La Jornada.
México 22 de diciembre de 2005.
Resulta notorio que durante la última semana Bush haya hecho cinco discursos confirmando, y luego tratando de justificar, la existencia de un programa ultrasecreto de intercepción electrónica, microfónica y telefónica desplegado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, siglas en inglés) contra ciudadanos de EU y otros "sospechosos de terrorismo" en territorio nacional. Según se filtró a los medios, el esquema fue autorizado por Bush (y Cheney), sin siquiera el requerido aval judicial de una "corte secreta" encargada de estos asuntos, lo que apunta a la presunta inclusión, entre los blancos de espionaje, de un "amplio espectro" de personalidades, organizaciones e instituciones.
El reconocimiento público sobre este operativo y su "ultrasecreta lista negra" es asunto de orden mayor, cuyo antecedente es Watergate y el medio ambiente de abusos de "seguridad nacional": al igual que a Nixon, el caso que nos ocupa también le explotó a Bush como resultado de una "fuga de seguridad" y las repercusiones pueden ser nacional e internacionalmente vastas como indica el hecho -que irrita a Bus- de que en los pasillos de la política -y la legislatura- se empieza a usar el término "dictadura" para referirse a su gobierno. El affair se da en el contexto de un gobierno signado por el secretismo y lo clandestino, que hace que Nixon y su camarilla parezcan focos de transparencia y veracidad.
El "nuevo Watergate" ocurre cuando abundan graves y severas denuncias, como las del coronel Larry Wilkerson, ex jefe del personal de Colin Powel y ex director del Colegio de Guerra del Cuerpo de Marinos. Desde la conservadora New American Foundation, y en referencia a su experiencia durante los primeros cuatro años de Bush, dijo: "lo que presencié fue una cábala entre el vicepresidente Cheney y el secretario de Defensa Rumsfeld, que impacta asuntos básicos y toma decisiones que la burocracia no sabía que estaban siendo hechas... Nunca he visto algo semejante en mis estudios sobre las aberraciones, las ilegitimidades, las perturbaciones y cambios al proceso -de toma de decisiones- en materia de seguridad nacional" (Washington Post, 20/10/05). Tal parece que, al igual que en tiempos de Nixon, la cábala Bush-Cheney-Rumsfeld secuestró la Constitución y el reconocimiento de este hecho está en la base, por una parte, del rechazo legislativo para renovar y dar permanencia a la Ley Patriota que otorga a Bush potestades que alteran el equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial establecido en la Constitución, y por otra, del creciente nerviosismo, si no es que alarma legislativa, en torno a abusos del poder amasado por la cábala bajo el impulso del 11/9, una operación terrorista en la que la actuación de sectores claves de la comunidad de inteligencia en "la no prevención" de los ataques (incluyendo de manera prominente a la NSA y "toda" la estructura que diseñó y operó el sistema para la vigilancia y monitoreo del espacio aéreo y satelital la mañana de ese fatídico día) todavía no se aclara. La intranquilidad es amplia y la expresó tanto el senador republicano Arlen Specter del Comité Judicial, quien anuncia que convocará a sesiones en enero para revisar el espionaje de Bush-NSA, como el senador demócrata John D. Rockefeller, quien dio a conocer copia de una carta secreta y sellada que envió a Cheney en 2003 rechazando el programa. Los recelos de republicanos y demócratas derivan del concurso del aparato clandestino en la usurpación que hace Bush de funciones legislativas y judiciales que rebasan en mucho las impulsadas por Nixon, cuyos blancos para la vigilancia incluyeron personalidades, instalaciones, organizaciones, grupos, documentos y material informativo del establishment político-empresarial, legislativo, intelectual y sindical.
En la eventualidad de que se materializara un acto de "terrorismo catastrófico" y dadas las propensiones autoritarias y herméticas del grupo en el poder, cabe mencionar lo que parece ser una premonición de Wilkerson: "Le hemos hecho la corte al desastre en Irak, Corea del Norte, Irán y en general en relación a crisis domésticas como Katrina. Si se diera un ataque nuclear terrorista u ocurriera una gran pandemia... se podría generar una regresión hasta tiempos de la declaratoria de independencia". Ello porque la Casa Blanca cuenta con esa "lista negra ultrasecreta" que explica la perturbación e intranquilidad del Legislativo, ya que se extendería más allá de los "sospechosos de terrorismo" para incluir a las personalidades e instituciones que la cábala considera "obstáculos" a sus crecientes encubrimientos. Su "neutralización", según los manuales del Ejército, incluye a "líderes conocidos o sospechosos de grupos hostiles", "líderes políticos de conocida o sospechosa hostilidad hacia los objetivos políticos y militares de EU", "oficiales conocidos o sospechosos" y "colaboradores y simpatizantes conocidos o sospechosos de colaborar con el enemigo, cuya presencia en el teatro de operaciones constituye un riesgo para la seguridad de EU".
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