahora preocupa a una Casa Blanca ya de por sí inquieta e irritada porque miembros de las familias de las víctimas del 11/9 realizan o plantean realizar juicios por daños y perjuicios contra empresas de seguridad, consejeras de la Guardia Nacional Saudita, ex integrantes de las fuerzas especiales de EU, bufetes, fundaciones filantrópicas y allegados sauditas de Bush, y también contra funcionarios del consulado de EU en Yeddah que expidieron 15 de las 19 visas a favor de los secuestradores de los aviones. A todos se les menciona corresponsables del 11/9, tragedia usada por Bush como "máquina para la manufactura de poder", como describió Golo Mann el uso político que hizo el nacionalsocialismo de eventos semejantes. Aunque también es un arma de doble filo.

jueves, 23 de junio de 2005

El plan de juego 2006

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 23 de junio de 2005.

Arrancó el "plan de juego" oficial favorito, esta vez en torno a los comicios de 2006: desactivar electoralmente cualquier propuesta alternativa al actual esquema de saqueo crónico del patrimonio nacional -fundamental aunque no exclusivamente el petro-eléctrico-, relacionando a la izquierda con "la violencia" y el "narcoterrorismo". Así ocurrió en el proceso político-electoral que llevó a Fox y a la derecha, al poder. El logro no fue menor: se mantuvo incólume el programa de depredación imperial-oligárquico bajo la máscara de una "alternancia política" que finalmente exhibió su verdadero rostro en el frustrado intento de desactivar políticamente a López Obrador. En esta ocasión el plan de juego se dirige a lo mismo: garantizar una victoria electoral, ahora en favor del aparato priísta, que, bajo Madrazo, ya tomó medidas concretas para congraciarse con el alto empresariado petrolero y la Casa Blanca, desvinculado su programa del 27 constitucional. La noción de fondo de Bush y Fox es la de "remover" a cualquier "necio" que obstaculice el fluido curso de los negocios -sean del petróleo, el gas, o del agua, entre otros-, por medio de la consolidación de una dinámica electoral a la usanza estadunidense, acaparada por un duopolio partidista.

Es significativo que el arranque del "plan 2006" estuviera a cargo de Bancomer-BBVA, uno de los principales beneficiarios, junto con Citigroup-Banamex, del paquete del FMI-BM, impulsado por Salinas, que desembocó en el escandaloso Fobaproa-IPAB y la entrega de la banca y que está en el meollo causal de la magna operación de "la compra-venta de México".

El "plan" dio inicio cuando BBVA sorpresivamente cerró varias cuentas utilizadas por organismos civiles del país y del exterior para canalizar fondos a las comunidades chiapanecas organizadas por los zapatistas. Se dejó en el aire, para que el consorcio pudiese negarlo, que la medida obedecía a la imputación de que las cuentas se usaban para lavado de dinero. La segunda movida se hizo por medio de operativos "antinarcóticos" realizados por la Sedena en Chiapas, para vincular al EZLN con el narco. La mano del imperio es inocultable: es una estrategia utilizada por EU vía su Plan Colombia sobre la que hay que llamar la atención si se toma nota de los acuerdos sobre "seguridad" firmados por los países integrantes del TLCAN. La respuesta del EZLN, de todos conocida, fue puntualmente analizada por Montemayor y Hernández Navarro, desde estas páginas.

Que López Obrador haya sido y sea uno de los principales si no es que el principal impugnador del Fobaproa y crítico de la política económica en curso y que, además, encabece las preferencias electorales tampoco es asunto menor: está en el meollo de un escenario que, como ya se experimentó en 2000, realizaría "operativos de Estado" de "provocación" en su contra, con los consabidos "guerrilleros", "terroristas" y "porros" actuando en el corazón mismo de las bases electorales, en los principales centros urbanos y de educación media y superior. Con una tal dinámica de bajo perfil se generan incidentes que, gracias a la "magia" del duopolio televisivo, se diseminan por todo el país. Se induce así una desestabilización política y anímica, "teledirigida" a emparentar y arrinconar a la "izquierda" con la "violencia" y el "narcoterrorismo". No es el voto "útil" a la Castañeda, sino el más efectivo "voto del miedo", sintetizado en aquella consigna usada por el foxismo, ¿ya se nos olvidó?, del "yo voto por la paz". El de 2000 fue un implacable "plan de juego" usado contra Cárdenas, también centrado en la manipulación del temor. Pero las condiciones del país son otras. El deterioro de la economía popular ha sido tan profundo como el debilitamiento de la legitimidad derivada de la temeraria politización del aparato judicial. Ahora, el mismo ímpetu del "desafuero" se profundiza y se materializa en este (muy) peligroso escenario político-electoral y "policial-militar" de restauración priísta. Lo que está de por medio, visto desde la cúpula imperial-oligárquica no es cualquier cosa: garantizar la continuidad para, entre otras medidas, "constitucionalizar" la entrega de la renta petrolera a las empresas extranjeras del ramo y sus socios de adentro, como se hizo con los bancos. El proyecto imperial (ver Imperialismo económico en México, Debate, 2005), consiste en un Pemex paralelo a cargo de esas empresas, mientras un cascarón se dedicaría al manejo burocrático de los hidrocarburos, según el Banco Mundial por medio de una "...agencia federal de hidrocarburos que estaría separada de Pemex..." encargada de firmar los contratos de exploración y producción con las petroleras. Sería, dice el BM "un ente similar a los existentes en EU, por ejemplo, la Land Comission en Oklahoma y la Texas Railroad Comission".

jueves, 9 de junio de 2005

Dólar-euro: geopolítica del dinero

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de junio de 2005.

El poderío imperial de Estados Unidos en el orbe es colosal. Aún así, la inusitada resistencia iraquí a la ocupación transformó la ecuación geopolítica, y hoy esa agredida nación árabe es un pantano con altos costos político-militares y económicos sin que el ''high tech'' militar la pueda neutralizar. Además, se detectan otros cambios que afectan la capacidad de Estados Unidos para influir de manera determinante en la economía y la política, en contraste con el periodo de supremacía hegemónica (1945-1971) en el que el dominio del dólar, uno de los fundamentos de la Pax Americana, era absoluto.

Los datos y las modificaciones verificables son los puntos de guía para evaluar la actual constelación internacional de poder en el área monetaria. Es desde ahí, desde los referentes históricos y empíricos y no desde los ''marcos teóricos'' o las manipulaciones conceptuales en boga -generadas por quienes han sido atinadamente calificados como ''intelectuales dormidera'', a la Hart y Negri-, que se pueden esbozar las características centrales del predicamento imperial.
Estadísticas recabadas por Richard B. Duboff, (Monthly Review 2003) y más recientemente por Antonio Sánchez (Geopolítica del dinero, FCPS-UNAM 2005), indican que Estados Unidos no sólo es menos dominante, sino vulnerable, y el vínculo débil es un dólar que, de manera irregular y con periodos de recuperación, se ha erosionado. Por ejemplo, entre 1981 y 1995 la tajada de los ahorros privados mundiales en monedas europeas (el euro aparece hasta 1999), pasó de 13 a 37 por ciento, mientras, según Duboff, la participación del dólar disminuyó de un abrumador 67 por ciento a 40. Desde que se puso en circulación el euro, 44 por ciento de los nuevos bonos emitidos están en esa moneda, acercándose a 48 por ciento emitidos en dólares.

El cambio, en la estructura de poder del aparato monetario internacional es un fenómeno que amerita cuidadosa atención: parece moverse desde la ''monopolaridad monetaria'' de la Pax Americana, con el dólar como rey absoluto, hacia la ''bipolarización'' (dólar-euro) y una eventual ''tripolarización'' con el yen-canasta asiática.

En 1990 la mitad de todas las reservas de los bancos del mundo estaban en dólares, sufriendo una vertiginosa caída de 76 por ciento en 1976. Sin embargo, como lo demuestra Sánchez en una espléndida tesis doctoral que acaba de ser defendida, es una situación fluctuante, porque la participación del dólar en el total de tenencias oficiales identificadas de divisas en el mundo presenta altibajos. Por ejemplo, al finalizar 1991 el dólar representaba el 51.3 por ciento del total para todos los países. En 2002 se consignó una participación del dólar de 64.5 por ciento. Pero la importancia de estas variaciones, e incluso el hecho de que existan, no escapan a la atención de los analistas.

''Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial -escribe DuBoff- existe otra fuente universalmente aceptada para la realización de pagos y de liquidez, y ello ocurre en un momento en que la balanza de pagos de Estados Unidos muestra un déficit récord''.

Sánchez, por su parte, al reconocer que la supremacía del dólar durante 50 años se ha podido mantener a pesar de prolongados periodos de pobre desempeño económico y enormes e insostenibles déficit fiscales y de cuenta corriente -convirtiéndose la superpotencia militar en el mayor deudor del mundo, con una posición inversora neta negativa-, aclara que, en realidad ''no es necesario que el euro reemplace al dólar como moneda internacional, sino que basta con que juegue un rol similar para que se dejen sentir las consecuencias de una radical transformación en la configuración del sistema monetario y financiero internacional''.

Hasta ahora el desempeño del euro con funciones de reserva de valor, es decir, en relación a ''su capacidad para mantener su poder de compra a través del tiempo'' ha sido consistente. Sánchez muestra que, en un área tan crucial como la de los mercados financieros, ''el campo de batalla más importante en el desafío asumido por el euro frente al dólar'', la situación, incluso con anterioridad a la puesta en operación del euro, era de franca vulnerabilidad de la moneda nacional estadunidense, corroborando la tendencia observada por DuBoff, y permite percibir las alteraciones y permutas en la balanza de pugnas de las fuerzas hegemónicas mundiales.

En lo que se refiere al porcentaje de tenencia de bonos internacionales, el dólar pasa de 52.6 por ciento a finales de 1981 a 34.2 a finales de 1995, mientras el de las monedas europeas cambia de 20.2 por ciento a 37.1 en los mismos años. Algo similar ocurre en los cambios medidos en el porcentaje de la tenencia del portafolio privado internacional: el dólar pasa de 67.3 por ciento a 39.8, y las monedas europeas de 13.2 por ciento a 36.9 en los mismos años.

El papel de la moneda en los mercados financieros y los flujos de capital es central, representando volúmenes 40 veces superiores a los del comercio, y en este contexto sólo una catástrofe política en Europa (el rechazo a la Constitución no lo es), modificaría la tendencia bipolar en la ecuación del poder monetario internacional.

jueves, 26 de mayo de 2005

¿De qué se queja, señor embajador?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 26 de mayo de 2005.

Fueron objeto de encendidas y justificadas críticas oficiales y no oficiales, las declaraciones de Tony Garza, el embajador de Estados Unidos, de que la economía mexicana está sostenida con alfileres: los ingresos petroleros y las remesas, indicando su precariedad y la ausencia de una estrategia que apuntale un desarrollo endógeno.

Algunas observaciones al respecto: primero, las quejas de Garza estuvieron fuera de los límites propios del protocolo que debe regir las relaciones bilaterales. Hubo quienes hicieron alusión al sesgo intervencionista del embajador, a lo que podría agregarse el calificativo de "proconsular".

Segundo, cabe preguntar si esa advertencia es una crítica al gobierno o es una autocrítica. El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron impulsores centrales de la desregulación financiera, la política monetaria, el servicio de una deuda usurera, el desmantelamiento de la banca mexicana y de la agricultura (con Carlos Salinas), así como de los ferrocarriles (con Ernesto Zedillo).

El BM es hoy la fuente principal del "diseño económico" censurado por Garza: el esquema foxista para el periodo 2002-2005 está ensamblado en el Country Assistance Strategy del Banco Mundial, como se demuestra en: Imperialismo Económico en México (Debate, 2005), un libro sobre las operaciones del BM, que realicé con GianCarlo Delgado. Nos referimos a la "consolidación" de la reforma fiscal; los preparativos para privatizar instituciones públicas como el Infonavit, Fovisste; el traspaso del sistema de pensiones de los trabajadores del Estado al sistema de pensiones privado (Afore); la "modernización" del sector energético mediante su apertura a la inversión privada extranjera; la reprivatización de las carreteras; el abierto apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Plan Puebla Panamá; la privatización de la banca pública que queda (Banobras, Nafin y Bancomext); la privatización del servicio de microfinanciamiento; la virtual desaparición de la micro y pequeña empresas, mediante el retiro de los programas de apoyo; la especialización agrícola en productos como azúcar y café; la modificación de los esquemas de enseñanza y su privatización en el mediano plazo; la privatización de servicios de agua y saneamiento, todo "impulsado" por medio de un paquete de préstamos de 5 mil millones de dólares de aquí a 2006.

Tercero: si la crítica la hubiera hecho un economista sin cargo diplomático, habría consenso entre analistas sobre la fragilidad que adolece la economía y el "fracaso" del programa neoliberal en curso, desde la perspectiva de la población afectada. "Beneficiarios" los hay: las empresas extranjeras y la plutocracia doméstica encabezada por los que aparecen en Forbes.

Tercero: conviene tomarle la palabra a Garza y realizar un "reality check" incluyendolo a él y sus asesores, así como al FMI-BM-BID, que inciden de manera directa y operativa en el diseño de la política económica y, desde luego a sus country managers: Fox y su gabinete, especialmente a los hacendistas locales.

El "reality check" empieza reconociendo la continuidad del "esquema desregulador, privatizador y entreguista" de tres sexenios priístas y el actual y de un hecho notable: la ausencia de una estrategia viable de crecimiento económico sostenido con equidad, capaz de generar los niveles de empleo que exigen las nuevas generaciones y que se refleje en aumentos adecuados en el producto interno bruto por habitante. Entre 1983 y 1999 ese índice tuvo un incremento acumulado de apenas 0.32 por ciento, creciendo a una tasa media de 0.02 por ciento mientras los salarios contractuales perdieron 63.9 por ciento de su poder adquisitivo. (José L. Calva México: más allá del neoliberalismo, Plaza y Janés, 2000). La política económica, incluyendo un vasto programa de "reformas estructurales" fue en realidad una despiadada guerra económica contra la población, el aparato productivo nacional, y el patrimonio nacional, hecho botín para consumar, privatizándolo, la mayor transferencia de riqueza jamás realizada en la historia a favor de firmas y bancos extranjeros y sus socios de adentro.

Más de 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas, principales fuentes de empleo, fueron arrolladas a causa de la apertura comercial unilateral, un esquema diseñado, paso a paso, por el BM e impulsado con inmensos préstamos y que culmina en la formalización del TLCAN, ese estatuto de subordinación a EU y sus empresas. El trauma mayor lo sufrió el campesinado. Las cifras que ofrece Calva son sobrecogedoras: "el ingreso real de los maiceros se redujo 52.7 por ciento; los salarios mínimos perdieron 70.2 por ciento de su poder de compra (situándose por debajo del poder adquisitivo que tenían en 1947); y "más de 20 millones de mexicanos pasaron a engrosar las huestes de la pobreza y la indigencia" (pp 7-8).

El sometimiento del gobierno al esquema y su descalabro no puede ser mayor. Posiblemente la queja de Garza se debe a que Fox, a pesar de un gran esfuerzo, no ha podido terminar de desmantelar y constitucionalizar la entrega total de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro a empresas de EU, objetivo central de la misión de Garza en México.

jueves, 12 de mayo de 2005

Terrorismo de Estado contra Cuba

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de mayo de 2005.

Desde que el Fondo de Cultura Económica publicó en los sesenta Escucha yankee, el famoso ensayo de C. Wright Mills sobre la revolución cubana y la política exterior de Estados Unidos, he seguido con atención la evolución del fenómeno en su dimensión histórica, geopolítica y estratégica.

En Geoeconomía y geopolítica del Caribe (UNAM 1997) presenté una colección de trabajos dedicados a revisar la cambiante relación de México, EU y Cuba, y en varias revistas especializadas analicé los impactos hemisféricos de la agresión, feroz e impune, desplegada contra Cuba desde el Pótomac. Pero después de escuchar a los testigos y de revisar la abundante documentación oficial presentada ante el Tribunal Internacional Benito Juárez (TBJ) -instancia ciudadana y de conciencia recién establecida que convocó a expertos y testigos para revisar y pronunciarse sobre "los Actos de Agresión del gobierno de EU contra el pueblo y el gobierno de Cuba"- la imagen que tenía sobre esa ilegal ofensiva palidece ante una sostenida embestida de terrorismo de Estado contra un pueblo hermano, dedicado, desde 1959, a un histórico y pacífico proceso de construcción social alternativo, en pleno ejercicio de su soberanía.

El TBJ se celebró en el Foro Coyoacanense los días 25, 26 y 27 de abril pasado y estuvo constituido por once jueces con el belga François Houtart como presidente; James Cockcroft (EU) e Ifigenia Martínez (México), vicepresidentes; Olga Miranda (Cuba), Guillermo Almeyra (Argentina), Juan Bañuelos (México), Alfonso Sastre (España), Eva Forest (España), Hebe de Bonafini (Argentina), Miguel Concha (México) y Jorge Turner (Panamá).
Cabe mencionar que el 4 de abril el Comité de Apoyo del TBJ, encabezado por el fiscal Enrique González Ruiz, formalmente presentó al embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, una Carta de Emplazamiento con una síntesis de las acusaciones y la invitación para que el gobierno que representa nombrara un defensor a quien se le facilitarían todas las pruebas documentales disponibles para preparar la defensa. Al no presentarse ningún defensor por la parte acusada, Sergio Romero Ramírez fungió como defensor de oficio.

A lo largo de tres días de testimonios presentados por la fiscalía y su coadyuvante, José Luis Toledo Santander, de la mañana a la tarde se presentó un cuadro de democidio bárbaro y sistemático impunemente desatado por la presidencia imperial contra Cuba, de corte político, militar, económico, cultural y el uso de instrumentos biológicos contra la población, las cosechas y el ganado, y programas de asesinato contra el liderato revolucionario.

En la sentencia del TBJ (para detalles y acción ciudadana: contacto@tribunalbenitojuarez.org) se presenta una síntesis del programa de guerra económica, comercial y financiera y de terrorismo de Estado desplegado a lo largo de 46 años por demócratas y republicanos por igual. Esto incluye la subversión política, la guerra sicológica, radioelectrónica, las agresiones armadas, ataques terroristas contra civiles, el robo de cerebros y los estímulos a la migración ilegal. Los documentos oficiales del gobierno de EU, con la clasificación Top Secret y Eyes Only for the President, que fueron fundamento de los testimonios y análisis ofrecidos por los testigos, son sólo parte de la masa documental sobre el terror de Estado contra la Isla que fue desclasificada bajo el Acta de Libertad de Información. Dicho expediente indica que sólo entre octubre de 1960 y abril de 1961 y con el objeto de subvertir el orden interno, la CIA introdujo 75 toneladas de explosivos en 30 misiones clandestinas aéreas y 45.5 toneladas de armas y explosivos en 31 infiltraciones marítimas, habiendo realizado 110 atentados dinamiteros, colocado 200 bombas, descarrilado seis trenes, provocado 150 incendios en fábricas y 800 incendios en plantaciones paralizando por una semana el funcionamiento de la refinería de combustible de Santiago de Cuba, política de terror que hasta hoy ha costado la vida a 3 mil 478 cubanos, quedando discapacitados 2 mil 99.

Durante el juicio se demostró que, entre 1959 y 1997, se ejecutaron 804 actos de terrorismo, entre ellos 78 bombardeos contra la población provocando muertos y heridos. Desde el primer año de la Revolución hasta 2003 se han cometido intentos de secuestro y secuestros a 61 aeronaves, y entre 1961 y 1996 se realizaron 58 ataques desde naves marítimas contra 67 objetivos económicos y contra la población. La CIA dirigió y apoyó a 299 grupos paramilitares integrados por 4 mil individuos, ocasionando 549 asesinatos y miles de heridos. La agresión biológica se realizó con la introducción del virus de la fiebre porcina africana que obligó al sacrificio de medio millón de cerdos. Con Reagan y Bush padre se desató en Cuba la epidemia del dengue hemorrágico, con 344 mil 203 personas infectadas, "dándose el caso verdaderamente récord de 11 mil 400 enfermos en un solo día, el 6 de Julio de 1982". Este terrorismo genocida persiste impune. Es hora ciudadana para la rendición de cuentas.

jueves, 28 de abril de 2005

Los precipitantes de guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de abril de 2005.

El entorno nacional e internacional se torna difícil y azaroso: hemos ingresado a una zona de "turbulencias" e incertidumbre policiaco-militar en estos dos niveles: en México el uso sesgado del aparato judicial amenaza gravemente la paz social. El Poder Ejecutivo, al tiempo que deslegitima los mecanismos político-electorales, perdió su condición arbitral en el torpe intento de inhabilitar políticamente a Andrés Manuel López Obrador, favorito en las elecciones de 2006: a su alrededor se aglutina una mayoría ciudadana que trasciende a los partidos políticos y que, contrario a lo esperado por sus exaltados e intransigentes acusadores, crece al calor del "proceso de desafuero" hacia una resistencia cívica y pacífica, orientada a una construcción social alternativa de cara al explosivo y antinacional esquema socioeconómico vigente.

En Ecuador, con una economía dolarizada, la población fue lanzada a las calles por políticos y hacendistas regresivos y corruptos. Al igual que en México es una oligarquía que da ánimo a virtualmente todos los precipitantes de guerra civil conocidos. El neoliberalismo, impulsado por EU y la plutocracia local, ha hecho añicos los instrumentos que fungían de "colchones" para proteger en cierta medida la estabilidad social frente a los efectos de desestabilizaciones naturales o inducidas. La concentración de la riqueza, su fuga hacia fuera, y la creciente diferenciación, acicatean las fisuras existentes en lo étnico, lo regional y lo económico, polarizando el conflicto de clase. El desafuero contra AMLO se da en momentos en que se eleva la frustración socioeconómica a niveles insostenibles, ya que el "modelo vigente" es un brutal "Estado de bienestar" volteado a favor de un grupúsculo incapaz de generar la transformación productiva exigida por la población. El intento de inhabilitación política ocurre en un medio caracterizado en el quinto Informe sobre desarrollo humano de la ONU, como el de un país "con problemas extremos de disparidad social": "México comparte esos riesgos con otros países... que tienen condiciones similares a las que llevaron a la insurrección armada en Chiapas".

A esto agréguese la "demencia precoz", de Los Pinos a la Casa Blanca, porque el medio ambiente internacional es igualmente volátil, ya que las relaciones de poder del orbe han sido lanzadas a la más peligrosa desestabilización geopolítica. La unilateralidad y belicismo del gobierno de Bush asestó brutales golpes a la vigencia del derecho internacional y a la credibilidad de la ONU, foro indispensable para dar curso a una salida no violenta a la crisis múltiple que enfrentamos en diversos continentes, pero de la manera más inmediata y aguda como resultado de la guerra y ocupación militar de Irak. El uso selectivo y engañoso que se hace de la ONU se puede comprobar, tanto con la desestabilización geopolítica de un área tan crucial para el funcionamiento económico del orbe, como es el Medio Oriente que contiene los principales abastecimientos petroleros, como también en torno a la defensa de los derechos humanos cuando bajo el impulso de EU y la Unión Europea se llega a juicios rigurosos y arbitrarios contra Cuba, mientras se comporta de manera tolerante e indulgente con Bush, al rechazar investigar las condiciones de los prisioneros que ilegalmente mantiene en la base naval de Guantánamo, territorio cubano, ocupado por EU. Los factores que agudizan los conflictos en lo nacional, e internacional, indican que vivimos en medio de una crisis con riesgos crecientes de militarización doméstica e intensificación bélica en el caso de Medio Oriente.

Existen al menos ocho componentes objetivos de la crisis que ameritan una reflexión seria: 1) las situaciones convergen y causan alto grado de complejidad, el cual mina fácilmente todo intento de hacer frente a la crisis en términos de manipulación ideológica y propagandística; 2) las presiones temporales se incrementan; 3) la adecuación de la información disponible decrece; 4) las incertidumbres se incrementan; 5) el control instrumental -o institucional- disminuye; 6) los que deben decidir se hallan bajo grandes presiones personales o, peor aún, son propensos a comportarse de manera precipitada e irracional; 7) las decisiones internas y las capacidades de negociación, así como el marco de referencia de ésta, mutan; 8) las decisiones a nivel de los sistemas de alianza, local, regional o internacional se modifican sustancialmente.

El recurso a la violencia, de la prepotencia judicial, policial y militar en la escena nacional e internacional pueden ser remontados por una ciudadanía consciente y democrática. Es necesaria la sensatez política y económica: "las bombas", decía Fidel Castro, "podrán matar a los hambrientos, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Tampoco pueden matar la justa rebeldía de los pueblos, y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo".

jueves, 14 de abril de 2005

Neoporfiriato: anarquía y fratricidio

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 14 de abril de 2005.

"Una pequeña pero poderosa oligarquía se había formado alrededor del presidente, quien les había otorgado el derecho de enriquecerse. Este pequeño grupo poseía toda la riqueza del país; sus miembros daban preferencia a sus amigos en la distribución de la prosperidad. Cliques surgidas a la sombra de los bancos... monopolizaban todas las ganancias y hacían que el progreso social fuera otra leyenda nada más. Ciegos ante los problemas de su país, esas gentes sólo se preocupaban de sus propias ganancias." Esta bien lograda síntesis, cuyos componentes centrales pueden detectarse en el planteamiento histórico-político de Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados para desentrañar las realidades de poder y el tema de fondo de la iniciativa de desafuero en su contra, si bien calza al milímetro con la situación actual, fue hecha en 1944 por Leopoldo Zea (El positivismo en México, FCE) para describir la corrupción y la autocracia del régimen de Porfirio Díaz. Los paralelismos son asombrosos e inquietantes, en particular los expuestos por AMLO en torno al carácter faccioso y el uso "selectivo" del aparato de justicia, que se consumó en el asedio judicial contra Madero (una de las principales chispas de la conflagración humana de entonces: un ciclo de guerras civiles y un millón 200 mil bajas) y el que actualmente realiza Vicente Fox en su contra bajo instigación de las fuerzas más retrógradas de la extrema derecha y del salinato.
El término de "neoporfiriato" para calificar la situación de hoy es a todas luces atendible. Teniendo presentes las semejanzas y diferencias entre los dos periodos, permite percibir, desde una perspectiva comparativa anclada en la historia, las tendencias estructurales y eventos que han cimbrado al México de finales del siglo XX y principios del actual, con la aplicación de un programa económico que socavó las bases sociales y políticas del establishment, gestando una "perturbación interna" que se expresa en asesinatos de alto nivel, descomposición de la estructura corporativa, debilitamiento del apoyo al régimen por parte de indígenas, trabajadores, campesinos y de una empobrecida clase media, con el Fobaproa-IPAB como la punta del témpano de una corrupción que se generalizó, que deslegitimó al aparato priísta y que está en la base del éxito electoral del PAN en los pasados comicios presidenciales.
La victoria de Fox en 2000 dio la sensación de que se había logrado la "alternancia sin alternativa", es decir, el "gobierno del cambio" político junto a la continuidad del regresivo programa económico-social. Pero no fue así: el "neoporfiriato" salió del clóset en lo político y se mantuvo incólume el esquema antinacional diseñado por el Banco Mundial-FMI y desatado contra la población por la plutocracia local por conducto del PRI durante los sexenios de De la Madrid, Salinas y Zedillo, que finalmente rompió el pacto del nacionalismo revolucionario. "El pacto del nacionalismo revolucionario -escribió mi amigo Sergio de la Peña antes de morir- fue roto y despojado de contenido por las políticas neoliberales desde mediados de los 80, al cancelar compromisos y formas de solución de agravios que regularon la vida nacional por décadas, sin crear nada que lo sustituyese ni darle vida plena al sistema legal. Pero persisten rasgos del pacto anterior, como la concentración del poder, los abusos impunes, el arreglo personal más que institucional, la intermediación ideológica y la manipulación social... el relajamiento del viejo orden abrió paso a las luchas abiertas entre fracciones de la clase dominante."

El arribo de Fox y el empoderamiento de la extrema derecha en el PAN intensificaron la condición "neoporfirista" del régimen: al debilitamiento de los fundamentos socio-económicos de la estabilidad, se agregó de manera desenfrenada: a) un implacable -y riesgoso- debilitamiento de la legitimidad, b) la persistencia en la incapacidad para la búsqueda de consensos, destruyendo de paso c) cualquier mecanismo de intermediación que pudiera existir. Eso lo vivimos la semana pasada, con indignación nacional y bochorno por el espectáculo, triste y bufo, pero temerario, ofrecido urbe et orbi por los diputados del PRI y PAN empeñados en inhabilitar políticamente a López Obrador. El infame intento de usurpar los derechos de una mayoría ciudadana de cara a 2006 (ese sueño de Bush y Fox, de un duopolio PRI-PAN que excluya "democráticamente" todo proyecto nacional y alternativo) deslegitimó el proceso comicial. Más grave: con un Ejecutivo faccioso, la nación entró en campo minado en lo policial-militar.

El llamado a la cautela y a la "resistencia cívica y pacífica" de AMLO es de importancia vital y contrasta con la ampliación foxista de la "neutralidad malevolente del Estado" de lo económico-social a lo judicial y a la dinámica político-electoral, debilitando una salida no-violenta de la crisis, invitando a la anarquía y el fratricidio al lesionar, quizá mortalmente, los fundamentos de la estabilidad y de la paz social.