viernes, 23 de mayo de 2008


Entreguismo y anticonstitucionalidad





John Saxe-Fernández

Jueves 22 de mayo
La Jornada, México.



El diputado panista Jorge Nordhausen increpó a Claudia Sheinbaum en el segundo debate sobre la “reforma energética”, no por su defensa conceptual y técnica de la propuesta alternativa del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que fue impecable, sino por llamar a Calderón “presidente usurpador” en el Senado.
El término “espurio” atiende al fraude de 2006. Pero la percepción de ilegitimidad ante un tercio del electorado no es estática: crece ante la inseguridad ciudadana con todo y la militarización de la campaña contra el narcotráfico, que descompone el equilibrio cívico-militar, mientras poner en marcha simultáneamente una reforma petrolera y abrir el país al intervencionismo policial-militar de EU, por medio de la “Iniciativa Mérida”, es agredir a la nación y encender la mecha del “polvorín social” gestado por 26 años de acumulada agresión a la economía popular, al aparato productivo y al empleo.


Las encuestas muestran que de marzo a mayo de 2008, el capital político de Calderón se colapsó. Un deterioro alentado además por la sensación de que se mal usa la oficina presidencial al dar rienda suelta al entreguismo jurisdiccional y a codicias internas y externas por el petróleo y el gas natural y que, con la complicidad de la cúpula priísta, se vulneran las bases materiales de la soberanía a favor de grandes negocios con empresas como Repsol, Halliburton, Schlumberg, etcétera. Calderón colabora en los esfuerzos de EU por establecer una sombrilla policial-militar-penal sobre México, para otorgar “seguridad” a sus inversionistas, incluyendo la vía del sometimiento jurisdiccional y la utilización de instrumentos de claro corte agresivo y unilateral, agudizando la “descomposición” del sistema político. Así opera el Plan Colombia y también la Iniciativa Mérida. Calderón y Uribe son piezas centrales en la puesta en marcha de una plataforma para un mayor despliegue de programas de adiestramiento, transferencia de tecnología, bases y personal militar en América Latina. Esos son los ejes para apuntalar el dominio sobre los vastos recursos naturales –los combustibles fósiles en primer lugar, pero también los minerales, agua y biodiversidad– de lo que considera “su” hemisferio y “sus” negocios, incluyendo el narcotráfico.


Con la reforma energética se “legalizan” contratos que son una copia de los inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples utilizados en la Cuenca de Burgos, como lo señaló Jaime Cárdenas en el tercer debate y lo documentó Jorge García, exabogado de Pemex, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control, quien además recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar su integridad. (“Contratos a Trasnacionales”, Contralínea, Mayo 2008). La “reforma” de Calderón intenta dar cobertura legal a esas “transas” (pp 22-39) y, más importante, a las que están por venir: los expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y de la SFP dejan en claro que la “reforma” abre las compuertas a lo que sólo puede calificarse de una vasta maniobra de saqueo y latrocinio contra la nación. Por medio de cambios a la ley que regula el artículo 27 se procede contra el espíritu y letra de la Constitución para generalizar el tipo de “estratagemas” que, como apunta Ana Lilia Pérez, “…habrían realizado César Nava y José Néstor García Reza” –ahora abogado general de Pemex– “…para entregar la operación de la cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país–, en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona” (p24). Esa transgresión se ampliaría al país y a toda la industria petrolera.

Los tratos de Santana con Polk –por medio de Alejandro Atocha– palidecen. Como dice Tony Garza, embajador de EU: “El presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”.

domingo, 11 de mayo de 2008

Reforma energética, Pentágono y BM






John Saxe-Fernández



La Jornada, México,

8 de mayo de 2008





El Pentágono y el Banco Mundial (BM) cierran filas con el gobierno de Calderón. Apoyan lo que en realidad es “su” recetario energético y de seguridad para México. Lo consideran un endoso necesario ante el fortalecimiento y ensanche de la resistencia pacífica y de una acción en defensa del petróleo, que desborda a la cúpula del Partido Revolucionario Institucional.
En lo que sólo puede calificarse como un auto elogio –dado el papel del Banco Mundial en el diseño de la “reforma estructural energética”– Pamela Cox, vicepresidenta del organismo para Latinoamérica, expresó que “la aprobación de la reforma energética dará más estabilidad a la economía mexicana, garantizará su crecimiento sostenido y fortalecerá las finanzas públicas…”. Agregó: hoy se construyen, “a través de las reformas estructurales, los aceleradores de la actividad productiva, con lo que… el país garantizará ingresos constantes y ahorros estables” (El Economista, 21-IV-08, p.1).



Estremece que Salinas y Zedillo usaran esos mismos términos sobre las reformas estructurales del BM que siguen arrasando a erario, agro y nación.
El espaldarazo militar se dio con la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, por segunda vez en la historia, para “afinar detalles” de la Iniciativa Mérida, promotora, junto a esquemas militares y policiales en curso, de la “integración profunda” alentada por la ASPAN.
Como la participación de las empresas, el BM y el aparato de seguridad estadunidense en el proceso que lleva a la “reforma” para abrir Petróleos Mexicanos a la inversión privada –nacional y extranjera– es intensa y de larga data, cabe una breve reflexión histórica.


Luego de la primera Guerra Mundial México fue, después de Estados Unidos, el segundo productor mundial de crudo. Desde entonces Washington rechazó con soberbia imperialista lo formulado en la nueva Constitución de 1917 sobre el derecho original de la nación sobre sus recursos naturales –incluido expresamente el petróleo–. Esa impugnación se hizo por medio de la noción de minimun duty (deber mínimo), “…que toda nación debe tener en relación con el trato a empresas extranjeras”, y que incluye “el derecho del gobierno extranjero de proteger” a sus nacionales de “actos como la confiscación de los derechos de propiedad”.


Al amparo de esta amenaza de intervención armada, junto con maniobras de la legislación protectora de los monopolios internacionales –bien reseñadas por Horacio Labastida (“Política petrolera”, RMCPS, año XXXVI, número 141, 1990)–, Standard Oil, Mexican Sinclair Petroleum y Royal Dutch Shell siguieron explotando “las vetas de mayor riqueza hasta 1938”, cuando Cárdenas aprovecha la cambiante correlación de fuerzas nacionales y mundiales y recupera el petróleo para la nación. En ese lapso esas firmas asolaron las áreas petroleras y se enriquecieron sin límite y sin beneficio alguno para el país: “se trata de una dilatada historia de amenazas, intervenciones diplomáticas y argucias de todas clases” (ídem, p. 136).


La presión de Estados Unidos siguió. Después de 1945 el Banco Mundial abogó a favor de permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. Miguel Alemán se doblegó. En los años 60, cuando desde el Wall Street Journal la cúpula petrolera advertía que los éxitos del programa de exploración y perforación de Pemex, dirigida entonces por Jesús Reyes Heroles –padre– eran un “gran peligro” por el ejemplo que sentaban ante el Tercer Mundo, el Banco Mundial y su asesor, Walter Levy, atacaban a Pemex con argumentos rebatidos por aquel director, pero que están en la base de los Country Strategy Papers del BM, usados en los años recientes para fomentar la privatización de facto de Pemex, y que son el fundamento conceptual y operativo de la reforma “calderonista”.


Por ello el despliegue diplo-militar del secretario de Defensa de Bush-Cheney & Company y las loas de Cox: “aplaudo la determinación que han tenido para reformar, porque han asumido la responsabilidad política para garantizar un sistema productivo moderno”. Son auto elogios espurios.