jueves, 23 de julio de 2015

Avaricia, desigualdad y saqueo/II
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 23 de Julio de 2015.
E
n su valioso estudio sobre Las Asociaciones Público Privadas (APP), la extracción financiera y el crecimiento en la brecha de la riqueza (thecornerhouse.org.uk), Nicholas Hildyard muestra los vericuetos a los que recurren el FMI y el Grupo Banco Mundial (BM) para poner en marcha el traspaso a privados de activos, recursos fiscales y servicios públicos. Más que gimnasia linguística, las múltiples modalidades de diseños de contratos en torno a las APP semejan el conjunto de trucos, distracciones y habilidades asociados a la prestidigitación para invisibilizar esa extracción de riqueza hacia el uno por ciento. Según se deriva de los escasos estudios de evaluación del BM, no hay evidencia dura de derrame hacia la población, de bienestar y empleo. Con la financiarización capitalista los proyectos de infraestructura tipo APP van a gran escala, pero además van por el resto de lo público: infraestructura social” (salud, hospitales, educación, seguridad, etc).
Hildyard muestra la gran variación de arreglos o contratos de APP sobre quién diseña, construye, financia, es dueño, desarrolla, opera o administra, sea un activo, empresas públicas, concesiones de recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua, foresta) añadiéndose amplia gama de servicios públicos vitales a la población como los mencionados, más los de asesoría en asuntos tan centrales a lo público como seguridad, logística militar, vigilancia del espacio aéreo y marino, explotación del régimen carcelario. Las APP primero se orientaron a grandes proyectos de infraestructura, por lo que sus promotores dicen que son para distribuir la riqueza hacia los de menor ingreso (downwards) y que están para ayudar a eliminar la pobreza por medio del involucramiento del sector privado en la infraestructura. Las evaluaciones del BM ofrecidas por Hildyard muestran que las modalidades de APP tienen algo en común: otorgan a las empresas privadas derechos contractuales sobre flujos de dinero público o el monopolio de flujos de ingresos por servicios en los que el público depende de manera crítica, como el abastecimiento de agua u hospitalarios, o el uso clasista de infraestructura vial en espacios públicos concesionados a privados. “Para nosotros –dice el vocero de una firma de inversión– la infraestructura es una fuente estable de flujo de caja, con garantía contractual, de largo plazo”. Es el tipo de flujo diario de efectivo que disfrutan los dueños de la Supervía que va de Santa Fe al sur del Distrito Federal, por lo visto con tarifas que pueden variar al alza ¿según arreglos entre las firmas y la autoridad que las regula?
Hildyard llama la atención a la importancia de los derechos contractuales de las APP porque “…a diferencia de los subsidios, como las exenciones de impuestos, los derechos contractuales no pueden ser cancelados a discreción gubernamental. Una vez formalizados, deben cumplirse por el período asignado, que usualmente son varios años, o varias décadas” (ibid, p 7). El asunto no es menor porque las APP ofrecen a las firmas gravámenes sobre el estado con garantía contractual de largo plazo, es decir derechos legales de explotar la infraestructura hasta que el estado haya saldado sus deudas con las empresas. Y en algunas APP, si no hay suficientes usuarios, el estado subsidia las firmas en su expectativa de ganancia. Es lo típico de las APP: lo público en función de la ganancia privada.
El estudio de Hildyard es oportuno y relevante ante dos tendencias: por un lado la invalidación de los sistemas judiciales de los Estados nación en centro y periferia capitalista, un asunto discutido desde estas páginas gracias a las fugas de información sobre los ultra-secretos Acuerdo TransPacífico (TPP en inglés) y el de Servicios (TISA en inglés) obtenidas por Public Citizen y Wikileaks, avecinándose el manejo empresarial y discrecional de tribunales internacionales a modo, para la relación de las corporaciones y los estados firmantes que implica la neutralización de derechos sindicales, de protección al consumidor, a la salud y al medio ambiente y cancelar la urgente regulación de las emisiones de gases con efecto invernadero.
Los de infraestructura son diseños a gran escala en energía (liderada por combustibles fósiles) agua, alimentos con aumentos históricos (60-70 billones –trillions– de dólares en 15 años). Es inversión de los grandes bancos multilaterales y privados como Citigroup, recién multado con 700 millones de dólares por prácticas comerciales engañosas (BBC), Goldman Sachs, Morgan Stanley et al acompañados de hedge funds, fondos soberanos, fondos de pensión y no hay evidencia de que la financiarización de las APP, no socializará los costos y privatizará los beneficios. Enfrentamos a una tanática plutocracia que especula con una acelerada expansión capitalista: un 0.01 por ciento que actúa como si los límites planetarios (biológicos, de recursos, atmosféricos, climáticos) a la acumulación capitalista, no existieran.

jueves, 9 de julio de 2015


Avaricia, desigualdad y saqueo/ I
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 9 de Julio de 2015.
E
l rechazo de la ciudadanía griega a la guerra de clase que se presenta como programa de austeridad y de reformas estructurales (saqueo de bienes y servicios públicos) resonó sobre una humanidad por tres décadas sometida a una mayor voracidad del alto capital que desde entonces acompaña a la crisis estructural, ambiental y de recursos que afecta sus cimientos. Elaborado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente de estado que junto al Banco Mundial (BM) y BID opera bajo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DT) y la Casa Blanca, el recetario de austeridad y apropiación de la riqueza a favor del uno por ciento es el de siempre en centro y periferia: los resultados en términos de desigualdad, miseria y sufrimiento son desastrosos y alarmantes.
Están a la vista: Nicholas Hildyard, analista de The Corner House(thecornerhouse.org.uk), en un bien sustentado estudio presentado a la Escuela de Negocios Manchester (31/7/14) sobre mecanismos de extracción de riqueza como las Asociaciones Público/Privadas (APP) del BM, que se aplica en México y en 134 países de la periferia, encuadra su trabajo con datos esenciales sobre la desigualdad: según Credit Suisse las 3 mil 200 millones de personas más pobres (69 por ciento de la población mundial) tienen una riqueza individual promedio valorada en menos de 10 mil dólares y en conjunto poseen menos de 3 por ciento de los activos mundiales. En contraste, 32 millones de personas, menos de uno por ciento de la población adulta del mundo, tienen una riqueza estimada en 98.7 billones (trillions) de dólares, 41 por ciento de la riqueza mundial. Con datos de la ONG Oxfam publicados por The Guardian, apunta que los 85 más ricos del mundo, en su mayoría residentes de Estados Unidos y Europa, caben en un autobús de dos pisos y acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial más pobre. Y los programas del BM no han hecho más que acentuar este proceso de inequidad, despojo y agresión a los más pobres, en su mayoría en la periferia capitalista.
Ya el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés) ha denunciado las prácticas abusivas e inadmisibles de los préstamos del BM, ilustrándolas con casos de Etiopía, Kenya y Perú y hay más sobre Kosovo, India y Honduras. Se trata, sólo en la década pasada, del desplazamiento de 3.4 millones de personas para realizar proyectos del BM, gente lanzada de su hogar, de su tierra comunal, a las calles de las ciudades, sin protección, víctimas de abusos de derechos humanos según llamada de atención de Oxfam. Esa ONG denuncia los desplazamientos, agresiones y muertes, así como la opacidad del manejo de préstamos por parte de la International Finance Corporation (IFC) parte del Grupo BM, y deja manifiesto su rechazo ante el uso de intermediarios que neutralizalas salvaguardas sociales y ambientales del BM. ¿Cuálessalvaguardas? El BM mira al otro lado mientras la IFC hace lo suyo, que son los negocios de las corporaciones. Es el caso de un préstamo a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura para una represa en Santa Cruz, Guatemala, que generó gran indignación y oposición de parte de la población local, incluidos maltratos y represión contra la resistencia por parte de la fuerza pública, declarándose un estado de emergencia en la región. Ante la crítica de Oxfam, avalada con casos concretos, la IFC se mantiene impertérrita, es decir, en BAU, (“business as usual”) y, en apariencia los dueños del BM –el Tesoro de Estados Unidos–, también: que siga el festín privatizador, como acá con el agua, la electricidad, el petróleo, el gas y la tierra indígena y campesina. Oxfam, que trabaja cerca del BM, luego de hecha la crítica, en verdad puntual y severa, pese a todo, se manifiesta a favor de los préstamos al sector privado de la IFC, por serimportantes para el desarrollo (sic).
La profundización de la guerra de clase inherente a la explotación capitalista y a su despliegue global imperialista, fenómeno de importancia mayor a toda reflexión sobre la inequidad, se explicita en un estudio sobre las APP como mecanismo de saqueo de lo público y comunal. Hildyard acude ahttp://therulesblog.org/money, movimiento que se manifiesta contra la inequidad, para recordar que “(D)urante el periodo colonial, la brecha entre los países más ricos y los más pobres, aumentó de 3:1 a 35:1, conforme las potencias europeas extraían cantidades masivas de riqueza y recursos de sus colonias. En la post-independencia la brecha no ha disminuido. Aumentó: hoy es de 80:1“ (Ibid).
Como en nuestra América, revirtamos aquí lo que es un incalificable desastre humano. En palabras de Yanis Varoufakis, ministro de Finanza griego que denunció el terrorismo fiscal y buitre contra Grecia y renunció al cargo por presión de latroika, “el esfuerzo sobrehumano de honrar al gran pueblo de Grecia y su famoso oxi (no) que otorgó a los demócratas del mundo entero, apenas comienza”.

jueves, 25 de junio de 2015

PRIAN: agenda gringa
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 25 de Junio de 2015.
L
a agenda económica, de seguridad y migratoria pactada por el Ejecutivo con beneplácito oligárquico y adoptada por el PRIAN para el segundo tramo del sexenio, es la dictada por Washington. La adhesión de Los Pinos al ultra-secreto Acuerdo Trans/Pacífico del que hasta ahora se conocen ominosos detalles gracias a algunas fugas es de un sometimiento tan desleal al interés público nacional, como su adhesión a la guía policial-militar del Departamento de Defensa (DdD) a través del comando norte, de la Iniciativa Mérida en el combate al crimen organizado y a la tutoría del Departamento de Seguridad del Interior (DHS, en inglés) sobre migración y manejo fronterizo. Después del alud de reformas estructurales y de contar con una mayoría adosada con el Partido Verde y el Panal, no han desaparecido ni el dinosaurio ni el elefante que, según el finado ex primer ministro Pierre Trudeau, yace entre México y Canadá.
En materia migratoria ¿estamos realmente, como dice Amnistía Internacional, en presencia de una falla generalizada de voluntad de las autoridades mexicanas para investigar hechos violentos y de violación de derechos humanos cometidos contra migrantes, principalmente centroamericanos en su paso a Estados Unidos (EU) o, dado lo sistemático de dicha falla, de una política deliberada que transforma al país en tapón migratorio; en territorio extremadamente peligroso para personas en tránsito, con su secuela de ejecuciones extra-judiciales, desapariciones forzadas, fosas comunes, extorsiones, violaciones y todo tipo de ataques contra migrantes, con autoridades federales y estatales más ansiosas por expulsar gente que por salvar vidas? (La Jornada19/6/15 p.7) Más que anómalas las omisiones en la indagación de hechos violentos y el aumento de tales ataques serían parte de la rutina: entre 2013 y 2014 el secuestro de migrantes se multiplicó por 10, pasó de 62 denuncias en 2013 a 682 en 2014 cifra que podría aumentar en el presente año (ibid).
Fue la alarma de Felipe Calderón ante la propuesta de AMLO de restablecer el servicio de pasajeros por ferrocarril lo que visibilizó lo del tapón migratorio. En un debate presidencial, Calderón se opuso porque agilizaría el tránsito de personas al norte, evidenciando, de paso, su apego a la agenda de seguridad de EU en México, que además de criminalizar la migración forzada, fue retomada por el peñismo al prohibir viajar en el techo del tren de carga (la bestia) parte del plan Frontera Sur que recrudece persecución y maltrato contra migrantes haciendo más mortífero y riesgoso el viaje hacia EU. La subordinación de Calderón y Peña a la política militar de EU, endosando la participación mexicana en operaciones de mantenimiento de paz, fue un boleto de peso en la ruta de ambos a Los Pinos concitando el apoyo del aparato de seguridad civil y militar de EU. Así se infiere, en el caso de Calderón, del cable del embajador Garza al Departamento de Estado sobre el contexto electoral con motivo de la visita de Donal Rumsfeld en abril de 2006 (06MEXICO1889 Wikileaks/La Jornada): “dos de los tres candidatos … continuarían con la resistencia mexicana a enviar tropa al extranjero. Si el PAN regresa (al poder) presionará a favor de mayor papel militar en el extranjero”.
Con este boleto en el bolsillo, apenas llegó a Los Pinos el panista decidió tanto lanzar la guerra al narco, desatando una tragedia humana de enorme calado, como dar entrada a tropa y equipo militar de EU en puertos, aguas territoriales y fondeaderos, aeropuertos y puntos clave del territorio, a la instalación de bases: trató de abrogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País (Ley de Neutralidad) promulgada por Lázaro Cárdenas en noviembre de 1939 (El Universal, 20/4/07). Se trata de un diseño de seguridad del que Michel Chossudovsky ha ofrecido detalles: conocido como integración profunda de América del Norte es un diseño post-westfeliano impulsado por el Foreign Relations Council, alto cabildo empresarial-bancario y del aparato de seguridad planteado en 2006 en una junta secreta realizada en Banff, Alberta. Trátase de un desborde castrense de EU que deroga, mediante la desnacionalización de los instrumentos para el ejercicio de la violencia legítima, la jurisdicción de los Estados-nación mexicano y canadiense que, de paso, aniquila la noción westfeliana de igualdad jurídica de los estados a favor de EU (LJ,26/4/06).
EU no quita el dedo del renglón: en 2015 la intentona para anular la Ley de Neutralidad la protagoniza el PRI que recién presentó una iniciativa para abrogar esa ley (LJ/15/6/15/p.7). Goebbelianos que son, los mándamases prianistas olvidan lo que el general Roberto Badillo, ex secretario de la Comisión de Defensa, y el diputado Carlos Rojas argumentaron en 2007: que México estaría arriesgando vidas en conflictos que no nos atañen y que al derogar esta ley (se) nos coloca en un plano a disposición de la ONU y del país más poderoso que es EU.

jueves, 11 de junio de 2015

Partición de México ¿en la coreografía de EU?
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 11 de Junio de 2015.
E
l National Security Archive (Archivo), acaba de mencionar la existencia de un nivel sin precedente de cooperación e involucramiento del gigantesco Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) y su Comando Norte (CN), con fuerzas militares mexicanas lo que, como indica David Brooks, se ha profundizado a la vez que se ha documentado un incremento en abusos de derechos humanos (La Jornada –LJ– 3/5/15). Con sede en Washington DC, el Archivo ofrece al público información desclasificadade gran relevancia en este caso porque, dada la abismal asimetría existente entre las partes a nivel presupuestal, tecnológico y de despliegue global, por mencionar algunos rubros, ¿cuáles son los efectos de tal relación, por ejemplo, en las líneas de mando, en la definición de funciones como la Defensa Nacional y en el eventual involucramiento de México en toda una coreografía mortal que ahora despliegan nuestros socios del TLCAN –con acompañamiento de Londres–, desde Alberta, Canadá, hasta Ucrania y el mar del Sur de China, a pocos kilómetros de Moscú y Pekín?
Hasta el 23 de mayo, en el Centro de Maniobras y Adiestramiento Wainwright, en Alberta, el Ejército y la Fuerza Aérea de Canadá, junto a tropa de 22 unidades del Ejército, Reservas y Guardia Nacional de Estados Unidos y soldados británicos de Scots Guards realizaron, Maple Resolve 2015, la culminación de una serie de complejas maniobras a gran escala, para escenarios convencionales y no-convencionales (es decir, nucleares, de contrainsurgencia o de anti-terrorismo rural o urbano), en suelo doméstico o internacional.
Durante el verano Estados Unidos proseguirá con maniobras en el golfo de Alaska, de fuerte impacto ambiental y estratégico (los cohetes nucleares se lanzan encima del Polo Norte). Con Estados Unidos batiendo tambores cerca de Rusia y China y bombardeando en Medio Oriente, es vital para el pueblo mexicano el control nacional en asuntos de guerra y paz. La participación militar del país en operaciones en el exterior abre puertas muy riesgosas. EPN dice que hay que superar ese tabú, ¿como la mayoría prianista superó el tabúde que petróleo, electricidad, minerales, litorales, fronteras, ríos y forestas son patrimonio nacional? ¿O es que poco importa aumentar la gran tragedia humana que vivimos, arriesgando la vida de miles de jóvenes mexicanos a los que no se ofrece ni educación ni empleo, pero sí ser carne de cañón para aventuras imperialistas?
Al revisar la política de guerra de Estados Unidos en Ucrania, de alto riesgo para la paz mundial y dado el sometimiento neoliberal que por 30 años emana de Los Pinos, téngase presente que el belicismo de Estados Unidos y Canadá es asunto mucho más grave para México y su juventud, derivado de cualquier entrega del proceso de toma de decisiones en materia militar y de seguridad. Brooks informa que “documentos oficiales del CN desclasificados que se pueden consultar junto a otros del Archivo confirman que el Departamento de Estado suspendió la asistencia… al batallón 102 del Ejército, después de los hechos en Tlatlaya en el estado de México (Ibid). En medio de esa carnicería, ¿es que la Casa Blanca, por conducto del CN a cargo de los programas del DdD en México se relaciona directamente con cada región y batallón, otorgando o negando asistencia? ¿El Pentágono trata directamente con los batallones, pasando por encima del mando nacional?
De ser así se estaría generando una intervención grave a la integridad del Estado nacional: a más de que se da entrada a las grandes corporaciones del petróleo, gas, los minerales etcétera, el CN opera desde una potencia mundial que, como con el Plan Colombia, ya interviene de manera profunda en materia de Ministerio Público mediante de la Iniciativa Mérida. Hace poco el economista Mike Whitney en Dividiendo a Irak, (ICH 9/5/15) llamó la atención sobre el uso de la asistencia militar para inducir la partición de facto de Irak por medio de la Ley de Defensa Nacional de 2016, aprobada por 60 a 2 en la Cámara de Representantes, que autoriza 429 millones de dólares en armas y otra asistencia a ser enviados directamente por el DdD a tres recipientes por separado: Kurdistán, Chistán y Sunistán. Tal es el Plan Biden-Gelb de 2006 (Joe Biden, hoy vicepresidente de Obama, entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y Leslie Gelb, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) poderoso cabildo de Estados Unidos que publica Foreign Affairs en español desde el ITAM). Los autores del plan, ambos del CFR, dicen que no promueven la partición, sino la federalización de Irak. Lo cierto es que, al establecer vínculos directos entre el Pentágono y tropa suni, chiíta y kurda, se socava en su base al estado nación iraquí.
Al partir a países se les deja, como dice Chomsky, en un estado de permanente dependencia colonial(Ibid, ICH) facilitando acceso a recursos y mercados de enorme valor y bajos costos de producción, por tanto ,en la mira imperial.

jueves, 28 de mayo de 2015

Frontera norte de Latinoamérica
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 28 de Mayo de 2015.
D
ilma Rousseff visita México, donde América Latina colinda con EU. Lo hace en momentos críticos para la nación y el orbe: desde el 11/S EU está en estado de excepción y en belicoso despliegue militar operando al margen del Derecho Penal Internacional (Irak, Afganistán, espionaje de NSA, ejecuciones extrajudiciales con drones, ejercicios militares cerca de Rusia y China) mientras se acentúa una carnicería entre mexicanos que impacta al país y al mundo con los horrores de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato (La Jornada, 24/5/15). Nos visita cuando está en riesgo la soberanía por la alta violencia y el fratricidio con armas de asalto vendidas por un EU que en 1994 vinculó al TLCAN, base de la ALCA, con su expansión territorial desde la Compra de Louisiana (1803) y la Compra de Alaska (1867) y que ahora continúa con la transferencia de armas de alto y grueso calibre a tirios y troyanos.
Esta visita de repercusión nacional, regional y mundial, fortalece una relación bilateral crucial para la región en la que ambos aprenden de sus aciertos y errores. Con una política interior y exterior ahogada por EU y su FMI-BM-BID, México debe hacer suyo el enfoque social y multilateral de Brasil. Además tiene mucho que enseñar sobre los graves errores que le llevan a ser puntero mundial por la cantidad de muertes violentas sólo después de Siria e Irak. Al calor de tres décadas de acumulada guerra de clase neoliberal, aquí la carnicería se acentuó al optar Calderón y sucesor por la vía militar, la ruta del Departamento de Defensa de EU (DdD) para lidiar con el narcotráfico y el crimen organizado. En el combate al crimen trasnacional desatendieron los protocolos de la Convención de Palermo, que permiten frenar tragedias humanitarias y riesgos a la soberanía. ¿Fue por los recursos del DdD canalizadas por la Iniciativa Mérida (IM) y el Comando Norte (CN)?
La violencia es asunto multifactorial: existe dato duro de que el aumento en el ingreso de armas de asalto a México, desde que en 2004 cesó la vigencia de la Prohibición Federal de las Armas de Asalto de EU (PFAA) es causa directa del aumento de la violencia en México. Así lo indican, en Tráfico oficial e ilícito de armas a México” (El Punto Sobre la I, Nº14/2014), Gonzalo Aguilar Zinzer et al. Con cifras y documentos oficiales en mano indican que según la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU –ATF–, 71 por ciento de las armas aseguradas por las autoridades mexicanas vienen de EU. La Auditoría General (GAO) dice que 90 por ciento de las armas tiene ese origen. Del puntual estudio se infiere que dedicando más recursos humanos y tecnológicos a la detección y control del tráfico de armas, en México y en EU, los índices de violencia acá se verán rápida y perceptiblemente reducidos. (p.10) Pero las prioridades y los objetivos en materia de narcotráfico y crimen organizado son otros. Se menciona que en 2012 sólo había 421 agentes de la ATF asignados a vigilancia fronteriza del flujo de armas hacia México en contraste con 18 mil 546 agentes en control migratorio. Entonces, ¿para qué sirve la IM y el CN sino para acentuar enlaces militar-militar e intervención en materia propia del Ministerio Público?
Después de todo, se trata de asuntos de importancia mayor por lo vasto de la tragedia humana y sobre lo engañoso del tan pregonado impulso a la estabilidad; el fortalecimiento del tejido social y las fronteras inteligentes del Siglo XXI que enarbola la IM. Por lo que esta no es cualquier incoherencia. Es una que trae consigo una larga cola que se remonta al Texas de 1836 y al gran despojo formalizado en 1848. Ahora se juega con la integridad territorial de todo México. Ya las implicaciones de la IM y el CN sobre la jurisdicción territorial de la Federación se hacen sentir: en la autorización para que agentes extranjeros porten armas en territorio nacional y en los ominosos avisos de que Canadá autorizaría a agentes de EU a realizar arrestos en su territorio. Como en ningún momento el derecho ciudadano en EU para adquirir y poseer un arma se vincula a las de grueso y largo calibre, es del todo razonable la observación de Zinzer et al de que cuando menos debe reinstalarse la PFAA, pequeño gran cambio que podría reducir de ya la violencia refleja en México. (ibidem)
Un pequeño gran cambio fuera de la agenda Bush/Calderón y Obama/Peña. Para la IM, que no se rige por el derecho internacional ni está bajo escrutinio legislativo acá, todos los dineros. Para salvar vidas mexicanas nada: en enero de 2010 17 adolescentes perecieron –junto a decenas heridos– en la masacre de Villas de Salvárcar. No se supo entonces que las armas también venían de la operación Rápido y furioso no obstante que las autoridades de EU y México tenían pleno conocimiento de ello. (p11)
EU arma a gobierno y cárteles ¿para desarticular la Federación y alentar los precipitantes de guerra civil, terreno fértil para más despojo?

jueves, 14 de mayo de 2015


México: capitalismo del desastre
John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 14 de Mayo de 2015.
L
os dos Méxicos, el decasas nuevas para los mandamás y el de fosas nuevas repletas de Tlatlayas y Ayotzinapas para amansar al resto (La Jornada, 14/4/15) son expresión brutal de lo que en La doctrina del shock Naomi Klein llamó capitalismo del desastre. Con un recetario desde 1982 a base de desregulación, privatización, austeridad a 99 por ciento y derrama fiscal a uno por ciento, el shock vía la guerra alnarco se palpa en cerca de 150 mil muertos, más de 26 mil desaparecidos e inusitada, torpe y riesgosa represión ante resistencias y protestas legítimas. Como en San Quintín, por las reivindicaciones de trabajador@s agrícolas ante estremecedoras condiciones de explotación, que el neoliberalismo y el TLCAN llevan a todos los rincones de la Federación con su cauda de desempleo, hambre y represión con creciente intervención policial, militar y del espionaje extranjero, parte y parcela de la sombrilla de terror y seguridad para consumar el gran despojo consignado en las (contra) reformas estructurales.
Detrás de la privatización petrolera están, en la ronda uno, los negocios de petroleras de dentro (las menos): Pemex, la recién fundada Petrobal y Diavaz, entre otras, y las apetitosas ambiciones de firmas de fuera (las más): Exxon, Chevron. BP, Shell, Ecopetrol (Colombia), Cobalt International, Hunt Overseas, Total (Francia), Sierra Oil&Gas, BHP Billinton, Hess News, a quienes favorece –especialmente a las de Estados Unidos–, la Iniciativa Mérida y el programa de ajuste estructural entroncándolas con leyes secundarias, a mineras de aquí y de allá (Canadá, Australia) y a los intereses que codician la gestión del agua. Lo hacen con una atroz Ley de Aguas congelada hasta después de las elecciones de junio, por el fuerte rechazo popular que concita.
La radical contrareforma energética peñista parece calca de diseños de corte colonial de Exxon/Mobil y el Banco Mundial en África Occidental. Se asemejan hasta en la participación de Citigroup como uno de los bancos globales que, años ha, zopilotean el tan esperado festín a costa de México. Para facilitar operaciones especulativas a gran escala con la riqueza localizada en territorio bajo jurisdicción nacional, las reformas estructurales permiten a las mineras, receptoras de generosas concesiones (70 por ciento ya en manos extranjeras), que suman la friolera de 98 millones de hectáreas, para que, además del desastre humano y ambiental de la minería a cielo abierto, exploten los hidrocarburos, en especial los no-convencionales (gas y petróleo de lutitas, o shale) de enorme toxicidad, grave impacto medioambiental, atmosférico, sísmico, alta voracidad acuífera y territorial y una inviabilidad geológico-financiera que augura un mega-Fobaproa fósil, a lo bestia.
El saqueo neoliberal, llamadoproceso de cambio, causa destrozos al tejido social, expulsa la población de su territorio por medio de instrumentos policial-militares (y para-militares o de plano de empresas mercenarias deseguridad) para consumar la incautación de los recursos naturales en ejidos, tierras y forestas comunales, mantos acuíferos, desvío o trasvase de ríos, de una cuenca a otra como en el acueducto Independencia con afectación grave a comunidades, los yaquis entre muchas.
Para perpetrar la incautación de los bienes comunes, la aplanadora legislativa PRI-PAN-Verde-Panal, busca su renovación, frente a lo cual sólo el voto podría desalojarlos del Congreso en junio, por ser un consistorio voraz, sumiso, corrupto y apátrida que entregó el gas y el petróleo y aprobó la vieja demanda imperial (y de EPN) para que agentes extranjeros puedan portar armas en México: toda una proeza anti-nacional de quienes Monsiváis dijo que eran la primera generación de estadunidenses con nacionalidad mexicana que recién arribaba al poder (1982) y que ahora en calidad de senadores, advierte Manuel Bartlett Díaz, están cometiendo un atentado contra la nación mexicana, serán responsables de la integración del territorio nacional a las autoridades de EU.
Desde la perspectiva de la seguridad e integridad de México el riesgo de lo denunciado por el senador Bartlett no es asunto menor: es eje del diseño de seguridad imperial que ejecutan con entusiasmo el Ejecutivo y la aplanadora legislativa a través de lo que en verdad interviene, interfiere y acota nada menos que operaciones cruciales al monopolio del ejercicio de la violencia legítima sobre el territorio nacional, mientras grandes firmas realizan uncercamiento de enorme calado, mayor al despojo territorial de los años 40 del siglo XIX, vía la privatización y dislocación de la vasta y multimillonaria infraestructura desplegada (desde 1938) en grandes complejos económico/territoriales en los que Pemex y CFE realizan operaciones vitales a la seguridad e integridad de la nación. Ambas entidades, ahora empresas productivas del Estado, están bajo alevosa agresión fiscal de los hacendistas locales (FMI), para llevarlas a un punto de venta.

jueves, 30 de abril de 2015


Financiarización y militarización
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 30 de Abril de 2015.
E
l espectro de otro desplome financiero que haría palidecer al de 2008 recorre los pasillos del poder de Estados Unidos, una potencia de dominio policial/militar y de espionaje, que desde el 11/S se despoja rápido de legitimidad mientras nerviosas corredurías, de Wall Street a la City pasando por Francfort, calibran el colapso de los petroprecios: una avalancha sobre petroleras, firmas de servicio del ramo y de riesgosas especulaciones de bancos too big to failsobre una deuda tóxica emitida para financiar el negocio shale. Asoman ya 500 mil millones de dólares, la punta de un colosal témpano especulativo sólo imaginable por los de Citigroup et al, destrozadores de toda ley que les impida apostar sin límite en derivados pasando al público (depositantes, contribuyentes) los costos del estallido sobre un contexto polarizado de una serie de burbujas, cuya explosividad acumulada, de Irak, Libia y Ucrania a Iguala, Tlatlaya, Ferguson y Baltimore, ya cimbra al mundo.
Es desde palancas financieras y policial/militares relacionadas con el estancamiento, la provocación y el terror de Estado, y no de los instrumentos constitucionales o del derecho penal internacional, ni del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que, con mayor frecuencia se expresa el poderío de Estados Unidos, bajo la noción post-11/S, de que el Comandante en Jefe (y pronto las grandes corporaciones en la esfera del Acuerdo Transpacífico ATP) procede sin autorización legislativa –o judicial– en cualquier campo de batalla, incluido el territorio de Estados Unidos. La guerra y el estado de excepción están ahí, en la Ley Patriota; la desactivación de la Ley Posse Commitatus de 1878 –que prohíbe el uso de los militares en territorio de Estados Unidos y en funciones de Ministerio Público–, y en el desdén de la cruzada antiterrorista a las Convenciones de Ginebra. La guerra de agresión contra Afganistán, la ilegalpetroguerra contra Irak, Libia, los operativos contra Irán, Venezuela, Siria, o instrumentos de terrorismo de Estado –Plan Colombia, Iniciativa Mérida en México–, y los operativos contra Rusia desplegados en Ucrania, se suman al recordatorio semanal de que vivimos en un estado de excepción global que tiene como eje a la Casa Blanca vía la matanza de sospechosos de terrorismousando drones.
Fue cuando hace poco se reportó sobre varios muertos no incluidos en esa mortal rutina cuando, como recién aflorado de un sicodrama asentado en profunda disonancia cognitiva (Leon Festinger, 1957), un sub-secretario de Estado de Estados Unidos en gira de trabajo por acá dijo que (d)espués de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, México se encuentra bajo fuerte escrutinio de la comunidad internacional; confió en que las elecciones del 7 de junio traigan de alguna manera efectos positivos para acabar con la tradición de impunidaden materia de violación a los derechos humanos, corrupción, desapariciones, secuestro y tortura, ofreciendo, como remate de la hipócrita inconsistencia (con el mundo observable) su endoso a continuar con la carnicería, la catástrofe humana a través de la hipermilitarizada y militarizante Iniciativa Mérida (IM): dijo que más allá del apoyo que su país brinda a México por conducto de la IM, existen otros programas que fueron puestos a disposición del gobierno de EPN para enfrentar estos problemas(La Jornada 25/4/15).
Cabe preguntar si en esos otros programas no especificados están matanzas de contrainsurgencia rural y urbana –disfrazada de antinarco–, para usar el equipo militar que, pese a lo generalizado de la impunidad y la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, recién autorizó el Departamento de Estado para su venta a un México rebosante de recortes fiscales, por mil 300 millones de dólares (mdd) y hoy líder entre 39 países de América Latina y el Caribe en compras militares: 3 mil 335 automotores todo terreno (Humvee) por 556 mdd; un lote de aviones de adiestramiento Beechcraft T-6C Texan II (480 mdd), además de 23 helicópteros Black Hawk(905 mdd).
¿Es el equipo para allanar el diálogo entre petroleras y mineras con indígenas, ejidos y campesinos? o será usado en operaciones de guerra urbana y en lasmegametrópolis contempladas por el Pentágono, entre otras figuran Río, Sao Paulo y el DF. En fechas recientes la CNN informó que las demostraciones en Ferguson, Missouri, y en otros lados provocadas por mortales y sistemáticos ataques policiales contra jóvenes afroamericanos, eran consideradasfuerzas enemigas, como en una guerra. Aquí el Comando Norte dice que en la guerra al crimen o al narco, el enemigo está entre los civiles Como en Ayotzinapa, Tlatlaya, Ferguson y Baltimore, ¿crímenes de Estado para aterrorizar a la población?
Estas son guerras, operativos y catástrofes que además de acompañar el precipitado declive de una potencia enestado de excepción (junto al colapso climático en curso) son síntomas de crisis terminal del capitalismo, como lo conocemos.