jueves, 31 de agosto de 2006

Elección de Estado: contexto regional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 31 de agosto de 2006.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogó y rechazó 375 impugnaciones que presentaron la coalición Por el Bien de Todos, el PAN y otros a la elección presidencial. Bajo un autismo "letrista", avaló el cuestionado conteo distrital del IFE. Este es el fin de la etapa cuantitativa en la que Calderón dejó pasar la oportunidad de apoyar el voto por voto, único medio para lograr transparencia y legitimidad como se lo sugirió el NYT y el Financial Times. Sigue la fase cualitativa para determinar si las elecciones se ciñeron a los criterios constitucionales o si se anulan para dar curso a otra etapa electoral.

El apresuramiento del TEPJF, apunta a que, como dice Lorenzo Meyer, "este arroz ya está cocido", profundizándose la crisis de gobernabilidad por el refrendo a lo que un miembro del PRIAN en la nueva legislatura calificó el fin de semana, en televisión, como "una brutal elección de Estado", o lo que AMLO planteó como "un verdadero golpe de Estado". Las prisas del TEPJF le restan credibilidad y alientan el incendio social en México, una de las principales fuentes de combustibles fósiles de EU. Indica docilidad ante un Ejecutivo irreflexivo y faccioso y ante los poderes fácticos.

Al momento de redactar esto, el TEPJF transita a la calificación del proceso comicial con fecha límite el 6 de septiembre. Pero a juzgar por sus apuros podría avalar en "15 minutos" (con un "extrañamiento" hilarante) la insolente e ilegal intervención de Fox como "jefe" de facto de la campaña del PAN y la igualmente irregular intervención de la IP.

Desafortunadamente el papel de este "incendiario disfrazado de bombero" que opera desde Los Pinos no se restringe al ámbito nacional. Su entreguismo "jurisdiccional" ante EU es ingrediente ominoso que es necesario incluir para calibrar el orden de magnitud de esta crisis. Dada la presencia del petróleo y actuación del aparato de "seguridad nacional" estadunidense en la ecuación político-institucional del país, realizada a la sombra de la derecha, cabe tomar nota que desde el 11-9 la Casa Blanca opera bajo un virtual "Estado de excepción", formalizado en la Patriot Act, reflejo de su predicamento económico y geoestratégico, por la creciente incertidumbre sobre las disponibilidades globales de petróleo convencional (barato y de fácil acceso), un panorama vinculado a cómo Bush y el cabildo petrolero manejan los instrumentos de Estado. Las dos petroguerras del Golfo representan una debacle para la ONU y un rechazo a los instrumentos del derecho internacional. La agresión contra Afganistán e Irak con sus cientos de miles de bajas civiles señalan una regresión de un orden de magnitud sólo comparable a lo experimentado durante el fascismo europeo. La guerra preventiva se correspondió, ayer en Alemania y hoy en EU, con el "Estado de excepción" con un Ejecutivo que flagrantemente usurpa funciones legislativas y judiciales como nunca antes en la historia de EU. La complicidad de Fox en el "desborde" hacia México de ese "Estado de excepción" es uno de los aspectos cruciales en que está inmersa la grave crisis poselectoral que padecemos, al involucrarse Los Pinos en un vasto operativo empresarial-estatal conocido como la Alianza Para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN) -incluye a Canadá-, auspiciada por medio de personajes vinculados con el aparato empresarial y de seguridad de EU, como Robert Pastor y Pedro Aspe.

En este esquema resalta el desleal plegamiento de Vicente Fox a Bush y al cabildo petrolero. Cuando Fox invitó a Halliburton, Kellog Brown & Root y Bechtel a operar en nuestros campos petroleros, también abrió las puertas al Pentágono, la CIA y al Homeland Security. No se infiera que con el panista se inauguró esta peligrosa intervención: desde Salinas, de manera paulatina, disfrazada y sin mucha visibilidad, EU ha venido desplegando mecanismos para influir y hasta incidir en la operación de la "seguridad interna" del país, por medio del financiamiento, el adiestramiento, la "inteligencia", los consejeros militares y de seguridad, la transferencia de tecnología para el control de la población -como las tanquetas actualmente emplazadas en San Lázaro- y los compromisos políticos para sostener a la cúpula, corrupta y antinacional, que desde entonces ha venido acelerando la entrega operativa del estratégico sector energético. Calderón, de asumir la Presidencia, está comprometido a profundizar esta tendencia como parte de sus convenios y adeudos para acceder a Los Pinos. La actuación del TEPJF hace más precaria la institucionalidad para enfrentar el intervencionismo: considérese, por ejemplo, que desde el 16 de agosto fuentes militares rusas hicieron saber que los encargados del aparato de seguridad nacional de EU, ante la convulsa situación político-electoral mexicana, enviaron un contingente de sus "fuerzas especiales" para asesorar a las fuerzas armadas de México, "en la protección de los inmensos campos petroleros de tan vital proveedor de crudo a EU".

jueves, 17 de agosto de 2006

Fox: jugando con fuego

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 17 de agosto de 2006.

Después del asombroso faccionalismo desplegado por Fox en el proceso comicial de 2006 y su solapamiento por el IFE, el muy limitado recuento realizado ha permitido a una de las partes en conflicto detectar y denunciar la existencia de actas falsificadas, de cientos de miles de votos introducidos o desaparecidos ilegalmente en las urnas, incluyendo la impresión de boletas de más por el IFE (Proceso, 13-VIII-06 p 10), parece que son suculentos los negocios en juego, revelando el pacto del gobierno con grandes intereses oligárquico-imperiales como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el aparato de "seguridad nacional" de Estados Unidos, en pos de la privatización y extranjerización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El patrimonio nacional, concebido por la plutocracia como botín a ser "negociado" con empresas extranjeras que operan inconstitucionalmente en el país (Halliburton, Exxon-Mobil, Sempra Repsol), incluye una reserva petrolera que abarca aquella localizada en aguas someras y profundas del Golfo de México. No es novedad que el objetivo prioritario de una voraz camarilla local y de instrumentos a su servicio como el CCE, así como la del cabildo petrolero estadunidense, bien colocado como está en la Casa Blanca y Los Pinos, sea ahora consumar el "fraude electoral", montado por medio de un operativo "hormiga" sistemáticamente orientado a alterar la votación en favor del candidato del PAN. Tampoco sorprende que esa cúpula se incline al uso de artilugios legales o ilegales, pacíficos o policiaco-militares, a fin de ubicar en Los Pinos a Calderón, Nava y otros personajes de comprobada lealtad y sumisión a sus designios sobre el sector energético mexicano, como el ex secretario de Energía Téllez Kuenzler.

Téllez intensificó, con la asesoría de Enron, la estrategia energética neoliberal enfilada a desarticular y devastar financieramente a Petróleos Mexicanos, a privilegiar la operación de empresas privadas en actividades vitales del proceso petrolero, por medio del cierre de áreas de Pemex con el simultáneo despido de técnicos altamente capacitados lo que, como lo documenta la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, (UNTCIP) en su Proyecto alternativo integral para Pemex (www.untcip.net) ha provocado la dilapidación económica y la destrucción de la fuerza productiva, expresándose en una merma injustificada de reservas petroleras, daños a yacimientos, infraestructura de transformación y transporte, institutos de investigación y capacidad tecnológica de la empresa y los trabajadores, convirtiendo al país en importador neto de volúmenes crecientes de gas natural, de petrolíferos, petroquímicos y químicos, desintegrando cadenas productivas e incrementando el desempleo y la migración.

Son amplios y extensos los vínculos y compromisos del círculo calderonista con los oligopolios de la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos y España (¿de ahí el favoritismo que le concede con tanta superficialidad profesional El País?), incluyendo al Grupo Carlyle dedicado a los negocios de armas, energéticos y de "servicios de seguridad" -una suerte de pelotones de fusilamiento en "auxilio" del gran capital-, como se documenta en Terror e imperio (Debate, 2006). Contra viento y marea Fox se esfuerza por lograr el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para mantener el control sobre los puestos de mando, a fin de imponer, contra la voluntad del electorado, lo que el "equipo binacional" (Bush-Cheney y Fox-Wolfowitz) concibe como el golpe de gracia a Pemex-CFE, es decir, la "constitucionalización" del vasto operativo ilegal que han venido construyendo -una suerte de Pemex paralelo-, mediante el contratismo generalizado y proyectos de inversión totalmente alejados del interés público nacional por su carencia de consideraciones sociales, ambientales, estratégicas y generacionales. El despojo, bien conocido por la opinión pública, porque está presente desde el arribo de Díaz Serrano a la dirección de Pemex, fue articulado por medio de préstamos y de la "cobertura lingüístico-ideológica" del Banco Mundial, como una "reforma estructural".

Fox da como un hecho que el TEPJF evitará una necesaria y significativa ampliación del recuento de votos, perpetrando lo que para el jurista Raúl Carrancá y Rivas sería una "catástrofe judicial", a fin de colocar a Felipe Calderón a como dé lugar como su sucesor, aun a riesgo de represión policial y militar y del derrame de sangre. Implacable contra AMLO y temerario contra la nación, Fox ya planteó su ingreso al nicho reservado a Santa Ana y Huerta, ofreciéndose para dar el "golpe" a Pemex-CFE y los trabajadores: en un encuentro con los legisladores electos del PAN, se comprometió a "asumir los costos políticos" y dejar la mesa puesta a lo que espera será un gobierno panista, impulsando en la nueva legislatura -a partir del 1º de septiembre- "reformas estructurales en el sector-energético, laboral y fiscal" (La Jornada, 9-VIII-06 p 10). Eso sí es jugar con fuego.

jueves, 3 de agosto de 2006

Elecciones y guerra de clase

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de agosto de 2006.

No sorprende que la base social de México haya entrado en erupción: al malestar forjado por la irresponsabilidad político-electoral del gobierno de Fox en los comicios de 2006, se suman 24 años de agravios a la población por lo que las inequidades y anomalías demostradas a lo largo de la jornada electoral pueden tener efectos traumáticos sobre la nación.

Es el resultado de lo que a todas luces es una "guerra de clase", término adecuado para calificar al programa de "reformas estructurales" impulsadas por la clase gobernante de EU y "sus" oligarquías asociadas al sur del Bravo y al "Estado de bienestar invertido" fundado en instrumentos malsanos como el programa de privatizaciones auspiciado por el Banco Mundial y el BID, plagado de corrupción, o el Fobaproa-IPAB, a favor de la plutocracia que terminó por hacer trizas el patrimonio de millones de familias y de pequeñas y medianas empresas nacionales. La cifra oficial de los pobres ya llega a 31 millones 700 mil personas, todo ello en medio de una metódica destrucción y debilitamiento de las redes de protección social, financieras y cambiarias.

A los incontables costos humanos de cuatro sexenios de insistente ataque al salario, el sindicato, el patrimonio nacional, la hacienda pública, la salud, educación y el empleo, se agrega ahora la descomposición del proceso comicial, único mecanismo disponible para lograr una resolución no violenta del cataclismo socioeconómico que vivimos. Se estigmatiza una demanda democrática, un recurso jurídicamente disponible, como es el recuento de los votos para generar certidumbre y transparencia, exigencia de los poco más de 2 millones de ciudadanos que protagonizamos el domingo pasado la mayor manifestación registrada en México, frente a dudosas cifras electorales que para el IFE y el PAN son definitivas, como con arrogancia y precipitación planteó Calderón ante el TEPJF, cuando la calificación apenas arrancaba.

En medio de este ataque a los principios de equidad y certeza electoral, resulta ensordecedor el ruido generado por el crujir de los fundamentos de la paz social. En esta crisis están presentes todos los precipitantes socioeconómicos identificados en la literatura especializada sobre la etiología de los estallidos sociopolíticos. Son apabullantes incluso las cifras oficiales del INEGI, maquilladas como están por medio de astutas definiciones, encaminadas a disfrazar y minimizar la percepción de un fenómeno tan central como la capacidad del régimen para generar pobreza, desempleo y una redistribución profundamente regresiva del ingreso nacional: al menos 6.6 millones de integrantes de la población económicamente activa se sumaron en este sexenio al desempleo abierto y fueron enviados sumariamente a una enorme economía informal, una de cuyas expresiones cardinales, el narcotráfico, sometida al flujo de doble vía entre drogas y armas de alto poder, hacia y desde EU, muestra una criminalización y militarización, que rebasa las capacidades de los instrumentos de Estado para contener sus efectos.

Desde estas páginas Juan Antonio Zúñiga (La Jornada, 1/8/06) nos ofreció una síntesis estremecedora de lo que ha sido el ataque sistemático, orquestado desde el gobierno, contra el aparato productivo, público y privado, tanto en el campo como en la ciudad.

Zúñiga indica que entre 2001 y el primer trimestre de 2006 la planta laboral ocupada por los grandes establecimientos económicos registró un desplome de 59.5 por ciento, que se traduce en una disminución de 5.3 millones de trabajadores, lanzados a la calle, a los "micronegocios" o a la migración ilegal. Al inicio del sexenio las grandes empresas ocupaban a 8.9 millones de trabajadores y en el último año la cifra se redujo a 3.6 millones. El desastre no se limita a la población urbana: también en el sector agropecuario los resultados del sexenio son devastadores, con una caída de 1.2 millones de empleos.

Pero esto no es más que la punta del témpano, porque estamos en presencia de una desintegración de enormes complejos económico-territoriales (como los involucrados en el manejo diario de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad -CFE-) y de vastas áreas productivas, en el sector privado y público. El desmantelamiento de Pemex y CFE se profundizó a niveles insospechados, a favor de grandes empresas extranjeras. Las pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, manufactureras y comerciales, formales e informales también resultaron dañadas. Todo en medio de un contratismo corrupto sin freno y del debilitamiento de la legitimidad electoral y de los enlaces políticos, institucionales y sindicales.

En este volátil contexto, el plantón que se realiza a favor de la democracia está justificado, pero en nada ayuda que se exprese estrangulando vías primarias del Distrito Federal que afectan a la ciudadanía, máxime cuando el temerario llamado de los beneficiarios internos y externos del régimen a profundizar el uso de la represión porril y policial-militar contra la resistencia civil se cierne como amenaza mayor a la paz social.