jueves, 29 de septiembre de 2005

San Lázaro y el tsunami petrolero

John Saxe-Fernandez
La Jornada.
México 29 de septiembre de 2005.

No es la mano invisible del mercado la que inspira el "decálogo energético" de Fox. Es una reiteración de propuestas del aparato de seguridad de Estados Unidos y del alto empresariado internacional y sus socios locales, para dar cobertura constitucional al despojo en curso del sector petroeléctrico. La iniciativa ahora se promueve desde un Banco Mundial (BM) presidido por Paul Wolfowitz, uno de los principales arquitectos de la agresión militar por el petróleo iraquí. El BM opera junto con el aparato diplomático y de seguridad de EU en México y, como en Venezuela e Irak, lo hace bajo la instigación del "choque petrolero", un tsunami, que se gesta al calor de dos procesos que se retroalimentan: a) la persistente negativa de la Casa Blanca para impulsar un vasto programa para amortiguar el derroche energético y b) una creciente incapacidad física de los productores, debido a límites geológicos en la extracción de petróleo convencional, ante una mayor demanda mundial, cuellos de botella en la capacidad de refinación, con la correspondiente volatilidad en los precios.

Ahora se refuerza la iniciativa privatizadora con cabilderos armados de maletas repletas de vidrios y espejos para la compra de la conciencia legislativa. Es parte de una campaña de "presión diplomático-empresarial" para sacar adelante "el decálogo" a como dé lugar.

Dado que durante este sexenio el proceso privatizador de facto de funciones vitales de Pemex y la CFE en beneficio de grandes petroleras fue amplio, ahora los inversionistas y el aparato de seguridad estadunidense, ante el "tsunami petrolero", se esfuerzan por "constitucionalizar" el despojo en curso. Lo hacen por medio de Fox, quien lo gestiona ante el Legislativo con la obediencia y diligencia propia de un ex gerente de Coca-Cola cumpliendo instrucciones de su "casa matriz".

Con la Constitución mutilada, se dejaría el camino libre a los esquemas ya elaborados de "ingeniería financiera" -en varios paraísos fiscales- para lanzar el patrimonio petroeléctrico del país directamente al piso de remates de Wall Street y de la Bolsa Mexicana de Valores .

En La compra-venta de México (Plaza y Janés, 2002, p. 353) ilustré uno de esos diseños: el de Investors Guaranty Fund Ltd (IGF), bajo la coordinación de la International Finance Corporation, organismo vinculado orgánicamente al BM, e instancia central en los mecanismos para la gran subasta del sector energético del país. La propuesta se centró en alentar las exportaciones de petróleo y electricidad, mediante la inversión directa de IGF. Según los documentos, el capital necesario se generaría a través de la venta de Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements (MEXDS GIA), títulos en dólares con el respaldo de "bancos internacionales de desarrollo" (sic): BM-BID.

Tanto en el caso del petróleo mexicano como en el de Venezuela -que posee la principal reserva probada de petróleo convencional del hemisferio occidental, estimada en 70 mil millones de barriles, sin incluir vastos yacimientos de crudo pesado- las grandes empresas del ramo siempre actúan con el respaldo del aparato de Estado y en nombre de la "seguridad nacional" de EU.

Un ejemplo reciente de la "amalgama" entre las empresas, el Congreso y el Ejecutivo (el "triángulo de hierro") lo ofrece una convocatoria realizada por Securing America's Future Energy (SAFE) y la National Commission on Energy Policy (NCEP) para analizar diversos escenarios energético-empresariales y de seguridad. Un proceso que se realizó bajo el título de Oil Shockwave (el choque -o tsunami- petrolero) en el que participaron importantes ex miembros de la industria petrolera, analistas y comerciantes de petróleo, como David Frowd, de Royal Dutch/Shell&, así como personajes del mundo militar, legislativo y de seguridad nacional, como por ejemplo los senadores Richard Lugar (republicano) y Joe Lieberman (demócrata); Robert Gates y James Wollsey, ex directores de la CIA; el general P. X. Kelley, ex comandante del cuerpo de Marina, Frank Kramer, etcétera.

Según el comunicado de prensa, se elaboró un escenario en el que sólo se reducían 3.5 millones de barriles (mdb) de los 83 mdb consumidos anualmente por el mundo. Las consecuencias serían: precios de 5.74 por galón de gasolina, elevación en el precio del petróleo a 161 dólares por barril, incremento de 12.6 por ciento del índice de precios, desplome de 30 por ciento en el índice de confianza del consumidor, aumento del déficit de cuenta corriente a poco más de un billón (trillón) de dólares. Habría un ascenso significativo en el orden de probabilidad de recesión.

En el contexto del "decálogo de Fox", llama la atención que, entre las varias medidas consideradas "del lado de la oferta", el grupo plantea aumentar la disponibilidad de petróleo en el mercado mundial, "promoviendo el desarrollo de las reservas de crudo convencional en naciones que actualmente no permiten la inversión privada, utilizando para ello una acción diplomática intensa". No en Los Pinos, sino donde cuenta: en San Lázaro.

jueves, 15 de septiembre de 2005

Halliburton, Irak y Katrina

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 15 de septiembre de 2005.

La "no prevención" de catástrofes que tipifica al gobierno de Bush, es "maná del cielo" para Halliburton -y su subdidiaria Kellog, Brown and Root (KBR)-, la gigantesca firma de servicios petroleros encabezada por Dick Cheney hasta que asumió la vicepresidencia de EU.

Sean calamidades creadas por mano humana, como el 11/09 y su secuela en Irak, o por fuerzas naturales, como el devastador huracán Katrina, los contactos -y la simbiosis- de la empresa con la cúpula político-militar de la presidencia imperial, le permiten aprovechar esas adversidades para hacer buenos negocios.

Si se revisan los detalles pronto se develan los mecanismos y operaciones que permiten y facilitan este proceso. Los principales contratos gubernamentales de Halliburton se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio (sic) de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.

El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney, como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con KBR para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.

El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-. En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa (pork and barrel) y de personal (revolving door) es parte del modus operandi del capital monopolista.

En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue sustituida por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak. En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones (mm) en septiembre de ese año. Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mm, pero éstos pueden llegar a los 18 mm, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán o los 1.22 mm de Halliburton con Pemex, empresa estatal sujeta a iniciativas del Banco Mundial para su desmantelamiento (divestiture) y extranjerización, intensificadas por Fox. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera). Aún así, la prensa informa que en julio pasado el Ejército le asignó 5 mm a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios.

En 2003 se dijo que la guerra costaría 60 mm. En marzo de 2005 la erogación de las operaciones militares llegó a 135.3 mm, de un total de 250 mm. Se gastan 6 mm al mes y en cinco años la cifra acumulada se calcula en más de 1.3 billones.

Malo para el mundo y los contribuyentes, bueno para Halliburton, el principal entre cientos de contratistas militares en Irak que, además, se beneficia de los desastres naturales: una de sus subsidiarias acaba de recibir un contrato de 500 millones de dólares de la Marina para realizar reparaciones de emergencia en instalaciones navales dañadas por Katrina. En julio de 2005, KBR Services Inc obtuvo un contrato para prestar servicios de emergencia, retiro de escombros y basuras, en caso de desastres naturales.

La Casa Blanca tenía una idea clara y precisa del impacto que tendría un huracán de categoría 3, 4 o 5 proveniente del Sur-Sureste de Luisiana sobre Nueva Orleáns. Así se lo hizo saber hace un año la Agencia Federal de Gestión de Crisis que pidió a la Casa Blanca, por medio del secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, tomar medidas para mitigar el desastre, incluyendo el reforzamiento y ampliación de los diques de protección al Norte de la ciudad. El ACE estimó su costo en 14 mm. Ante el drenaje presupuestal de la "reconstrucción" de Irak sólo se asignaron 700 millones. Se habrían salvado miles de vidas. Pero las utilidades empresariales, por la "no prevención" de estas tragedias humanas, son fabulosas.

jueves, 1 de septiembre de 2005

La quinta columna imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 1 de septiembre de 2005.

No quitan el dedo del renglón y menos ahora que los productores de petróleo experimentan una creciente incapacidad física para enfrentar la creciente demanda mundial de crudo: las empresas del petróleo, el gas y la electricidad y los instrumentos del Estado imperial, desde el Pentágono y la CIA hasta el Banco Mundial y el BID, insisten en impulsar "reformas estructurales" e implantar "mecanismos de integración energética", encaminadas a la privatización y extranjerización del complejo petroeléctrico mexicano, Petróleos Mexicanos (Pemex) Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza.

En febrero de 2005 David J. O'Reilly, presidente del Consejo (CEO), de Chevron-Texaco, no dejó duda sobre el trance energético: "planteado de manera simple, la era del fácil acceso a la energía ha concluido. En parte esto es así porque estamos experimentando la convergencia de la dificultad geológica con la inestabilidad geopolítica". Es un asunto urgente para grandes empresas y los gobiernos de las naciones productoras o importadoras de crudo.

A consecuencia de la segunda revolución industrial, el uso e impacto del petróleo se siente en virtualmente todos los sectores de la economía, la sociedad y la política, en todas las sociedades del mundo, acrecentándose de manera inconmensurable con el arribo y la producción en masa de la máquina de combustión interna tanto para el sector civil como el militar, de la petroquímica con decenas de miles de productos que forman parte del estilo de vida actual, incluyendo los fertilizantes, esenciales para la producción agrícola mundial, del transporte masivo -terrestre, aéreo y marítimo- y, en el caso de México, ni más ni menos, como ingrediente de gran peso en el conjunto de fuentes para la generación eléctrica.

No extraña entonces que de cara a las próximas elecciones presidenciales, la CNN, conocida en América del Sur como Tv Bush por su alineamiento con las políticas de la Casa Blanca, se incorpore a una embestida privatizadora que opera desde lo que ya es un sistemático y paulatino desmantelamiento de las mencionadas empresas públicas. Es una tarea en la cual es imprescindible el sometimiento, la complicidad y la colaboración de una voraz oligarquía y su cúpula gubernamental, históricamente inclinada a entregar al capital extranjero el patrimonio nacional y las principales operaciones económicas, a cambio de una coparticipación en la apropiación del excedente. La política "energética", en cuyo diseño participó, además del BM y varias consultoras, la fallida y escandalosa Enron, con toda su agudeza gerencial, no menos que delincuencial, cede la parte operativa de Pemex a Halliburton, Bechtel, Degollar McNaughton, Scotia Group, Dosel International, entre otras, con jugosos contratos y las convierte en su brazo técnico.

Es una inconstitucional y desleal operación perpetrada desde "adentro" por una quinta columna que ya "se asume" como tal. En una entrevista con Carmen Aristegui, difundida por CNN, el director de la CFE se declaró abiertamente contra la empresa. Al plantear su apoyo a la "apertura eléctrica" reconoció lo sorprendente que podía parecer su actuación cuando, siendo su director, atacó los fundamentos constitucionales de la CFE. Es algo insólito porque tanto él como Fox están comprometidos jurídicamente ante la nación a defender la Constitución y la integridad de las empresas bajo su responsabilidad.

La arremetida del director de la CFE contra la CFE se hizo desde una televisora de EU que promueve "reformas estructurales" que benefician a empresas de ese país, esta vez por medio de una entrevista interrumpida por espots de Fox en sus momentos estelares de entreguismo. Con una Aristegui light en materia eléctrica, el resultado fue un gran "promocional" contra el principio de "México para los mexicanos", esa herejía del general Cárdenas ante la doctrina Monroe y el destino manifiesto.

En la mira está la riqueza petrolera localizada en aguas profundas del Golfo de México. Al respecto el director de Pemex dijo ante el Senado que "es urgente legislar" (v.gr modificar la Constitución) para no perder los negocios que se presentan ahí: "No podemos desarrollar un proyecto de esta naturaleza eficientemente si no nos asociamos con las gentes que lo han hecho durante 30 o 40 años". Según el senador Manuel Bartlett, del PRI, "la presión ahora está sobre la riqueza del Golfo de México, donde se realizan gestiones para que hagamos alianzas, que son además contratos de riesgo (inconstitucionales) para explotar el Golfo debido a la desvergüenza de este gobierno al decir 'no podemos, no tenemos tecnología' ".

EU quiere dar continuidad y "constitucionalidad" al despojo. El titiritero necesita una nueva marioneta y el PRI ya se apuntó para tan magna encomienda: con miras al 2006-2012 desvinculó su plataforma electoral de los preceptos constitucionales clave. Para Bartlett, Roberto Madrazo, el promotor de este cambio y aspirante, "es un tránsfuga que se ha convertido en vasallo de intereses trasnacionales".