jueves, 19 de septiembre de 2002

Banco Mundial: Pemex y CFE al hoyo negro

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 19 de septiembre de 2002.

La "reforma del sector de la energía" diseñada por el Banco Mundial (BM) e impulsada por Salinas, Zedillo y ahora Fox se concreta, tanto en petróleo como electricidad, en una "privatización de facto", lo que, en criterio de Emilio Krieger (en uno de sus más recientes libros, Violaciones presidenciales a la Constitución, Grijalbo, 1996), colocó a los anteriores mandatarios y al actual Presidente en la condición de "transgresores" de la Constitución, predicamento que sólo preocupa al BM por el hecho de que resta "confianza" a los inversionistas, quienes en todo caso, al margen de la normatividad constitucional vigente y con el beneplácito gubernamental, ya han realizado operaciones importantes en el sector eléctrico.

Por medio de los reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) se procede a la privatización eléctrica, y se están retirando del sistema nacional los clientes más importantes de ese servicio, como los del sector industrial. Dado que la Constitución y la ley establecen que corresponde a la nación prestar el servicio eléctrico, el BM y el gobierno de Salinas realizaron un malabarismo lingüístico para dar entrada "legal" al capital privado, poniendo bajo la categoría de lo que "no es" servicio público los siguientes rubros: la autogeneración, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción y la exportación e importación de electricidad.

Hasta el año 2000 la Comisión Reguladora de Energía había concedido 169 permisos: 111 para autoabastecimiento, 37 para cogeneración, 14 para producción independiente, uno de exportación y seis de importación. Representan un incremento de cerca de 12 gigavatios, aproximadamente la tercera parte de la capacidad total actualmente instalada, con una inversión de 6.9 mil millones de dólares.

Como ocurrió durante el gobierno de Zedillo, la "reforma constitucional", que por segunda vez envía Fox al Poder Legislativo, se encamina a ajustar la Constitución a las exigencias de los grandes especuladores, interesados en lanzar a Pemex y la CFE-CLFC al piso de remates de Wall Street. Existen elaborados programas de "ingeniería financiera" para sustentar, con el respaldo del gobierno de EU, programas para la privatización de Pemex y el sector eléctrico. En estos esquemas (blueprints) participan de manera intensa la Internacional Finance Corporation y la Multilateral Investment Guarantee Administration (MIGA), vinculadas orgánicamente bajo la figura del Grupo del BM.

Uno de los blueprints fue presentado en junio de 1997 por el Investors Guaranty Fund LTD. Brevemente descrito en mi libro, La compra-venta de México, que aparecerá en octubre, amerita ser conocido ahora. La fugacidad descriptiva se debe a la reticencia de las corredurías y bufetes a divulgar esquemas que quebrantan la legalidad constitucional. El capital necesario se generaría por medio de la bursatilización de nuestro patrimonio a través de la venta en dólares de títulos que se denominarían Mexdsgias, es decir, Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rates Guaranteed Investment Agreements.

En esa venta participarían bancos internacionales de desarrollo (BM, BID) y otros inversionistas extranjeros bajo el liderazgo de las corporaciones multinacionales -petroleras y de la electricidad-, así como constructoras tipo Bechtel y Haliburton y otros grandes contratistas. Los Mexdsgias serían uno de los instrumentos para consumar la "compraventa de México", que además se realizaría en las Bermudas, un paraíso para que los especuladores se hagan a su antojo con nuestro principal eje de acumulación.

Según los promotores de este blueprint, los Mexdsgias podrían "... ser adquiridos por inversionistas institucionales de todo el mundo", es decir, por las famosas mutuales y grupos financieros que llevaron al país a la catástrofe de 1994. Entre sus propósitos está darle la vuelta y luego "reformar" el aparato constitucional mexicano que prohíbe la participación privada en el sector de la energía por su carácter estratégico.

Según los documentos, se trata de solventar "la falta de marco de referencia para la inversión... El programa de energía e infraestructura responde a cambios importantes en la legislación federal mexicana paralelamente con amplios programas de privatización de México, la inversión pública con impacto presupuestal diferido y todo un nuevo sistema privado de pensiones y las demandas de miles de millones de dólares para la creciente infraestructura energética de México... Este plan de desarrollo agresivo crea oportunidades para la inversión... Más de 9 mil millones de activos planeados y existentes de Pemex y la CFE están programados para ser privatizados y capitalizados por medio de los mercados internacionales de capitales.

"México tiene planes de privatización de 8 mil millones de dólares en otros sectores. Tanto el presidente del Consejo Mexicano de Inversión como el secretario de Energía han mostrado interés y apoyo en este método para financiar el programa propuesto."
Agincourt -la empresa encargada de la operación- seleccionó Bermudas como su base jurisdiccional de operación por "... su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y particularmente de los servicios financieros".

Tal es el escenario ideal para tejer la ingeniería financiero-especulativa que permite a los gobernantes y sus "socios" realizar sus negocios y las jugosas ganancias que generaría a su favor, el despojo al pueblo mexicano de Pemex y la CFE-CLFC. Ya lo experimentamos con el sistema bancario y el megafraude Fobaproa-IPAB. El intento y el atentado es de orden mayor, lanzando los principales activos del país -y a la precaria paz social que vivimos- al hoyo negro de la especulación y el caos.

jueves, 5 de septiembre de 2002

Complejo petroeléctrico en la mira de EU

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 5 de septiembre de 2002.

Desde la perspectiva de las Corporaciones Multinacionales (CM) y, por lo tanto, del Banco Mundial (BM), la vinculación entre el negocio petrolero y el eléctrico es crucial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la simbiosis entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad-Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CFE-CLFC) fue y sigue siendo uno de los acontecimientos económico-políticos y técnicos de mayor envergadura. Como lo he indicado en La compraventa de México (Plaza & Janés, octubre de 2002) es notable que ahora, en el ámbito internacional, las empresas se inclinan por la adopción de las formas de organización y relación orgánica similares a las establecidas en México durante décadas, especialmente después de la nacionalización eléctrica realizada por López Mateos.

En efecto, a principios del siglo XXI la tónica de las CM es promover "el fin de las empresas petroleras tradicionales", dedicadas exclusivamente al petróleo, y la conformación de unidades mayores que integren a éste con la electricidad, es decir, lo que desde hace años realiza el sector público mexicano. La sinergia tanto en eficiencia como en generación de ganancias es de primer orden. Lo que explica que el BM opere de manera intensa en la aplicación de mecanismos "graduales", pero significativos hasta ahora, para la privatización y desnacionalización del complejo petroeléctrico mexicano. Por ejemplo, promueve los contratos de servicios múltiples en grandes proyectos en los que participan empresas ajenas a Pemex con Bechtel y Haliburton a la cabeza, ambas con estrechos vínculos con el aparato bélico-industrial y político de EU.

Encabezando las propuestas sobre el sector energético mexicano están, además del BM, el Departamento de Energía de EU (DE) que exige "...se abra una ventanilla única para atender todos los requisitos de la privatización". La privatización del sector eléctrico es percibida por Washington como un área que ofrece oportunidades para la inversión y control por parte de sus CM, porque es un renglón altamente redituable y estratégico de la economía y del territorio mexicanos. Con el aval de los gobiernos neoliberales de México, esta aspiración empresarial y geoestratégica se está concretando como una regresión de dimensiones históricas, sólo equiparable con la entrega de más de la mitad del territorio nacional en 1848.

El DE reconoce explícitamente que sólo con el "retiro" del Estado mexicano -y latinoamericano- de las áreas estratégicas es posible ofrecer ventajas para los inversionistas de su país de cara a la competencia europea y asiática. La inversión en el sector petroeléctrico mexicano, según fuentes oficiales de EU, "...ofrece oportunidades para lograr potencialmente mayores ganancias y, en muchos casos, realizar mayores rendimientos que los disponibles en nuestro propio país". La privatización del complejo petroeléctrico (incluyendo desde luego el gas natural) es concebida de manera integral; de ahí que para la nación mexicana y su población las consecuencias sean de orden mayor tanto económica como geopolíticamente. Esto último, por la colindancia geográfica con EU.

El asunto es planteado por el DE así: "...la privatización también ha desembocado en una creciente convergencia de las actividades relacionadas con el petróleo y las relacionadas con la generación eléctrica. La interconexión entre las compañías petroleras -particularmente aquellas con actividades importantes en la producción y o distribución de gas natural-, y las de generación eléctrica, emana de un número de acontecimientos. En ciertas regiones el gas natural se está transformando en el combustible escogido para nuevos proyectos de generación eléctrica, en parte por las ventajas ambientales relativas del gas natural sobre el carbón y el petróleo".
El enfoque del DE representa la articulación de los intereses de los altos círculos de propietarios y gerentes de las CM que han impulsado la fusión "petroeléctrica", entre las que sobresalen Enron y El Paso en EU, así como las principales petroleras.

La conexión histórica entre la CM y los instrumentos de Estado se ha venido acentuando. La convergencia petrolera y eléctrica genera furor, entusiasmo e ímpetu en el alto empresariado y, desde luego, en la cúpula del BM. El Paso y Enron, cuyos escándalos de corrupción no parecen haber enfriado los ardores privatizadores del BM y el gobierno foxista, han hecho sus negocios por medio de la oferta de una amplia gama de servicios, incluyendo además del gas y electricidad, las actividades de las aseguradoras y servicios varios. Lo mismo se observa en otras CM del ramo. Por ejemplo Shell, empresa tradicional dedicada al gas y al petróleo, amplió sus actividades para incluir el servicio eléctrico en EU; Electricité de France ahora comercia gas, aunque fuera de ese país. Céntrica, el conglomerado de gas y servicios financieros de Gran Bretaña, está adoptando la estrategia de integración de diversas áreas para incursionar en otras áreas.

La motivación de este proceso de integración horizontal es clara. Según Paul Marsh, director de TXU Europe Finance: "...una empresa que combine el manejo y venta de combustibles y la electricidad genera un valor entre 50 y 75 por ciento superior al de las que se dedican a una sola de estas actividades. Con ganancias unitarias de 40 libras esterlinas, comparadas con 25".
En medio de este cambiante panorama, la codicia tradicional y geoestratégica por el petróleo, gas y electricidad de México rápidamente muta en verdadera obsesión. Bajo el influjo de estos poderosos intereses la acometida contra nuestro sector público se intensifica. Tales cambios confieren mayor brío al BM en su tarea de abrirle caminos a la poderosa industria del gas y del petróleo de EU en México. Con la presencia de Bush en la Casa Blanca y de Fox en Los Pinos, el BM parece convencido de que ya el sector energético "está maduro" para proceder con su apropiación a favor del empresariado extranjero.