viernes, 19 de diciembre de 2008

Bloques de traición

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 18 de Diciembre de 2008.


No es asunto menor: se trata de ceder a contratistas y empresas espacios terrestres y marítimos bajo jurisdicción mexicana, sitio de una vasta riqueza de hidrocarburos rescatada en 1938 para el pueblo mexicano por Lázaro Cárdenas del Río, con apoyo de su esposa, doña Amalia Solórzano, de quien hoy lamentamos su ausencia. En silencio y sin debate, bajo una mayoría PRI-PAN que apesta a propina trasnacional, con el alcahueteo de legisladores y políticos de oposición y la ingenuidad de algunos de sus consejeros, la Cámara de Diputados rehusó, tajante, prohibir expresamente el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas a contratistas, como lo propuso Andrés Manuel López Obrador.

Tal decisión fue celebrada por el primer círculo de Calderón que desde 2006 dividió el Golfo de México en 239 bloques para, según Fabio Barbosa, de la UNAM, “ser licitados y explotados en lo que llaman alianzas estratégicas con empresas privadas” (Contralínea, diciembre 2008, p.48). Esta proeza antinacional se gesta, según reseña Marcos Chávez, aprobando al vapor que Pemex y los organismos que establezca el Ejecutivo “… podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios contratos y suscribir títulos de crédito… Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”, como el TLCAN. Se añade que, “tratándose de actos jurídicos de carácter internacional (se) podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto” y además se podrán “otorgar…permisos y autorizaciones en materia energética… incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos… se levantará un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras: así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera” (Ibid, p.14 y ss).

Bajo arrastre de empréstitos del Banco Mundial (BM), PRI y PAN impulsaron reformas estructurales como tapadera legal de inconstitucionales operaciones que van dejando a Pemex como un cascarón al trasladar la gestión operativa a privados y grandes firmas tipo Halliburton y Slumberger. Con la reforma petrolera en el bolsillo, cúpula y empresas despliegan a directivos y equipos de abogados para incidir sobre decisiones que eventualmente emanarían de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en torno a la “asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos”. Esa comisión fue propuesta hace años por el BM bajo un esquema “regulador” (dominado por las petroleras), utilizado en Texas. Por lo que, como señala Mario Di Costanzo, las concesiones de áreas en el Golfo de México bien “pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima” (ibidem).

La maniobra contra la nación es magna. Recuerdo que en la privatización petrolera en Brasil el BM creó la Agencia Nacional del Petróleo y, como en el caso de la Texas Railroad Comission, sus órganos fueron penetrados por las empresas petroleras, igual que los diputados de la “reforma”, lisonjeados hace pocos meses por el Comando Norte (CN) de EU en sus instalaciones en la Base Aérea Peterson, en Colorado Springs, donde asistieron a un curso para familiarizarse con el CN y enfatizar, dice el Pentágono, “la asociación fuerte de cooperación con México, que es crítica para ambos países: la seguridad de Norteamérica (sic) y el hemisferio”. El CN se encarga de la “seguridad” de Alaska al Suchiate y el Golfo de México. Ahí opera la Cuarta Flota y se localizan los bloques de la traición.

domingo, 7 de diciembre de 2008

Dólar: colapso y alternativa
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 4 de diciembre de 2008



Cuando se anunció que los países del Alba (Bolivia, Nicaragua, Dominica, Venezuela, Cuba, Honduras) y Ecuador habían acordado establecer equipos técnicos para crear una zona monetaria, empezando por implementar a la brevedad un “sistema de compensación y moneda contable”, la prensa internacional confirmó la preminencia y urgencia de esta propuesta “post Bretton Woods” al informar sobre la intensificación e inusitada ampliación de la crisis sistémica que abate a EU, agravada por la desregulación, especulación sin freno y opacidades del Tesoro, la Casa Blanca y la Reserva Federal en torno al rescate de Wall Street por más de 700 millardos de dólares.

Desde los casinos de la alta finanza se juega con EU y el mundo: ¿por qué rescatan a Bear Stearns y no a Lehman Brothers?, ¿acarrean beneficios colaterales (sobornos), las líneas de crédito ofrecidas por la Fed a México y Brasil por 30 millardos cada una, para socavar en la región alternativas al dólar y al FMI-BID-Banco Mundial? En medio del derrumbe del sistema dólar las maniobras entre amiguetes de centro y periferia procrean desastres mayores con alto impacto, como la caída de Citigroup (NYT, 22/11/08). Citigroup, con recursos estimados en 2 billones de dólares y correveidiles, tipo Robert Rubin en altos puestos avalando transas con Enron, Salinas, Zedillo y Goldman Sachs, es de ingrata memoria en México y ahora también en Wall Street.

Por su clasismo, el rescate o nacionalización de facto de Citigroup contrasta con las reticencias al subsidio de automotrices, General Motors (GM) en particular, por los millones de sindicalistas que se verían inmolados con su liquidación. William Engdahl de New World Order, autor de A Century of War (University of Michigan Press, 2004), dice que el destino de Citigroup está tan entrelazado con otras financieras de EU que las pérdidas en cadena, según el FMI, podrían llegar a 1.5 billones de dólares, mientras la crisis crediticia dificultaría el acceso a líneas de crédito-puente para GM con un impacto multiplicador devastador que lanzaría a la calle a más de 15 millones de trabajadores. A decir de Engdahl, esto significa que “… el rescate de Citigroup y la debacle de GM han confirmado la muerte del sistema dólar”, eje, con el Pentágono, de la Pax Americana por lo que no sorprende al autor que en la reciente cumbre entre la Unión Europea y los países asiáticos, voceros oficiales de China plantearan “desdolarizar” el comercio entre la UE y las naciones de Asia.

De aquí la relevancia del planteo del presidente ecuatoriano Rafael Correa en la cumbre del Alba al abogar por colocar la iniciativa del presidente Chávez de un Sistema Unificado de Compensación Regional (SUCRE), como parte de una arquitectura regional con tres pilares: un banco de desarrollo regional, un fondo de reservas internacionales común para la región “para contar con fondos que respalden en caso de crisis” y “una coordinación monetaria” incluyendo mecanismos de compensación recíproca “y una moneda contable como preámbulo de una moneda física”. Para mitigar impactos mayores urge empatar el Sucre de Alba con la desdolarización en curso en Mercosur y en el comercio entre Brasil y Argentina, y aplicar esa agenda activando “ahora” el Banco del Sur.

Aunados los efectos de largo plazo generados por corruptelas elitistas en Estados Unidos a la enormidad de su crisis hegemónica, en verdad hay riesgos de terremotos todavía mayores: con cálculos realizados por D. B. Papadimitriou y L. R. Wray del Instituto Levy en torno a la dimensión de los desfalcos bancarios acumulados en EU –unos 2 billones de dólares– y sobre la ineficacia de nuevas medidas adoptadas por el Tesoro y la Reserva Federal, Engdahl advierte que “2009 será un año de choques titánicos y de cambios en el orden global en una escala que quizá no se ha experimentado en los últimos cinco siglos. Es por ello que debemos hablar del fin del siglo americano y del sistema dólar”.

domingo, 23 de noviembre de 2008

El interregno
John Saxe-Fernández La Jornada, Jueves 20 de Noviembre del 2008




Mientras el 4 de noviembre se realizaban los comicios en Estados Unidos, el New York Times advirtió al electorado sobre los graves riesgos que entrañan los 77 días que faltan para el comienzo del nuevo gobierno, en manos de Bush, Cheney y compañía. La admonición, vertida en un insólito editorial institucional –“Tan poco tiempo, tanto daño” (p. A/34)– denuncia medidas que, como “bola de demolición”, son lanzadas en lo que resta a ese lamentable régimen que padece el mundo, en particular las familias de más de 1.2 millones de muertos iraquíes, una ocupación y carnicería que Bush desea prolongar tres años más. La camarilla de los grandes monopolios en la Casa Blanca busca ropajes jurídico-temporales para tapar sus crímenes de guerra e intenta cerrar espacios y colocar candados.

La letanía de desgracias que Bush intenta legar a su sucesor mencionadas por el NYT, en modo alguno exhaustiva, incluye cambios en reglas y otras medidas que se agregan a un cúmulo de leyes, violaciones constitucionales y de derecho penal internacional como la Ley Patriota; la abrogación de la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejecutivo el uso de las fuerzas armadas en territorio nacional; la nueva Ley Marcial, que otorga poderes al Ejecutivo, como el uso de la Guardia Nacional sin autorización de gobernadores y legislaturas estatales; la suspensión del habeas corpus, todo ello –y mucho más– gestado bajo el arrastre del 11/9, aprovechado, además, para justificar la agresión y ocupación petromilitar de Irak y Afganistán.

Como en la Alemania nazi, también en Estados Unidos el funcionamiento del orden jurídico, a nivel nacional e internacional, se sustenta en el estado de excepción, confundiendo la excepción con la regla: “todavía no conocemos todas las formas en que el gobierno ha violado los derechos ciudadanos con la excusa de luchar contra el terrorismo”, dice el NYT al revelar que el fiscal Michael Mukasey lanzó nuevas reglas para permitir que agentes de la FBI utilicen temerarias técnicas violatorias de la privacidad para obtener información, “aun si no hay evidencia de fechoría”. Se avala el uso de espías “para infiltrar a grupos legales, dedicarse a la vigilancia física prolongada y mentir acerca de su identidad al realizar interrogatorios a los vecinos, familiares o compañeros de trabajo” de algún inocente “sospechoso”, así como el uso de éstas y otras técnicas de vigilancia en grupos identificados por su raza, etnia o religión.

En giro reciente, Bush se retractó y decidió no cerrar Guantánamo y además insiste en arrebatarle a los venezolanos soberanía y petróleo mediante un golpe contra Chávez, luego de las elecciones regionales que se realizarán en Venezuela el 23 de noviembre. El periodista José Rangel informa de las actividades de oficiales de Estados Unidos para entrenar “a personas de la oposición en tácticas subversivas”. Los operativos en Guantánamo y Venezuela son expresión del tumulto de “desechos innobles” que deja Bush a Obama en las cloacas de la burocracia de seguridad. Otro objetivo suyo: debilitar normas para limpiar aire, agua y proteger especies en riesgo de extinción, todo a favor de monopolios petroleros, mineros, del carbón y químico-farmacéuticos.

En septiembre se tomaron “pasos perturbadores” para restaurar la condonación de impuestos a bancos que incurrieron en grandes pérdidas por otorgar préstamos chatarra. Dice el NYT que JP Morgan Chase y otras firmas “planean usar el rescate para realizar fusiones y compras, transacciones muy beneficiadas por el nuevo subsidio impositivo”. El alcahueteo de los talibanes de las finanzas fue llevado al G-20 bajo el principio bushiano de, como dice Elmar Altvater, “sacar buenos dineros de la mierda chorreante”, un sueño de alquimistas medievales que trataron de convertir “materiales innobles en reluciente oro”.

En el interregno Bush, Paulson y Bernanke se esfuerzan por convertir el colapso económico en un desastre peor que la Gran Depresión.

sábado, 15 de noviembre de 2008

El lastre imperialista
John Saxe-Fernández La Jornada, Jueves 6 de noviembre del 2008


“Quiero comunicarles, es una decisión personal, a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA (Drug Enforcement Administration) estadunidense”. Este anuncio hecho en la localidad de Chimoré en el centro de Bolivia por Evo Morales, el primer presidente indígena de esa nación, ante decenas de cocaleros, jefes militares y policiales es crucial para Latinoamérica y para su frontera norte: México, un país pronto a quedar inmerso en una vorágine entreguista sobre su reserva petrolera y también de intervención policial, militar y de operativos mercenarios impulsados bajo la Iniciativa Mérida de Estados Unidos.
Mientras Morales se sacude del lastre colonial-imperial de Estados Unidos, Calderón impulsa, como nunca antes en la historia, una desleal capitulación de jurisdicción territorial a monopolios extranjeros y contratistas ávidos de explotar nuestra reserva de crudo.
El boliviano aseguró que la DEA alentó acciones opositoras destinadas a atentar contra las vidas del mandatario y de otras autoridades y acciones conspirativas apoyando y financiando a grupos de opositores que entre agosto y septiembre llevaron adelante un frustrado “golpe civil” para destituirlo.
Las evidencias son sólidas. Desde finales de septiembre Jorge Mansilla, embajador boliviano en México, presentó pruebas del operativo orquestado contra Morales desde el Consejo de Seguridad de Bush: entre ellas actos terroristas con cargas de dinamita en un hotel de la Paz; intentos de ingresar al país municiones en un operativo que involucró a intermediarios vinculados al coronel James Campbell, agregado militar de Estados Unidos; el uso de la empresa Casals & Associates, asentada en Santa Cruz de la Sierra, que “transfirió 13.3 millones de dólares a organizaciones opositoras”, registrándose poco después “un atentado dinamitero contra la residencia de médicos cubanos en Santa Cruz”; la transferencia de 120 millones de dólares de la AID y la inefable National Endowment for Democracy a favor de organismos dedicados a la desestabilización por medio de campañas de descrédito contra gobierno y movimiento indígena, paros y bloqueos “cívicos”, tiroteos, allanamientos y llamados para derrocar a Morales.
Al mando de Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos, de larga experiencia en incentivar procesos de balcanización, el operativo además de decenas de muertes y heridos indígenas conllevó el sabotaje del flujo de gas a Brasil y Argentina. Sin dilación Morales lo declaró “persona non grata”.
Hace años que Phillip Agee y John Stockwell, ex miembros de la CIA, ofrecieron un caudal informativo sobre este tipo de criminalidad de Estado, parte de las herramientas de política exterior de Estados Unidos. Los archivos de seguridad nacional abiertos por la Ley de Libertad de Información siguen documentando toda la brutalidad de golpes de Estado, asesinatos, terrorismo y corrupción sin límite que las caracteriza.
En The Big White Lie (NY, Thunder’s Mouth Press 1993) el ex agente Mike Levine demostró la atmósfera de ilegalidad, fraude y desprecio a la opinión pública de la campaña antidroga. Además de FBI-CIA la DEA es instrumento de intervención-corrupción tipo Irán-Contras, con traficantes, criminales, narcos actuando como sus “assets” o fichas.
Cuando Morales anunció la “suspensión indefinida” de la DEA, Radio Francia, en abandono de toda objetividad periodística, acusó al presidente de provocar a Estados Unidos mientras Alain Touraine, con igual impudor, dijo a Carmen Aristegui de CNN, que era Chávez el que pretendía “apoderarse de Bolivia”. ¿Abandonará Estados Unidos su lastre imperialista? La cercanía de Otto Reich a McCain no deja duda sobre sus inclinaciones. ¿Y Obama? Cuando se le preguntó a Dan Restrepo, uno de sus principales asesores, sobre la posición del demócrata ante el narcotráfico y la colaboración con México respondió: “…el senador de Illinois cree que la Iniciativa Mérida es un paso importante, pero sólo un primer paso para arreglar el problema”.

domingo, 26 de octubre de 2008

Monterrey: ¿terrorismo a la carta?
John Saxe-Fernánez, La Jornada, Jueves 23 de octubre del 2008




Instaurada por Bush como eje de la política exterior y doméstica luego del 11-9, la guerra antiterrorista, junto al programa contra narcotráfico y crimen organizado, pueden ser armas de doble filo en especial si encubren operaciones clandestinas para lograr el control territorial, intensificar el intervencionismo político-electoral, económico y policial-militar o instaurar el estado de excepción en periferia y metrópoli. La carnicería genocida por el usufructo del petróleo en Irak, la guerra por rutas geoestratégicas en Afganistán, la Ley Patriota, Guantánamo y la ampliación del Plan Colombia a México con la Iniciativa Mérida, son expresión de una ofensiva imperial preñada de codicias, contradicciones y riesgos externos e internos.
Es el caso de la campaña del senador McCain y aliados dentro y fuera del aparato de seguridad de EU, que, ante el avance de Barack Obama por la grave crisis económica, lanzan un vasto operativo para vincularlo al terrorismo (La Jornada, 19/10/08, p 27). Usando muestras aleatorias en al menos 10 estados muy disputados en la contienda presidencial, cientos de miles de votantes reciben llamadas telefónicas automáticas (robocalls) bajo auspicios republicanos acusando a Obama de mantener lazos con “terroristas domésticos”. Esos mismos asesores aconsejaron la guerra sucia contra AMLO en 2006 y hoy la campaña de McCain sigue las recomendaciones de un consultor republicano, del primer circulo de Bush, que en 2000 actuó contra el mismo McCain. Por su bajeza la senadora republicana Susan Collis de Maine pidió a John McCain suspender las robocalls en su estado. Esa operación sucia y la riesgosa selección vicepresidencial de McCain fueron mencionadas por el también republicano Colin Powell al apoyar a Obama.
Cuando se saturaba al público de EU con esa cruzada en radio, televisión y centenas de miles de robocalls, en México se supo que en la madrugada del 12 de octubre dos desconocidos dispararon en varias ocasiones y lanzaron una granada de mano –que no estalló– contra el edificio del consulado general de EU en Monterrey en lo que para la Casa Blanca parece ser “terrorismo a la carta”. El comunicado oficial indica que “se desconoce el motivo de la agresión” y el secretario de seguridad pública de Nuevo León apuntó que no hubo reporte de amenazas previas y consideró prematuro plantear que el crimen organizado fuese responsable del ataque, ya que habrían “activado el artefacto o disparado con otro tipo de arma”. Pero a sabiendas de que según las encuestas McCain aventaja a Obama en antiterrorismo, y sin evidencia pericial, el vocero de la Casa Blanca se apresuró a destacar el terrorismo en México y subrayó lo imperioso de la Iniciativa Mérida y del auxilio binacional en asuntos de seguridad: parece un intento de carambola en varias bandas con billares que en noviembre pueden salir por la culata.
Recuérdese que en agosto se supo que el Departamento de Estado licitó servicios de vigilancia en México. Se indicó que “con el fin de incrementar sus medidas de seguridad ante la inminente llegada de decenas de asesores al país en las próximas semanas, como parte de la Iniciativa Mérida”, EU ordenó aplicar medidas para “incrementar la protección de su embajada, consulados y complejos residenciales donde habitan sus trabajadores” (Milenio, 3/8/08). Además renovó un contrato con la empresa Intercon, para “…prevenir accesos no autorizados, proteger la vida, mantener el orden, evitar ataques criminales contra empleados, familiares y propiedades y ataques terroristas contra bienes de Estados Unidos”. Se reveló que Intercon podrá hacer uso de “fuerza letal” si las condiciones de riesgo para el personal diplomático “lo ameritan y como último recurso”.
Coda. Lo de Monterrey e Intercon, además de vulnerar soberanía, territorio y ley, es una probadita de la Iniciativa Mérida: más que operativo del narco o del crimen, parece truco de mapaches con tufo de terrorismo a la carta.

sábado, 11 de octubre de 2008



¿Reserva de EU?
John Saxe-Fernánez
La Jornada, Jueves 9 de octubre del 2008



Desde el gobierno de Jefferson (1801-1809) la clase gobernante de Estados Unidos concibe a América Latina y el Caribe como su reserva estratégica. Además de las cañoneras, el recetario oligárquico-imperial incluye “libre” comercio y desregulación financiera y de la inversión extranjera. En 1908, a finales del porfiriato, William J. Bryan planteó que con estas palancas “antes de 20 años Norteamérica se habrá tragado a México”. Quien cinco años después sería secretario de Estado de Woodrow Wilson, anticipó lo que el Foreign Relations Council sostiene: “La absorción de ese país por el nuestro es necesaria e inevitable por razones tanto económicas como políticas… la absorción de México ha comenzado ya en el sentido comercial”.

La apertura porfirista ofreció a Estados Unidos y sus monopolios una “oportunidad admirable” para, según Bryan, “aumentar nuestra riqueza y nuestra importancia como potencia universal”. Esa “imperialización” fue aplacada por la Revolución de 1910 y las estipulaciones de la Constitución de 1917 en materia de recursos naturales y una política externa que defendió la soberanía y la no intervención. Desde 1982 se restauran desregulación y librecambismo a ultranza en medio de creciente corrupción, entreguismo y más autoritarismo policial y militar. Con el TLCAN se renuncia al desarrollo retrocediéndose en los frágiles, pero significativos, logros del desarrollo estabilizador. La “compra-venta de México” se realiza junto a la capitulación que hicieron Salinas y Zedillo de la política exterior y de seguridad. Con Fox y Calderón se combina lo económico-empresarial con lo policial-militar, según dos diseños de la Casa Blanca: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida. La ASPAN comporta una integración profunda (saqueo) de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad), un apartheid laboral y la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional”.

Bush, con apoyo del Banco Mundial y el BID, intenta ampliar y “legar” pactos y transas empresariales y policial-militares de ASPAN a América Latina por medio de un engendro dado a conocer el pasado 24 de septiembre como Caminos hacia la Prosperidad de las Américas, que la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) califica como el “Plan B del ALCA”, es decir, un “refrito” del proyecto imperial enterrado en Mar del Plata en 2005 y apoyado por Vicente Fox, el ex gerente de Coca-Cola que ocupó la presidencia mexicana. Como ASPAN el Plan B contiene: a) “una agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros cubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad”, y b) “una agenda complementaria de carácter militar y policial de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal, etcétera, usando el placebo de la seguridad”. (Documentos y detalles en rmalc@prodigy.net.mx)

Bush lanzó la propuesta desde el Consejo de las Américas/Sociedad Americana, con endosos de presidentes y funcionarios de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Desesperados y decididos a frenar y desactivar coaliciones regionales y de construcción social alternativa como Unasur, Estados Unidos y sus aliados (auténticos unos y bajo coacción o soborno otros) promueven el Plan B, el despliegue de la Cuarta Flota, los Comandos Norte y Sur del Pentágono, con un rosario de bases militares y dos ejes de ocupación territorial, sustentados en terrorismo de Estado y ejércitos mercenarios (outsourcing militar): el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.

La intervención y violencia policial-militar de Estados Unidos y las oligarquías enfrentan creciente resistencia popular mientras Bush deja una debacle humana y estratégica en Irak y Afganistán, y un colapso económico creado por una burbuja especulativa de más de 55 billones (trillions) de dólares que rebasa el mayor rescate bancario de la era moderna.

jueves, 25 de septiembre de 2008

Morelia 15-S: las hipótesis
John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 25 de Septiembre del 2008



El artero ataque contra la población indefensa de Morelia el 15 de septiembre, con lamentable saldo de muertos y heridos, concita un enérgico rechazo y exige analizar el contexto nacional e internacional en que ocurrió. Sebastián Liera (Rebelión, 2008) recuerda que antes del 15-S de Morelia hubo un 2-O en la Plaza de las Tres Culturas, un 28-J en Aguas Blancas, un 22-D en Acteal, un 14-E en Tlanepantla, un 4-M en Atenco y un 1-N en Oaxaca, en medio de una violencia desatada en la que casi 3 mil personas han muerto entre enero y agosto de este año, aterrorizando a la nación con decenas de degollados. En julio murieron 443 personas cifra mayor, según BBC, a las 360 bajas civiles en Irak ese mes y mucho más que las 540 muertes ocurridas en Afganistán en los primeros siete meses de 2008.
En asuntos complejos que vinculan la seguridad nacional e internacional, la política y la economía, no existen respuestas sencillas, centradas en un factor como narcoterrorismo. El S-15 es un escenario complejo, plagado de sorprendentes fallos periciales, estatales y federales. ¿Su mensaje?: “como en las Torres Gemelas y los ataque en Londres y Madrid, se inician en México agresiones indiscriminadas contra la población”. ¿Por qué ahora? ¿Quién o quiénes, de dentro o fuera del país, se benefician? En este espacio sólo es posible un esbozo preliminar de la matriz de hipótesis que se abren ante nosotros, en medio de un torrente de información periodística y documental, y cuando en el país arrancan tres etapas importantes de su vida económico-constitucional y político-electoral: a) la presentación de dictámenes –¿y votación?– legislativos en torno a la propuesta para la privatización de Pemex; b) los procesos electorales 2008-2009 de fuerte gravitación en la ecuación político-comicial de cara a las presidenciales de 2012; y c) el lanzamiento formal, por parte de Bush y Calderón, de la Iniciativa Mérida: junto al Plan Colombia, pieza clave en la guerra antiterrorista de EU, paralela a la apertura energética, para proyectar poder militar y empresarial estadunidense sobre gas, petróleo y otros recursos naturales estratégicos de México y América Latina.
La tendencia de la derecha al lucro político-electoral con estas atrocidades se advierte en la Casa Blanca de Bush, la Moncloa bajo Aznar, y Los Pinos de Calderón. La camarilla de Bush estuvo a la expectativa, en palabras del documento Rebuilding America´s Defenses, “a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador…que movilizara al público” y Condoleezza Rice, a raíz del 11-S, solicitó al Consejo de Seguridad “… pensar cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina de EU”. El 11-S fue usado a la usanza nazi, como “… una máquina para la manufactura del poder”.
El 15-S sirve de apoyo al excesivo presupuesto de seguridad del panista, quien además busca ventajas político-electorales del evento: “se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no se puede atentar contra el Estado”. Si Aznar mintió y atribuyó el terrorismo de 2004 al nacionalismo vasco de ETA –y le fue como en feria–, Calderón, con igual descaro y riesgo, entretejió los atentados con “quienes quieren vernos divididos” vinculando la tragedia con las fisuras y polarizaciones del país, como si fueran la causa del ataque. Pero la agenda petrolera y de seguridad de EU en México es quizá la principal beneficiaria del S-15: inhibe acciones callejeras y “avala” la Iniciativa Mérida.
Coda: en 2002 se reveló un plan clasificado del Pentágono de 100 millones de dólares anuales (Memoria, julio de 2003) para usar Proactive, Preemptive Operations Group y ejecutar “misiones violentas y secretas, con la meta de estimular reacciones… que provoquen ataques contra gente inocente, y así crear otro pretexto… para cualquier acto de defensa de la seguridad nacional”.

domingo, 14 de septiembre de 2008

Infraestructura estratégica

John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 11 de Septiembre de 2008





Son ominosos los indicios de la decisión de las cúpulas del PAN y el PRI y algunos de la “oposición” para entregar el petróleo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y a poderosos consorcios externos y sus voraces socios locales. Lo hacen en momentos de grave crisis económica mundial y nacional, y cuando la riqueza petrolera del país adquiere más peso geoestratégico por la creciente dificultad mundial en la localización de petróleo convencional. La inconstitucional reforma energética, que ahora Washington tramita por medio de Calderón, es un esquema de largo alcance que contempla el desmantelamiento de los fundamentos de la soberanía y de la integridad territorial mexicana.

Generada por la política económica adoptada por quienes se autocalifican de reformistas, la debacle nacional, en sus manifestaciones más lamentables, corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, es usada como excusa para desmontar los cimientos del proyecto histórico de la nación. La política económica vigente por 26 años: un persistente despojo a la economía popular y de clase media y al patrimonio nacional es el problema central para la seguridad nacional mexicana, que se agrava por el uso policial-represivo de las fuerzas armadas, desgastándolas, minando sus bases logísticas y alejándolas de la función de defensa nacional.

Frente a esta situación, la iniciativa del PRI para adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, si bien pretende que “el resguardo de las instalaciones estratégicas sea una función cuyo ejercicio corra a cargo de las autoridades del país”, es indiferente a “que la protección de tales inmuebles sea realizada directamente por el Estado o concesionada a particulares” (La Jornada, 5/11/08, p. 13). El problema es que, si bien se indica que por “instalación estratégica” se incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los caminos y carreteras, los puentes nacionales e internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, y además se puntualiza en la referida ley que los prestadores de servicios deben abstenerse de proporcionarlos “en cualquier instalación considerada estratégica en los términos proyectados en la norma” (ibidem), dichas definiciones pueden cambiar.

El asunto es muy delicado, pues las fuerzas armadas, alejadas de su función de defensa nacional, están comprometidas en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia (tareas propias a cuerpos policiales y de inteligencia), además de que se trata de múltiples instalaciones: sólo en Pemex son varios miles distribuidas a lo largo y ancho del país que necesitan resguardo: como en Colombia, queda así la puerta abierta a firmas (nacionales y extranjeras) tipo Blackwater, SyColeman, DynCorp vinculadas al Pentágono y a la CIA.

El peligro a la integridad territorial del país por la acción de ejércitos mercenarios de Estados Unidos se acrecienta: la Iniciativa Mérida impulsa el contratismo en materia de seguridad mientras el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de Calderón, como advierten Raúl Carrancá, Sergio Cárdenas y Virgilio Caballero, “… reduce y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley y olvida que la Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre estos recursos”.

Si se concede a privados la extracción, almacenaje y distribución de hidrocarburos, entonces los nuevos propietarios de ductos y otra infraestructura contratan a sus propias “firmas de seguridad” (ejércitos mercenarios): es el resguardo de algo que por ley ya no es estratégico, sino suyo y que cubre el territorio nacional.

sábado, 30 de agosto de 2008

El Cáucaso: polvorín geoestratégico

John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 28 de Agosto de 2008



El ataque contra Osetia del Sur ordenado por Mijail Saakashvili, presidente de Georgia, fue atroz: mató a mil 500 civiles, destruyó la capital Tsjinvali, demolió barrios residenciales, la universidad, los hospitales y provocó 100 mil refugiados en la zona. La respuesta rusa no se hizo esperar, por lo que el aliento de la Casa Blanca a esa agresión concita la atención de las cancillerías de Europa y su liderato militar, en especial el francés, inglés y alemán. Ello por las graves amenazas a la paz en una región de fuerte gravitación geoestratégica, las cuales confirman cuán mortal sería aceptar a Georgia en la OTAN. Fue un golpe al equilibrio euroasiático, producto de un complicado cálculo georgiano. Porque, además de una homicida provocación, fue un operativo comicial: al calor de la reacción rusa provocada por Tiflis, John McCain repuntó en las encuestas cuatro puntos sobre Obama.
Según Pat Buchanan, ex consejero de Nixon, Ford y Reagan, el manejo tras bambalinas lo hizo Randy Scheunemann, principal consejero de política exterior de McCain, que cabildea por el ingreso de Georgia a la OTAN. Buchanan revela que Randy recibe jugosos pagos de Saakashvili, quien dice estar en contacto de “hasta dos veces al día” con el candidato republicano. Esa ventaja electoral bajó al empate cuando, al interrogársele en público, McCain no pudo enumerar las muchas casas que posee: desliz electoral que es pecado mortal en tiempos de grave crisis hipotecaria.
Lo que queda es la conflictividad entre Europa y Rusia, instigada por Bush desde Tiflis en un escenario que incluye operativos antirrusos, encabezados por Sarkozy, el penoso sucesor de Blair en estas tareas. Permanece también una estridente campaña de propaganda impregnada de una rusofobia que evoca atmósferas y episodios infames de la guerra fría: Rusia es la agresora y Occidente debe defender a la caperucita georgiana desde una OTAN que, a decir de Robert Gates, jefe del Pentágono, está “en grave riesgo de implosión en Afganistán”.
Desde la caída soviética, la OTAN sufre la ausencia de un enemigo estratégico, cemento de la Alianza. Pero ya la Casa Blanca fabricó una nueva guerra fría por medio de una peligrosa y multifacética instigación estratégica que puede costar cientos de millones de vidas. Por ejemplo, después de oponerse, la opinión pública polaca azuzada por el operativo en Osetia, presentado como agresión rusa contra Georgia, apoya el Sistema Nacional Antibalísitico de Estados Unidos (SNA) en su territorio. El SNA fue acordado por Estados Unidos y Polonia en medio del rugir de los cañones, en las narices de una Rusia que, usando sus recursos humanos y naturales, flexiona su poderío económico, militar y energético como potencia mundial: ya advirtió a Washington que si usa armamento convencional de alta precisión, responderá con armas nucleares tácticas. Es un ascenso que Estados Unidos trata de frenar y, como antaño, incita las precondiciones de guerra general en Eurasia de cara a su atasco militar en Irak. Por lo que, junto al provocador despliegue del SNA, Estados Unidos incita la desactivación geoestratégica de Rusia. Como recuerda Michael T. Klare en su lúcido Blood and Oil (Metropolitan, NY, 2006; hay versión española), se concretó en el endoso de Clinton y luego de Bush, al oleoducto que va desde Bakú, en Azerbayán, a Cyhan en Turquía, atravesando Georgia. ¿Objetivo?: romper “… el actual monopolio ruso sobre el flujo energético del Caspio y facilitar futuros envíos –de crudo– hacia Estados Unidos” (p. 119). ¿Existe una nueva ecuación de poder en esa región? Moscú contesta con ironía diplomilitar (y Kosovo en mente), reconociendo la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, y por los diputados de la Duma, Boris Gryzlov sintetizó: “El Cáucaso siempre ha sido y será la zona de los intereses estratégicos de Rusia”.
El riesgo de guerra es serio: esto ocurre en medio de las aventuras diplomilitares de líderes poco cautelosos en Washington y París. Y el Cáucaso es un polvorín geoestratégico.

jueves, 14 de agosto de 2008



Petróleo: soberanía y territorio

John Saxe-Fernández

La Jornada, Jueves 14 de agosto de 2008

Fue lamentable la ausencia de la geopolítica y de la seguridad nacional e internacional en la agenda del debate senatorial sobre la reforma energética. Ello por el papel crucial del Senado en política exterior; porque México y Pemex son “asuntos de seguridad nacional” para EU y además porque desde finales de 2007 supimos que se contemplaba usar empresas de seguridad (mercenarios) de esa nación para “proteger” la infraestructura de Pemex-CFE. Después, siguiendo el guión de Washington Calderón anunció el Plan México rebautizado Iniciativa Mérida (IM) en intento vano por desvincularlo del Plan Colombia (PC), plagado de masacres y despojos oligárquico-imperiales.
El PC y la IM fueron pactados en 2000 y 2008. Recuperar la experiencia colombiana es de gran valor: PC e IM fueron concebidos en función de intereses monopólicos y geoestratégicos de EU. Su objetivo es reorganizar la matriz territorial y explotar enormes riquezas naturales estratégicas. Son acciones privatizadoras y diplomilitares para conservar a Latinoamérica como reserva estratégica. Más ahora que escasean recursos vitales y EU importa 60 por ciento del crudo que consume. Como dice Ignacio Ramonet en el prólogo de El terrorismo de Estado en Colombia, Caracas 2007, de Hernando Calvo: el entramado oligárquico-imperial impulsa el desalojo de quienes viven “en territorios inmensamente ricos. Sus tierras pasan a manos de terratenientes, jefes paramilitares y poderosos intereses económicos”. Se trata de tierras, gas y petróleo; minería, forestas, biodiversidad y agua.
Según Carlos Lozano, de la Comisión de Notables para el Proceso de Paz, “el PC fue una decisión del gobierno de EU, elevada a política de Estado mediante la aprobación del Congreso. El texto original… fue en inglés… Para que los congresistas (conocieran) su contenido… tuvo que ser traducido”. En EU la aprobación legislativa la logró Clinton, movilizando a Madeleine Albright, secretaria de Estado, y al general Barry MacCaffrey, zar antidrogas y ex jefe del Comando Sur. Sorprendió la ausencia del gobierno colombiano entre quienes discutieron y defendieron el proyecto ante el subcomité de la Cámara baja del Congreso estadunidense. Con MacCafrey comparecieron: el jefe del Comando Sur, dos ex embajadores de EU en Colombia y Lawrence Mariage, vicepresidente de Occidental Petroleum.
El historial del PC muestra que el combate al narco, crimen o terrorismo sirve para encubrir y justificar la proyección y ocupación militar de EU en Colombia y que la IM hace lo propio acá y en Centroamérica. Su andamiaje, como ilustra Calvo ad nauseam, se concreta en “una guerra privatizada con mercenarios legalizados”. Mariage sintetizó la intención así: “El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por mil 574 millones debe ser aprobado cuanto antes…” Solidarios con Mariage: British Petroleum, Caterpillar, Bechtel & Pfizer, US Columbia Business y nueve petroleras de EU, casi todas contratistas de Pemex.
El interés en el petróleo de Colombia, México y Venezuela se percibe claro: Bogotá es el séptimo exportador a EU y el tercero en América Latina después de Venezuela y México. Así lo explicó el almirante James Stavidris, jefe del Comando Sur: “La energía es otro factor involucrado en los vínculos hemisféricos. Tres de las cuatro principales fuentes de energía de EU están en el hemisferio: Canadá, México y Venezuela… y en las próximas dos décadas EU aumentará su consumo de petróleo y gas natural en 31 y 62 por ciento, respectivamente… Debemos asegurar estos recursos energéticos y la infraestructura de apoyo…”
Coda: senadores y diputados de los principales partidos han sido agasajados por la embajada de EU con giras al Comando Norte. Ahí platican sobre estos asuntos con Stavidris o Víctor Renuart Jr., jefe del Comando Norte. Ante esta artillería diplomilitar, ¿por qué no debatir aquí “petróleo, soberanía e integridad territorial”?

jueves, 31 de julio de 2008

Negocios y rendición incondicional








John Saxe-Fernández

Jueves 31 de Julio de 2008



Primero son los jugosos contratos a favor de los socios de fuera y de dentro postergando los intereses de la ciudadanía: independencia, soberanía, desarrollo y paz social. Hoy, como ayer, las cúpulas del PAN y PRI impulsan una involución mayor del proyecto nacional, esperando superar la hazaña que protagonizaron en 1995, cuando Estados Unidos, al calor de la macrocrisis financiera fraguó el rescate conocido como el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana, que, como acotó María Fernanda Campa Uranga, “más que una carta de intención solicitada a un prestamista exigente por un deudor moroso, parece una carta de rendición incondicional al término de una guerra”.
Esta puntualización atiende el hecho de que esa operación, orientada en realidad a salvar a grandes inversionistas estadunidenses, exigió el aval-factura a futuro por exportaciones de crudo que aún se encontraba en el subsuelo, lo que, además de magna irregularidad jurídico-constitucional, transformó la riqueza petrolera mexicana en reserva estratégica de facto de EU. Según expliqué en La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002), el entreguismo fue –y es– de gran alcance: el 29 de abril de 1995 Zedillo logró con los votos del PRI y del PAN modificar la ley que regula el artículo 27 constitucional para proceder con la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, de la transmisión, almacenaje y distribución del gas natural. Ése fue el diktat imperial para desmonopolizar y hacer competitivo a Pemex. Oil and Gas Journal, la conocida revista del ramo, celebró así la proeza antinacional de Zedillo: (la medida) “representa la primera y más importante modificación de la Constitución mexicana en relación con la industria del gas natural y del petróleo efectuada desde su nacionalización en 1938” (número 19, vol. 93, mayo 1995, p. 83.)
Es lo mismo que ahora proponen PRI y Calderón, con arrebato traidor, pero esta vez para todo Pemex. Al igual que ayer poco les preocupa el riesgo de una grave crisis político-constitucional como advierten economistas y juristas de amplio espectro ideológico o el deterioro socioeconómico, jurisdiccional y de seguridad que acarrea el despojo de la renta petrolera. Lo que vale para ellos es coparticipar con extranjeros, en el filón de dejar a Pemex como administradora de contratos, paso previo a su finiquito formal. Por medio de la autonomía de gestión, su director y consejo administrativo pueden manejar a su gusto el portafolios de negocios por lo que es vital una desregulación que abra espacio al ejercicio pleno e impune de la criminalidad de Estado: un sexenio es poco para el pillaje de tan magno botín. Por eso desaparecen los órganos internos de control. Y también los contralores de la Secretaria de la Función Pública, quienes por ley participan en todo acto de Pemex (Fortuna: abril, 2008). Se trata de instaurar una regulación sui géneris que cancele todo intento por hacer público el contenido de los contratos, los juicios por conflicto de interés o el tráfico de influencias.
La prioridad de La Casa Blanca y Los Pinos es dejar los negocios amarrados, comprando o extorsionando el voto legislativo. Constitucionalizar la privatización de facto de Pemex es un regalo de Bush y sus cómplices para Halliburton, Slumberger, y muchas otras firmas, que operarían a su gusto con las empresas filiales estratégicas de Pemex, que, como alertó Mario di Costanzo al comentar la iniciativa priista, gozarían “de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria”, así que no importa si se las define como “propiedad de Pemex”, ya que “no existe impedimento para que se asocien en cualquier actividad de la cadena productiva, exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera, con socios nacionales o extranjeros, y en cualquier porcentaje de participación”.
La meta es privatizar ganancias y socializar costos y riesgos. Hasta que el país estalle, otra vez.

jueves, 17 de julio de 2008

¿Armagedón económico-militar?






John Saxe-Fernández

Jueves 17 de Julio de 2008
La Jornada, México.

La crisis hipotecaria de Estados Unidos se profundiza, se generaliza y contagia la estructura bancaria mundial, descalabra los flujos financieros, acarrea estímulos y una mayor especulación junto a atisbos de pánico monetario para los grandes tenedores de dólares en Europa, Medio Oriente y Asia. Se desestabilizan las bolsas del mundo mientras la contaminación de la crisis bursátil se acelera por la respuesta de los inversionistas europeos y asiáticos ante el torpe rescate ideado por la Casa Blanca de Fannie Mae y Freddie Mac, los dos gigantes del mercado hipotecario estadunidense. Paul Robson, estratega monetario del Royal Bank of Scotland Group de Londres sintetizó la situación así: “La gente piensa que ésta es la próxima oleada –de quiebras–… Los inversionistas huyen de los problemas de los bancos regionales de Estados Unidos” (International Herald Tribune –IHT–, 15/7/08).
El IHT también informa que ayer la Televisión de California mostraba escenas que recuerdan las estampidas de 1929: largas filas de clientes del IndyMac Bancor, incautado por las autoridades el viernes pasado, mientras en Wall Street circulaban listas de otras empresas prestamistas “vulnerables”. Junto al pánico, la sacudida es de orden mayor por la reticencia de los inversionistas ante el rescate de 100 mil millones de dólares (mmdd) propuesto: la cantidad es más que “modesta” si se tiene presente que esos gigantes inmobiliarios poseen la mitad de las garantías hipotecarias estimadas en 5 billones de dólares. Según el Departamento del Tesoro, la deuda de esas entidades asciende a los 800 mmdd en el caso de Fannie y 740 mmdd para Freddie (La Jornada, 15/7/08), cifra que duplica el PNB de México. Agréguese a esto –en medio de un incalificable genocidio– la desestabilidad regional y los costos de la guerra en Irak, de acuerdo con Joseph Stiglitz entre los 3 y 5 billones de dólares.
Por lo que los impactos se sienten desde Tokio y Shangai hasta Londres y Sydney, involucrando a gigantes como Mitsubishi Financial Group, el UBS de Suiza, al Deutche Bank y a HSBC Holdings de Inglaterra. Además, los fundamentales de la economía de Estados Unidos se cimbran, Detroit y el empleo se desploman y en junio los precios de gasolina y alimentos elevaron el índice inflacionario general por encima del ritmo de los últimos 25 años, mientras la desaceleración coquetea con una recesión distinta a la de los años 70 del siglo pasado, por el peak-oil y el colapso ambiental en curso, que acentúa el riesgo de depresión con secuelas sociopolíticas y militares potencialmente devastadoras.
Lo que ilustra, otra vez, que estamos no sólo ante el poder del capital y sus coaliciones de clase –que Jeff Faux llama “el partido de Davos” en Guerra global de clases (México,UACM, 2008), sino también de sus crecientes contradicciones, que se expresan hoy de manera más universal y destructiva que ayer, en contextos de incertidumbre y riesgo balístico y termonuclear.
En medio del ímpetu de esta crisis general se hunde el globalismo pop y la ortodoxia neoliberal. Excepto entre acólitos y tecnócratas, aquello de que el Estado se desvanece y todo debe dejarse a la mano invisible del mercado aparece como otra estafa de Reagan y Thatcher. Algo similar se observó en el periodo librecambista, de la crisis de 1870 al terremoto militar iniciado en 1914. Desde entonces la relación entre mercados desregulados, crisis y guerra ha estado en el núcleo de la indagación de la ciencia social. El caos de 1929 mostró que los mercados, dejados a su dinámica invariablemente colapsan.
Existen fuertes fisuras y tensiones entre los polos de poder, anidadas en el desastre humano y estratégico de la guerra en Irak, los déficit gemelos de Estados Unidos y el desborde especulativo en curso gestado al calor desregulador de los años 80. Esta crisis conlleva peligros terminales y opciones de futuro. Para Latinoamérica la alternativa está en la construcción de una arquitectura político-monetaria, militar y financiera propia.

lunes, 7 de julio de 2008

John Saxe, analista de la UNAM de México:
Crisis alimentaria y petrolera podrían llevar a conflicto armado

JAVIER CÓRDOBA MORALES
redactor

* El experto asegura que la crisis del agro fue provocada por la búsqueda de abrir mercados a los excedentes estadounidenses con ayuda de los organismos financieros internacionales.
John Saxe advirtió que la necesidad de reafirmar la hegemonía de los Estados Unidos podría llevar a una nueva intervención militar en América Latina. (Foto: Katya Alvarado)
La crisis que vive el mundo ante el desenfrenado aumento en el precio del petróleo y los alimentos es culpa de un modelo económico mundial agotado y podría transformarse en un conflicto militar en el mundo sin precedentes. Así analiza la situación actual el investigador John Saxe Fernández, Coordinador del Programa El Mundo en el Siglo XXI, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, México.Saxe, quien dio una conferencia el pasado 24 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, revisó el papel de neoliberalismo y los organismos financieros internacionales como responsables de la crisis que sacude al mundo.Si bien para este sociólogo el capitalismo vive una larga crisis desde la década de 1970, sobre todo con la escalada de precios del petróleo que afectó al mundo en 1973, estima que este momento es más critico aún, pues se está dando una transición con el uso de la energía.El capitalismo basado en la quema de combustibles fósiles no solo se encuentra ahora con la limitante de la cantidad de recursos; sino también en reducida tolerancia que tiene el planeta para soportar este tipo de actividad por más tiempo. "Le decía a los venezolanos; no va a ser posible un "socialismo bolivariano" a base de quema de combustible, no hay suficiente atmósfera que aguante eso; y además ese es un modelo de subordinación. A América Latina se nos define como reserva estratégica; como productores de materia prima; y en el siglo XXI tenemos que superar eso", comentó Saxe. Para el investigador; América Latina ha sido gobernada por mucho tiempo por una clase de dirigentes políticos "que se contentan con apropiación de excedentes"; y por ello ponen los recursos de sus países a disposición de la potencia hegemónica. "Vicente Fox (expresidente de México), el exgerente de la Coca Cola; colocó en Petróleos Mexicanos (PEMEX) al exgerente de la Dupont y éste se dejó decir esta frase: "El reto es como usar este recurso (el petróleo), para garantizar la seguridad energética nacional… de nuestros principales socios comerciales". Eso es "colonialidad" en su expresión más vergonzosa", ejemplificó Saxe. Además de echar mano de sus "aliados locales", el analista afirmó que Estados Unidos se encuentra en un momento de "proyección del poder" en la región por medio de los Comandos Norte y Sur, para retomar su papel hegemónico, luego del gran fracaso que le ha representando la guerra en Irak."Esto ya nos pasó anteriormente, en los años 60 y 70 Estados Unidos cayó Vietnam en un entrampamiento militar y aquello fue tremendo. Después de eso Estados Unidos trata de recomponerse y regresó al hemisferio con una enorme brutalidad. Viene el periodo de baños de sangre en Chile, Brasil, Argentina y posteriormente en Centroamérica.", recordó el académico.A su juicio, el presidente George Bush ha lanzado una política muy agresiva y desestabilizadora para el mundo, al pretender colocar el escudo antimisiles en Europa Oriental; lo cual puede hacer poner en alta tensión las relaciones entre las potencias.Según el experto, lo que hace Bush es desestabilizar la balanza de poder; pues las potencias no se atacan entre sí cuando saben que el rival tiene una capacidad de respuesta aniquiladora; pero este escudo en el perímetro ruso lo que hace es limitar la posibilidad de que los rusos reaccionen a un ataque. Ello podría provocar incluso que sean ellos quienes lancen la primera ofensiva."Es como si Rusia estuviese colocando su sistema antibalístico en el estado de Chiguagua (México); o Canadá en el estado de Alberta. La reacción sería una guerra termo nuclear inmediata. Es una situación casi tan delicada como la de 1962 cuando la Unión Soviética colocó armas en Cuba", explicó Saxe.Para Saxe, el difícil momento económico de los Estados Unidos puede acabar con la aparente paz entre las grandes corporaciones; y las tensiones pueden llevar por cualquier razón a un conflicto armado sin precedentes, como sucedió luego de la "gran depresión" de 1930; a la cual las noticias económicas actuales refieren con cada vez más frecuencia.
NECESIDAD DE EXPANSIÓN
Para Saxe, esta crisis de hegemonía estadounidense es más evidente cuando aparecen los Tratados de Libre Comercio, como un intento contrarrestar un proceso de regionalización como lo es el de la Unión Europea."Ahora lo que se está planteando es una creciente inestabilidad y conflicto entre las empresas, el estallido de hostilidades económicas se evita perentoriamente por medio reformas estructurales en el sector agrario, en el sector industrial, auspiciado desde los Estados Unidos desde brazos de poder Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo", enlistó Saxe.El especialista afirma que en la crisis de los 70, las grandes compañías vieron en el sector público de los países una posibilidad de expandirse; pues permitió canalizar las tensiones económicas y evitar la confrontación directa."El desmantelamiento de las agriculturas ha sido uno de los mecanismos fundamentales del apoderamiento del sector público; para mantener el control en las crisis sin tener una confrontación económica abierta. Todo esto lo hacen en coordinación con los organismos internacionales", indicó.Saxe describió los programas agrícolas aplicados en México desde la entrada en vigencia del TLC de América del Norte (TLCAN); en los cuales las condiciones de crédito del Banco Mundial prohibían la inversión estatal y la protección de los agricultores; para obligarlos a salir de la actividad y poder colocar los grandes excedentes agrícolas estadounideses."Pidieron abolir controles de exportación y abolir restricciones de importación; liberalizar comercio agrícola, retirar subsidio a los fertilizantes, como si fuera igual un productor rural mexicano a productor de Kansas. Es el tiempo en que se cae 80% de la inversión pública. Incluso el Banco Mundial pide que se recorte personal de la Secretaría de Agricultura Mexicana", describió el profesor.Saxe describió un informe presentado por asesores de la embajada estadounidense en México, y que fue divulgado por la prensa, donde los mismos funcionarios reconocen el desastre que ha significado el TLCAN para el agro mexicano, al hablar sobre un programa de "estímulo a la producción"."El Procampo nace como un instrumento creado a la luz del TLC para aplacar el dolor del campesinado hacia la transición de un mercado abierto. La transformación económica del campo hacia el sector privado ha tenido consecuencias abruptas y catastróficas para la población rural mexicana, que pocas posibilidades tiene de modernizarse para competir en el marco del tratado comercial", citó Saxe."Estados unidos será el mayor beneficiario de esta política, pues el cambio en los cultivos en el campo mexicano favorecerá una mayor importación de maíz y de fríjol. ¿Que era lo que hacia el Banco Mundial?, pues abrir el mercado mexicano a costa de los productores rurales", señaló.
ESQUEMA PELIGROSO
John Saxe, advirtió que Estados Unidos ha activado sus Comandos Norte y Sur, para intervenir nuevamente en América Latina bajo la sombrilla de la seguridad, como ya lo ha hecho con el Plan Colombia.Saxe manifestó que el "Plan México", conocido ahora como la "Iniciativa Mérida", está bajo la dirección del Comando Norte, tiene una fuerte dotación de dinero para contratar verdaderos ejércitos con el pretexto de la lucha contra las drogas y el crimen organizado."Van a contratar mercenarios, escuadrones de la muerte, como la firma Black Water, que tiene más de 100.000 hombres; y los han puesto a masacrar gente en Colombia e Irak. Usan el pretexto del crimen común para deshacerse de todo el que se les oponga", indicó Saxe.
"Es una crisis de malas decisiones"
¿Es esta una crisis coyuntural o es una situación provocada?
-Primero es una crisis agrícola más que alimentaria, y es una crisis de malas decisiones generada por programas que no contemplaron esta coyuntura, como el programa de desmantelamiento del agro en México por parte del Banco Mundial. Ese fue el gran desmantelamiento de la producción de granos del país y en la región.
¿Qué medidas se han tomado en el caso mexicano?
-En el actual contexto el gobierno en lugar de recuperar los niveles de inversión pública en el campo, plantea dedicar la mayor cantidad de recursos a la importación; con lo que solo profundizan los subsidios que reciben los estadounidenses. Se está haciendo todo lo contrario que tenía que hacerse. El costo de recomponer el agro ahora es altísimo, pues desde los años 80 los estadounidenses buscan la forma de colocar sus excedentes.
¿Qué importancia tiene la competencia de Estados Unidos con China en este momento?
-Hay una relación de simbiosis, en el caso de China se está montando su estrategia sobre una dinámica interna cada vez mayor; pero el alza de los combustibles va a impactar el costo de los productos baratos y los chinos van hacia la regionalización, desde el punto de vista del abastecimiento de recursos, lo que provoca a los estadounidenses en un problema serio. Los chinos han comprado más de un billón de dólares en bonos del tesoro estadounidense, lo que muestra que estamos entrando a un periodo histórico en que el papel hegemónico de Estados Unidos es más pequeño.





viernes, 4 de julio de 2008

Calderón: ficha de EU











John Saxe-Fernández

Jueves 3 de julio de 2008

La Jornada, México.

El endoso de Calderón a la integración militar bajo auspicio de EU por medio del Comando Norte (CN), la ASPAN, la Iniciativa Mérida y el Proyecto Mesoamérica, arriesga la integridad territorial mexicana y le adjudica a la oficina presidencial el patético papel de “ficha” (asset) de EU en el tablero estratégico de las Américas; una capitulación de soberanía y de liderazgo latinoamericano que comparte con Álvaro Uribe, su homólogo colombiano.


Cabe recordar que la Iniciativa Mérida, gemela del Plan Colombia, es un inductor presupuestal que integra a México al CN mediante negocios: asesorías, equipo, entrenamiento, intercambio de información y movilización conjunta de tropas bajo los bastidores de empresas contratistas tipo Blackwater y DynCorp, brazos clandestinos del Pentágono al mando de ex oficiales militares y de inteligencia estadunidenses, como ya se advirtió desde estas páginas.

La construcción imperial de coaliciones de corte militar-empresarial, usando el CN y la ASPAN, se encamina, por conducto de la Iniciativa Mérida, a desvanecer la función de “defensa nacional” en las fuerzas armadas mexicanas, para sustituirla por tareas de “seguridad interna” o de corte netamente policial.

Estas instancias castrenses también se coordinan con el Comando Sur que opera del Suchiate a la Patagonia y tienen entre sus objetivos: a) el posicionamiento territorial para el control de la población y los recursos naturales de América Latina con despliegues de bases, operativos navales, aéreos y terrestres; y b) la utilización de la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia como arietes para una ofensiva oligárquico-imperial encaminada a generar sinergias entre ambos comandos que refuerzan su dominio de América Central y el Caribe desplegando operaciones abiertas y encubiertas para socavar, por la vía de la desestabilización socioeconómica y militar, el proceso de formación de coaliciones sudamericanas en curso.

La mencionada sinergia se explicitó en el comunicado del Proyecto Mesoamericano cuando los nueve mandatarios participantes “… reiteraron su disposición a estrechar la cooperación entre sus países y con EU en el marco de la Iniciativa Mérida” (BBC-Mundo, 29/6/08).
Esos operativos se intensificaron después que Brasilia informó a la secretaria Rice de su apoyo para la formación de una estructura sudamericana de defensa que excluye a la potencia norteña.
Al poco tiempo se registraron los violentos ataques contra territorio ecuatoriano desde Colombia, haciéndose visible la acción oculta de EU actuando a través de su “ficha” colombiana.
Así se puso en práctica la doctrina de la guerra preventiva, de las “fronteras flexibles” y de lo que el Pentágono concibe como el derecho de intervenir militarmente en “espacios de precaria gobernabilidad” –dotados sin excepción de abundantes y estratégicos recursos naturales–, todo en abierto desacato del derecho internacional y de acuerdos multilaterales suscritos por EU con América Latina.

El regreso de la “diplomacia de las cañoneras” con la puesta en operación el martes pasado de la cuarta Flota –establecida durante la Segunda Guerra Mundial contra ataques submarinos alemanes y desactivada desde 1950– lo anunció el Pentágono con una gira por la región del almirante Jim Savridis, a cargo del Comando Sur, exactamente una semana antes del cónclave fundacionaaal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizado en Brasilia, el 23 de mayo pasado, cuyo fundamento es la defensa conjunta de la inviolabilidad territorial de los firmantes, en contraste con las doctrinas y programas castrenses hilvanados con diseños de desincorporación territorial del Banco Mundial-BID y ONG “ambientalistas”, para una refuncionalización estadunidense del espacio nacional, como ocurrió con los ferrocarriles de México y que la iniciativa energética de Calderón llevaría a los vastos complejos económico-territoriales, involucrados en la operación diaria de. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

martes, 1 de julio de 2008



Entrega: salto “cuántico”







John Saxe-Fernández


La Jornada, México
19 de junio de 2008.




Al tiempo que se preparaban los detalles de la “reforma estructural” para dar cobertura legal a la privatización, extranjerización y eventual desintegración de Pemex, en curso desde los años 90, EU también elaboró un programa que permite asegurar militarmente tan magno despojo a favor de sus empresas. Se trata de un despliegue militar hacia todo el territorio mexicano disfrazado con ejércitos mercenarios que operan como contratistas privados y que son brazos clandestinos del Pentágono y la CIA. Esas firmas, entre las que resaltan Blackwater y DynCorp, están bajo mando de ex oficiales militares y de inteligencia de EU. La primera perpetra frecuentes masacres y brutales violaciones a los derechos humanos de la población iraquí, y la segunda, desde Colombia, disemina plaguicidas que se extienden a varias provincias ecuatorianas afectando de manera grave la salud humana y el medio ambiente. Su inclusión en el paquete de seguridad que discutía el embajador Garza con Calderón desde mayo de 2007 se posicionó en el Congreso estadunidense como el aspecto más delicado de lo que entonces se denominó Plan México. Según John Ariscano (“Los siniestros contratistas…”, Clarinet, de Chile), Blackwater cuenta con 100 mil hombres. Esas empresas, “además de inmunidad diplomática, tienen a disposición helicópteros, carros blindados y vehículos Hummer dotados de ametralladoras y han actuado –caso de DynCorp– al servicio de narcomafias y terroristas aliados a Washington”, por lo que cabe preguntar cómo incidirán ¿o inciden ya? en la ola de violencia que asuela a la nación. Es tema vedado al público. Existen antecedentes: ya se usaron mercenarios políticos de la derecha española y de Washington, tipo Dick Morris y Rob Allyn, en la creación y manejo electoral de las provocaciones de 2006, y después de Montebello Calderón planteó otorgar la protección de las instalaciones de Pemex-CFE a SyColeman.

A fines de 2007 se supo que se realizaban conversaciones sobre asuntos de seguridad entre Garza y Calderón. El embajador dijo que Calderón le ofrecía una “ventana de oportunidad” y que colaboraba en la materia “más que cualquier otro presidente”. Colocar en riesgo la soberanía y superar en entreguismo a Santa Anna, Salinas, Zedillo y Fox es una hazaña difícil de superar, pero así lo confirmó un alto funcionario del gobierno de Bush, que pidió el anonimato, al calificar el Plan México endosado por Los Pinos como “… un salto cuántico hacia delante (quantum leap forward), en parte porque México está dispuesto a arriesgarse en la construcción de una nueva relación” (citado por Alfredo Corchado “1.4 billion US Mexico Anti-drug program to entail use of private contractors”, Dallas Morning News, 19/10/07).

El “salto cuántico” se centra en el hecho de que, como expresó el general Roberto Badillo Martínez, “… ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de EU) ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Por eso el hermetismo y manejo publicitario: al Plan México luego se le llamó Iniciativa Mérida para suavizar la asociación con el Plan Colombia, otro esquema de negocios bélico-industriales y de ocupación territorial también elaborado bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y en el que es central el papel de los contratistas privados en el teatro de operaciones y en la oferta de adiestramiento y equipo.

En las legislaturas se soslaya el uso de contratistas privados en la Iniciativa Mérida, quizá por el rechazo del público mexicano al menor asomo de ocupación militar del país. Corchado indica que Silvestre Reyes, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Diputados estadunidense, mostró preocupación por el posible uso de contratistas privados del país vecino en México: “es una de las áreas más sensibles en las negociaciones entre los dos gobiernos… los oficiales mexicanos están preocupados al respecto y nosotros también por el uso que se hace de los contratistas en Irak”.

viernes, 13 de junio de 2008

Saxe-Fernández: sin precedente, el afán entreguista del patrimonio de la nación









■ En contraste, cita casos de Bolivia y Venezuela, que renacionalizaron el sector energético
■ El investigador universitario formula una severa crítica al proyecto privatizador de Calderón










Blanche Petrich






El investigador John Saxe-Fernández señaló a Bolivia y Venezuela como ejemplo de dos naciones “posmonroeístas” que, con sus respectivas estrategias de nacionalización de hidrocarburos, han puesto sus recursos naturales al servicio del interés nacional.
En sentido contrario, señaló, marcha en México el proyecto energético calderonista, que pone al servicio del interés imperial no sólo el petróleo, sino a todo México.
Fue durante su exposición en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde se realizó una conferencia sobre energéticos en el contexto del Festival hacia la Construcción de la Patria Grande, en el cual también participaron el embajador de Bolivia, Jorge Mansilla, y el agregado comercial de Venezuela, Juan Carlos Arocha.



El primero había trazado la dimensión histórica del caso boliviano y el saqueo histórico de riquezas naturales que sufrió su país, hoy el más pobre del continente, después de Haití: desde la montaña de plata del Potosí –vaciada por los colonizadores españoles–, el oro robado por los gambusinos brasileños, el cobre y el guano arrebatados por Chile junto con sus costas, y el estaño que Estados Unidos saqueó durante la primera mitad del siglo XX –metal indispensable para las municiones y los aviones que hicieron las dos grandes guerras de la centuria–, hasta el gas que la española Repsol explotaba dejando en el país solo un dólar por cada diez de ganancia durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada.



De ahí el famoso aforismo de Coco Manto, como algunos llaman afectuosamente a Jorge Mansilla: “El gas es un compuesto de etano, metano y butano que nos quieren quitar zutano, mengano y perengano”.
De ahí también que, con la victoria electoral del indio aymara Evo Morales, en 2005, esta historia de cinco siglos diera un vuelco. “Nos empezó a cambiar la suerte –dijo Mansilla– y ahora Brasil y Argentina dejan al año 2 mil 900 millones de dólares anuales en el país”.
Pero Bolivia, añadió el embajador, es “mucho más que gas”. El país andino cuenta con uno de los yacimientos de hierro no explotados más grandes el continente, con grandes recursos acuíferos subterráneos y con una enorme veta virgen de urexita, material necesario para la computación y la telefonía celular. “La pregunta es –concluyó el diplomático–: todos estas riquezas naturales, ¿para qué, para dónde, para quién?”



En su turno, el encargado de negocios de Venezuela recordó que su país, junto con México y Colombia, son claves para la estrategia estadunidense que prevé, para satisfacer las necesidades de su reserva estratégica energética, importar dentro de 20 años dos de cada tres barriles de petróleo producidos en el mundo.
Pero Venezuela hace ruido en este plan. “Antes de Hugo Chávez, Venezuela vivió su historia de espaldas al Caribe y al Amazonas, mirando sólo hacia el norte. El primer cambio bajo el chavismo fue conectar con la petroamérica y proponer políticas de integración con esas regiones introduciendo relaciones de intercambio distintas a las que dominan en el trato con las empresas trasancionales y con el Norte. Esta integración distinta propone el fortalecimiento regional para mejorar las condiciones de negociación frente a los países industrializados y las corporaciones, y pone énfasis en la lucha contra la exclusión y la pobreza, mientras el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovida por Washington, propicia el predominio del comercio como motor de todas las relaciones y abate fronteras para un sistema de supuesto libre comercio que en realidad conduce al monopolio”.



A estas dos visiones –la boliviana y la venezolana– Saxe-Fernández, doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México llamó “posmonroeísmo”, ya que en ambas naciones se han hecho a un lado las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para revertir los efectos de las nacionalizaciones petroleras en los países productores.
México, en cambio –afirmó–, sigue la hoja de ruta que se trazó en 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo accedió, más como una rendición al término de una guerra que como un convenio entre dos naciones soberanas, a las condiciones que impuso Estados Unidos a cambio del rescate bancario que le concedió Bill Clinton para –gradualmente– desmantelar el control del Estado mexicano sobre Pemex.



Saxe-Fernández, quien por décadas ha estudiado e investigado temas de seguridad energética, insistió –como lo ha hecho en otros foros– en subrayar la “gran dimensión histórica” que entraña la propuesta del gobierno de Felipe Calderón para el petróleo mexicano, “una entrega del patrimonio nacional sin precedente”.

viernes, 6 de junio de 2008


Hoja de ruta






John Saxe-Fernández

La Jornada, México, 5 de junio de 2008.


La hoja de ruta de EU para Pemex fue adoptada como propia por Los Pinos desde 1982. Usar al Banco Mundial (BM) para revertir la nacionalización petrolera se acentuó con el rescate que pactó Zedillo con Clinton en 1995. Con Fox y Calderón, así lo muestra Israel Rodríguez (La Jornada, 1/6/08), el proceso sobrepasó todo límite imaginable. La desnacionalización del proceso de toma de decisiones requerida para desmantelar Pemex se funda en el manejo discrecional de las condiciones atadas a los préstamos para incidir en la dinámica interna, sea en ferrocarriles, bancos, comercio exterior, infraestructura, agricultura o energía. La codicia empresarial, doméstica y externa, así como la creciente dependencia de EU al crudo importado, impulsaron al BM a colocar la reserva petrolera y el portafolio de negocios de Pemex como objetivos prioritarios.







Para lograrlo sugiere: 1) permitir contratos de riesgos para exploración y desarrollo, 2) abrir a la inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir Pemex en empresas separadas y en competencia, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y 5) privatizar Pemex.
En sus Mexico Strategy Papers, de 1995, el BM dice que Pemex debe “… otorgar contratos competitivos para exploración y desarrollo de cada campo petrolero para que en los más grandes se puedan extraer mayores rentas, ya que en éstos la extracción es más barata”. Luego que Salinas, country manager del BM, quebró la integración vertical de Pemex en cuatro organismos descentralizados con un ente coordinador, el BM plantea la atomización: “… cada empresa subsidiaria en existencia sería dividida en, quizá, cuatro empresas independientes… cuatro de exploración-producción –cada una tan grande como una empresa privada– y cuatro empresas de refinación y mercadeo. El corporativo Pemex cesaría de existir”. Como en Brasil, el BM propone una institucionalidad similar a la de EU: México debe integrar una “Agencia Federal de Hidrocarburos separada de Pemex, encargada de las áreas de exploración y producción que negociaría y firmaría los contratos… Entes similares existen en EU, como la Texas Railroad Comission” (TRC). Sometida a intereses petroleros, la TRC se encarga no de trenes, sino de regular el mercado del crudo.





El vital elemento geoestratégico y de seguridad, excluido de la discusión pública del TLCAN y ausente en la agenda del debate sobre la reforma calderonista (por fortuna lo abordó Jorge Eduardo Navarrete la semana pasada), fue propuesto por Blyth Eastman & Dillon (BE&D) en 1979 como eje empresarial para la “integración energética de la América del Norte”, establecida, según esa firma asesora de Wall Street, bajo la premisa de borrar “las diferencias nacionales entre Canadá, EU y México” para satisfacer las “necesidades de energía de los tres países”. Se dejó de lado que EU agotó su reserva de crudo convencional a inicios de los 70 y era (y es) el principal consumidor y derrochador de petróleo del planeta, mientras sus dos “socios” son autosuficientes. BE&D propuso “una especie de mercado común que integre los vastos recursos energéticos de América del Norte”.





El petróleo es motivo de fondo del TLCAN que Bush saca a la luz en 2005 con la ASPAN y su Consejo para la Competitividad de la América del Norte, que incluye grandes empresas y cabildos, el Consejo Coordinador Empresarial entre ellos. Mientras un sigiloso Fox, iluminado por Enron y el BM, abría Pemex a decenas de zorros tipo Halliburton, EU agregó el paraguas militar (Comando Norte). Y Calderón, enlazado con la rapiña doméstica, busca constitucionalizar la red de negocios con la ayuda de gobernadores panistas y priístas que esbozan una feudalización de Pemex, al modo de la oligarquía boliviana en Santa Cruz, para lucrar con la balcanización de México.
Esta es la hoja de ruta de las reformas de Calderón. Por eso el BM y Tony Garza, embajador de EU y ex integrante de la TRC, apoyan, entusiastas, la reforma.

viernes, 23 de mayo de 2008


Entreguismo y anticonstitucionalidad





John Saxe-Fernández

Jueves 22 de mayo
La Jornada, México.



El diputado panista Jorge Nordhausen increpó a Claudia Sheinbaum en el segundo debate sobre la “reforma energética”, no por su defensa conceptual y técnica de la propuesta alternativa del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que fue impecable, sino por llamar a Calderón “presidente usurpador” en el Senado.
El término “espurio” atiende al fraude de 2006. Pero la percepción de ilegitimidad ante un tercio del electorado no es estática: crece ante la inseguridad ciudadana con todo y la militarización de la campaña contra el narcotráfico, que descompone el equilibrio cívico-militar, mientras poner en marcha simultáneamente una reforma petrolera y abrir el país al intervencionismo policial-militar de EU, por medio de la “Iniciativa Mérida”, es agredir a la nación y encender la mecha del “polvorín social” gestado por 26 años de acumulada agresión a la economía popular, al aparato productivo y al empleo.


Las encuestas muestran que de marzo a mayo de 2008, el capital político de Calderón se colapsó. Un deterioro alentado además por la sensación de que se mal usa la oficina presidencial al dar rienda suelta al entreguismo jurisdiccional y a codicias internas y externas por el petróleo y el gas natural y que, con la complicidad de la cúpula priísta, se vulneran las bases materiales de la soberanía a favor de grandes negocios con empresas como Repsol, Halliburton, Schlumberg, etcétera. Calderón colabora en los esfuerzos de EU por establecer una sombrilla policial-militar-penal sobre México, para otorgar “seguridad” a sus inversionistas, incluyendo la vía del sometimiento jurisdiccional y la utilización de instrumentos de claro corte agresivo y unilateral, agudizando la “descomposición” del sistema político. Así opera el Plan Colombia y también la Iniciativa Mérida. Calderón y Uribe son piezas centrales en la puesta en marcha de una plataforma para un mayor despliegue de programas de adiestramiento, transferencia de tecnología, bases y personal militar en América Latina. Esos son los ejes para apuntalar el dominio sobre los vastos recursos naturales –los combustibles fósiles en primer lugar, pero también los minerales, agua y biodiversidad– de lo que considera “su” hemisferio y “sus” negocios, incluyendo el narcotráfico.


Con la reforma energética se “legalizan” contratos que son una copia de los inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples utilizados en la Cuenca de Burgos, como lo señaló Jaime Cárdenas en el tercer debate y lo documentó Jorge García, exabogado de Pemex, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control, quien además recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar su integridad. (“Contratos a Trasnacionales”, Contralínea, Mayo 2008). La “reforma” de Calderón intenta dar cobertura legal a esas “transas” (pp 22-39) y, más importante, a las que están por venir: los expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y de la SFP dejan en claro que la “reforma” abre las compuertas a lo que sólo puede calificarse de una vasta maniobra de saqueo y latrocinio contra la nación. Por medio de cambios a la ley que regula el artículo 27 se procede contra el espíritu y letra de la Constitución para generalizar el tipo de “estratagemas” que, como apunta Ana Lilia Pérez, “…habrían realizado César Nava y José Néstor García Reza” –ahora abogado general de Pemex– “…para entregar la operación de la cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país–, en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona” (p24). Esa transgresión se ampliaría al país y a toda la industria petrolera.

Los tratos de Santana con Polk –por medio de Alejandro Atocha– palidecen. Como dice Tony Garza, embajador de EU: “El presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”.

domingo, 11 de mayo de 2008

Reforma energética, Pentágono y BM






John Saxe-Fernández



La Jornada, México,

8 de mayo de 2008





El Pentágono y el Banco Mundial (BM) cierran filas con el gobierno de Calderón. Apoyan lo que en realidad es “su” recetario energético y de seguridad para México. Lo consideran un endoso necesario ante el fortalecimiento y ensanche de la resistencia pacífica y de una acción en defensa del petróleo, que desborda a la cúpula del Partido Revolucionario Institucional.
En lo que sólo puede calificarse como un auto elogio –dado el papel del Banco Mundial en el diseño de la “reforma estructural energética”– Pamela Cox, vicepresidenta del organismo para Latinoamérica, expresó que “la aprobación de la reforma energética dará más estabilidad a la economía mexicana, garantizará su crecimiento sostenido y fortalecerá las finanzas públicas…”. Agregó: hoy se construyen, “a través de las reformas estructurales, los aceleradores de la actividad productiva, con lo que… el país garantizará ingresos constantes y ahorros estables” (El Economista, 21-IV-08, p.1).



Estremece que Salinas y Zedillo usaran esos mismos términos sobre las reformas estructurales del BM que siguen arrasando a erario, agro y nación.
El espaldarazo militar se dio con la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, por segunda vez en la historia, para “afinar detalles” de la Iniciativa Mérida, promotora, junto a esquemas militares y policiales en curso, de la “integración profunda” alentada por la ASPAN.
Como la participación de las empresas, el BM y el aparato de seguridad estadunidense en el proceso que lleva a la “reforma” para abrir Petróleos Mexicanos a la inversión privada –nacional y extranjera– es intensa y de larga data, cabe una breve reflexión histórica.


Luego de la primera Guerra Mundial México fue, después de Estados Unidos, el segundo productor mundial de crudo. Desde entonces Washington rechazó con soberbia imperialista lo formulado en la nueva Constitución de 1917 sobre el derecho original de la nación sobre sus recursos naturales –incluido expresamente el petróleo–. Esa impugnación se hizo por medio de la noción de minimun duty (deber mínimo), “…que toda nación debe tener en relación con el trato a empresas extranjeras”, y que incluye “el derecho del gobierno extranjero de proteger” a sus nacionales de “actos como la confiscación de los derechos de propiedad”.


Al amparo de esta amenaza de intervención armada, junto con maniobras de la legislación protectora de los monopolios internacionales –bien reseñadas por Horacio Labastida (“Política petrolera”, RMCPS, año XXXVI, número 141, 1990)–, Standard Oil, Mexican Sinclair Petroleum y Royal Dutch Shell siguieron explotando “las vetas de mayor riqueza hasta 1938”, cuando Cárdenas aprovecha la cambiante correlación de fuerzas nacionales y mundiales y recupera el petróleo para la nación. En ese lapso esas firmas asolaron las áreas petroleras y se enriquecieron sin límite y sin beneficio alguno para el país: “se trata de una dilatada historia de amenazas, intervenciones diplomáticas y argucias de todas clases” (ídem, p. 136).


La presión de Estados Unidos siguió. Después de 1945 el Banco Mundial abogó a favor de permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. Miguel Alemán se doblegó. En los años 60, cuando desde el Wall Street Journal la cúpula petrolera advertía que los éxitos del programa de exploración y perforación de Pemex, dirigida entonces por Jesús Reyes Heroles –padre– eran un “gran peligro” por el ejemplo que sentaban ante el Tercer Mundo, el Banco Mundial y su asesor, Walter Levy, atacaban a Pemex con argumentos rebatidos por aquel director, pero que están en la base de los Country Strategy Papers del BM, usados en los años recientes para fomentar la privatización de facto de Pemex, y que son el fundamento conceptual y operativo de la reforma “calderonista”.


Por ello el despliegue diplo-militar del secretario de Defensa de Bush-Cheney & Company y las loas de Cox: “aplaudo la determinación que han tenido para reformar, porque han asumido la responsabilidad política para garantizar un sistema productivo moderno”. Son auto elogios espurios.