La Jornada.
México 13 de octubre de 2005.
William Arkin dio a conocer en el Washington Post (WP, 21/9/05) un operativo del Estado Mayor, Granite Shadow, en el que, "sin supervisión ni control civil", el Pentágono (DdD) realiza maniobras de emergencia ante el "terrorismo catastrófico". Ello, aunque la Ley Posse Comitatus de 1878, vigente, prohíbe el uso de los militares en territorio de Estados Unidos y que Bush pide abrogar en su afán por usar cualquier contingencia, real o imaginaria, para ahondar el peso castrense en las decisiones y presupuestos del gobierno federal: "la amenaza del terrorismo catastrófico", dice la Casa Blanca en un documento de Homeland Security, "requiere una revisión completa de las leyes que permiten a los militares actuar dentro de EU". Granite Shadow es uno de varios dispositivos en curso desde el 11/9, que confiere al DdD poderes "extralegales": es el lado "doméstico" de la guerra preventiva en pos de los recursos petroleros de Irak y del Medio Oriente.
En torno a esta "mutación cívico-militar", inducida por el 11/9, Eric Margolis del Toronto Sun recordó que algo similar se presentó en la película Seven Days in May, en la que la derecha en el poder intenta un putch, utilizando una excusa y un dispositivo antiterrorista top secret del Pentágono. Ahora, dice Margolis, "la vida parece imitar a la ficción". David Eisenberg, del Asia Times, discute estas alteraciones "cívico-militares" y evoca que en 1985 Gaspar Weinberger, secretario de Defensa de Reagan, advirtió que "apoyarse en las fuerzas militares para realizar tareas civiles va en detrimento de la capacidad militar y del proceso democrático".
Granite Shadow no es "excepcional", sino parte de una tendencia militarista y autoritaria de Estados Unidos evidente desde los años setenta (Vietnam, Camboya, Chile, Argentina, Uruguay, Watergate), continuado durante los ochenta (Centroamérica, Irán-contras), e intensificado en los noventa por la alarma de firmas petroleras estadunidenses (como Halliburton, enteradas de las condiciones reales de los campos petroleros a nivel global), en torno al perceptible agotamiento de las reservas de petróleo convencional -v.gr. crudo barato y de fácil acceso.
Desde Reagan ya habían huellas de que algo grave ocurría en las relaciones "cívico-militares". Durante Clinton se autorizó la participación del DdD en misiones delicadas del Departamento de Justicia (localización y arresto de personas, incautación de bienes y documentos), así como ante ataques biológicos o químicos, y se promulgaron leyes que autorizan al presidente usar la fuerza armada en EU para "proteger la vida y la propiedad".
Después del 11/9 se formaliza el putch, ya que: 1) se suspenden apartados clave de la Constitución y de los derechos civiles y judiciales, instaurándose un "estado de excepción" por medio de la Ley Patriota y la creación de tribunales militares secretos. La sección 104 de esa ley autoriza el uso de las fuerzas militares en todo tipo de urgencias, en "caso de ataques con armas de destrucción masiva", mientras en Guantánamo se experimenta con y se "institucionaliza" la tortura sistemática; 2) se acelera el "uso no militar" de los militares, acaparando el DdD funciones y capacidades técnicas realizadas por las diversas burocracias "civiles", desde los servicios de inteligencia y de entes como los laboratorios del Departamento de Energía, hasta los servicios y presupuestos de salud y del Departamento de Home Land Security. En una de las más recientes manifestaciones de militarización, discutida al detalle por Michel Chossudovsky ("Ley Marcial y la pandemia de gripe aviar", globalresearch.ca) la Casa Blanca militariza la "salud pública", ya que elabora, por medio del DdD y no del Departamento de Salud, los principales mecanismos de prevención médica, incluyendo la operación de la Ley Marcial y la elaboración de una vacuna antiviral, esta vez con motivo de la amenaza de esa pandemia que, según la OMS, podría afectar a todo el planeta; 3) Bush y Cheney, como apuntó Kitty Kelley en el New York Times del lunes pasado, se protegieron borrando las huellas por medio del Decreto presidencial 13233 (noviembre de 2001), que les permite controlar la información desde el gobierno de Reagan y Bush padre, hasta nuestros días, en temas como el Irán-contras, las guerras por el petróleo del Golfo, la autorización de la tortura, el escrutinio del 11/9 o de Katrina y los magnos contratos sin licitación, como los recibidos por Halliburton en Irak.
Ya que México y Canadá fueron incorporados al recién creado Comando Norte, cabe notar que, según el WP, el ultrasecreto Granite Shadow se articula desde ahí como un operativo "autónomo" y es parte de un esquema mayor que incluye comandos y "fuerzas de choque", que operan dentro y fuera de Estados Unidos, bajo una "autoridad especial" otorgada por Bush y Rumsfeld, para realizar "actos terroristas preventivos" o "provocativos", con apariencia similar a la operación "autónoma" y ultrasecreta -con 19 terroristas suicidas reclutados en Arabia Saudita- que presenciamos el 11/9.
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