La Jornada.
México 29 de septiembre de 2005.
No es la mano invisible del mercado la que inspira el "decálogo energético" de Fox. Es una reiteración de propuestas del aparato de seguridad de Estados Unidos y del alto empresariado internacional y sus socios locales, para dar cobertura constitucional al despojo en curso del sector petroeléctrico. La iniciativa ahora se promueve desde un Banco Mundial (BM) presidido por Paul Wolfowitz, uno de los principales arquitectos de la agresión militar por el petróleo iraquí. El BM opera junto con el aparato diplomático y de seguridad de EU en México y, como en Venezuela e Irak, lo hace bajo la instigación del "choque petrolero", un tsunami, que se gesta al calor de dos procesos que se retroalimentan: a) la persistente negativa de la Casa Blanca para impulsar un vasto programa para amortiguar el derroche energético y b) una creciente incapacidad física de los productores, debido a límites geológicos en la extracción de petróleo convencional, ante una mayor demanda mundial, cuellos de botella en la capacidad de refinación, con la correspondiente volatilidad en los precios.
Ahora se refuerza la iniciativa privatizadora con cabilderos armados de maletas repletas de vidrios y espejos para la compra de la conciencia legislativa. Es parte de una campaña de "presión diplomático-empresarial" para sacar adelante "el decálogo" a como dé lugar.
Dado que durante este sexenio el proceso privatizador de facto de funciones vitales de Pemex y la CFE en beneficio de grandes petroleras fue amplio, ahora los inversionistas y el aparato de seguridad estadunidense, ante el "tsunami petrolero", se esfuerzan por "constitucionalizar" el despojo en curso. Lo hacen por medio de Fox, quien lo gestiona ante el Legislativo con la obediencia y diligencia propia de un ex gerente de Coca-Cola cumpliendo instrucciones de su "casa matriz".
Con la Constitución mutilada, se dejaría el camino libre a los esquemas ya elaborados de "ingeniería financiera" -en varios paraísos fiscales- para lanzar el patrimonio petroeléctrico del país directamente al piso de remates de Wall Street y de la Bolsa Mexicana de Valores .
En La compra-venta de México (Plaza y Janés, 2002, p. 353) ilustré uno de esos diseños: el de Investors Guaranty Fund Ltd (IGF), bajo la coordinación de la International Finance Corporation, organismo vinculado orgánicamente al BM, e instancia central en los mecanismos para la gran subasta del sector energético del país. La propuesta se centró en alentar las exportaciones de petróleo y electricidad, mediante la inversión directa de IGF. Según los documentos, el capital necesario se generaría a través de la venta de Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements (MEXDS GIA), títulos en dólares con el respaldo de "bancos internacionales de desarrollo" (sic): BM-BID.
Tanto en el caso del petróleo mexicano como en el de Venezuela -que posee la principal reserva probada de petróleo convencional del hemisferio occidental, estimada en 70 mil millones de barriles, sin incluir vastos yacimientos de crudo pesado- las grandes empresas del ramo siempre actúan con el respaldo del aparato de Estado y en nombre de la "seguridad nacional" de EU.
Un ejemplo reciente de la "amalgama" entre las empresas, el Congreso y el Ejecutivo (el "triángulo de hierro") lo ofrece una convocatoria realizada por Securing America's Future Energy (SAFE) y la National Commission on Energy Policy (NCEP) para analizar diversos escenarios energético-empresariales y de seguridad. Un proceso que se realizó bajo el título de Oil Shockwave (el choque -o tsunami- petrolero) en el que participaron importantes ex miembros de la industria petrolera, analistas y comerciantes de petróleo, como David Frowd, de Royal Dutch/Shell&, así como personajes del mundo militar, legislativo y de seguridad nacional, como por ejemplo los senadores Richard Lugar (republicano) y Joe Lieberman (demócrata); Robert Gates y James Wollsey, ex directores de la CIA; el general P. X. Kelley, ex comandante del cuerpo de Marina, Frank Kramer, etcétera.
Según el comunicado de prensa, se elaboró un escenario en el que sólo se reducían 3.5 millones de barriles (mdb) de los 83 mdb consumidos anualmente por el mundo. Las consecuencias serían: precios de 5.74 por galón de gasolina, elevación en el precio del petróleo a 161 dólares por barril, incremento de 12.6 por ciento del índice de precios, desplome de 30 por ciento en el índice de confianza del consumidor, aumento del déficit de cuenta corriente a poco más de un billón (trillón) de dólares. Habría un ascenso significativo en el orden de probabilidad de recesión.
En el contexto del "decálogo de Fox", llama la atención que, entre las varias medidas consideradas "del lado de la oferta", el grupo plantea aumentar la disponibilidad de petróleo en el mercado mundial, "promoviendo el desarrollo de las reservas de crudo convencional en naciones que actualmente no permiten la inversión privada, utilizando para ello una acción diplomática intensa". No en Los Pinos, sino donde cuenta: en San Lázaro.
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