jueves, 27 de octubre de 2005

Guantánamo y la dictadura imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 27 de octubre de 2005.

Cuba enfrenta un arbitrario bloqueo, un abierto programa intervencionista y el acoso político-militar de Bush y el Pentágono (DdD), que, además, utilizan la base de Guantánamo -territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos desde principios del siglo XX- como campo de ensayo para la articulación de lo que es la más profunda usurpación de funciones policial-judiciales experimentada en la historia de EU. Ahí se practica la instauración de "un nuevo orden político-judicial", cuya meta es la suspensión de principios constitucionales cardinales a la impartición de justicia, gestados a lo largo de siglos, en torno a la protección de derechos humanos básicos como el habeas corpus.

El papel de lo que hoy ocurre en Guantánamo, en el proceso de gestación de un régimen dictatorial e imperialista, en su dimensión legal (de consecuencias tan funestas para la humanidad, como la traumática versión sufrida por Alemania durante el régimen nacionalsocialista), fue analizado con nitidez por Jean-Claude Paye ("Guantánamo and the New Legal Order", Monthly Review, mayo, 2005). En su dimensión humana lo que ocurre en Guantánamo está siendo denunciado por medio de huelgas de hambre, lenguaje de la desesperación de prisioneros, torturados y agobiados, sometidos cotidianamente, durante ya tres años, a los más brutales y sistemáticos abusos sicológicos y maltratos físicos, hablando así por todas las víctimas de la dictadura imperial.

En Guantánamo -y en el resto del proliferante sistema carcelario instaurado tanto en Irak como en navíos de guerra o "delegando" los "interrogatorios" a países que practican la tortura- se perfilan las características ominosas de "la dictadura imperial" que opera con la colaboración del gobierno de Blair, bajo el amparo y justificación de la "guerra contra el terrorismo". Aunque muchos fueron liberados, desde el 11-9 más de mil 200 personas han sido arrestadas y detenidas, cuando no secuestradas, sin cargo alguno, por el solo hecho de ser árabes o musulmanes o tener esa apariencia, como sucedió al ciudadano brasileño, ejecutado por la policía inglesa.

Las mismas disposiciones antiterroristas -y la histeria racista-, gestada por los ataques del 7 de julio en Londres, que costaron la vida al brasileño por su mero aspecto, influyeron a los legisladores estadunidenses para renovar y dar permanencia a la Ley Patriota.

En Guantánamo hay cerca de 540 personas, procedentes de poco más de 40 países, a quienes no se les llama "prisioneros de guerra", "detenidos" o "prisioneros políticos". Sólo nueve han sido formalmente acusados.

Guantánamo, por su estatus de territorio ocupado ilegalmente, se usa para que personal de EU se comporte al margen del derecho internacional y de la Constitución, y bajo el estado de excepción de la Ley Patriota. La meta es poner en práctica un régimen de "excepción" en todos los estadios del procedimiento judicial.

La Ley Patriota (aprobada por la legislatura bajo la indignación del 11-9 y días después de unos extraños ataques con ántrax high tech del Ejército, cuya autoría no ha sido clarificada) "formaliza" el estado de excepción y, como recuerda Paye, "autoriza" la detención ilimitada de ciudadanos extranjeros que se sospeche forman parte o son miembros de cualquier organización que el Ejecutivo catalogue de "terrorista". A esta "autorización" de la legislatura, se agrega otra que el Ejecutivo se otorga a sí mismo mediante un decreto presidencial de noviembre 13 de 2001 en el cual se establecen "comisiones militares ad hoc para juzgar a individuos acusados de participar o de apoyar a tales organizaciones". Por medio de ese decreto y al margen del derecho internacional, de la Constitución y de los procedimientos penales, civiles y militares, la camarilla Bush-Cheney-Rumsfeld se autoriza a sí misma para realizar tales juicios en secreto eliminando de paso cualquier apelación civil, mientras dirige la violencia estatal contra "ciudadanos extranjeros", o ciudadanos de EU calificados como "combatientes enemigos".

En la mayoría de los casos, a los prisioneros se les ha negado el derecho de asesoría legal o de demanda judicial. En custodia se les ha maltratado, torturado, prohibido practicar su religión, todo en violación flagrante de la Convención contra la Tortura y Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por EU. Aún más, la realización extraterritorial de arrestos a diestra y siniestra, así como el "reconocimiento" de muchas naciones de este "derecho" (bajo presión económico-política de la Casa Blanca) anuncian el arribo de un nuevo orden político internacional en el que se utiliza el terror de Estado sin contemplación legal alguna, cancelándose las libertades y derechos fundamentales, afectando la esfera pública y privada y, según advierte Paye, marcando..." el fin de la separación formal de poderes al dar al Ejecutivo el tipo de autoridad que se asigna a los jueces: la autoridad de plantear e interpretar la ley: el poder autoritario de la dictadura".

jueves, 13 de octubre de 2005

EU: dictadura imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 13 de octubre de 2005.

William Arkin dio a conocer en el Washington Post (WP, 21/9/05) un operativo del Estado Mayor, Granite Shadow, en el que, "sin supervisión ni control civil", el Pentágono (DdD) realiza maniobras de emergencia ante el "terrorismo catastrófico". Ello, aunque la Ley Posse Comitatus de 1878, vigente, prohíbe el uso de los militares en territorio de Estados Unidos y que Bush pide abrogar en su afán por usar cualquier contingencia, real o imaginaria, para ahondar el peso castrense en las decisiones y presupuestos del gobierno federal: "la amenaza del terrorismo catastrófico", dice la Casa Blanca en un documento de Homeland Security, "requiere una revisión completa de las leyes que permiten a los militares actuar dentro de EU". Granite Shadow es uno de varios dispositivos en curso desde el 11/9, que confiere al DdD poderes "extralegales": es el lado "doméstico" de la guerra preventiva en pos de los recursos petroleros de Irak y del Medio Oriente.

En torno a esta "mutación cívico-militar", inducida por el 11/9, Eric Margolis del Toronto Sun recordó que algo similar se presentó en la película Seven Days in May, en la que la derecha en el poder intenta un putch, utilizando una excusa y un dispositivo antiterrorista top secret del Pentágono. Ahora, dice Margolis, "la vida parece imitar a la ficción". David Eisenberg, del Asia Times, discute estas alteraciones "cívico-militares" y evoca que en 1985 Gaspar Weinberger, secretario de Defensa de Reagan, advirtió que "apoyarse en las fuerzas militares para realizar tareas civiles va en detrimento de la capacidad militar y del proceso democrático".

Granite Shadow no es "excepcional", sino parte de una tendencia militarista y autoritaria de Estados Unidos evidente desde los años setenta (Vietnam, Camboya, Chile, Argentina, Uruguay, Watergate), continuado durante los ochenta (Centroamérica, Irán-contras), e intensificado en los noventa por la alarma de firmas petroleras estadunidenses (como Halliburton, enteradas de las condiciones reales de los campos petroleros a nivel global), en torno al perceptible agotamiento de las reservas de petróleo convencional -v.gr. crudo barato y de fácil acceso.

Desde Reagan ya habían huellas de que algo grave ocurría en las relaciones "cívico-militares". Durante Clinton se autorizó la participación del DdD en misiones delicadas del Departamento de Justicia (localización y arresto de personas, incautación de bienes y documentos), así como ante ataques biológicos o químicos, y se promulgaron leyes que autorizan al presidente usar la fuerza armada en EU para "proteger la vida y la propiedad".

Después del 11/9 se formaliza el putch, ya que: 1) se suspenden apartados clave de la Constitución y de los derechos civiles y judiciales, instaurándose un "estado de excepción" por medio de la Ley Patriota y la creación de tribunales militares secretos. La sección 104 de esa ley autoriza el uso de las fuerzas militares en todo tipo de urgencias, en "caso de ataques con armas de destrucción masiva", mientras en Guantánamo se experimenta con y se "institucionaliza" la tortura sistemática; 2) se acelera el "uso no militar" de los militares, acaparando el DdD funciones y capacidades técnicas realizadas por las diversas burocracias "civiles", desde los servicios de inteligencia y de entes como los laboratorios del Departamento de Energía, hasta los servicios y presupuestos de salud y del Departamento de Home Land Security. En una de las más recientes manifestaciones de militarización, discutida al detalle por Michel Chossudovsky ("Ley Marcial y la pandemia de gripe aviar", globalresearch.ca) la Casa Blanca militariza la "salud pública", ya que elabora, por medio del DdD y no del Departamento de Salud, los principales mecanismos de prevención médica, incluyendo la operación de la Ley Marcial y la elaboración de una vacuna antiviral, esta vez con motivo de la amenaza de esa pandemia que, según la OMS, podría afectar a todo el planeta; 3) Bush y Cheney, como apuntó Kitty Kelley en el New York Times del lunes pasado, se protegieron borrando las huellas por medio del Decreto presidencial 13233 (noviembre de 2001), que les permite controlar la información desde el gobierno de Reagan y Bush padre, hasta nuestros días, en temas como el Irán-contras, las guerras por el petróleo del Golfo, la autorización de la tortura, el escrutinio del 11/9 o de Katrina y los magnos contratos sin licitación, como los recibidos por Halliburton en Irak.

Ya que México y Canadá fueron incorporados al recién creado Comando Norte, cabe notar que, según el WP, el ultrasecreto Granite Shadow se articula desde ahí como un operativo "autónomo" y es parte de un esquema mayor que incluye comandos y "fuerzas de choque", que operan dentro y fuera de Estados Unidos, bajo una "autoridad especial" otorgada por Bush y Rumsfeld, para realizar "actos terroristas preventivos" o "provocativos", con apariencia similar a la operación "autónoma" y ultrasecreta -con 19 terroristas suicidas reclutados en Arabia Saudita- que presenciamos el 11/9.