jueves, 24 de mayo de 2007

Rentismo y represión: amores que matan


John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 24 de mayo de 2007.


Aunque el rentismo y la represión de la resistencia popular contra el despojo en curso son características destacadas del capitalismo del siglo XXI, en especial en su saqueada periferia, a últimas fechas este dúo registra nuevos bríos. En el marco de una mayor "imperialización" de México y Canadá, el TLCAN y la ASPAN conllevan enlazamientos económicos y de "seguridad" protagonizados por vastos esquemas infraestructurales, llamados "los corredores del TLCAN", que acarrean una depredación socioecológica sin precedentes.


El filón es enorme y la codicia mayor. Richard Vogel (Monthly Review, vol 57, núm. 9) nota que el transporte multimodal que combina el servicio terrestre, aéreo y marítimo (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etcétera) es central para una economía como la de Estados Unidos, dependiente de mercancías importadas, especialmente de Asia.


El "negocio" está tanto en los megacontratos para erigir dicha red de "corredores", desde Canadá a México, como en una explotación intensa de los precarizados trabajadores mexicanos para su construcción y manejo. Es una ofensiva del capital contra el trabajo que conlleva la homologación, a la baja del "mercado laboral" en México y Estados Unidos. El asunto no es nuevo. La privatización y extranjerización ferrocarrilera en nuestro país y su refuncionalización a la economía estadunidense acarreó despidos masivos, el desmantelamiento del contrato colectivo, una feroz expoliación de las tripulaciones y enormes costos sociales para cientos de pequeñas y medianas poblaciones despojadas del ferrocarril y la economía gestada a su alrededor.


Los efectos económico-ambientales y de clase de esos corredores son de orden mayor para la población y ecología en centenas de miles de kilómetros cuadrados. Cada corredor contiene carreteras para pasajeros de seis carriles: cuatro para camiones, seis vías férreas, además de un amplio espacio para la distribución subterránea de gas, petróleo electricidad, requiriendo también extensos cruces, puentes e intersecciones. Se estima que por cada milla (1.6 kilómetros) de corredor se necesitan derechos de vía de 146 acres (58.4 hectáreas) con un costo de construcción de 31.4 millones de dólares por milla. Todo el esquema opera bajo la socialización de costos y la privatización de beneficios, como ya se dio, con enorme dispendio público en el rescate carretero en México. Con Luis Téllez, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se detona otra vez este saqueo al erario, con un préstamo del BID de 2.5 mil millones de dólares (mmdd). Carlyle, ente cercano a Téllez, junto a Goldman Sachs & Co, Citigroup (Banamex) y Morgan Stanley le apuestan al alza de los peajes afectando los bolsillos de los de menor ingreso. "Es necesario", dice Uswe E. Reinhart de Princeton, "preguntarse si debe asignarse con criterio de clase el uso de las carreteras que solían ser consideradas un servicio público". Esto es parte de un proceso mayor de distribución regresiva del ingreso que se observa en Estados Unidos y Canadá en las últimas dos décadas, y de manera todavía más acentuada, al nivel de explosión social, en México.


En la mira de los grandes inversionistas está la explotación de los trabajadores mexicanos. Se contempla ingresar al país vecino unos 400 mil "temporales" al año bajo el principio de "trabajas y te vas". Ello porque la colosal infraestructura de transporte multimodal de esos "corredores" se posiciona, junto a la infraestructura pública de las tres naciones, como oportunidad para cuajar esquemas rentistas, súper-seguros y con alta tasa de ganancias. Una revista empresarial de Estados Unidos plantea: "Desde el año pasado los bancos y las firmas de inversión se han enamorado de la infraestructura pública. Están apasionados por los ricos flujos de efectivo que emanan del manejo de carreteras, puentes, aeropuertos, parques de estacionamiento y puertos marítimos, y las ventajas monopólicas que garantizan que esos flujos de dinero se mantengan tan seguros, como un corazón que late. Las firmas están tan enamoradas que ya están empezando a considerar a la infraestructura como toda una nueva categoría de activo.


En Estados Unidos en los pasados dos años se adjudicó infraestructura pública valorada en 7 mmdd y entre 2007-09 se prevé hacerlo por 100 mmdd. Es sólo la punta del témpano. Mark Florian, a cargo de la cartera de "infraestructura de la América del Norte", de Goldman, Sachs, reconoce que "hay un gran valor atrapado en estos activos", que incluye los servicios de agua, electricidad, gas, además de los mencionados "corredores".


La trama entre rentismo sobre la infraestructura y la represión se desarrolla en medio del uso patrimonial de la hacienda pública, del subsidio fiscal a los ricos, de topes salariales, de la incautación de la tierra y de la "desregulación" de los precios de mercancías y servicios básicos. Son amores que matan porque el muro fronterizo o el Estado policial-militar en Estados Unidos, México y Canadá no garantizan la estabilidad y certidumbre que requieren unos inversionistas que lanzan gasolina a un tanque en llamas.

jueves, 10 de mayo de 2007

Agua y seguridad nacional


John Saxe-Fernández
La Jornada
México 10 de mayo de 2007.

La "integración bélica", que incluye contingencias para la "ocupación militar" directa de México y Canadá y el estado de excepción y sus esquemas de seguridad policial, penal y judicial auspiciados por Estados Unidos con el pretexto de la "guerra antiterrorista", tiene como telón de fondo el creciente repudio de la población ante diseños que, respondiendo a los intereses empresariales de EU y los de las oligarquías subordinadas de México y Canadá, resultan social, económica y ambientalmente depredadores.

La legislación penal aprobada por el Congreso mexicano bajo impulso del "antiterrorismo" de Bush es parte de una ofensiva ante la resistencia al despojo de la tierra -Atenco-, la privatización y mercantilización de servicios vitales, educación, agua, electricidad, seguridad social, etcétera, y de toda la infraestructura de comunicaciones terrestres -supercarreteras, puentes-, marítimas, aeroportuarias y "fronterizas" y su "manejo" migratorio (muros, campos de "detención").

Con el pretexto de la "continentalización" de los recursos estratégicos impulsada por Estados Unidos por medio de complejos "corredores del TLCAN" y la "integración profunda" de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, entes tipo Goldman Sachs, Grupo Carlyle o el Banco Interamericano de Desarrollo, se interesan en la infraestructura de "los corredores de la América del Norte" incluyendo el agua, tanto la de Canadá como la del sur de México.

En Canadá docenas de grupos sindicales, sociales y ambientales advirtieron esto al dar a conocer documentos de circulación restringida del Proyecto Futuro de Norteamérica 2025, del Foro de Calgary (Louis-Gilles Francoeur, Preventing Massive Water Transfers, Le Devoir, 26/4/07), una reunión a puertas cerradas, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos con el Conference Board de Canadá y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México.

Bajo el renglón de "El futuro medioambiental de América del Norte", se abordaron el "consumo de agua", "las transferencias de agua" y el "desvío humano" (human deflection) de grandes cantidades del vital líquido. Objetivo: impulsar "el manejo óptimo acordado del agua disponible" de "Norteamérica". Los ambientalistas recuerdan que, según el TLCAN, "el agua se convierte en un bien comercial tan pronto sea objeto, aunque sea por una sola vez, de una transacción financiera entre interesados de diferentes países. Después de eso, ningún gobierno será capaz de regularla de nuevo sin que se le acuse formalmente de obstaculizar el libre comercio". En los últimos años varios especialistas han confirmado que el gobierno de Canadá perdería su jurisdicción sobre el manejo de su agua a favor de empresas que van a explotar comercialmente el recurso.

Gian Carlo Delgado, en su preciso y actual libro Agua y seguridad nacional (Arena, 2005), al analizar ambiciosos esquemas, como por ejemplo la Alianza Norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA), preparado por la empresa de ingeniería Ralph M. Parsons, (pp 95-121), llamó la atención sobre indicios de que Estados Unidos, ante una aguda crisis de agua, se preparaba para lanzarse sobre los recursos acuíferos de Canadá, como indicaba el mismo hecho de que el gobierno canadiense cedió a la presión estadunidense cuando no excluyó del TLCAN las ventas de agua en grandes cantidades.

El esquema, en su totalidad, afecta a México por la "geopolítica hídrica" que despliega Estados Unidos del Bravo hasta América Central, analizada por Delgado y también porque los tres gobiernos tratan de usar el Foro del CSIS como plataforma para la elaboración de un gran diseño (master plan) que sirva de guía para "la infraestructura fronteriza y los sistemas de logística", relacionados, además del agua, "con la movilidad laboral, la energía, el medio ambiente, la seguridad y la competitividad". La idea es que el informe resultante del Foro sea revisado dos veces por los tres gobiernos antes de ser oficialmente "legalizado" con miras a definir e impactar las políticas en esos rubros, sin ninguna discusión pública o participación de la sociedad. Tanto lo que respecta al agua como a su compleja relación e infraestructura transfronteriza, el asunto no es nuevo ni menor. Según Parsons, su proyecto -un magno negocio sobre una vasta infraestructura o "corredor", con un costo estimado en la década de 1970 en 130 mil millones de dólares- ofrecería a Estados Unidos "unos 100 años de abastecimiento de agua y cerca de 223 mil 500 kilómetros cuadrados de tierras irrigadas que conformarían un cinturón agrícola de Canadá al norte de México", permitiendo "una ampliación del cinturón cerealero-algodonero-del centro-este y sureste de EU" (p109-110), tema nodal de política internacional.

Ya se advierten huellas de operaciones "especiales" para justificar "otro recorte territorial" del país. Desde 1994 un Briefing Paper del Pentágono liberado por la Ley de Información, dice que "sería concebible que el desplazamiento de tropas de Estados Unidos a México fuera visto favorablemente si el gobierno mexicano tuviera que enfrentar la amenaza de ser derrocado como resultado de un caos económico y social amplio".