La Jornada.
México 5 de enero de 2006.
Poco después del triunfo de Evo Morales en Bolivia, Paul Wolfowitz, ex subsecretario de Defensa y actual presidente del Banco Mundial (BM), indicó que esa institución "está dispuesta a ayudar al futuro gobierno de Bolivia". Interrogado sobre la explotación del gas y del petróleo, Wolfowitz -arquitecto con Rumsfeld de la atroz petroguerra contra Irak- dijo que esos recursos "pueden ser una bendición para el pueblo" y que el BM "puede ayudar con mecanismos que aseguren inversiones transparentes, responsables e inteligentes". (Afp, 10/12/05).
Este tipo de "mecanismos" tienen una doble naturaleza: "castrense y de mercado" y, para el caso de Bolivia, tres objetivos centrales: a) mantener una presencia y capacidad del aparato militar y de inteligencia, como "carta de negociación" ante el gobierno de Morales; b) conservar e incluso incrementar el endeudamiento y, por tanto, su sumisión y dependencia; y c) inducir la privatización de organismos, recursos naturales o servicios públicos, a favor de empresas y contratistas extranjeros, en especial de EU.
Wolfowitz encarna la dualidad de esos mecanismos, ya que el Grupo del BM y el Pentágono (DdD) son instrumentos medulares para intervenir en la toma de decisiones y el curso de los acontecimientos. Por medio de la "asistencia militar", el DdD influye sobre el aparato castrense y de inteligencia local, usualmente bajo la cubierta de la guerra antinarcóticos. Por ejemplo, para inducir al presidente Rodríguez y al ministro de Defensa Méndez, a "desaparecer" 28 misiles tierra-aire MHN-5 de fabricación china, entregados a EU para ser desactivados, según denunció Evo Morales, (redvoltaire.com), evidenciándose así que el DdD podría desatar una operación militar con cualquier excusa.
Otro, entre varios "mecanismos" utilizados por la diplomacia imperial lo ofrece la llamada Fuerza Expedicionaria (FE), unidad "irregular" originalmente integrada por mil 500 ex soldados y ex oficiales bolivianos, financiada, adiestrada y equipada por el DdD para operar en lugares como la selva de Chapare, parte del programa de "erradicación de la coca". Además de ser una "fuerza" mercenaria, paramilitar e ilegal, ha sido denunciada por grupos de derechos humanos en Bolivia y EU por su violencia antipopular. Según Anthony Faiola del Washington Post, la embajada de EU conduce el reclutamiento y maneja las maniobras de la FE, cuyos salarios los distribuye la sede diplomática a través de una empresa financiera privada. Faiola indica que los "comandantes" de la FE, adiestrados por el DdD, reciben su paga del Ejército Boliviano, mientras que la embajada, usando su Oficina sobre Narcóticos se encarga del resto de las erogaciones, estimadas en cerca de 200 mil dólares mensuales.
Estos programas castrenses, que incluyen despliegues de bases y militares en la región -por ejemplo en Paraguay, a escasos 200 kilómetros de Bolivia-, se utilizan para "respaldar" los "mecanismos de mercado"-empréstitos- que otorgan a EU y sus monopolios gran peso por medio de las "condiciones" atadas a todos los préstamos del BM, y para asegurar la docilidad derivada del endeudamiento.
Como en México, las operaciones del BM en Bolivia son extensas y cubren los principales entes y rubros de la gestión pública en áreas que van desde servicios básicos como salud, educación, agua, saneamiento, etcétera, hasta los lineamientos de la política macroeconómica y por rama. Ello se realiza por medio de amplias -y gravosas- líneas de crédito, invariablemente orientadas a la "privatización" y desnacionalización de sectores de interés para las empresas extranjeras. Son operaciones promovidas a través de esquemas publicitarios tan embaucadores -e hilarantes-, como la "nueva" Estrategia de Asistencia para el País (EAP), encaminada, según Marcelo Giugale, director del BM para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, a la "sostenibilidad" (sic) y al impulso de la gestión de servicios públicos "eficientes y regulados".
El BM dice que la EAP, con líneas de crédito de 300 mdd (2004-2005) es para "mantener la estabilidad macroeconómica y reducir las desigualdades" en el acceso a servicios básicos. Es una retórica tramposa utilizada ante la debacle del programa privatizador del BM en Cochabamba, cuyo servicio de agua, "liberalizado" por obra y gracia de un préstamo de 19 mdd del BM a su alcaldía, fue concesionado a Aguas Tunari, subsidiaria de la poderosa Bechtel de California. Ahora Wolfowitz intenta aplicar este diseño a otro recurso fundamental: los 52 billones (trillions) de pies cúbicos de gas natural de Bolivia, la segunda reserva más importante de América del Sur. En el nuevo "guión" Wolfowitz aprovecha y fomenta, con la carnada de los préstamos, las vulnerabilidades gestadas por la política de Washington.
Alrededor de estos gigantescos recursos los monopolios del ramo tejen una amplia red de negocios y complicidades, en Chile, México y California. Tal es el motor de los "mecanismos" y tramas empresariales y "geoestratégicas" de Wolfowitz en Bolivia.
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