La Jornada.
México 1 de septiembre de 2005.
No quitan el dedo del renglón y menos ahora que los productores de petróleo experimentan una creciente incapacidad física para enfrentar la creciente demanda mundial de crudo: las empresas del petróleo, el gas y la electricidad y los instrumentos del Estado imperial, desde el Pentágono y la CIA hasta el Banco Mundial y el BID, insisten en impulsar "reformas estructurales" e implantar "mecanismos de integración energética", encaminadas a la privatización y extranjerización del complejo petroeléctrico mexicano, Petróleos Mexicanos (Pemex) Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza.
En febrero de 2005 David J. O'Reilly, presidente del Consejo (CEO), de Chevron-Texaco, no dejó duda sobre el trance energético: "planteado de manera simple, la era del fácil acceso a la energía ha concluido. En parte esto es así porque estamos experimentando la convergencia de la dificultad geológica con la inestabilidad geopolítica". Es un asunto urgente para grandes empresas y los gobiernos de las naciones productoras o importadoras de crudo.
A consecuencia de la segunda revolución industrial, el uso e impacto del petróleo se siente en virtualmente todos los sectores de la economía, la sociedad y la política, en todas las sociedades del mundo, acrecentándose de manera inconmensurable con el arribo y la producción en masa de la máquina de combustión interna tanto para el sector civil como el militar, de la petroquímica con decenas de miles de productos que forman parte del estilo de vida actual, incluyendo los fertilizantes, esenciales para la producción agrícola mundial, del transporte masivo -terrestre, aéreo y marítimo- y, en el caso de México, ni más ni menos, como ingrediente de gran peso en el conjunto de fuentes para la generación eléctrica.
No extraña entonces que de cara a las próximas elecciones presidenciales, la CNN, conocida en América del Sur como Tv Bush por su alineamiento con las políticas de la Casa Blanca, se incorpore a una embestida privatizadora que opera desde lo que ya es un sistemático y paulatino desmantelamiento de las mencionadas empresas públicas. Es una tarea en la cual es imprescindible el sometimiento, la complicidad y la colaboración de una voraz oligarquía y su cúpula gubernamental, históricamente inclinada a entregar al capital extranjero el patrimonio nacional y las principales operaciones económicas, a cambio de una coparticipación en la apropiación del excedente. La política "energética", en cuyo diseño participó, además del BM y varias consultoras, la fallida y escandalosa Enron, con toda su agudeza gerencial, no menos que delincuencial, cede la parte operativa de Pemex a Halliburton, Bechtel, Degollar McNaughton, Scotia Group, Dosel International, entre otras, con jugosos contratos y las convierte en su brazo técnico.
Es una inconstitucional y desleal operación perpetrada desde "adentro" por una quinta columna que ya "se asume" como tal. En una entrevista con Carmen Aristegui, difundida por CNN, el director de la CFE se declaró abiertamente contra la empresa. Al plantear su apoyo a la "apertura eléctrica" reconoció lo sorprendente que podía parecer su actuación cuando, siendo su director, atacó los fundamentos constitucionales de la CFE. Es algo insólito porque tanto él como Fox están comprometidos jurídicamente ante la nación a defender la Constitución y la integridad de las empresas bajo su responsabilidad.
La arremetida del director de la CFE contra la CFE se hizo desde una televisora de EU que promueve "reformas estructurales" que benefician a empresas de ese país, esta vez por medio de una entrevista interrumpida por espots de Fox en sus momentos estelares de entreguismo. Con una Aristegui light en materia eléctrica, el resultado fue un gran "promocional" contra el principio de "México para los mexicanos", esa herejía del general Cárdenas ante la doctrina Monroe y el destino manifiesto.
En la mira está la riqueza petrolera localizada en aguas profundas del Golfo de México. Al respecto el director de Pemex dijo ante el Senado que "es urgente legislar" (v.gr modificar la Constitución) para no perder los negocios que se presentan ahí: "No podemos desarrollar un proyecto de esta naturaleza eficientemente si no nos asociamos con las gentes que lo han hecho durante 30 o 40 años". Según el senador Manuel Bartlett, del PRI, "la presión ahora está sobre la riqueza del Golfo de México, donde se realizan gestiones para que hagamos alianzas, que son además contratos de riesgo (inconstitucionales) para explotar el Golfo debido a la desvergüenza de este gobierno al decir 'no podemos, no tenemos tecnología' ".
EU quiere dar continuidad y "constitucionalidad" al despojo. El titiritero necesita una nueva marioneta y el PRI ya se apuntó para tan magna encomienda: con miras al 2006-2012 desvinculó su plataforma electoral de los preceptos constitucionales clave. Para Bartlett, Roberto Madrazo, el promotor de este cambio y aspirante, "es un tránsfuga que se ha convertido en vasallo de intereses trasnacionales".
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