La Jornada.
México 7 de julio de 2005.
La retórica de la Casa Blanca para justificar la guerra contra Irak observa una modificación importante e inquietante: ahora se centra en la explotación de las emociones colectivas generadas por el 11/9. En un discurso ante cientos de soldados, transmitido en cadena nacional para defender la carnicería que EU comete por el petróleo y otros negocios de "reconstrucción" en Irak, Bush mencionó once veces el 11/9 explícitamente, y otras más de manera implícita. "Esta guerra llegó a nuestras costas el 11 de septiembre de 2001", dijo Bush en esa ocasión, agregando que la inusitada resistencia a la ocupación es parte "... de la misma ideología asesina que destruyó la vida de nuestros ciudadanos en Nueva York y en Washington y en Pensilvania".
Fue tal su insistencia en el 11/9 que el New York Times en su editorial del 29 de junio pasado exclamó: "... no esperábamos que Bush se disculpara por la falsa información con que nos llevó a la guerra, o por los errores catastróficos que hizo su equipo en la conducción de las operaciones militares. Pero habíamos esperado que se resistiera a la tentación de usar la sangrienta bandera del 11/9 una y otra vez para justificar una guerra contra un país que no tuvo absolutamente nada que ver con esos ataques terroristas".
El lenguaje de la presidencia imperial para justificar la guerra se modifica así por tercera ocasión. Ante el derrumbe documental -y moral- de la farsa protagonizada por Bush y Blair sobre las "armas de destrucción masiva" que, según ellos, Sadam Hussein podría desplegar "en 45 minutos", se pasó a la "ofensiva por la democratización": otra excusa para dar respaldo propagandístico a la ocupación colonial de Irak y su infraestructura petrolera. Tales objetivos resultan también insostenibles por el apoyo abierto y los vínculos de Bush con notorias autocracias del Medio Oriente y por el esfuerzo que ha desplegado su gobierno a favor de la revalidación y ampliación del régimen de excepción policial-militar instaurado en EU después del 11/9 por medio de la Ley Patriota, cuya vigencia de cuatro años vence precisamente en 2005.
Ese límite temporal fue impuesto por la preocupación de los legisladores de abusos de los extraordinarios poderes otorgados al Ejecutivo y formalizados el 24 de octubre de 2001 (La Jornada, 25/10/01, p. 7).
La Ley Patriótica fue aprobada por el Congreso en medio del pánico generado por el 11/9, "reforzado" por unos todavía no aclarados ataques con ántrax. Ese bioterrorismo, impune y selectivo contra medios de comunicación, miembros claves del Congreso y edificios legislativos, creó un clima de terror e indignación que ayudó a "legitimar" ante la opinión pública los bombardeos contra Afganistán y a impactar el medio ambiente sicosocial y político en el que se aprobó la instauración de un estado formal de guerra y de excepción policial-militar en EU.
Las preocupaciones de los legisladores se vieron confirmadas poco después por el decreto presidencial firmado por Bush que otorga poderes al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para el establecimiento de Tribunales Militares Secretos, con poderes de procesamiento, enjuiciamiento y ejecución secretos de individuos de origen extranjero, emigrantes, residentes en EU o en cualquier otro país, que sean sospechosos de actos de terrorismo. El decreto se aplica de manera selectiva y fraudulenta.
Que se sepa ni Rumsfeld ni el Departamento de Justicia han procedido contra Posada Carriles, terrorista de la CIA que transitó por México y que deambula libremente en EU, ya que goza del favor presidencial por su brutal activismo contra la revolución cubana.
Los excesos de Bush y Rumsfeld contra los prisioneros en Abu Grahib, la instauración de lo que Amnistía Internacional apropiadamente calificó de Gulag estadunidense, por las condiciones y trato atroz de prisioneros en distintas bases estadunidenses en el orbe, notablemente en Guantánamo y el amplio uso de barcos de guerra como centros de detención y tortura, aunado a los abusos del aparato policial estadunidense, han generado un clima de crítica y oposición a la Ley Patriota por parte de la opinión pública y de legisladores demócratas, acompañados de un puñado de republicanos. Esto ahora preocupa a una Casa Blanca ya de por sí inquieta e irritada porque miembros de las familias de las víctimas del 11/9 realizan o plantean realizar juicios por daños y perjuicios contra empresas de seguridad, consejeras de la Guardia Nacional Saudita, ex integrantes de las fuerzas especiales de EU, bufetes, fundaciones filantrópicas y allegados sauditas de Bush, y también contra funcionarios del consulado de EU en Yeddah que expidieron 15 de las 19 visas a favor de los secuestradores de los aviones. A todos se les menciona corresponsables del 11/9, tragedia usada por Bush como "máquina para la manufactura de poder", como describió Golo Mann el uso político que hizo el nacionalsocialismo de eventos semejantes. Aunque también es un arma de doble filo.
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