jueves, 22 de enero de 2015

Paramilitarismo, especulación y petróleo
John Saxe-Fernández, La jornada a Jueves 22 de Enero de 2015.
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omo ocurrió con el Plan Colombia, también en México bajo la Iniciativa Mérida (IM) se detecta una proliferación paramilitar. Además de la catastrófica guerra sucia desatada en 2007, que desde Tlatlaya e Iguala cimbra la conciencia dentro y fuera del país nacional, cabe revisar los contextos financiero-especulativos y de seguridad nacional en la vital área energética: mientras 2014 terminó en Wall Street con una insensata y riesgosa desregulación financiera bajo impulso de Citigroup et al., para avalar las astronómicas apuestas de alto riesgo en derivados en general y de materia prima y petróleo/gas, en particular, neutralizando la estipulación Lincoln de la Ley Dobb-Franks, en el México de 2015 los petroprecios, pese a su desplome, se mantienen altos y aumenta el desabasto de gasolinas y diesel por operativos de grupos armados, que actúan sobre los ductos de Pemex.
El aliento de Obama a las apuestas de los grandes bancos/firmas de inversión en derivados, pasando la factura a depositantes y contribuyentes en caso de mega-desastre financiero, por el súbito colapso de los petroprecios de 60 dólares en menos de ocho meses, se relaciona en directo a su diseño militar sobre la materia prima planetaria. Ese desplome no es por el mercado pues los ataques de ISIS en Irak y Siria habrían elevado los petroprecios. La caída es por la guerra económica de Estados Unidos contra Rusia, Irán, Venezuela vía arreglos con los sauditas, arriesgando un estallido de la burbuja en derivados de gas y petróleo, con efectos tectónicos económico/militares.
Primero se dijo que las materias primas eran sólo 5 por ciento de los derivados, pero cuando en el Congreso de Estados Unidos llevaba la ventaja la oposición contra el ajuste de las leyes aprobadas para evitar otro desastre financiero como el de 2008, apareció el cabildeo de Jamie Dimon –gerente de JP Morgan Chase– y de Obama, a favor del plan de Citigroup –dueño de Banamex– que transfiere a depositantes y al fisco el riesgo de la especulación de grandes bancos de inversión: ambos sabían que las apuestas en derivados ascendían a 280 billones de dólares (BD); que 5 por ciento son 14 BD y que de estallar la burbuja petrolera de unos 3.9 BD, haría saltar por los aires a Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley. Como desde 2008 esos bancos de inversión crecieron 37 por ciento y entre ellos representan 42 por ciento de los préstamos y 67 por ciento de todos los activos bancarios de Estados Unidos, el estallido se haría sentir por el planeta. Comparada con el estallido de una burbuja de derivados, esa Gran Recesión sería un paseo por el parque (Ver E. Brown ICH,20/12/14) ¿Se podrá evitar una mega-deflación global?
Por sus altos costos vinculados a salvajes ritmos de perforación ante abruptas tasas de declive de los pozos, ya los daños colaterales del colapso petrolero cubren todo el negocio shale, por lo que, por ahora, no vienen a devastar población, territorio, medio ambiente y agua. Eso no importa a los dueños de Banamex. Aquí sus apuestas ganan porque por la fuerza del FMI y el Estado (y no del mercado) se pagan los combustibles como si el barril no hubiese perdido un quinto. Para ellos el problema de la criminalización y militarización de la ordeña de Pemex derivado de su alto precio, con el correspondiente desabasto en gasolinas y diesel, es asunto menor, igual que el enorme flujo de armamento moderno y letal de Estados Unidos que, desregulado desde 2004, llega a grupos armados que proliferan y actúan en el país y sobre los ductos de Pemex.
Entre 2005 y 2012 los operativos sobre Pemex aumentaron 635 por ciento, por lo que se extiende –como en Irak y Afganistán donde están vigentes operativos tipo Plan Colombia/IM– grandes filas en las gasolineras. En los primeros días de 2015 de las 489 gasolineras en Puebla, 100 estaban cerradas por desabasto. El problema se siente, con preocupación y enfado de usuarios, empresarios del ramo y las redes sociales, en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Por la dependencia del transporte de personas y carga –alimentos– en la máquina de combustión interna, junto al deterioro ferroviario, los efectos sobre la economía y la canasta básica pueden ser graves. Como el costo electoral es en potencia serio, Estados Unidos salió al rescate del régimen vendiendo 100 mil barriles diarios de crudo ligero para amainar colapsos gasolineros en días clave. Recuérdese que para bajar el costo político de Tlatlaya e Iguala, el Banco Mundial dio un préstamo de 53 millones de dólares para programas sociales de conocido uso clientelar y compra de votos. Pero ¿a qué, sino un estallido social, le juega Estados Unidos cuando deja manos libres a los 25 provedores de armas de asalto hacia acá, mientras desde Pemex informan que el alza en el desabasto de combustibles se debe a que (textual) los Sistemas de Ductos están prácticamente tomados por bandas del crimen organizado y grupos armados?

jueves, 8 de enero de 2015


Iniciativa Mérida: asalto profundo
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 8 de Enero de 2015.
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arlos Montemayor advirtió hace siete años que uno de los resultados de la Iniciativa Mérida (IM) sobre la población y la nación mexicanas sería “una catastrófica guerra sucia”. Con sensibilidad histórica y analítica este estudioso de los movimientos armados alertó sobre lo que percibió como un desmembramiento de la conciencia ciudadana, parte nodal del proceso de involución social que acompañó al arribo de una nueva clase de políticos coyunturales sin visión histórica y estratégica sometidos al espejismo neoliberal.
En repaso con Blanche Pietrich de las facturas y descalabros que ha sufrido la seguridad nacional de México en las últimas tres décadas (La Jornada10/12/07) el autor localizó con precisión quirúrgica uno de esos problemas centrales en la IM: el crecimiento de grupos paramilitares que en apariencia dejarán limpias las manos del Ejército, hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia.
Para Montemayor es imprescindible hurgar en las distorsiones conceptuales de la IM, señal de que México enfrentaría más complicaciones severas que soluciones a sus conflictos internos, violencia, impunidad ante masacres, desapariciones, asesinatos, pobreza, desigualdad, hambre. La manipulación conceptual, bajo impulso de los no aclarados ataques terroristas del 11/S y de miles de millones de dólares provenientes del astronómico presupuesto del Departamento de Defensa (DoD) de EU se expresa en la adopción de nociones comoterrorismo, “narco-insurgencia”, “narco-terrorismo” etc, como eje de uno de los pilares de la nueva arquitecturapara la relación bilateral en materia de seguridad orientada, según anuncia en su sitio la delegación diplomática de EU, a crear una estructura fronteriza del siglo XXI sin abundar qué cubre el espacio del TLCAN y qué se realiza en función de la homeland security cuya traducción estricta no es seguridad interior, como suele hacerse, sino seguridad del suelo patrio, noción con reminiscencias no muy gratas del lenguaje nacionalsocialista, adoptado por Bush/Cheney.
Nótese que homeland securityenfatiza tanto la dimensión de seguridad como la geográfica y que la IM se coloca en el espacio-TLCAN en el que opera el Comando Norte del Pentágono creado a raíz del 11/S, que adiestra, corteja y da línea a los altos mandos de México y Canadá. La opacidad jurídica que acompaña a la IM, un diseño geopolítico analizado por José Luis Piñeyro y Carlos Fazio, es de relevancia mayor. EnTerrorismo Mediático (2013) y otros escritos, Fazio documenta que al ser interrogada Patricia Espinoza entonces secretaria de Relaciones Exteriores, por diputados que pidieron acceder al documento de la IM firmado con EU –¿quién lo firmó, qué compromisos se aceptaron y su fundamento jurídico? Respondió que no hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta. Ante la insistencia de senadores Espinoza habló de un compromiso políticoun acuerdo de voluntades… que no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional. Por tanto, no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a la aprobación del Senado (mexicano) ni un acuerdo interinstitucional, como lo define la Ley de celebración de Tratados.
Fazio nos recuerda que la IM fue definida por Tony Garza, embajador de EU en México, como el proyecto más agresivo jamás impulsado (por el gobierno de EU) en el Hemisferio Occidental. Hoy la Casa Blanca nos dice que la IM es un capítulo histórico anteamenazas a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Al ser definida la IM como capítulo histórico en lo fronterizo y en asuntos de seguridad parece ser una suerte de Tratado de Guadalupe Hidalgo II, solapado. Recuérdese que el Tratado de 1848 lo ratificó el senado de EU no sin gran oposición de quienes, bajo una versión elástica del destino manifiesto, querían aprovechar la oportunidad para apoderarse de todo México.
Hoy también y sin sanción legislativa aquí, ya que la homeland security de la IM incluye la creación de fronteras Siglo XXI en el espacio político-económico-militar del TLCAN-Comando Norte. Allan Bersin, alto asesor del Department of Homeland Security dijo en 2012 que (textual) la frontera de Guatemala con Chiapas, México, es ahora nuestra frontera sur(sic). Como eso viene con presupuestos,hechos y directrices, es de rigor, como advierten expertos en derecho internacional, una respuesta contundente del gobierno mexicano, porque existe la figura de aquiescencia: la aceptación tácita de hechos que puede convertirse en norma jurídica.
En medio del desastre de Tlatlaya y Ayotzinapa, que ya cimbra la conciencia ciudadana, la IM ¿capítulo histórico en materia de seguridad y frontera carente de legitimidad y legalidad en México? La IM es una gran catástrofe humana, un agravio y un asalto profundo a la nación. ¡Debe cancelarse!

jueves, 11 de diciembre de 2014


Iguala e Iniciativa Mérida
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 11 de Diciembre de 2014.
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a desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya desnudan la barbarie, crisis político-constitucional y rampante ilegalidad que acompaña a la militarización del combate al crimen organizado o al terrorismo. Apoyada por el Pentágono y la Iniciativa Mérida (IM) esa militarización se expresa en guerra irregular con espionaje, contraespionaje, fuerzas especiales y contrainsurgencia ante un enemigo interno que operaentre los civiles, como dice el Pentágono, asignando a las Fuerzas Armadas de México tareas de represión interna, sin mayor efecto sobre lo que dice querer erradicar.
Más que campañas desinteresadas se trata de diseños de intervención/ocupación adosados con miles de millones de dólares de la IM para, con aval oligárquico, infligir brutales operativos de terrorismo de Estado, con miras al desalojo poblacional en regiones y territorios de interés por sus mercados, cultivos y/o riquezas naturales.
Datos publicados en noviembre por el Instituto de Economía y Paz muestran que la guerra antiterrorista de Bush/Cheney luego del 11/S fracasó al menos en su supuesta intención de eliminar o reducir el terrorismo. Las metas reales se centraron en la erogación de 4.4 billones de dólares en Afganistán, Irak y otras naciones (The Guardian18/11/2014), a favor de contratistas, petroleras y firmas bélico-industriales que lucraron con una estabilización fundada en un generalizado terrorismo de Estado repleto de prisiones clandestinas, controles policiales, torturas, allanamientos nocturnos acompañados de asesinatos y de un programa dereconstrucción que nunca benefició a la población afgana o iraquí, sino a los grandes contratistas.
Antes de lanzar la guerra contra Irak como parte de la guerra al terrorismo, Eliza Manningham Buller, entonces encargada del servicio de inteligencia británico le advirtió al primer ministro Tony Blair, socio de Bush en esa sangrienta aventura, que la guerraaumentaría la incidencia del terrorismo. Así fue. Desde el 11/S y las agresiones contra Afganistán e Irak, se quintuplicaron las bajas por ataques terroristas. Las metas de Estados Unidos y Londres eran otras, más orientadas a los negocios y al acceso de sus firmas al gas y petróleo iraquí. Así lo comprobaron mil minutas secretas del gabinete de Blair y otros documentos desclasificados, analizados por Greg Muttitt en Fuel on the Fire (2012).
Aunque la militarización de las tareas de seguridad pública desemboca en enormes tragedias humanas, Estados Unidos y sus aliados en América Latina tipo Álvaro Uribe, Felipe Calderón o Sergio Massa (del derechista Frente Renovador en Argentina) no quitan el dedo del renglón. Hace poco Agustín Rossi, el ministro de Defensa de Argentina, rechazó una iniciativa de ley para autorizar el derribamiento de aviones en un supuesto combate contra el narcotráfico o el llamado crimen organizado con el argumento de que la propuesta es una pena de muerte sin juicio previo. Este rechazo a legalizarejecuciones extrajudiciales viene de la percepción en Argentina y mundo, sobre la severa crisis humanitaria y política por la militarización del combate al narco en Colombia y México (Stella Calloni, La Jornada, 20/11/14 p.27).
En verdad para La Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo) el uso de la fuerza militar es la última instancia y sólo en caso de necesidad extrema, pero es la primera opción del Pentágono para el desembolso de miles de millones de dólares de la IM, desatendiendo asuntos modales como el consumo de drogas en Estados Unidos, el lavado en su sistema bancario, el flujo de armamento de asalto de Estados Unidos hacia grupos armados en México, la impunidad, corrupción o enriquecimiento patrimonial de servidores públicos.
Rossi fue claro: “(N)o es la militarización para combatir ni tomar el fusil para matar narcos, el modelo de seguridad que nosotros queremos” declarándose contra el uso de la fuerzasin control de legalidad porque, cuando se abre esa puerta (de militarizar) después cuesta muchísimo cerrarla(ibidem). Es una advertencia que cala profundo en la UNASUR y debe hacerlo de polo a polo. Pero es la puerta que Estados Unidos quiere abrir con el Plan Colombia y la IM como modelos para recomponer su dominio hemisférico, que también incluye al sur del Bravo, el cabildeo y espionaje –de la NSA– a la cúpula político-militar y empresarial, el despliegue de bases y de la Cuarta Flota.
Patricia Espinosa, ex secretaria de Relaciones Exteriores, explicó al Congreso que de la IM (N)o hay documento firmado. No es un tratado internacional.
Los más de 120 mil muertos y 32 mil desaparecidos por la guerra al narcolanzada por Calderón/Bush y continuada por Obama/Peña ayudan a explicar por qué la IM es un arreglo de facto que no se rige bajo el Derecho Penal Internacional ni bajo las leyes y la Constitución. La IM configura un crimen de Estado.

viernes, 28 de noviembre de 2014


Ayotzinapa: salto al abismo
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 27 de Noviembre de 2014.
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ue un abismo moral y político el que separó la feroz represión y criminalización desplegada por el régimen la noche del 20 de noviembre contra la inmensa y pacífica manifestación que le antecedió minutos antes, “pocas veces vista –si es que alguna vez– en esta ciudad de México” (A. Gilly La Jornada 24/11/14 p.1). Por tratarse de un masivo y arrollador movimiento pluriclasista, multi-cultural, de dimensión nacional y mundial encabezado por el reclamo de los padres de familia exigiendo la aparición con vida de sus 43 hijos, no extraña que coincidiera, en la mañana de ese día, con el anuncio de un préstamo de 350 millones de dólares del Banco Mundial (BM), que ahora aparece como una operación de rescate del PRI con la mira en las elecciones de 2015, al estar destinado para Prospera, principal palanca asistencialista/electorera al mando de Rosario Robles, que opera como policía social de un régimen que se hunde en Ayotzinapa.
Pese a que días antes ocurrió un incidente policial en Ciudad Universitaria con un estudiante herido de bala, una provocación que anunció más de lo mismo para enfrentar las oleadas de protesta civil y pacífica de la ciudadanía, todavía en la mañana del 20 de noviembre, a ojos del BM y de su principal accionista, el Departamento del Tesoro, el régimen de Peña Nieto (PN) parecía rescatable con una manita de gato y una buena inyección de dólares. A eso vino en persona Jim Yong Kim, presidente del BM: para anunciar el empréstito –que engrosará la deuda del país– ante Peña Nieto, el gobernador del Banco de México y los secretarios de Hacienda, Desarrollo Social, Agricultura, Desarrollo Urbano, Economía, Salud y del Trabajo, todos “country managers” de los programas anti-pobreza y de ajuste estructural del FMI-BM. El coreano les dijo que sería un error estar aquí, en México, y no hacer una reflexión sobre la tragedia de la desaparición de 43 jóvenes, lo que hizo en pocas líneas ante la reacción de más de uno en el presidium, quizá sorprendidos y hasta agradecidos de que no cavilara en torno a las declaraciones de EPN sobreintentos de desestabilizaciónacompañados de la advertencia diazordacista de que podría usar la fuerza, lo que, según comunicado de Amnistía Internacional (AI) “…pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante”. Todavía estaban frescas las declaraciones de Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México, de que EPN muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática, cuando los principales ejes de esa crítica más la crónica impunidad que padece el país, se acentuaron todavía más por la represión en el Zócalo e inmediaciones. Para sembrar el miedo enviaron a inocentes encapsulados a cárceles lejanas de alta seguridad para terroristas o criminales de alta peligrosidad. La ruta del terrorismo de Estado no es nueva pero desde Ayotzinapa dio un salto al abismo. El autoritarismo se hunde ante la movilización y resistencia civil pacífica, con el mundo –y las redes sociales– atestiguando la criminalidad de Estado que vive el país.
La exigencia de que EPN renuncie y el rechazo a su proyecto de nación se intensificará todavía más, como advirtió un Centro de Derechos Humanos, “de comprobarse que personas vestidas de civil fueron transportadas en vehículos militares y luego aparecieron en actos violentos en el Zócalo y los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– como lo muestran fotos en redes sociales”. En ese caso, “…se estaría frente a una estrategia para reprimir la disidencia”…Estaríamos hablando de viejas prácticas para infiltrar al movimiento, generar disturbios y justificar una acción de fuerza del gobierno, pero también es una política para cambiar las agendas: que para la opinión pública, lo sucedido el jueves (20N) sea un choque con la policía, en vez de un ejercicio masivo, pacífico y legítimo de protesta social.
Coda: la prensa de Estados Unidos informó que Washington intensifica la presencia e intervención de sus agencias de seguridad en México. Que el cuerpo de alguaciles opera aquí con uniformes de la Marina de México y con armas locales. The Wall Street Journal(21/11/14) agregó que ese cuerpo envíaespecialistas en “misiones secretas aprobadas por sus altos cargos…” Analistas del tema dijeron que no está claro quiénes dentro de los dos gobiernos las autorizanUn oficial de Estados Unidos dijo que los operativos son aprobados en un nivel alto del gobierno mexicano (ibid).
¿Eso es proyecto de nación o de colonia?

jueves, 13 de noviembre de 2014


¿Cuál es el móvil?
John Saxe-Fernández, La Jornada a jueves 13 de Noviembre de 2014.
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a exigencia de los padres de familia para que regresen vivos a los estudiantes de Ayotzinapa o que el procurador presente evidencia científica del destino de sus hijos, resuena con firme eco de indignación por todo México y el mundo. También entre los millones de mexican@s que han tenido que emigrar por el neoliberalismo, incapaz de generar empleo y bienestar, pero además porque la migración forzada está repleta de riesgos, desiertos y fosas clandestinas. Para la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (RED) existe responsabilidad federal por omisión desde el momento en que el Ejército mexicano estuvo al tanto de los sucesos el día del ataque a los estudiantes en Iguala, mientras el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FRENTE) exigió al gobierno de Estados Unidos asumir su responsabilidad, “por ser el mayor consumidor de drogas, por surtir armas a los criminales mexicanos y por sus políticas neoliberales…” (La Jornada –LJ– 9/11/14).
Los pronunciamientos del FRENTE y de la RED integrada por 40 organizaciones de Texas, California, Illinois, Carolina del Norte, Virginia, Georgia, Nueva York, Nuevo México e Indiana coinciden con los testimonios públicos de estudiantes sobrevivientes (oye, nos están baleando los policías aquí en Iguala) y los que le ofrecieron al director del albergue para migrantesHermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, testigos detallando los horrores. Solalinde, dijo que los muchachos fueron secuestrados por agentes del estado y de ninguna manera se trata de una acción del crimen organizado como se ha querido hacer creer, aun cuando la línea entre uno y otro bando... puede ser imperceptible(LJ, 18/10/14 p.5).
Agregó que otros testigos “vieron que algunos –estudiantes– estaban heridos… A los que cayeron se los llevaron agentes del estado, quienes los atacaron y se los llevaron. Los atacaron como si (los normalistas) fueran un ejército y no estudiantes de una normal rural” (ibidem). Esto debe colocar a la Iniciativa Mérida y al Comando Norte (CN) en México en lugar destacado de la lista de reclamos del FRENTE, de la RED y de la sociedad civil para que los gobiernos de México y de Estados Unidos asuman su responsabilidad en estos crímenes de Estado.
Los testigos hablan de presencia y monitoreo militar y de ataques contra los estudiantes por policías (fuerza civil) que desde 2013, según el Pentágono, son adiestradas por el CN a petición del gobierno de EPN: “El objetivo –del CN– sigue siendo fortalecer la relación con los militares mexicanos” (FAM). Trabajaremos con el liderazgo del Ejército mexicano y de la Marina a medida que se implementa la estrategia del presidente Peña Nieto eintegraremos sus acciones con las de las fuerzas civiles (Doris Gómora, Ejército de EU Capacitará a Fuerzas CivilesEl Universal –U– 27/3/13).
En vísperas de la Ronda Uno en 2015 de la contrarreforma energética, cuando los privados esperan acceder a yacimientos de gas y petróleo en aguas someras y profundas, en el territorio, en las cuencas de gas y petróleo de lutitas (shale) y arranca el gran despojo de hidrocarburos, bosques, tierras y agua, ya está en marcha dicha estrategia en que militares, policías y gendarmería se equipan, adiestran y actúan ante el pueblo como ejércitos de ocupación frente un enemigo interno y no como garantes de la seguridad ciudadana. Sin mención al impacto en la conciencia nacional del trauma territorial formalizado en 1848, el CN indicó que la experiencia contrainsurgente de Estados Unidos en Afganistán e Irak transmite a los militares mexicanos la noción “...de que el enemigo vive entre civiles y no es un enemigo externo…, como por tradición se han formado”. (D. Gómora, Entrenan al Ejército en contrainsurgencia, U, 27/06/10). En 2011 el CN informó que altos mandos de las FAM fueron instruidos en simulacros de operaciones de contrainsurgencia en Irak paraaplicar ese conocimiento en adiestramientos del Ejército Mexicano. El énfasis en enlaces operativos de seguridad marítima y contrainsurgencia con las FAM es por los retos a la seguridad de firmas, grandes y pequeñas. Los mayores pozos shale, según el Buró de Información del Departamento de Energía, están en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. La Cuenca de Burgos, dijo el embajador de Estados Unidos es uno de los proyectos más promisorios de gas natural.
Anticipando la resistencia frente al brutal despojo a la población, los enlaces en operaciones countrainsurgentes se realizarían ya que en las cuencas shale, como dijo a Expansión (10-23/10/14) Jorge Piñón, ex alto cargo de Amoco, los retos no son geológicos o técnicos, sino sobre “los derechos de vías, el que hay que negociar con un sinnúmero de pequeños dueños, de terrenos como los ejidos…el tema de la inseguridad…, problemas que va a haber con el agua” (p.73).
Como en Afganistán e Irak ¿negociazos a base de fuerza letal contra la población? ¡Regrésenlos vivos ya!

jueves, 30 de octubre de 2014

Crímenes de lesa humanidad
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves a 30 de Octubre de 2014.
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n medio de la marea humana que acudió al Zócalo el domingo 26 de octubre, convocada por Morena y movilizada bajo la exigencia del regrésenlos vivos, un grito que se oye por todo México y el mundo, Elena Poniatowska observó que “(L)os culpables quieren librarse de responsabilidad al querer ligarlos con cárteles del narco”. Menospreciar a las víctimas, difamar a los 43 estudiantes para justificar crímenes y masacres, es parte de los procedimientos de corte nazi de las guerras sucias y de exterminio contra la población que incluyen la tierra arrasada, el asesinato por responsabilidad colectiva y el uso clandestino de unidades militares o policiales, bajo cubiertas varias: paramilitarismo,delincuentesnarcos firmas de seguridad.
Así lo consignan manuales militares de contrainsurgencia, por ejemplo del Plan Colombia (PC),modelo de terrorismo de Estado que arrancó en 1999, usado en Irak, Afganistán y, a través de la Iniciativa Mérida (IM), en México y Centroamérica. Datos históricos y documentos contundentes que muestran que el PC fue una decisión del gobierno de EU, elevada a política de Estado mediante la aprobación de (su) Congreso, son ofrecidos por Hernando Calvo Ospina en El terrorismo de Estado en Colombia(2007, en google). Mientras se debatía el PC apoyado por Clinton entre su Secretaría de Estado y el zar anti-drogas general McCaffrey, ex jefe del Comando Sur, el asesor militar Stan Goff revelaba que en Colombia desde 1991 los más feroces escuadrones paramilitares estaban directamente conectados, para inteligencia y operaciones, con las fuerzas de seguridad mediante una red organizada bajo la tutela de la CIA y el Pentágono (José M. Martín Medem, Colombia Feroz, 2009, p 116).
El presupuesto del PC lo defendieron en el Congreso de EU la Casa Blanca y Lawrence Meriage, ¡vicepresidente de Occidental Petroleum! Sus palabras van al quiddel PC y de su par, la IM: El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por mil 574 millones (de dólares) debe ser aprobado cuanto antes.
Urabá, territorio de masacres y asesinatos paramilitares, es descrito en documento de 1996 del Departamento de Estado como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo que no sólo produce el 60 por ciento de los cultivos de banano del país, sino que contiene gigantescas reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radiactivo, gigantescos recursos petroleros y una biodiversidad casi sin igual en el mundo. Ese inmenso botín es lo que está detrás del horror y terror del PC y de la IM como se aprecia enNi vivos ni muertos (2014), de Federico Mastrogiovanni, sobre desaparición forzada en México, un libro de rigor y enorme fortaleza humana, documental y analítica.
En entrevista reciente el autor puntualizó que los lugares “donde se ha registrado la mayoría de las desapariciones de personas en años recientes en México se ubican en zonas donde se planea explotar yacimientos de petróleo y gas shale y eso no es una coincidencia, sino una práctica de las grandes empresas aliadas con los gobiernos para obtener la máxima ganancia”. Mostró dos mapas superpuestos donde se ubican ambos fenómenos: las desapariciones y las extracciones de combustiblescomo muestra palpable de la coincidencia que no es coincidencia. Destacó la relación existente entre la necesidad de sembrar terror, vaciar territorios y la presencia de recursos naturales. Si pones los dos mapas, el de las desapariciones y el de los recursos como el gas y el petróleo, te das cuenta de eso. Enfatizó que dichas prácticas son muy comunes para las empresas trasnacionales en diversas partes del mundo... donde grupos de delincuentes hacen huir a la gente, luego llegan grupos paramilitares o militares que los hacen huir a ellos y luego llegan las empresas para aprovechar ese territorio explotable sin gente.
En este cruce entre negocios ygeoestrategia es vital revisar el Informe y mapas del “shale en México” del Departamento de Energía de Estados Unidos, riqueza localizada, dicen las petroleras, en zonas con problemas de seguridad por la presencia indígena, campesina y de ejidos (Expansión, 23/10/14 p 74). Para Ali Moshiri, presidente de Exploración y Producción en África y América Latina de la gigante Chevron, eso no va a ser un problema muy grande para nosotros...Tenemos ciertos procedimientos establecidos y lo resolveremos a medida que crezca la operación en México (ibidem).
De eso indagó la Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia 1969-1979. Su presidente, Enrique González Ruiz indicó que”... hay pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad del Estado mexicano”. Dijo también que “aplicaban tácticas de seguridad nacional de Norteamérica. “La nueva guerra suciade estos días es hija de aquella guerra sucia impune”. La Comisión ratificó la capacidad de resistencia entonces y ahora.

jueves, 16 de octubre de 2014

México en riesgo
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 16 de Octubre de 2014.
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n el contexto de los sucesos en Tlatlaya, de asesinados, heridos, y los 43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, atrocidades sumadas a las más de cien mil bajas civiles y 30 mil desaparecidos desde 2007, cuando Calderón declaró laguerra al crimen organizado, William Brownfield, secretario asistente de Estado de Estados Unidos recomendó ... mantener las políticas antinarcóticos actuales...el camino es largo cosa de décadas, generaciones.
Pidió paciencia (La Jornada10/10/14). Nada elaboró del lavado en el sistema bancario de Estados Unidos ni sobre el vínculo entre violencia y el desregulado flujo de armas de asalto a México. ¿Aguante ante, como documentó el Tribunal Permanente de los Pueblos: ejecuciones extrajudiciales, paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, asesinatos, torturas, acoso de activistas de derechos humanos y opositores políticos, fraudes electorales y represión sistemática de los movimientos sociales de resistencia, mientras oligarcas, petroleras y mineras proceden con el robo del siglo?
Brownfield sabe que los protocolos para esas tareas señalan que la fuerza militar se usa sólo en última instancia, pero fue lo primero que recomendó Estados Unidos y Calderón y su equipo acataron, siendo un diseño de intervención/ocupación clandestina de guerra irregular o sucia ensayado en Colombia que Brownsfield alaba, amnésico del cable de Wikileaks en el que, según carta de J. Aznar a la embajada de Estados Unidos en Madrid, Calderón le dijo haber hecho una evaluación fallida sobre la capacidad institucional para afrontar al crimen organizado. Su decisión, con un costo humano inmenso, se basó en un cálculo erróneo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción en México. (Ver Jorge Carrillo Olea en México en riesgo, Grijalbo, 2011).
Calderón actuó así cuando el Comando Norte (CN) de Estados Unidos decía que basados en la experiencia (contrainsurgente) adquirida por Estados Unidos en Afganistán e Irak... trabajamos con las fuerzas armadas de México enfrentándolos con la idea de que el enemigo vive entre civiles y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha formado al ejército y armada. Al incorporar a México en el perímetro del homeland security (seguridad del suelo patrio) se vulnera la soberanía y la función de defensa nacional mexicana. La meta central del CN es (textual): adiestrar las fuerzas armadas de México en áreas específicas, necesarias ... para transformar a los militares (mexicanos) de una fuerza convencional diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular donde el enemigo vive entre civiles (sic). Es decir, una guerra civil de larga duración hacia el finiquito-balcanización de Mexico rico en recursos humanos y materiales, que colinda con unos Estados Unidos que, desde los enigmáticos ataques del 11/S se declaró formalmente en estado de guerra (antiterrorista) sin límite temporal o territorial.
Los estudios sobre la pelea por el acceso, control y usufructo de los recursos naturales encabezados por los combustibles fósiles ofrecidos por Michael Klare (The race for what’s left, 2012) son esenciales para captar el fondo de lo que Michael Sheenan, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, estimó ante un comité senatorial que duraría una guerra anti terroristaal menos 10 a 20 años, además de los 12 años acumulados desde el 11/S con la gestación de unEstado de excepción doméstico e internacional y acentuado despliegue bélico de Estados Unidos en torno a los principales yacimientos petroleros, gaseros y mineros del planeta. En línea con los planteos del gobierno Bush-Cheney, según el razonamiento del gobierno de Obama y el de Brownfield sobre México, estaríamos ante una guerra irregular de al menos 30 años, repleta de operativosclandestinos, terrestres, aéreos, navales y de ataques con drones, que según los voceros de la Casa Blanca, carece de límite geográfico. El senador Angus King presente en la audiencia dijo que era lo más sorprendente y grave que he escuchado desde que llegué. Hoy ustedes, en esencia, están rescribiendo la Constitución. El conservador Jack Goldsmith, abogado en el gobierno de Bush, dijo sorprenderse que en este Comité Sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos nadie sepa contra quién es esta guerra sin fin, ni quiénes, ni desde dónde, se toman estas decisiones, según reseña Glenn Greenwald (ICH10/ 09/14).
Ante la enorme tragedia y catástrofe humanitaria por crímenes de lesa humanidad (Aguas Blancas, Atlatlaya, Ayotzinapa) acarreada por el diseño de guerra irregular oguerra sucia y el de subordinación económico/energética (recesivo/extractivista) formalizada en el TLCAN y en las contrarreformas peñistas, incapaces de generar desarrollo, empleo, bienestar y futuro para la juventud, aumenta el cúmulo de agravios y de riesgos a la nación, por lo que es imperativo un vigoroso cambio de rumbo multidimensional. ¡Los exigimos vivos! y estamos en resistencia civil y pacífica por México.