jueves, 26 de octubre de 2006

Irak, crimenes de guerra.


John Saxe-Fernández.
La Jornada.
México, jueves 26 de octubre de 2006.

Los costos humanos, morales, jurídicos y político-electorales del atroz ataque perpetrado por Bush et.al. desde marzo de 2003 contra Irak, en pos de su vasta reserva petrolera, se acrecientan día a día: la tecnología de punta y el despliegue de más de 150 mil tropas están siendo derrotadas militarmente por la amplia resistencia a la ocupación que, además, dado el respaldo de Bush a la genocida embestida israelí contra los palestinos, se intensifica y se regionaliza. Para la Casa Blanca la situación en Irak es insostenible. La cifra de bajas aumenta diariamente y el gobierno implantado ahí por Estados Unidos es desbordado por la resistencia.Los efectos internacionales de esta guerra son ya demoledores, como evidencian múltiples encuestas que muestran una unánime condena de la opinión pública mundial contra la guerra en Irak, incluyendo de manera significativa la de los aliados europeos, debilitando seriamente los pilares políticos de la OTAN. Pero igual de grave son los efectos electorales inmediatos en el interior de Estados Unidos, donde también las encuestas muestran un rechazo de poco más de 60 por ciento del electorado a la "conducción que Bush ha dado a la guerra", y todo ello a pesar de las mentiras y el maquillaje de las cifras, en especial en torno a la cuestión más sensible tanto para el derecho penal internacional como para el electorado estadunidense ante las elecciones legislativas de noviembre: el notable número de bajas civiles iraquíes y la asombrosa acumulación de bajas militares estadunidenses y de soldados gravemente mutilados. El desastre humano es de enorme magnitud y sus efectos electorales potencialmente devastadores para Bush y los republicanos. Importantes personajes "leales" al presidente le aconsejan una retirada digna, previo cambio de timón en el Pentágono.Una debacle legislativa republicana abre la opción del "desafuero", por lo que otro "oportuno" ataque terrorista, como los asaltos con ántrax, hasta hoy sin aclaración, contra las oficinas senatoriales y de algunos medios electrónicos y que tanto ayudaron en la votación por la Ley Patriota (esta vez acompañados de otro eficaz video amenazante de Bin Laden), podría evitar la inminente derrota, aunque ya los republicanos usan la imagen de Bin Laden en su esfuerzo por desviar la atención de Irak hacia el terrorismo.Lo grave de la situación para Bush et. al. lo reveló hace poco Lancet, la revista médica inglesa, en un estudio (bajo veda informativa de los medios de Estados Unidos y Canadá, dominados por el aparato corporativo y sus gobiernos derechistas), según el cual desde marzo de 2003 ya se han acumulado 650 mil bajas civiles iraquíes, cifra que contrasta con las 50 mil víctimas oficialmente "contabilizadas" (Kristian Bertin, "655,000 Dead in Iraq", The Journal, Halifax, Nova Scotia, octubre 18, p. 1). La masacre ha sido extensa: según Lancet, ha muerto un promedio diario de 500 iraquíes, es decir, 2.5 por ciento de la población. A pesar de la censura, es notable que Zogby International, una de las empresas encuestadoras más serias, ratifica la validez del estudio; además, Lancet sometió su investigación y metodología al examen de cuatro fuentes profesionales independientes, las cuales, por unanimidad, aconsejaron su publicación. Los investigadores de esa revista estiman un mínimo de 393 mil 876 bajas y un máximo de 942 mil 636.Además, en igual contraste con los números del Pentágono, las fuentes independientes contabilizan 9 mil soldados estadunidenses muertos, y un número considerablemente mayor de jóvenes gravemente mutilados. En los hospitales militares del Pentágono en Europa y en Estados Unidos se limita de la manera más estricta el acceso de periodistas y de los medios electrónicos, restricción que se acentuó en fechas recientes por las elecciones legislativas de noviembre.De igual modo. Bertin indica la existencia de una fuerte censura en torno a las torturas -existe documentación oficial que muestra un inusitado número de muertes después de que los "sospechosos" son sometidos a interrogatorios de la Marina y de la Inteligencia Militar, así como en el uso de armas prohibidas por las convenciones internacionales, por ejemplo las bombas de fósforo blanco, de racimo -como las usadas por Israel contra los palestinos- y armas experimentales de micro-ondas, así como el uso extenso de bombas de uranio empobrecido, que se manifiestan en perceptibles aumentos en enfermedades asociadas con la radiación, particularmente en diversos tipos de cáncer y tumores entre los infantes y niños.Las masacres de civiles inermes en Irak y Afganistán, los homicidios y ataques estadunidenses contra hospitales repletos de enfermos, son sólo algunos de los ingredientes de esta tragedia y ayudan a explicar el estridente esfuerzo desplegado por la Casa Blanca para neutralizar, por la vía de la mayoría republicana en la cámara baja y en el Senado, la Ley Federal de Crímenes de Guerra de 1996, que conlleva sanciones que incluyen la pena de muerte a cualquier oficial, civil o militar, del gobierno de Estados Unidos, que incurra en ese tipo de violaciones.

domingo, 15 de octubre de 2006

México, colonizado en tecnología


Fortuna, negocios y finanzas.
México, octubre de 2006. pp. 60-63.
Nydia Egremy

El modelo de desarrollo económico de México, que fue estructurado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), rezagó el avance de la ciencia y la tecnología a un nivel colonial. La dependencia tecnológica de México se consolidó cuando el Estado abandonó su misión educadora y permitió -con auxilio del empresariado local- el desmantelamiento de la producción nacional en beneficio de las multinacionales, analizan los especialistas en Economía John Saxe Fernández y Gian Carlo Delgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Para ilustrar el atraso científico-tecnológico de México basta observar el registro de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tan sólo entre 1997 y 2005, cuando Brasil patentó 221 productos, México registró apenas 104. En contraste, Corea del Sur -una nación sin recursos naturales- patentó 4 mil 747 productos y China exhibió el más alto crecimiento mundial al pasar de 784 patentes en 2000 a 2 mil 452 en 2005.Mientras esos países -antaño subdesarrollados- asimilan tecnología como su prioridad, México carece de una política científica vigorosa y comprometida. Así lo destacó en un mensaje público el 21 de septiembre el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, quien advirtió que sin un mayor impulso a la ciencia y la tecnología “es improbable” que en los próximos años México se incorpore a cabalidad al concierto internacional de la competitividad, el empleo y la productividad.
Gian Carlo Delgado, investigador del programa El Mundo en el Siglo XXI y autor, entre otros, del estudio “Las nanotecnologías; promesas e incertidumbres”, precisó que el éxito de China, Japón y Brasil obedece a la existencia de una “red industrial” a partir de una estructura triangular científico-tecnológica-industrial, en donde el Estado-nación, los centros de producción del conocimiento y el empresariado, operan en sinergia, es decir, actúan con dos o más fuerzas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.“Al conectarse el Estado-nación, las multinacionales y actores, como universidades, lobbies y think thanks (centros de pensamiento), se da esa sinergia que caracteriza a las redes industriales de investigación de Europa y Estados Unidos. En cambio, los países que carecen de uno de estos polos o que han sido reemplazados por actores extranjeros, como el caso de México, no logran desarrollarse”, destaca Delgado.
Por esa razón China ha sido exitosa, pues impulsó su Plan Científico-Tecnológico de 1980, conforme con ese sistema triangular y lo planteó para 20 años. La potencia asiática se propuso que en dos décadas, al menos cinco de sus empresas figuraran en la lista de la revista Forbes y ahora 100 industrias chinas aparecen entre las 500 más importantes del mundo. Para alcanzar ese objetivo, el Estado otorgó subsidios y apoyos de manera dramática para la investigación y desarrollo de tecnologías. “Ahí están funcionando el Estado y el empresariado que también se interesa en el desarrollo científico-tecnológico para obtener repercusiones económicas internas”, agrega Delgado Ramos.
En este rubro, René Drucker Colín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, coincide con sus colegas y afirma: “la ciencia es la principal palanca de desarrollo para la nación, si se difunde adecuada y constantemente, genera en la población constante información para que comprenda mejor su entorno. Una sociedad más informada, puede emitir opiniones informadas y eso hace que la sociedad sea más democrática”. Drucker Colín estima que el Estado mexicano debe fomentar incentivos fiscales para que las empresas desarrollen tecnología. En cambio, el gobierno saliente destinó la mayor parte de esos estímulos a empresas trasnacionales que no invierten en investigación y desarrollo. Advierte el neurocientífico: “en este siglo XXI, denominado ‘del conocimiento’, sólo dominarán la economía las sociedades que generen el mayor conocimiento, pero este sexenio reprobó en ciencia y tecnología; su visión miope y poco nacionalista redujo el presupuesto para esas disciplinas”.Drucker señala que: “el próximo sexenio será el último posible para salvar el atraso de México en ciencia y tecnología, porque para 2012 o 2015, si no le entramos en serio, no se podrá zanjar el abismo entre los países desarrollados, y nosotros ya vamos muy atrasados: México no produce nada, absolutamente nada de nada, no hay un solo insumo para la ciencia o cualquier otra actividad hecha en México”.

Subordinación tecnológica

Evaluar qué inversión extranjera en alta tecnología ingresa en el país es un criterio que evita la dependencia, sostienen los entrevistados, quienes contrastan la nula selección desde el gobierno mexicano en los acuerdos de cooperación tecnológica que ha suscrito con países desarrollados. Es interesante observar cómo ha operado la República Popular China, que hace 50 años salía del feudalismo económico y hoy asimila tecnología aeroespacial para producir satélites. Con esa óptica, los científicos chinos se integraron al sistema satelital europeo Galileo –contraparte del estadounidense GPS, pero superior en vanguardia tecnológica– para asimilar ese conocimiento y lanzar su propio satélite regional. Esa visión llevó a China a poseer el 10 por ciento de la industria aeroespacial y ya compite con Airbus y Boeing. En la misma lógica, la nación asiática adquirió la división de cómputo de IBM, para controlar toda la cadena productiva de esa rama. Además, China realiza investigación avanzada en nanotecnología y biotecnología que asimiló de Estados Unidos y Europa. Forma sus cuadros en el extranjero y una vez poseedores de ese capital tecnológico, abre centros de investigación o parques tecnológicos propios. Ahí el Estado se apega a su ambicioso Plan Nacional de Tecnología, “en una lógica de red industrial como hacen los países desarrollados y que no es el caso de la mayoría de los países de la periferia, como México”, apunta Gian Carlo Delgado.
John Saxe Fernández, académico e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, subraya el abismo tecnológico entre México y China o Brasil mismo. “Ahí ya se producen satélites en cooperación con China y para preparar a sus propios cuadros. Los mexicanos, en cambio, tenemos una gran oficina donde un burócrata firma el cheque para la NASA que hace los satélites. Sí hay un contraste”. Mientras que el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, siguió lineamientos estadounidenses y desreguló la economía y la inversión extranjera, Estados Unidos hizo lo contrario al aumentar la regulación sobre tecnología porque así mantiene su ventaja en la competencia intercapitalista. Allá, los senadores Exxon y Florio modificaron la Ley de Inversiones para que los extranjeros no accedieran a su alta tecnología. Aquí, por indicaciones de ellos mismos, se desmanteló incluso nuestra capacidad de desarrollo científico en alta tecnología, explica el catedrático.“Siendo el nuestro, un país petrolero y teniendo centros de vanguardia como el Instituto Mexicano del Petróleo, lo desnacionalizamos y reducimos su presupuesto a favor de especialistas extranjeros que nos dicen cómo trabajar. Ni en China ni en Corea del Sur ni en Japón es posible eso, incluso Taiwán, cuando compró aviones a Estados Unidos, le exigió montar ahí la fábrica, porque su intención es asimilar esa tecnología”, estiman Delgado y Saxe-Fernández.

Nanotecnología ¿para qué?

Aunque la UNAM figura como uno de los principales entes que publican en nanociencia y es fuerte en número de investigadores, está comprando el dilema de la nanotecnología cuando no va a tener ninguna oportunidad para estar a la vanguardia, pues sólo se desarrolla con empresas extranjeras y a través de alquilar o rentar horas de uso de ciclotrones a Estados Unidos. Así, la investigación en ese rubro estará subordinada a la superpotencia, señala Gian Carlo Delgado.
Otros centros que investigan en nanotecnología –la manipulación de la materia a escala nanométrica, es decir, a la mil millonésima de metro o el mundo de los átomos y las moléculas– son el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otros centros, como el de Investigaciones de Materiales de San Luis Potosí y otro más en Guanajuato. Nuestro país canalizó su investigación en esta novedosa disciplina por medio de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, una organización gubernamental en la que participan Conacyt, los laboratorios Sandia –que hacen investigación militar para el Pentágono en Estados Unidos– en sistemas nanomecánicos (chips micrométricos que usan partes o dispositivos nanométricos) y México entra a la cola de esta investigación. En ese caso, hay acuerdos ya con la Universidad de Texas, en Arlington, y la UNAM, otros con el Centro de Diseño Microelectrónico de Sony de San Antonio, Texas, y empresas de software especializadas en sistemas micromecánicas. También hay cooperación entre el Centro Nacional de Nanotecnología y Estudios Avanzados de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Texas. Otro caso es el de la Universidad de Guanajuato con la Universidad de Texas, en Dallas, para investigaciones de Nanotecnología y un tercer caso que prevé el establecimiento de un laboratorio binacional con Estados Unidos entre el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados de Chihuahua y la Universidad de Texas. Los acuerdos con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, conforman un patrón, señala Delgado Ramos, pues coincide con el lanzamiento, en los años 90, del plan denominado “Latin Chip”, un programa de Motorola que impulsa, “filantrópicamente”, el llevar la tecnología de punta a los países periféricos para que empiecen a desarrollar.“En este esquema, la periferia proveerá la fuerza de trabajo, para que aprendan en laboratorios estadounidenses donde se fabrican los chips, y las universidades mexicanas o latinoamericanas llevan a sus investigadores e ingenieros para fabricar los chips que quiere Estados Unidos.
“Es maquila de alta tecnología –puntualiza el profesor Saxe Fernández–, mucho atole”. Gian Carlo Delgado sintetiza: “es hacer la talacha”. En este caso, México carece de un programa de desarrollo de alta tecnología, como el que sí posee Estados Unidos. Precisamente fue el presidente George W. Bush, quien impulsó la iniciativa desde los años noventa y formó un equipo que ahora lo asesora y también al Legislativo, como una forma particular de cabildeo de las empresas que manejan la nanotecnología. “Para ellos es una cuestión de seguridad nacional, producen nanoestructuras, nanodispositivos y nanosistemas que pueden usarse en armas sofisticadas y novedosas, tratamientos terapéuticos, cosméticos y textiles, entre otros. Para Gian Carlo Delgado y John Saxe-Fernández, el dilema radica en tener una agenda científico-tecnológica con profunda vinculación hacia la economía, para beneficiar a la nación y a su gente. En última instancia, preguntan, para qué desarrollar esa tecnología de punta, cuando el grueso de los problemas de México se resuelve, por decirlo de manera burda, con la bicicleta.

BM y las lumpenburguesías

En su investigación sobre el impacto de diseño del Banco Mundial (BM) en la educación superior y los programas de ciencia y tecnología de México, Gian Carlo Delgado afirma que “el ‘casamiento' entre las corporaciones multinacionales y las universidades, la intensificación de la fuga de cerebros, y el nivel de dependencia tecnológica de las naciones del Sur, constituyen el reflejo del papel crucial del BM en el proceso de la privatización de la educación pública”.
Para Saxe Fernández, autor del libro La compraventa de México, es grave que el BM plantee que la educación superior es una mercancía más que un derecho, y que parte de su misión es interrumpir la reproducción isomórfica de la universidad, fundada en la libertad de cátedra y de investigación. “Sabemos que los países con mayor avance tecnológico cubren la gama completa del conocimiento: desde las ciencias duras hasta las humanidades. Pero en los nuestros, se trata de funcionalizar la educación a los requerimientos mercantiles de las multinacionales. Así, difícilmente se puede desarrollar un país”. El origen del atraso tecnológico de México, explica el académico, es la falta de estímulo gubernamental a la educación y al abandono tecnológico de los empresarios, “que en parte obedece a la orientación histórica de las ‘burguesías compradoras' -como las llama Theotonio dos Santos–, o ‘lumpenburguesías' latinoamericanas –como las denomina despectivamente Günter Frank–. Otra causa del atraso obedece al control externo sobre el manejo de la ciencia y la tecnología en nuestros países”. El empresariado mexicano no piensa que al barco nacional hay que mantenerlo a flote y en buenas condiciones. Ellos ponen el barco a la venta o en subasta, y si se hunde tienen yates de lujo donde refugiarse, ése es un comportamiento de oligarcas, sostiene Saxe-Fernández. Agrega que el FMI y el BM son los principales instrumentos de sobornización del que se valen los grupos de interés y el gobierno para desmantelar de sus recursos a la nación. “Se meten prácticamente en todo: agua, biotecnología, privatización de ferrocarriles, electricidad, petróleo, todo”.
Gian Carlo Delgado asegura que lo que caracteriza a la oligarquía mexicana –en general a la latinoamericana– es su alto grado de sobornización.


http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/octubre/htm
/mexico_colonizado.htm

jueves, 12 de octubre de 2006

EU: guerra a la Constitución

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de octubre de 2006.

Usar los ataques del 11-9 al estilo nacionalsocialista, como "una máquina para la fabricación de poder", en favor de la Presidencia Imperial, ha caracterizado el comportamiento de lo que Paul O'Neill, ex secretario del Tesoro, calificó como la camarilla de George W. Bush y Richard Cheney.

Durante los primeros nueve meses del arribo de Bush y Cheney a la Casa Blanca, en enero de 2001, al tiempo que negaban recursos presupuestales y desatendían sistemáticamente las propuestas y solicitudes de audiencia de Richard Clarke -el zar antiterrorista nombrado por Clinton, confirmado en su cargo por Bush para el refuerzo de la campaña contra Al Qaeda dentro de Estados Unidos-, los integrantes del gabinete, incluyendo a Rumsfeld, Wolfowitz -hoy flamante presidente del Banco Mundial-, Richard Armitage, John Ashcroft, John Bolton y Condoleezza Rice, entre otros, estuvieron a la expectativa, en aparente espera, según un documento de 2000 del Project for a new american century (textual), "a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador -como un nuevo Pearl Harbor"- que movilizara al público y les permitiese poner en marcha sus teorías y planes. El 11-9, como se indica en Terror e imperio (México, Arena 2006, pp. 227-228) fue, precisamente, lo que estaban buscando. Pocos días después de los ataques que segaron la vida a más de 3 mil personas, Rice convocó al Consejo de Seguridad Nacional para asegurarse de que el 11-9 fuera explotado políticamente y, según Chalmers Johnson (The sorrows of empire, New York, Metropolitan, 2004), solicitó -palabras exactas: "pensar sobre cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina estadunidense e impactar así en el mundo, a raíz del 11 de septiembre".
Luego Rice agregó: "... realmente pienso que este periodo es similar al comprendido entre 1945 y 1947", refiriéndose a los años cuando el miedo y la paranoia impulsaron a Estados Unidos a su guerra fría con la URSS.

Aunque la recomendación de Rice, entonces consejera de Seguridad Nacional y hoy secretaria de Estado, no deja nada a la imaginación, debo aclarar que las acciones realizadas por la Casa Blanca indican que la intención de "modificar de manera fundamental la doctrina estadunidense" se expresó en metódicas maniobras para neutralizar la norma constitucional y de derecho internacional. La meta del fundamentalismo golpista neoconservador se centró en realizar operaciones, como el espionaje electrónico-telefónico de la Agencia de Seguridad Nacional, sin autorización judicial para vulnerar (ex profeso) la ley de 1978 que estableció la Corte de Vigilancia de Inteligencia Exterior, diseñada para frenar abusos presidenciales, como el espionaje contra opositores realizado por Nixon, o en la abierta violación de la Convención de Ginebra y del hábeas corpus, de las leyes federales y del Código Militar, por medio de tribunales militares secretos, en la prisión de Guantánamo y en la vasta red de campos de detención donde se practica la tortura. Todos ellos son procedimientos encaminados a instaurar un nuevo orden legal y de derecho internacional (un Estado de excepción), que sustituya normas nacionales, como la Ley Federal sobre Crímenes de Guerra, de 1996, que conlleva la pena de muerte para cualquier oficial, civil o militar que la viole, o bien las del derecho penal internacional, como las derivadas de los juicios de Nuremberg. En corto, y siguiendo la tradición sentada por Hitler e ideólogos nacionalsocialistas, entre ellos Carl Schmitt, la meta ha sido instaurar un "Estado de excepción" por medio de "un nuevo paradigma", como acaba de elucidar Jane Mayer desde un bien informado trabajo (The Hidden Power, The New Yorker, July 3, 2006, pp. 44-55), que ahora arroja luz sobre las muy graves implicaciones de la reciente aprobación de la mayoría republicana de la legislación que condona la tortura y los fundamentos del Estado de excepción. Es un golpe al estado de derecho por parte de quienes, a decir de Scout Horton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia, de Nueva York, "... intentan derrocar dos siglos de jurisprudencia que define los límites de la rama ejecutiva".

Mayer indica que ha sido David S. Addington, el jefe del staff y asesor legal del vicepresidente Richard Cheney quien, a decir de fuentes tan notorias como el ex secretario de Estado Colin Powel y Lawrence Wilkerson, su principal consejero, encabezó la campaña por la legalización de la tortura.

Desde sus tiempos como colaborador de Cheney en el Pentágono, Addington mostró gran interés en los procedimientos legales requeridos para la sucesión presidencial en caso de declararse un "estado de emergencia", por ejemplo, si ocurriera un ataque nuclear o biológico. Es significativo, en el contexto del 11-9, señalar que Rumsfeld, Cheney y Addington se inclinan por una presidencia inconstitucional, sin contrapesos judiciales y legislativos, dedicando gran brío e interés en las operaciones encubiertas en ultramar y "dentro" de Estados Unidos.