viernes, 28 de febrero de 2020

T-MEC: riqueza pública a privados
 
La 4T no transcurre en un vacío ético y mucho menos en ausencia de memoria histórica sobre la geopolítica y la geoeconomía de la imperialización de EU sobre las naciones de América del Norte. Además, es en el contexto de la dinámica global de clase en el centro y en la periferia capitalista, un proceso que ocurre en medio de un acelerado deterioro climático y de biodiversidad, totalmente ausente en el T-MEC trumpiano, en que resulta necesaria la auscultación crítica de los mecanismos financieros de extracción de riqueza de lo público a los privados de dentro y fuera de México, cuya lamentable formalización en el T-MEC, hace que amerite su derogación, como bien perciben líderes de EU en la avanzada electoral 2020.
Se trata de un fenómeno de larga data inscrito en una cambiante constelación histórica: una transición hegemónica compleja por tratarse no solo de fenómenos multipolarizantes y multidimensionales sino también existenciales, por el orden de probabilidad de guerra nuclear, como por el deterioro climático vinculado a los gases de efecto invernadero (GEI): el dióxido de carbono y el metano, entre otros. Ver el Doomsday Clock del Boletín de los Científicos Atómicos (https://thebulletin.org/doomsday-clock/) No sorprende que en el T-MEC no haya nada sobre el clima. La presidencia imperial de EU niega el cambio climático a pesar de que es la nación con mayor acumulación de GEI en la atmósfera desde el siglo XVIII. A tal falla hay que agregar los deplorables mandatos contra intereses vitales a la independencia y soberanía nacional. Su negociación fue un acopio de capitulaciones. Los gobiernos no consultaron a todas las partes. En el cuarto de al lado del peñanietismo sólo empresarios. Nada de sindicatos, gobiernos locales, campesinos, agricultores o miembros de la sociedad civil.
A esas ausencias se agrega una amnesia histórica acompañada de notable desinterés por la territorialización en curso de la inversión extranjera directa, con leyes abundantes en favor de los grandes consorcios y en detrimento de la población más vulnerable. Peor aún, analistas críticos del TLCAN y el T-MEC simplemente no tomaron en cuenta acontecimientos históricos fundamentales que nos ayudan a darle su justo peso a la larga historia vinculada a grandes episodios de masacres y saqueo que conllevó la imperialización de las naciones indígenas de la América del Norte, o la sombra de guerras como la desatada por EU contra México o los contratos para disimular el expansionismo vía abundantes adquisiciones territoriales.
Desde esas compras o guerras irregulares tipo “guerra al narco”, se percibe la hermandad entre el Tratado de Guadalupe de 1848 con el TLCAN y años después con el T-MEC. En momentos en que el Congreso de EU discutía el TLCAN (noviembre de 1993) el vicepresidente Al Gore en debate presidencial con Ross Perot desde la CNN reclamó a éste su oposición el tratado, comparando al Nafta (TLCAN), con la Compra de Luisiana (1803) y la de Alaska (1867) dejando claro el vínculo de esos instrumentos con el expansionismo territorial de EU.
En esta dimensión el T-MEC es peor, aunque ambos tratados están en línea de la Mexico Purchase. Así lo escribo porque en el T-MEC la Casa Blanca impuso tres regímenes distintos en materia de arbitraje inversor/Estado, tratándose de una bilateralidad entre tres, que acentúa las asimetrías frente a México y Canadá aunque entre EU y Canada desaparece el arbitraje de inversionista-Estado privilegiándose los tribunales nacionales o locales, o bien los instrumentos Estado a Estado. En contrate, advierte Manuel Pérez Rocha Loyo, entre EU y México persisten las disputas de inversores contra Estados en especial para contratos gubernamentales cubiertos relacionados con los amplios sectores de petróleo y gas, generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, los cuales siguen estando sujetos a todas las protecciones originales del capítulo 11 del TLCAN, es claro que, con la puntería del T-MEC puesta en todo rescate o revitalización de Pemex y la CFE.
Es bajo estas lesivas estipulaciones para el interés público nacional de México, nación que por décadas logró el autoabastecimiento en gasolinas y diésel, que se perpetró la destrucción sistemática de su petroquímica, que es necesario, ahora, revisar las la naturaleza, implicaciones y consecuencias de los mecanismos financieros de extracción de riqueza pública en favor de monopolios privados. Los instrumentos financieros en el marco del T-MEC profundizan la inequidad, inherente a la explotación capitalista y al despliegue de la desigualdad y la opacidad. Eso se realiza desde las Asociaciones Público-Privadas (APP) fomentadas por el FMI y el Banco Mundial (BM)-BID. Máxime que en el T-MEC se diluye, en favor de EU, la capacidad de sus vecinos de incidir en un encuadre macroeconómico y monetario propio.

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viernes, 14 de febrero de 2020

T-MEC: Claudicaciones neoliberales
 
 
Plagada de claudicaciones tipo Estado vasallo, la negociación del T-MEC acarrea grave riesgo para la independencia y soberanía de la nación mexicana, en especial para la población más vulnerable. El combate a la pobreza y a la violencia es tarea central de la cuarta transformación (4T) en curso, tanto como el rescate histórico del sector energético, colocándolo de nuevo en función del interés público nacional por su carácter estratégico. Tal y como fue negociado por Peña Nieto el T-MEC contiene 90 por ciento del TLCAN más un conjunto de claudicaciones inadmisibles que colocan en riesgo a la nación.
El tratado contiene ausencias que ameritan atención, tanto en materia climática como de precaución ante otra crisis financiera. Es necesario recuperar las evaluaciones y críticas disponibles ante lo que es un instrumento de alta protección a los intereses de las grandes corporaciones estadunidenses, en detrimento de la población más vulnerable y pobre, en especial en zonas de riqueza mineral y de combustibles fósiles no convencionales, por el fracking de alta toxicidad y en el acceso y gestión general de los abastecimientos y servicios del agua potable, un derecho humano y no una mercancía más.
La doctora Josefina Morales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en varios trabajos advierte que el capítulo 13 del T-MEC, sobre el gobierno y la administración pública, abre plenamente toda la actividad pública, cuyo presupuesto representa más de la quinta parte del PIB: compras gubernamentales, adquisiciones de bienes y servicios y la construcción de obra pública, en particular, los proyectos de infraestructura. La investigadora hace referencia a las asociaciones público-privadas, que, como lo he indicado en varios estudios, son mecanismos financieros de extracción de riqueza de lo público a lo privado, diseñados por el Banco Mundial. (Según Stiglitz el Departamento del Tesoro de EU es dueño de 51 por ciento de ese banco).
Así, el T-MEC abre la participación del capital extranjero de EU en las compras gubernamentales. Además, advierte Josefina, en el capítulo 33 se pierde autonomía en materia de control de la política monetaria. Y como lo indiqué en Agresión unilateral y guerra ( La Jornada, 25/10/18, https://bit.ly/31VgwXF) queda consignada la intención de transformar a México en provincia de la América del Norte (como dijo el fino personaje al mando de EU) como se puede inferir de la cláusula 10 del artículo 32 del T-MEC rematando con lo que la doctora Morales percibe con sustento documental como el control de EU de la política monetaria. Ahí se pierde autonomía, (capítulo 33). Entre otras ausencias, la investigadora comenta que en el capítulo de comercio digital no se garantiza la protección de datos; se crean dificultades para la elaboración de genéricos y tampoco se protegen los productos culturales.
Noam Chomsky advirtió que el T-MEC es un tipo de instrumento, de alto proteccionismo, da un abrigo sin precedente, con apoyo del poder estatal, a favor de grandes conglomerados. Para los socios de EU es un tratado de reglas y protecciones anheladas por sus altos cabildos (T-MEC ¿más agresión unilateral? La Jornada, 6/6/2019, https://bit.ly/31QgBMi). Desde este proteccionismo, en sólida reflexión de Manuel Pérez Rocha Loyo es que el T-MEC lejos de priorizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza sobre los derechos corporativos, perpetúa los poderes excesivos de las corporaciones contaminantes que seguirán impactando a comunidades mexicana amenazadas por proyectos de industrias extractivas incluyendo el petróleo, la minería y el gas.(Brújula Ciudadana, Año 12, núm. 114, enero 2020).
En el trabajo de Pérez Rocha queda claro que el T-MEC vulnera de manera tajante un principio esencial del derecho internacional: la igualdad jurídica de los Estados. En el capítulo 14 de inversiones se pasa de un régimen único de protección de inversiones bajo el capítulo 11 del TLCAN a tres regímenes distintos para el arbitraje en inversiones en América del Norte. A continuación Pérez Rocha los describe: “1) un régimen para EU y Canadá en el que el arbitraje de inversionista-Estado desaparece y la solución de disputas se limita a los tribunales nacionales o locales, o mecanismos de Estado a Estado…(muchas reglas de protección de inversiones quedan igual);
2) otro régimen para México y EU donde persisten las disputas de inversores contra Estados, específicamente para contratos gubernamentales cubiertos relacionados con los amplios sectores de petróleo y gas, generación de energía, telcomunicaciones, transporte e infraetructura, los cuales siguen estando sujetos a todas las protecciones originales del capítulo 11 del TLCAN;
3) y otro entre Canadá y México, no bajo el T-MEC, sino del llamado Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, basado por completo en el antiguo capítulo 11 del TLCAN que incluye todos los sectores incluyendo a la destructiva minería”.
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