EU-Pinochet: colapso moral

John Saxe-Fernández.
La Jornada.
México, 21 de diciembre de 2006.

La muerte de Augusto Pinochet, ese "cuchillo" de la oligarquía chilena y del aparato empresarial y de seguridad de EU, fue comentada por los portavoces del alto capital, entre ellos el Washington Post (WP), el New York Times (NYT) y el Financial Times (FT). Aunque con énfasis varios, la tónica de los editoriales se orquestó alrededor de dos aspectos nodales: primero, ignorando el papel central y dinámico de la Casa Blanca de Richard Nixon y Henry Kissinger, de la CIA, el Pentágono y empresas como la ITT, las cupríferas y las automovilísticas en las distintas etapas del proceso que, aunque culminó con el golpe del 11 de septiembre de 1973, dio inicio años antes.

La criminalidad empresarial y de Estado fueron centrales en el esfuerzo de Nixon-Kissinger, primero, para evitar el ascenso electoral de Salvador Allende ­usando todos los medios legales e ilegales: desde el soborno, el terrorismo y la propaganda negra hasta el asesinato­, y tras su victoria electoral, para derrocarlo e instaurar el terrorismo de Estado desatando la violencia sádica y metódica que traumatizó a la nación. En un vital documento desclasificado de la época, el aparato de seguridad coordinado por Kissinger plantea al jefe de la CIA en Santiago que: "... es nuestra política firme y continua que Allende sea derrocado por medio de un golpe... Vamos a continuar generando la presión máxima hacia la consecución de este fin, usando todos los medios disponibles... Es imperativo que estas acciones sean aplicadas de manera clandestina y segura de tal suerte que la mano del gobierno de EU permanezca bien oculta".

Esto para encubrir la corrupción y los crímenes de Estado perpetrados por la Casa Blanca en Chile, como los de "conspiración para secuestrar, asesinar o matar en el extranjero" entre 1970 y 1973, violando el Código del Distrito de Columbia, sección 22-105, y el Código del Estado de Virginia, sección 18.1-15-3. Asimismo, Kissinger et al son responsables de realizar en Chile "acciones coordinadas y conspiraciones contra un gobierno extranjero con el cual EU mantenía relaciones pacíficas (1970-1973) en violación del Código de EU (USC), sección 960". Eso para no mencionar las brutales violaciones a las Convenciones de Ginebra y al derecho internacional.El colapso moral, constitucional y legal en que incurren WP, NYT y FT se vincula de manera orgánica con su "racionalización" económica del estado de excepción que ahora el alto capital, por su medio y sus instrumentos de proyección de fuerza (Pentágono-CIA-FMI-BM-BID) nos están recetando a los pobladores desde Alaska a la Tierra del Fuego.El segundo ingrediente es la reiteración del mito de que la dictadura "evitó" el síncope económico con el arribo de los Chicago boys y sus pupilos criollos, y que su sometimiento a las recetas del FMI-Banco Mundial y BID saneó la economía colocando a Chile como "modelo" regional. Cabe mencionar que las cifras macroeconómicas que ofrece el Banco de Chile son impresionantes, con altos crecimientos del PIB. Pero también es cierto que sólo pueden analizarse de manera cabal, como insiste Oswaldo Sunkel, en el contexto político y social incluyendo la dimensión histórica y cultural y en ese sentido el panorama no es nada halagador.El golpe auspiciado por EU y la oligarquía local se orientó a detener en seco el intento allendista de nacionalización y recuperación de los recursos naturales e impulsar una redistribución progresiva de la renta nacional, el ariete para generar empleo por la vía de un esfuerzo por agregar valor a esos recursos. La embestida oligárquico-imperial ahogó en sangre esa gestión para, en su lugar, mantener la explotación extranjera y el manejo clasista de los recursos privilegiando la actividad primaria, como la pesca, el sector agropecuario-silvícola y el minero, con fuertes impactos ambientales.

Como ilustran cifras recabadas por Marcel Claude (Red Voltaire), si bien las manufacturas crecen, el sector se caracteriza por un uso muy intensivo de recursos naturales y la generación de bienes con escaso valor agregado. Este es uno de los puntos esenciales del "modelo" de corte colonial que impulsa EU en América Latina por medio del BM-FMI-BID y de chacales tipo Pinochet. Interesa la preservación de la región como "reserva", tanto de fuerza de trabajo barata, como de los vastos ­pero finitos­ recursos naturales estratégicos enfatizando su especialización como región tributaria.

El aval dado por los mencionados editoriales de la semana pasada al destrozo de la constitucionalidad chilena perpetrado en 1973 para celebrar el "pinochetismo económico" es irresponsable y riesgoso en momentos en que ese mismo aparato de seguridad, ahora al amparo de los todavía inexplicables ataques terroristas del 11-9, despedaza el derecho internacional, la Constitución y los derechos civiles en EU, instaurando un estado de excepción, reflejo quizá de la acelerada crisis hegemónica y de la todavía más riesgosa propensión a una "salida policial-militar" que en el siglo XX desembocó en dos grandes conflagraciones.

saxe@servidor.unam.mx

De Guantánamo a Oaxaca: ausencia de ley.

John Saxe-Fernández.
La Jornada.
México, 7 de diciembre de 2006.

De Guantánamo a Oaxaca, el ejercicio de la violencia de Estado, incluyendo la tortura, la suspensión del habeas corpus, principio garantizado por la Constitución y las convenciones de Ginebra, se realiza en medio de un "vacío de ley", pivote del Estado de excepción auspiciado en EU por la Casa Blanca desde el 11-9 por medio de la Ley Patriota, la Ley de Comisiones Militares, la Ley Marcial y varios decretos. Con la guerra antiterrorista de Bush este fascismo se vuelca al resto del orbe y hacia México y Canadá, a través de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte. Al sur del Bravo se da como una radicalización de la "mano dura" que, en nombre de la "legalidad" y con el manejo y manipulación monopólicos de los medios electrónicos, reprime a las fuerzas sociales desatadas por el neoliberalismo, sofoca los derechos humanos y políticos e inhibe el desahogo no violento de los conflictos.

Con la debacle institucional parida por las graves anomalías de los poderes Ejecutivo y Judicial en las pasadas elecciones se presenta ahora un mayor deterioro del estado de derecho: "Desde el 25 de noviembre", afirma el sacerdote Romualdo Mayrén, apoderado legal de la arquidiócesis de Oaxaca, "aunque no se decretó, en Oaxaca se ha vivido un estado de excepción y realmente están suspendidas las garantías" (La Jornada, 3/12/06, p. 4).

Mayrén describe un entramado vacío de ley y repleto de provocación, represión y violencia oficial, una riesgosa "estrategia de tensión" que se catapulta a nivel nacional con el arresto en el Distrito Federal del liderato de la APPO. Lo que la derecha en el poder está ampliando es una inusitada suspensión de facto del estado de derecho que se expresa en el arresto y traslado arbitrario de más de 149 detenidos enviados a cárceles de alta seguridad, porque se les considera "reos de alta peligrosidad", y un saldo, hasta ahora, de 24 muertos, 232 presos políticos y 64 desaparecidos.Son numerosas las evidencias que indican la presencia e infiltración, en la resistencia pacífica de la APPO, de provocadores y francotiradores y un modus operandi sospechosamente análogo en el incendio de varios edificios. Aunque elementos dentro de la APPO actuaron sin control, las provocaciones sirven para "justificar" la represión. El analista Granados Chapa no duda en plantear un símil entre este escenario y la quema nazi del Reichstag, y Mayrén equipara la represión desatada por el gobernador Ulises Ruiz con el fascismo genocida del guatemalteco Ríos Montt.

En Oaxaca y en el esquema de Bush y sus prisiones de alta seguridad, como Guantánamo, el objetivo es la "suspensión" de la ley, en nombre de una "legalidad" de excepción (la no ley). Varios de los detenidos por la CIA relatan que para aterrarlos les afirmaban que los conducían a algún país "sin estado de derecho". El uso de empresas privadas para el "interrogatorio" de prisioneros coadyuva en el auspicio de áreas "vacías de ley". Crear "zonas de anomia" es una vieja práctica totalitaria disfrazada con coartadas huecas de legalidad. La ex general de Brigada Janis L. Karpinski, a cargo de 17 cárceles en Irak, incluyendo la de Abu Ghraib, participante por la fiscalía en el juicio que el Tribunal Supremo alemán le sigue a Donald Rumsfeld por crímenes de guerra, afirma que la violación de los derechos humanos y la tortura empeoraron con el concurso de los "contratistas" privados: "Estos interrogadores tenían experiencia en Afganistán y/o en Guantánamo y fueron enviados por (Geofrey) Miller (comandante de la prisión de Guantánamo), para participar en los interrogatorios. La ley no les importaba, operaban en un entorno sin ley... vi un memorando firmado por Rumsfeld sobre el empleo de estos métodos de interrogatorio, (quien) al margen ponía: 'asegúrense de que esto se cumpla'" (El País, 25/11/ 06, p.5).Algo así se dio en la Alemania de Hitler como lo argumentó en "Guantánamo y la autocracia imperial" (Prokla, 143, Berlín. Junio, 2006). Guantánamo como campo de prueba juega un papel central para la instauración de zonas sin más ley que las instrucciones arbitrarias del Ejecutivo estadunidense y su Secretaría de Defensa.El operativo de Guantánamo se orienta a establecer un arreglo seudo judicial sometido al Ejecutivo y al alto capital, en territorio cubano, ilegalmente ocupado: una zona de anomia en la que actúa la violencia de la autocracia imperial burlando la jurisdicción de las Cortes.

En su libro Estado de excepción, (A.H editora, Buenos Aires, 2004), Giorgio Agamben discute los intentos del poder estatal por anexarse la anomia a través del estado de excepción. En verdad, el estado de excepción, tal como fue develado por Walter Benjamín, "es una fictio iuris por excelencia, que pretende mantener el derecho en su misma suspensión como fuerza de la (no) ley". En Oaxaca las acciones de provocación-represión de los altos mandos anulan cualquier nexo entre el ejercicio de la violencia de Estado y el derecho. Un modo de gobierno por la vía de la coerción-anulación de la oposición civil.

saxe@servidor.unam.mx

Fox-Abascal: debacle institucional

John Saxe-Fernández,
La Jornada,
México 23 de noviembre 2006.

Al entreguismo, represión y turbulencia político-social, así como a la acentuada fragilidad de los parámetros básicos de la economía real es necesario agregar la grave degradación institucional, como legado del sexenio del Presidente del "cambio" y su secretario de Gobernación, quienes en ningún momento dejaron de fungir como country managers del ávido aparato empresarial y bancario extranjero y de la voraz oligarquía criolla.Desde que AMLO decidió lanzar su candidatura a la Presidencia, Fox et al. actuaron de manera facciosa y arbitraria. Antes, durante y después del proceso comicial acoplaron el aparato de seguridad al "plan de juego" del alto capital nacional y extranjero y sus secuaces de cuello blanco en la cúpula hacendaria. Fue un esquema basado en una "estrategia de tensión", en la que con persistencia se enlazó la provocación presidencial con la articulación de operativos represivos. El objetivo fue detener a toda costa a quien planteaba la recuperación del proceso de toma de decisiones en materia económica. Las riendas nacionales fueron enajenadas, a la usanza colonial, por 24 años de gobiernos sometidos a la condicionalidad del FMI-Banco Mundial, atada a todas las líneas de crédito, gestándose una economía tributaria que entrega el ahorro nacional, recursos finitos como el petróleo y empresas estratégicas, a la oligarquía y sus socios externos.En contraste con recientes andanadas de Fox y Abascal contra AMLO por su asunción el 20 de noviembre como presidente legítimo, la manipulación de las instituciones fundamentales de los tres poderes de la Federación realizada por el foxismo, las han dañado severamente ("Fox: aniquilador de Instituciones", Memoria, noviembre 2006). Así lo podrá comprobar quien analice los sucesos de este atroz sexenio, desde lo que fue el fallido intento para rescindir los derechos políticos de AMLO, creando gran desmérito al Poder Judicial, que adquiriría un orden todavía mayor de ignominia por la actuación comicial de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mancillando de paso a la Cámara de Diputados y lo que entonces eran sus principales fracciones: la del PRI y el PAN, junto a sus presidentes y coordinadores de bancada, hasta las severas violaciones a los derechos humanos, políticos y laborales en San Salvador Atenco, en la Siderurgia Lázaro Cárdenas y ahora en el desate de la violencia oficial antipopular en Oaxaca.Como muestra Adalberto Saldaña Harlow (Teoría democrática de la Constitución Política ­Lecturas III­, México, Anaya 2006) en el juicio de procedencia que desembocó en el desafuero de AMLO, Fox actuó como el acusador principal. Fue un irresponsable lance político en el que utilizó, de manera arbitraria a la PGR, involucró a la oficina presidencial, al órgano de procuración de justicia nacional y a la Secretaría de Gobernación, comprometiendo todo el Poder Ejecutivo federal. La aventura del desafuero contra AMLO, respaldada por la oligarquía y sus poderosos instrumentos de difusión televisiva, radiofónica y periodística, con su cauda cortesana de "editorialistas", "articulistas", "analistas" y "locutores", arrastra a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial, confirmándose, como apunta Saldaña, algo inusitado en la historia nacional: "una asociación delictuosa de los tres poderes para desacreditar y desaforar a AMLO", lo que en términos legales es una "coalición de servidores públicos" penada por el artículo 216 del Código Penal Federal" (p. 295).

La inusitada movilización popular contra el desafuero y el riesgo de un juicio político de esta naturaleza probablemente están en el fondo de la decisión de Fox de no continuar con el proceso penal contra AMLO. Ante la incongruencia, la ilegalidad y la desproporción de acusar, procesar, desaforar y después exonerar, un escándalo reconocido por la opinión pública nacional e internacional, las instituciones nacionales y el régimen jurídico de México, incluyendo el régimen de rendición de cuentas, quedan seriamente "disminuidos". Pero el comportamiento y los operativos desplegados por el Ejecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial y sus adeptos en la Suprema Corte de Justicia y el TEPJF, durante el proceso comicial propiamente dicho, llevarán tal "disminución" y descrédito de los poderes públicos, al menoscabo y la humillación institucional que padece la nación después de la usurpación electoral. Es indudable que tanto en el caso del desafuero como en los procesos comiciales, de los que, insisto, Fox es formalmente responsabilizado por el TEPJF de poner en riesgo, él y servidores públicos como Abascal incurrieron en actos que, como argumenta Saldaña Harlow, "han ocasionado daños mayores a los intereses públicos fundamentales previstos en el artículo 109-1, pudiendo quedar incluido como un ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno y una infracción a la Constitución que causa perjuicios graves a la sociedad y motiva trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones" (p.197).

saxe@servidor.unam.mx

Con el aval de Fox, el BM financia plan para influir en el Poder Judicial

* Afecta la soberanía, acusan John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado

JUAN ANTONIO ZUÑIGA (periodista). La Jornada. México, 19 de noviembre de 2006:11.

Con el aval del gobierno federal, el Banco Mundial (BM) impulsa y financia desde 2004 un plan transexenal con el propósito de influir en el Poder Judicial de México, que "se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las cortes estatales y ciertamente de la corte federal", advierten John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado, especialistas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Este plan afecta "una de las áreas más sensibles para la soberanía nacional, como es la estructura y el dinamismo del Poder Judicial", e incluye la adopción de intelectuales como "asesores externos", procedentes de instituciones académicas de educación superior, para que legitimen la injerencia del BM en México.De acuerdo con el documento State Judicial Modernization Supponing Access to Justice Project, clasificado como Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004, al BM le interesa influir "en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las cortes estatales, de su área de jurisdicción y de su personal, con ayuda de actores como la comisión nacional de tribunales superiores de justicia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", describen.El documento preveía posibles afectaciones en "la continuidad y compromiso con la modernización" del aparato judicial, por "victorias electorales de partidos de oposición en algunos estados (y a escala federal, acotan los investigadores), que podría resultar en un debilitamiento de la continuidad y compromiso con la modernización".Esto, continúa el texto reproducido por Saxe y Delgado, "debería mitigarse por medio del involucramiento del plenario del tribunal supremo en la elaboración de planes de modernización de la rama judicial de los estados".El BM, explican, cubre un periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009, con un monto inicial de 37.5 millones de dólares que no incluye recursos de otros donadores internacionales.El documento revela que "... el gobierno de Fox asignó alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con (James) Wolfensohn", entonces presidente del organismo. En aquella reunión, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, precisó al BM que "la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial".Saxe-Fernández y Delgado destacan que esa solicitud se realizó poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, "teniendo como objeto explícito el de subsumir al (Poder) Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional, como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial".El reporte del BM señala que Banobras, en aquel entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre, "... ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (programa de crédito) y que éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación".Según los especialistas, ese plan de crédito "debe leerse correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM, como 'gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera'". Agregan: "Banobras, un ente que desde la década de 1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia el interior del (Poder) Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción 0, como ha precisado el ex jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de 'sobornización'. Todo, contradictoriamente, bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción".Consideran que este proceso de "sobornización" y legitimación de la actuación del BM "es altamente ambicioso, porque contempla su extensión a un periodo de 10 a 15 años, con un gasto adicional que va de los 200 a los 250 millones de dólares".En este escenario, apuntan, el BM considera instrumento estratégico el desarrollo de la capacidad de Banobras en lo que se asume como un nuevo sector a financiar, el judicial, con colaboración entre la comisión nacional de tribunales superiores de justicia y otros organismos.Pero también mediante el desarrollo de "un proceso de aprendizaje", impulsado desde la investigación y evaluación de experiencias "desde entes como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana (UI) y la UNAM". El BM, opinan los investigadores, prevé "la adjudicación de una importante 'masa crítica' de académicos y expertos que legitime su actuación".Los ejemplos de coparticipación son numerosos: en 1999 el ITAM realizó un estudio sobre "La administración de justicia en las entidades federativas mexicanas a partir del caso de la cartera bancaria", y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un "Diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas", con financiamiento de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos de América (USAID, por sus siglas en inglés), "considerada por algunos como el brazo derecho del aparato de inteligencia de ese país".Así, "la desnacionalización del (Poder) Judicial queda nítidamente develada con el rol de la USAID en el financiamiento, con unos 55 millones de dólares anuales, de la 'asistencia técnica'" para recomendar acciones que se puedan implementar sin necesidad de reformas legislativas (sic), el entrenamiento directo de jueces, el financiamiento de grupos de trabajo y de mediación con la participación directa de la American Bar Association, etcétera", asientan.

Desastre continuista ¿hay alternativas?

John Saxe-Fernández
La Jornada, México,

9 de Noviembre de 2006.

Aunque después del fraude electoral del 2 de julio Felipe Calderón no cuenta ni con legitimidad ni con mandato para ahondar el esquema económico que lacera la integridad económica de millones de hogares mexicanos y depreda el patrimonio nacional, son abundantes sus declaraciones que revelan un insensato intento por proseguir con los compromisos pactados con los grandes intereses monopólicos de dentro y de fuera del país. Desde 1910 no han sido tan graves los riesgos para la estabilidad y la paz social de México como hoy, con la industria y sus encadenamientos desarticulados por 24 años de aperturismo comercial unilateral, y con un campesinado y su agricultura abandonada, desfinanciada, desmecanizada y arruinada y la autosuficiencia alimentaria hecha añicos. Agréguese a esto una notoria capacidad del "modelo" para generar desempleo, pobreza e informalidad, así como más polarización del ingreso y se percibirá por qué la continuidad del programa oligárquico-imperial es ya un asunto policial militar. San Salvador Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca son señas irrefutables de que ingresamos a una zona crítica de turbulencia sociopolítica grave.

Los bombazos recientes muestran la vulnerabilidad ante grupos armados reales u operaciones negras de "provocación-represión" del aparato de Estado. Los escenarios son potencialmente desastrosos, ya que existen signos claros de que la economía de Estados Unidos se desacelera, afectando la generación de empleo mientras aumentan los millones de mexicanos expulsados del país que se topan con una ofensiva antimigratoria que se acrecienta con el atasco económico previsto. Calderón asegura la continuidad de la incapacidad para generar empleo, alimentos y seguridad. La fórmula explosiva incluye la continua desregulación de los flujos de capital, más empréstitos y el aperturismo comercial y a la inversión extranjera directa (IED) especialmente en el vital sector petroeléctrico. Todo ello parte nodal del recetario del FMI-Banco Mundial (BM). Las privatizaciones de cientos de empresas públicas y de los bancos, y las fusiones y alianzas estratégicas de las firmas privadas nacionales con corporaciones foráneas no han sido sino el mecanismo y estación de paso para su sumisión económica y tecnológica al extranjero.

Proponer que la continuidad del esquema impulsado por la oligarquía y el BM-FMI nos sacará del atolladero, y peor, la falacia de que es la vía para lograr el "desarrollo", carece de sustento ante en desastre ya generado y de cara a la experiencia histórica.Calderón asevera que la IED es necesaria "porque es una inversión física que genera empleo" y que, "con la excepción de Corea del Norte"... "así proceden los países del mundo para desarrollarse". Pero no es así: no es lo que hicieron ni Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, etécetera, o los países de industrialización reciente como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y China. Despegaron a base del ahorro interno ­que aquí se despilfarra en rescates y en una brutal tributación a favor de países como Estados Unidos y España­, protegieron y ampliaron sus mercados internos, y jamás con recetas como las del FMI-BM. Menos desregulando y privilegiando a la IED, como con torpeza se formalizó en el TLCAN. Es urgente el cambio de política económica, por otra orientada a fortalecer el mercado interno, a proteger el aparato productivo y a restablecer y ampliar los enlazamientos productivos para garantizar la expansión del empleo.Chalmers Johnson, cuya obra sobre el capitalismo asiático en los sesentas y setentas es consulta obligada, muestra que, en los hechos, los países desarrollados protegieron sus mercados domésticos usando barreras arancelarias y no-arancelarias. Nos recuerda, por ejemplo, que Inglaterra aceptó el libre mercado hasta la década de 1840 cuando ya era potencia industrial dominante y que Estados Unidos, entre 1790 y 1940, fue la economía más protegida del mundo. Y qué decir de Corea del Sur, el otro país de la península coreana no mencionado por Calderón, que, sin una gota de petróleo, tiene, junto con Japón, más capacidad de refinación petroquímica que todos los países de la OPEP. En las décadas de 1970 y1980, dice Johnson, "Corea del Sur fue el único país del mundo donde no circulaba un solo automóvil japonés", ya que el gobierno, junto al empresariado, protegía y nutría su propia automotriz.Esos países han sido exitosos porque no aplicaron el diseño neocolonial del FMI-BM, sino, grosso modo: el control a las importaciones, a los flujos de capital y a la IED y su participación en la bolsa de valores; usaron subsidios y créditos, incluso a tasas de interés negativas a favor de industrias claves; aplicaron fuertes subsidios en especial a las exportaciones, así como una política muy activa de apoyo estatal al desarrollo científico-tecnológico; promovieron y abrigaron a conglomerados industriales nacionales en áreas estratégicas (automovilística, electrónica, etcétera), y usaron de manera amplia guías administrativas para auspiciar, coordinar y evaluar la acción de las firmas.

Irak, crimenes de guerra.

John Saxe-Fernández.
La Jornada.
México, jueves 26 de octubre de 2006.

Los costos humanos, morales, jurídicos y político-electorales del atroz ataque perpetrado por Bush et.al. desde marzo de 2003 contra Irak, en pos de su vasta reserva petrolera, se acrecientan día a día: la tecnología de punta y el despliegue de más de 150 mil tropas están siendo derrotadas militarmente por la amplia resistencia a la ocupación que, además, dado el respaldo de Bush a la genocida embestida israelí contra los palestinos, se intensifica y se regionaliza. Para la Casa Blanca la situación en Irak es insostenible. La cifra de bajas aumenta diariamente y el gobierno implantado ahí por Estados Unidos es desbordado por la resistencia.Los efectos internacionales de esta guerra son ya demoledores, como evidencian múltiples encuestas que muestran una unánime condena de la opinión pública mundial contra la guerra en Irak, incluyendo de manera significativa la de los aliados europeos, debilitando seriamente los pilares políticos de la OTAN. Pero igual de grave son los efectos electorales inmediatos en el interior de Estados Unidos, donde también las encuestas muestran un rechazo de poco más de 60 por ciento del electorado a la "conducción que Bush ha dado a la guerra", y todo ello a pesar de las mentiras y el maquillaje de las cifras, en especial en torno a la cuestión más sensible tanto para el derecho penal internacional como para el electorado estadunidense ante las elecciones legislativas de noviembre: el notable número de bajas civiles iraquíes y la asombrosa acumulación de bajas militares estadunidenses y de soldados gravemente mutilados. El desastre humano es de enorme magnitud y sus efectos electorales potencialmente devastadores para Bush y los republicanos. Importantes personajes "leales" al presidente le aconsejan una retirada digna, previo cambio de timón en el Pentágono.Una debacle legislativa republicana abre la opción del "desafuero", por lo que otro "oportuno" ataque terrorista, como los asaltos con ántrax, hasta hoy sin aclaración, contra las oficinas senatoriales y de algunos medios electrónicos y que tanto ayudaron en la votación por la Ley Patriota (esta vez acompañados de otro eficaz video amenazante de Bin Laden), podría evitar la inminente derrota, aunque ya los republicanos usan la imagen de Bin Laden en su esfuerzo por desviar la atención de Irak hacia el terrorismo.Lo grave de la situación para Bush et. al. lo reveló hace poco Lancet, la revista médica inglesa, en un estudio (bajo veda informativa de los medios de Estados Unidos y Canadá, dominados por el aparato corporativo y sus gobiernos derechistas), según el cual desde marzo de 2003 ya se han acumulado 650 mil bajas civiles iraquíes, cifra que contrasta con las 50 mil víctimas oficialmente "contabilizadas" (Kristian Bertin, "655,000 Dead in Iraq", The Journal, Halifax, Nova Scotia, octubre 18, p. 1). La masacre ha sido extensa: según Lancet, ha muerto un promedio diario de 500 iraquíes, es decir, 2.5 por ciento de la población. A pesar de la censura, es notable que Zogby International, una de las empresas encuestadoras más serias, ratifica la validez del estudio; además, Lancet sometió su investigación y metodología al examen de cuatro fuentes profesionales independientes, las cuales, por unanimidad, aconsejaron su publicación. Los investigadores de esa revista estiman un mínimo de 393 mil 876 bajas y un máximo de 942 mil 636.Además, en igual contraste con los números del Pentágono, las fuentes independientes contabilizan 9 mil soldados estadunidenses muertos, y un número considerablemente mayor de jóvenes gravemente mutilados. En los hospitales militares del Pentágono en Europa y en Estados Unidos se limita de la manera más estricta el acceso de periodistas y de los medios electrónicos, restricción que se acentuó en fechas recientes por las elecciones legislativas de noviembre.De igual modo. Bertin indica la existencia de una fuerte censura en torno a las torturas -existe documentación oficial que muestra un inusitado número de muertes después de que los "sospechosos" son sometidos a interrogatorios de la Marina y de la Inteligencia Militar, así como en el uso de armas prohibidas por las convenciones internacionales, por ejemplo las bombas de fósforo blanco, de racimo -como las usadas por Israel contra los palestinos- y armas experimentales de micro-ondas, así como el uso extenso de bombas de uranio empobrecido, que se manifiestan en perceptibles aumentos en enfermedades asociadas con la radiación, particularmente en diversos tipos de cáncer y tumores entre los infantes y niños.Las masacres de civiles inermes en Irak y Afganistán, los homicidios y ataques estadunidenses contra hospitales repletos de enfermos, son sólo algunos de los ingredientes de esta tragedia y ayudan a explicar el estridente esfuerzo desplegado por la Casa Blanca para neutralizar, por la vía de la mayoría republicana en la cámara baja y en el Senado, la Ley Federal de Crímenes de Guerra de 1996, que conlleva sanciones que incluyen la pena de muerte a cualquier oficial, civil o militar, del gobierno de Estados Unidos, que incurra en ese tipo de violaciones.

México, colonizado en tecnología

Fortuna, negocios y finanzas.
México, octubre de 2006. pp. 60-63.
Nydia Egremy

El modelo de desarrollo económico de México, que fue estructurado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), rezagó el avance de la ciencia y la tecnología a un nivel colonial. La dependencia tecnológica de México se consolidó cuando el Estado abandonó su misión educadora y permitió -con auxilio del empresariado local- el desmantelamiento de la producción nacional en beneficio de las multinacionales, analizan los especialistas en Economía John Saxe Fernández y Gian Carlo Delgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Para ilustrar el atraso científico-tecnológico de México basta observar el registro de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tan sólo entre 1997 y 2005, cuando Brasil patentó 221 productos, México registró apenas 104. En contraste, Corea del Sur -una nación sin recursos naturales- patentó 4 mil 747 productos y China exhibió el más alto crecimiento mundial al pasar de 784 patentes en 2000 a 2 mil 452 en 2005.Mientras esos países -antaño subdesarrollados- asimilan tecnología como su prioridad, México carece de una política científica vigorosa y comprometida. Así lo destacó en un mensaje público el 21 de septiembre el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, quien advirtió que sin un mayor impulso a la ciencia y la tecnología “es improbable” que en los próximos años México se incorpore a cabalidad al concierto internacional de la competitividad, el empleo y la productividad.

Gian Carlo Delgado, investigador del programa El Mundo en el Siglo XXI y autor, entre otros, del estudio “Las nanotecnologías; promesas e incertidumbres”, precisó que el éxito de China, Japón y Brasil obedece a la existencia de una “red industrial” a partir de una estructura triangular científico-tecnológica-industrial, en donde el Estado-nación, los centros de producción del conocimiento y el empresariado, operan en sinergia, es decir, actúan con dos o más fuerzas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.“Al conectarse el Estado-nación, las multinacionales y actores, como universidades, lobbies y think thanks (centros de pensamiento), se da esa sinergia que caracteriza a las redes industriales de investigación de Europa y Estados Unidos. En cambio, los países que carecen de uno de estos polos o que han sido reemplazados por actores extranjeros, como el caso de México, no logran desarrollarse”, destaca Delgado.

Por esa razón China ha sido exitosa, pues impulsó su Plan Científico-Tecnológico de 1980, conforme con ese sistema triangular y lo planteó para 20 años. La potencia asiática se propuso que en dos décadas, al menos cinco de sus empresas figuraran en la lista de la revista Forbes y ahora 100 industrias chinas aparecen entre las 500 más importantes del mundo. Para alcanzar ese objetivo, el Estado otorgó subsidios y apoyos de manera dramática para la investigación y desarrollo de tecnologías. “Ahí están funcionando el Estado y el empresariado que también se interesa en el desarrollo científico-tecnológico para obtener repercusiones económicas internas”, agrega Delgado Ramos.

En este rubro, René Drucker Colín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, coincide con sus colegas y afirma: “la ciencia es la principal palanca de desarrollo para la nación, si se difunde adecuada y constantemente, genera en la población constante información para que comprenda mejor su entorno. Una sociedad más informada, puede emitir opiniones informadas y eso hace que la sociedad sea más democrática”. Drucker Colín estima que el Estado mexicano debe fomentar incentivos fiscales para que las empresas desarrollen tecnología. En cambio, el gobierno saliente destinó la mayor parte de esos estímulos a empresas trasnacionales que no invierten en investigación y desarrollo. Advierte el neurocientífico: “en este siglo XXI, denominado ‘del conocimiento’, sólo dominarán la economía las sociedades que generen el mayor conocimiento, pero este sexenio reprobó en ciencia y tecnología; su visión miope y poco nacionalista redujo el presupuesto para esas disciplinas”.Drucker señala que: “el próximo sexenio será el último posible para salvar el atraso de México en ciencia y tecnología, porque para 2012 o 2015, si no le entramos en serio, no se podrá zanjar el abismo entre los países desarrollados, y nosotros ya vamos muy atrasados: México no produce nada, absolutamente nada de nada, no hay un solo insumo para la ciencia o cualquier otra actividad hecha en México”.

Subordinación tecnológica

Evaluar qué inversión extranjera en alta tecnología ingresa en el país es un criterio que evita la dependencia, sostienen los entrevistados, quienes contrastan la nula selección desde el gobierno mexicano en los acuerdos de cooperación tecnológica que ha suscrito con países desarrollados. Es interesante observar cómo ha operado la República Popular China, que hace 50 años salía del feudalismo económico y hoy asimila tecnología aeroespacial para producir satélites. Con esa óptica, los científicos chinos se integraron al sistema satelital europeo Galileo –contraparte del estadounidense GPS, pero superior en vanguardia tecnológica– para asimilar ese conocimiento y lanzar su propio satélite regional. Esa visión llevó a China a poseer el 10 por ciento de la industria aeroespacial y ya compite con Airbus y Boeing. En la misma lógica, la nación asiática adquirió la división de cómputo de IBM, para controlar toda la cadena productiva de esa rama. Además, China realiza investigación avanzada en nanotecnología y biotecnología que asimiló de Estados Unidos y Europa. Forma sus cuadros en el extranjero y una vez poseedores de ese capital tecnológico, abre centros de investigación o parques tecnológicos propios. Ahí el Estado se apega a su ambicioso Plan Nacional de Tecnología, “en una lógica de red industrial como hacen los países desarrollados y que no es el caso de la mayoría de los países de la periferia, como México”, apunta Gian Carlo Delgado.

John Saxe Fernández, académico e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, subraya el abismo tecnológico entre México y China o Brasil mismo. “Ahí ya se producen satélites en cooperación con China y para preparar a sus propios cuadros. Los mexicanos, en cambio, tenemos una gran oficina donde un burócrata firma el cheque para la NASA que hace los satélites. Sí hay un contraste”. Mientras que el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, siguió lineamientos estadounidenses y desreguló la economía y la inversión extranjera, Estados Unidos hizo lo contrario al aumentar la regulación sobre tecnología porque así mantiene su ventaja en la competencia intercapitalista. Allá, los senadores Exxon y Florio modificaron la Ley de Inversiones para que los extranjeros no accedieran a su alta tecnología. Aquí, por indicaciones de ellos mismos, se desmanteló incluso nuestra capacidad de desarrollo científico en alta tecnología, explica el catedrático.“Siendo el nuestro, un país petrolero y teniendo centros de vanguardia como el Instituto Mexicano del Petróleo, lo desnacionalizamos y reducimos su presupuesto a favor de especialistas extranjeros que nos dicen cómo trabajar. Ni en China ni en Corea del Sur ni en Japón es posible eso, incluso Taiwán, cuando compró aviones a Estados Unidos, le exigió montar ahí la fábrica, porque su intención es asimilar esa tecnología”, estiman Delgado y Saxe-Fernández.

Nanotecnología ¿para qué?

Aunque la UNAM figura como uno de los principales entes que publican en nanociencia y es fuerte en número de investigadores, está comprando el dilema de la nanotecnología cuando no va a tener ninguna oportunidad para estar a la vanguardia, pues sólo se desarrolla con empresas extranjeras y a través de alquilar o rentar horas de uso de ciclotrones a Estados Unidos. Así, la investigación en ese rubro estará subordinada a la superpotencia, señala Gian Carlo Delgado.

Otros centros que investigan en nanotecnología –la manipulación de la materia a escala nanométrica, es decir, a la mil millonésima de metro o el mundo de los átomos y las moléculas– son el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otros centros, como el de Investigaciones de Materiales de San Luis Potosí y otro más en Guanajuato. Nuestro país canalizó su investigación en esta novedosa disciplina por medio de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, una organización gubernamental en la que participan Conacyt, los laboratorios Sandia –que hacen investigación militar para el Pentágono en Estados Unidos– en sistemas nanomecánicos (chips micrométricos que usan partes o dispositivos nanométricos) y México entra a la cola de esta investigación. En ese caso, hay acuerdos ya con la Universidad de Texas, en Arlington, y la UNAM, otros con el Centro de Diseño Microelectrónico de Sony de San Antonio, Texas, y empresas de software especializadas en sistemas micromecánicas. También hay cooperación entre el Centro Nacional de Nanotecnología y Estudios Avanzados de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Texas. Otro caso es el de la Universidad de Guanajuato con la Universidad de Texas, en Dallas, para investigaciones de Nanotecnología y un tercer caso que prevé el establecimiento de un laboratorio binacional con Estados Unidos entre el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados de Chihuahua y la Universidad de Texas. Los acuerdos con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, conforman un patrón, señala Delgado Ramos, pues coincide con el lanzamiento, en los años 90, del plan denominado “Latin Chip”, un programa de Motorola que impulsa, “filantrópicamente”, el llevar la tecnología de punta a los países periféricos para que empiecen a desarrollar.“En este esquema, la periferia proveerá la fuerza de trabajo, para que aprendan en laboratorios estadounidenses donde se fabrican los chips, y las universidades mexicanas o latinoamericanas llevan a sus investigadores e ingenieros para fabricar los chips que quiere Estados Unidos.

“Es maquila de alta tecnología –puntualiza el profesor Saxe Fernández–, mucho atole”. Gian Carlo Delgado sintetiza: “es hacer la talacha”. En este caso, México carece de un programa de desarrollo de alta tecnología, como el que sí posee Estados Unidos. Precisamente fue el presidente George W. Bush, quien impulsó la iniciativa desde los años noventa y formó un equipo que ahora lo asesora y también al Legislativo, como una forma particular de cabildeo de las empresas que manejan la nanotecnología. “Para ellos es una cuestión de seguridad nacional, producen nanoestructuras, nanodispositivos y nanosistemas que pueden usarse en armas sofisticadas y novedosas, tratamientos terapéuticos, cosméticos y textiles, entre otros. Para Gian Carlo Delgado y John Saxe-Fernández, el dilema radica en tener una agenda científico-tecnológica con profunda vinculación hacia la economía, para beneficiar a la nación y a su gente. En última instancia, preguntan, para qué desarrollar esa tecnología de punta, cuando el grueso de los problemas de México se resuelve, por decirlo de manera burda, con la bicicleta.

BM y las lumpenburguesías

En su investigación sobre el impacto de diseño del Banco Mundial (BM) en la educación superior y los programas de ciencia y tecnología de México, Gian Carlo Delgado afirma que “el ‘casamiento' entre las corporaciones multinacionales y las universidades, la intensificación de la fuga de cerebros, y el nivel de dependencia tecnológica de las naciones del Sur, constituyen el reflejo del papel crucial del BM en el proceso de la privatización de la educación pública”.

Para Saxe Fernández, autor del libro La compraventa de México, es grave que el BM plantee que la educación superior es una mercancía más que un derecho, y que parte de su misión es interrumpir la reproducción isomórfica de la universidad, fundada en la libertad de cátedra y de investigación. “Sabemos que los países con mayor avance tecnológico cubren la gama completa del conocimiento: desde las ciencias duras hasta las humanidades. Pero en los nuestros, se trata de funcionalizar la educación a los requerimientos mercantiles de las multinacionales. Así, difícilmente se puede desarrollar un país”. El origen del atraso tecnológico de México, explica el académico, es la falta de estímulo gubernamental a la educación y al abandono tecnológico de los empresarios, “que en parte obedece a la orientación histórica de las ‘burguesías compradoras' -como las llama Theotonio dos Santos–, o ‘lumpenburguesías' latinoamericanas –como las denomina despectivamente Günter Frank–. Otra causa del atraso obedece al control externo sobre el manejo de la ciencia y la tecnología en nuestros países”. El empresariado mexicano no piensa que al barco nacional hay que mantenerlo a flote y en buenas condiciones. Ellos ponen el barco a la venta o en subasta, y si se hunde tienen yates de lujo donde refugiarse, ése es un comportamiento de oligarcas, sostiene Saxe-Fernández. Agrega que el FMI y el BM son los principales instrumentos de sobornización del que se valen los grupos de interés y el gobierno para desmantelar de sus recursos a la nación. “Se meten prácticamente en todo: agua, biotecnología, privatización de ferrocarriles, electricidad, petróleo, todo”.

Gian Carlo Delgado asegura que lo que caracteriza a la oligarquía mexicana –en general a la latinoamericana– es su alto grado de sobornización.

http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/octubre/htm
/mexico_colonizado.htm

EU: guerra a la Constitución

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de octubre de 2006.

Usar los ataques del 11-9 al estilo nacionalsocialista, como "una máquina para la fabricación de poder", en favor de la Presidencia Imperial, ha caracterizado el comportamiento de lo que Paul O'Neill, ex secretario del Tesoro, calificó como la camarilla de George W. Bush y Richard Cheney.

Durante los primeros nueve meses del arribo de Bush y Cheney a la Casa Blanca, en enero de 2001, al tiempo que negaban recursos presupuestales y desatendían sistemáticamente las propuestas y solicitudes de audiencia de Richard Clarke -el zar antiterrorista nombrado por Clinton, confirmado en su cargo por Bush para el refuerzo de la campaña contra Al Qaeda dentro de Estados Unidos-, los integrantes del gabinete, incluyendo a Rumsfeld, Wolfowitz -hoy flamante presidente del Banco Mundial-, Richard Armitage, John Ashcroft, John Bolton y Condoleezza Rice, entre otros, estuvieron a la expectativa, en aparente espera, según un documento de 2000 del Project for a new american century (textual), "a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador -como un nuevo Pearl Harbor"- que movilizara al público y les permitiese poner en marcha sus teorías y planes. El 11-9, como se indica en Terror e imperio (México, Arena 2006, pp. 227-228) fue, precisamente, lo que estaban buscando. Pocos días después de los ataques que segaron la vida a más de 3 mil personas, Rice convocó al Consejo de Seguridad Nacional para asegurarse de que el 11-9 fuera explotado políticamente y, según Chalmers Johnson (The sorrows of empire, New York, Metropolitan, 2004), solicitó -palabras exactas: "pensar sobre cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina estadunidense e impactar así en el mundo, a raíz del 11 de septiembre".

Luego Rice agregó: "... realmente pienso que este periodo es similar al comprendido entre 1945 y 1947", refiriéndose a los años cuando el miedo y la paranoia impulsaron a Estados Unidos a su guerra fría con la URSS.

Aunque la recomendación de Rice, entonces consejera de Seguridad Nacional y hoy secretaria de Estado, no deja nada a la imaginación, debo aclarar que las acciones realizadas por la Casa Blanca indican que la intención de "modificar de manera fundamental la doctrina estadunidense" se expresó en metódicas maniobras para neutralizar la norma constitucional y de derecho internacional. La meta del fundamentalismo golpista neoconservador se centró en realizar operaciones, como el espionaje electrónico-telefónico de la Agencia de Seguridad Nacional, sin autorización judicial para vulnerar (ex profeso) la ley de 1978 que estableció la Corte de Vigilancia de Inteligencia Exterior, diseñada para frenar abusos presidenciales, como el espionaje contra opositores realizado por Nixon, o en la abierta violación de la Convención de Ginebra y del hábeas corpus, de las leyes federales y del Código Militar, por medio de tribunales militares secretos, en la prisión de Guantánamo y en la vasta red de campos de detención donde se practica la tortura. Todos ellos son procedimientos encaminados a instaurar un nuevo orden legal y de derecho internacional (un Estado de excepción), que sustituya normas nacionales, como la Ley Federal sobre Crímenes de Guerra, de 1996, que conlleva la pena de muerte para cualquier oficial, civil o militar que la viole, o bien las del derecho penal internacional, como las derivadas de los juicios de Nuremberg. En corto, y siguiendo la tradición sentada por Hitler e ideólogos nacionalsocialistas, entre ellos Carl Schmitt, la meta ha sido instaurar un "Estado de excepción" por medio de "un nuevo paradigma", como acaba de elucidar Jane Mayer desde un bien informado trabajo (The Hidden Power, The New Yorker, July 3, 2006, pp. 44-55), que ahora arroja luz sobre las muy graves implicaciones de la reciente aprobación de la mayoría republicana de la legislación que condona la tortura y los fundamentos del Estado de excepción. Es un golpe al estado de derecho por parte de quienes, a decir de Scout Horton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia, de Nueva York, "... intentan derrocar dos siglos de jurisprudencia que define los límites de la rama ejecutiva".

Mayer indica que ha sido David S. Addington, el jefe del staff y asesor legal del vicepresidente Richard Cheney quien, a decir de fuentes tan notorias como el ex secretario de Estado Colin Powel y Lawrence Wilkerson, su principal consejero, encabezó la campaña por la legalización de la tortura.

Desde sus tiempos como colaborador de Cheney en el Pentágono, Addington mostró gran interés en los procedimientos legales requeridos para la sucesión presidencial en caso de declararse un "estado de emergencia", por ejemplo, si ocurriera un ataque nuclear o biológico. Es significativo, en el contexto del 11-9, señalar que Rumsfeld, Cheney y Addington se inclinan por una presidencia inconstitucional, sin contrapesos judiciales y legislativos, dedicando gran brío e interés en las operaciones encubiertas en ultramar y "dentro" de Estados Unidos.

Represión y sobornización colonial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de septiembre de 2006.

En medio de las dudas generadas por las anomalías del proceso comicial de 2006, con un "presidente electo" por obra y gracia de un Poder Judicial que no osa asumirse como tal ante un Ejecutivo electoralmente delincuencial, la busca y el afán de Calderón de asegurar fuentes internas y externas de "legitimación", acentúan los riesgos para la resistencia civil pacífica, para la vigencia del estado de derecho, las libertades y garantías ciudadanas, y para la soberanía nacional.

En el ámbito interno, a juzgar por la "paramilitarización" del conflicto en Oaxaca, su falta de solución política y acudir a la represión azuzarían el autoritarismo de sectores del panismo y de los poderes fácticos, que no verían mal recurrir cada vez más a medidas de excepción.

En torno a la escena "externa", se identifican al menos dos pivotes del continuismo neoconservador a) la persistencia y profundización de la administración de corte colonial del país, presente desde 1982 por medio del FMI-Banco Mundial (BM)-BID, conllevando una ampliación de las "reformas estructurales" para consumar -y legalizar- la entrega a las petroleras y a la oligarquía del complejo petroeléctrico de la nación; y b) la continuidad en la lesiva capitulación foxista de la jurisdicción territorial de México ante EU, mediante mecanismos de facto del Poder Ejecutivo y empresarial de ese país, como la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN).

En áreas tan vitales como el diseño de la educación superior y el manejo y orientación de la ciencia y la tecnología ha sido acreditada la insólita injerencia del BM: documentación oficial al respecto fue analizada por Gian Delgado, del Ceiich-UNAM, en una mesa de análisis sobre "el sexenio de Fox y su continuismo con Calderón", que se realizó el 13 de septiembre en el Centro Benemérito de las Américas, de la delegación Coyoacán (La Jornada, 20/9/06, p.1). La acción del BM en virtualmente todos los ámbitos del quehacer nacional -salud, agro, administración pública, vivienda, infraestructura, y privatizaciones de ferrocarriles, petróleo, electricidad, agua, biodiversidad- se realiza a través de préstamos usados para comprar influencia. Reconocida por Joseph Stiglitz, ex economista del BM, como una política de sobornización, aquí impacta el proceso de toma de decisiones económicas, administrativas y político-judiciales.

Es preciso insistir que el BM no es una simple "institución financiera internacional" o "multilateral" dedicada a fomentar el desarrollo. Se trata de una instrumento de Estado y de clase, porque articula los intereses de las multinacionales y sus socios locales y, además, porque está ampliamente dominado por la Casa Blanca, hoy por medio de Paul Wolfowitz, uno de los principales responsables, con Bush y Rumsfeld, de la genocida petroguerra desatada contra la población iraquí y del corrupto programa de "reconstrucción y estabilización". Por ello, es imperativo indagar el impacto del BM en nuestro Poder Judicial en todas sus funciones, incluyendo la electoral, especialmente en el proceso de "restructuración" del IFE y en la modernización del tribunal electoral del Distrito Federal. Y es que inquieta que se someta el manejo del Judicial a operaciones transexenales, adjudicadas como parte del programa "anticorrupción y de transparencia", incluidos en la Country Assistance Strategy del BM. Como muestra un botón: uno de estos préstamos por 30mdd, para "la modernización judicial-estatal de apoyo al acceso a la justicia", del 4 de junio de 2004, cubre de 2005 a 2009 y lo realiza el BM por medio de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banobras. Los planes de modernización en marcha incluyen los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuaha, Colima, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Sonora y el estado de México. Así que, en un área tan sensible para la soberanía nacional como es la estructura y dinámica del Poder Judicial, también Wolfowitz et al, por conducto del BM, meten mano. Lo delicado del tema se percibe mejor si se contempla que, por medio de la ASPAN Bush y las multinacionales propician la "integración" no sólo del sector "energético", sino también policial-militar y judicial. El estado de excepción instaurado en EU con la Ley Patriota se implanta de manera casi silenciosa en México y Canadá, usando la ASPAN como catapulta y disfraz, y a través de los artilugios que se emplearían, como se advirtió en el Senado "en caso de contingencias altamente riesgosas", generadas a partir de hechos como "la perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en serio peligro", por lo que sería "imperativo suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que impidan hacer frente a la situación rápida y fácilmente".Tal sometimiento y sobornización del Judicial es ya, después de la legalización del fraude electoral, una grave amenaza a la soberanía y la paz social.

Fox: sembrar impunidad y encono

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 14 de septiembre de 2006.

Al parecer Fox no considera suficiente haber sido señalado como fuente principal de las ''irregularidades'' del proceso electoral, y va por más. Como en el caso de la ilegal intervención de la iniciativa privada, las anomalías fueron mencionadas, pero nunca sancionadas por un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) políticamente imprudente y constitucionalmente insolvente.

El aval del Tribunal a la impunidad en el proceso electoral tiene como telón de fondo la gran corrupción perpetrada contra la hacienda pública mexicana durante los últimos sexenios, incluyendo el que fenece. Los criminales de cuello blanco no quieren dejar de ser los policías de su propia conducta, ni en Pemex-CFE ni en el caso IPAB-Fobaproa.

La corrupción electoral perpetrada por Fox et al, se debe a la necesidad de mantener la garantía de la impunidad, arriesgando como nunca antes la paz social y la vida de millones.

La aversión de Fox a Andrés Manuel López Obrador no es sólo psicológica: tiene como fondo el compromiso del tabasqueño con el electorado a abrir la cloaca del Fobaproa-IPAB y mantener el patrimonio petrolero y eléctrico, se genera por el temor que produce su amplia aceptación en el electorado, y adquiere peculiaridades que sólo el sillón psicoanalítico, junto con una necesaria y amplia auditoría de las operaciones interestatales (fundamentalmente con Estados Unidos) y empresariales del sexenio podrían elucidar cabalmente.

El tráfico de personas y de influencias de lo público a lo privado y viceversa, se expresa en un modus operandi más de corte gansteril que de un Estado soberano. La legalización del robo en las urnas se sustenta en la necesidad de mantener el poder a como dé lugar para seguir sustentando la legalización del robo a secas, por medio de, entre otros mecanismos, las consabidas ''reformas estructurales''.

Samuel del Villar no nos deja olvidar (Agravios nacionales, Océano,2006), que Martín Werner, el subsecretario de Hacienda de Zedillo, cuando Guillermo Ortiz era secretario, firmó el aval de los pagarés que documentaron la deuda del Fobaproa por la compra de la cartera de los bancos, y que una vez que el IPAB asumió sus deudas y su cartera, Werner se pasó a Goldman Sachs de Nueva York, ''una de las casas que se distinguió por comprar a un ínfimo valor la cartera documentada por él mismo como subsecretario'' (p.78). Y Jonathan Davis, designado durante este gobierno como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fue tesorero de la Federación con Zedillo y junto a Werner, ''y con la misma ilicitud'' firmó el aval de los pagarés por los que el Fobaproa asumió la deuda de los banqueros de Salinas. El lugar clave para tapar la corrupción de la función bancaria y asegurar la impunidad es precisamente la CNBV, la institución encargada de investigarla, corregirla y sancionarla''.

El pánico mostrado por Fox ante el ascenso de AMLO tiene múltiples ''razones'', entre las más destacadas: la sumisión de su gobierno ante Francisco Gil Díaz para inflar la deuda y los pagos del Fobaproa-IPAB a los bancos y al Banamex de Roberto Hernández, en particular, pasándolos de 3 millardos de dólares -el precio inflado de su privatización (2.62 veces de su valor en libros)-, a 12 millardos, facilitando esa gran operación contra México: ''El precio de venta de Hernández a Citicorp fue equivalente al reportado por los 18 bancos privatizados por Salinas y a 58% del precio total de las 228 entidades privatizadas por su gobierno por conducto de la SHCP (Pedro Aspe-Guillermo Ortiz)'' (p.79).

Es en el contexto de éstas y de cientos de operaciones similares que es necesario analizar la persistencia de Fox en su campaña contra AMLO y sus seguidores. Fox está empeñado en intensificar la crispación que padece la nación después de la usurpación electoral. Ahora hace chistes y juegos de palabras para intensificar el encono que ensombrece el panorama postelectoral: la semana pasada señaló que Calderón ''cuenta con el apoyo total e incondicional de su administración para que tenga un despeje rápido''. ''Despeje'' fue un término que repitió con franca complacencia varias veces.

La intensificación de la saña ya la vivimos: por Internet son frecuentes los insultos. También las amenazas, como la siguiente que me envió alguien -o alguna oficina- que se hace llamar Ricardo López dricardolopezlira@yahoo.fr ''Qué bárbaros, que gran hazaña realizaron ayer... Demostraron en un solo acto su naturaleza animalesca y bestial. ¿...van a celebrar esto?... Además son muy chistositos: ustedes -perredistas- quieren jugar sin respetar ninguna regla, mientras que su opositor debe acatar TODAS, verdad?, y si no es un represor, un tirano, etc. Si mandaron a la tropa, fue porque ustedes -bestias infelices- iban a bloquear el paso al palacio... sin embargo se hacen pasar como inocentes peregrinos a La Villa cuando se les reprime. Ojalá esto aporte un elemento más a su ya acelerado desprestigio, porque la verdad, todos ustedes no valen ni las balas que habría que usar para aniquilarlos''.

¿Es esto lo que Fox contribuye a desatar?

Elección de Estado: contexto regional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 31 de agosto de 2006.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogó y rechazó 375 impugnaciones que presentaron la coalición Por el Bien de Todos, el PAN y otros a la elección presidencial. Bajo un autismo "letrista", avaló el cuestionado conteo distrital del IFE. Este es el fin de la etapa cuantitativa en la que Calderón dejó pasar la oportunidad de apoyar el voto por voto, único medio para lograr transparencia y legitimidad como se lo sugirió el NYT y el Financial Times. Sigue la fase cualitativa para determinar si las elecciones se ciñeron a los criterios constitucionales o si se anulan para dar curso a otra etapa electoral.

El apresuramiento del TEPJF, apunta a que, como dice Lorenzo Meyer, "este arroz ya está cocido", profundizándose la crisis de gobernabilidad por el refrendo a lo que un miembro del PRIAN en la nueva legislatura calificó el fin de semana, en televisión, como "una brutal elección de Estado", o lo que AMLO planteó como "un verdadero golpe de Estado". Las prisas del TEPJF le restan credibilidad y alientan el incendio social en México, una de las principales fuentes de combustibles fósiles de EU. Indica docilidad ante un Ejecutivo irreflexivo y faccioso y ante los poderes fácticos.

Al momento de redactar esto, el TEPJF transita a la calificación del proceso comicial con fecha límite el 6 de septiembre. Pero a juzgar por sus apuros podría avalar en "15 minutos" (con un "extrañamiento" hilarante) la insolente e ilegal intervención de Fox como "jefe" de facto de la campaña del PAN y la igualmente irregular intervención de la IP.

Desafortunadamente el papel de este "incendiario disfrazado de bombero" que opera desde Los Pinos no se restringe al ámbito nacional. Su entreguismo "jurisdiccional" ante EU es ingrediente ominoso que es necesario incluir para calibrar el orden de magnitud de esta crisis. Dada la presencia del petróleo y actuación del aparato de "seguridad nacional" estadunidense en la ecuación político-institucional del país, realizada a la sombra de la derecha, cabe tomar nota que desde el 11-9 la Casa Blanca opera bajo un virtual "Estado de excepción", formalizado en la Patriot Act, reflejo de su predicamento económico y geoestratégico, por la creciente incertidumbre sobre las disponibilidades globales de petróleo convencional (barato y de fácil acceso), un panorama vinculado a cómo Bush y el cabildo petrolero manejan los instrumentos de Estado. Las dos petroguerras del Golfo representan una debacle para la ONU y un rechazo a los instrumentos del derecho internacional. La agresión contra Afganistán e Irak con sus cientos de miles de bajas civiles señalan una regresión de un orden de magnitud sólo comparable a lo experimentado durante el fascismo europeo. La guerra preventiva se correspondió, ayer en Alemania y hoy en EU, con el "Estado de excepción" con un Ejecutivo que flagrantemente usurpa funciones legislativas y judiciales como nunca antes en la historia de EU. La complicidad de Fox en el "desborde" hacia México de ese "Estado de excepción" es uno de los aspectos cruciales en que está inmersa la grave crisis poselectoral que padecemos, al involucrarse Los Pinos en un vasto operativo empresarial-estatal conocido como la Alianza Para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN) -incluye a Canadá-, auspiciada por medio de personajes vinculados con el aparato empresarial y de seguridad de EU, como Robert Pastor y Pedro Aspe.

En este esquema resalta el desleal plegamiento de Vicente Fox a Bush y al cabildo petrolero. Cuando Fox invitó a Halliburton, Kellog Brown & Root y Bechtel a operar en nuestros campos petroleros, también abrió las puertas al Pentágono, la CIA y al Homeland Security. No se infiera que con el panista se inauguró esta peligrosa intervención: desde Salinas, de manera paulatina, disfrazada y sin mucha visibilidad, EU ha venido desplegando mecanismos para influir y hasta incidir en la operación de la "seguridad interna" del país, por medio del financiamiento, el adiestramiento, la "inteligencia", los consejeros militares y de seguridad, la transferencia de tecnología para el control de la población -como las tanquetas actualmente emplazadas en San Lázaro- y los compromisos políticos para sostener a la cúpula, corrupta y antinacional, que desde entonces ha venido acelerando la entrega operativa del estratégico sector energético. Calderón, de asumir la Presidencia, está comprometido a profundizar esta tendencia como parte de sus convenios y adeudos para acceder a Los Pinos. La actuación del TEPJF hace más precaria la institucionalidad para enfrentar el intervencionismo: considérese, por ejemplo, que desde el 16 de agosto fuentes militares rusas hicieron saber que los encargados del aparato de seguridad nacional de EU, ante la convulsa situación político-electoral mexicana, enviaron un contingente de sus "fuerzas especiales" para asesorar a las fuerzas armadas de México, "en la protección de los inmensos campos petroleros de tan vital proveedor de crudo a EU".

Fox: jugando con fuego

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 17 de agosto de 2006.

Después del asombroso faccionalismo desplegado por Fox en el proceso comicial de 2006 y su solapamiento por el IFE, el muy limitado recuento realizado ha permitido a una de las partes en conflicto detectar y denunciar la existencia de actas falsificadas, de cientos de miles de votos introducidos o desaparecidos ilegalmente en las urnas, incluyendo la impresión de boletas de más por el IFE (Proceso, 13-VIII-06 p 10), parece que son suculentos los negocios en juego, revelando el pacto del gobierno con grandes intereses oligárquico-imperiales como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el aparato de "seguridad nacional" de Estados Unidos, en pos de la privatización y extranjerización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El patrimonio nacional, concebido por la plutocracia como botín a ser "negociado" con empresas extranjeras que operan inconstitucionalmente en el país (Halliburton, Exxon-Mobil, Sempra Repsol), incluye una reserva petrolera que abarca aquella localizada en aguas someras y profundas del Golfo de México. No es novedad que el objetivo prioritario de una voraz camarilla local y de instrumentos a su servicio como el CCE, así como la del cabildo petrolero estadunidense, bien colocado como está en la Casa Blanca y Los Pinos, sea ahora consumar el "fraude electoral", montado por medio de un operativo "hormiga" sistemáticamente orientado a alterar la votación en favor del candidato del PAN. Tampoco sorprende que esa cúpula se incline al uso de artilugios legales o ilegales, pacíficos o policiaco-militares, a fin de ubicar en Los Pinos a Calderón, Nava y otros personajes de comprobada lealtad y sumisión a sus designios sobre el sector energético mexicano, como el ex secretario de Energía Téllez Kuenzler.

Téllez intensificó, con la asesoría de Enron, la estrategia energética neoliberal enfilada a desarticular y devastar financieramente a Petróleos Mexicanos, a privilegiar la operación de empresas privadas en actividades vitales del proceso petrolero, por medio del cierre de áreas de Pemex con el simultáneo despido de técnicos altamente capacitados lo que, como lo documenta la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, (UNTCIP) en su Proyecto alternativo integral para Pemex (www.untcip.net) ha provocado la dilapidación económica y la destrucción de la fuerza productiva, expresándose en una merma injustificada de reservas petroleras, daños a yacimientos, infraestructura de transformación y transporte, institutos de investigación y capacidad tecnológica de la empresa y los trabajadores, convirtiendo al país en importador neto de volúmenes crecientes de gas natural, de petrolíferos, petroquímicos y químicos, desintegrando cadenas productivas e incrementando el desempleo y la migración.

Son amplios y extensos los vínculos y compromisos del círculo calderonista con los oligopolios de la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos y España (¿de ahí el favoritismo que le concede con tanta superficialidad profesional El País?), incluyendo al Grupo Carlyle dedicado a los negocios de armas, energéticos y de "servicios de seguridad" -una suerte de pelotones de fusilamiento en "auxilio" del gran capital-, como se documenta en Terror e imperio (Debate, 2006). Contra viento y marea Fox se esfuerza por lograr el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para mantener el control sobre los puestos de mando, a fin de imponer, contra la voluntad del electorado, lo que el "equipo binacional" (Bush-Cheney y Fox-Wolfowitz) concibe como el golpe de gracia a Pemex-CFE, es decir, la "constitucionalización" del vasto operativo ilegal que han venido construyendo -una suerte de Pemex paralelo-, mediante el contratismo generalizado y proyectos de inversión totalmente alejados del interés público nacional por su carencia de consideraciones sociales, ambientales, estratégicas y generacionales. El despojo, bien conocido por la opinión pública, porque está presente desde el arribo de Díaz Serrano a la dirección de Pemex, fue articulado por medio de préstamos y de la "cobertura lingüístico-ideológica" del Banco Mundial, como una "reforma estructural".

Fox da como un hecho que el TEPJF evitará una necesaria y significativa ampliación del recuento de votos, perpetrando lo que para el jurista Raúl Carrancá y Rivas sería una "catástrofe judicial", a fin de colocar a Felipe Calderón a como dé lugar como su sucesor, aun a riesgo de represión policial y militar y del derrame de sangre. Implacable contra AMLO y temerario contra la nación, Fox ya planteó su ingreso al nicho reservado a Santa Ana y Huerta, ofreciéndose para dar el "golpe" a Pemex-CFE y los trabajadores: en un encuentro con los legisladores electos del PAN, se comprometió a "asumir los costos políticos" y dejar la mesa puesta a lo que espera será un gobierno panista, impulsando en la nueva legislatura -a partir del 1º de septiembre- "reformas estructurales en el sector-energético, laboral y fiscal" (La Jornada, 9-VIII-06 p 10). Eso sí es jugar con fuego.

Elecciones y guerra de clase

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de agosto de 2006.

No sorprende que la base social de México haya entrado en erupción: al malestar forjado por la irresponsabilidad político-electoral del gobierno de Fox en los comicios de 2006, se suman 24 años de agravios a la población por lo que las inequidades y anomalías demostradas a lo largo de la jornada electoral pueden tener efectos traumáticos sobre la nación.

Es el resultado de lo que a todas luces es una "guerra de clase", término adecuado para calificar al programa de "reformas estructurales" impulsadas por la clase gobernante de EU y "sus" oligarquías asociadas al sur del Bravo y al "Estado de bienestar invertido" fundado en instrumentos malsanos como el programa de privatizaciones auspiciado por el Banco Mundial y el BID, plagado de corrupción, o el Fobaproa-IPAB, a favor de la plutocracia que terminó por hacer trizas el patrimonio de millones de familias y de pequeñas y medianas empresas nacionales. La cifra oficial de los pobres ya llega a 31 millones 700 mil personas, todo ello en medio de una metódica destrucción y debilitamiento de las redes de protección social, financieras y cambiarias.

A los incontables costos humanos de cuatro sexenios de insistente ataque al salario, el sindicato, el patrimonio nacional, la hacienda pública, la salud, educación y el empleo, se agrega ahora la descomposición del proceso comicial, único mecanismo disponible para lograr una resolución no violenta del cataclismo socioeconómico que vivimos. Se estigmatiza una demanda democrática, un recurso jurídicamente disponible, como es el recuento de los votos para generar certidumbre y transparencia, exigencia de los poco más de 2 millones de ciudadanos que protagonizamos el domingo pasado la mayor manifestación registrada en México, frente a dudosas cifras electorales que para el IFE y el PAN son definitivas, como con arrogancia y precipitación planteó Calderón ante el TEPJF, cuando la calificación apenas arrancaba.

En medio de este ataque a los principios de equidad y certeza electoral, resulta ensordecedor el ruido generado por el crujir de los fundamentos de la paz social. En esta crisis están presentes todos los precipitantes socioeconómicos identificados en la literatura especializada sobre la etiología de los estallidos sociopolíticos. Son apabullantes incluso las cifras oficiales del INEGI, maquilladas como están por medio de astutas definiciones, encaminadas a disfrazar y minimizar la percepción de un fenómeno tan central como la capacidad del régimen para generar pobreza, desempleo y una redistribución profundamente regresiva del ingreso nacional: al menos 6.6 millones de integrantes de la población económicamente activa se sumaron en este sexenio al desempleo abierto y fueron enviados sumariamente a una enorme economía informal, una de cuyas expresiones cardinales, el narcotráfico, sometida al flujo de doble vía entre drogas y armas de alto poder, hacia y desde EU, muestra una criminalización y militarización, que rebasa las capacidades de los instrumentos de Estado para contener sus efectos.

Desde estas páginas Juan Antonio Zúñiga (La Jornada, 1/8/06) nos ofreció una síntesis estremecedora de lo que ha sido el ataque sistemático, orquestado desde el gobierno, contra el aparato productivo, público y privado, tanto en el campo como en la ciudad.

Zúñiga indica que entre 2001 y el primer trimestre de 2006 la planta laboral ocupada por los grandes establecimientos económicos registró un desplome de 59.5 por ciento, que se traduce en una disminución de 5.3 millones de trabajadores, lanzados a la calle, a los "micronegocios" o a la migración ilegal. Al inicio del sexenio las grandes empresas ocupaban a 8.9 millones de trabajadores y en el último año la cifra se redujo a 3.6 millones. El desastre no se limita a la población urbana: también en el sector agropecuario los resultados del sexenio son devastadores, con una caída de 1.2 millones de empleos.

Pero esto no es más que la punta del témpano, porque estamos en presencia de una desintegración de enormes complejos económico-territoriales (como los involucrados en el manejo diario de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad -CFE-) y de vastas áreas productivas, en el sector privado y público. El desmantelamiento de Pemex y CFE se profundizó a niveles insospechados, a favor de grandes empresas extranjeras. Las pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, manufactureras y comerciales, formales e informales también resultaron dañadas. Todo en medio de un contratismo corrupto sin freno y del debilitamiento de la legitimidad electoral y de los enlaces políticos, institucionales y sindicales.

En este volátil contexto, el plantón que se realiza a favor de la democracia está justificado, pero en nada ayuda que se exprese estrangulando vías primarias del Distrito Federal que afectan a la ciudadanía, máxime cuando el temerario llamado de los beneficiarios internos y externos del régimen a profundizar el uso de la represión porril y policial-militar contra la resistencia civil se cierne como amenaza mayor a la paz social.

TEPJF: generar certidumbre

John Saxe-Fernández
la Jornada.
México 20 de julio de 2006.

Desde cualquier ángulo en que se enfoque la actual encrucijada política que vive la nación, resulta tarea crucial evaluar, corregir y neutralizar las irregularidades detectadas antes, durante y después del proceso comicial del 2 de julio. Sólo así se puede garantizar que en los tiempos por venir exista un medio ambiente estable y predecible que permita una marcha socioeconómica fluida, libre de traumas fratricidas, como los que ya se registraron en la historia mexicana en los albores del siglo XX: "dislocaciones" que con su millón de bajas y cientos de miles de familias desgarradas, se gestaron al calor del implacable esquema "oligárquico-imperial" entonces vigente y que todavía hoy padecemos, a pesar de toda la retórica de la "globalización".

Es cierto que el abierto y persistente intervencionismo faccioso del presidente Fox a lo largo de la campaña electoral y las prácticas torpes, amañadas y hasta ilegales del Instituto Federal Electoral (IFE), así como la ofensiva mediática financiada y orquestada por una oligarquía voraz contra el principal candidato opositor -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- están en la raíz del escepticismo y la irritación que ensombrecen estas elecciones.

Dado lo cerrado de la contienda, en nada ayudó a calmar los ánimos la precipitación del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, haciendo declaraciones triunfalistas a favor del candidato oficial, Felipe Calderón, lo que, ante evidencias de manejos irregulares, generó mayor inquietud.
Fue amplia la sensación pública de que Ugalde asumía funciones que la ley sólo confiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), única instancia legalmente capacitada para calificar el proceso electoral y declarar si hay presidente electo. A esa "precipitación" pronto le siguió una amplia y riesgosa "cargada" de "triunfalismo anticipado" liderado por Calderón, que está tensando el ambiente poselectoral. Difícil olvidar aquella entrevista de López Dóriga con Calderón, a pocas horas del "triunfo". En los primeros cinco minutos, luego de recibir las "felicitaciones" de Televisa, el candidato se apresuró a asegurar a los grandes monopolios extranjeros y sus socios del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora sí se concretarían las "reformas estructurales que México necesita", el "código" para designar la privatización y extranjerización del petróleo y la electricidad, el agua, la educación superior, la seguridad social y la "flexibilización de la fuerza laboral".

Pronto se registró el uso de los instrumentos de Estado para promover el "triunfalismo precoz": desde Relaciones Exteriores se "cabildeó" para que gobiernos extranjeros felicitaran a Calderón. Algunos, informados sobre tal "precipitación", pronto rectificaron. Otros que no lo hicieron, como Rodríguez Zapatero de España, ofenden nuestra institucionalidad.

La Secretaría de Gobernación no podía faltar en el irrespeto al Poder Judicial: Abascal trató de cubrir a Calderón con un manto de "legitimidad religiosa" agregando al Consejo Inter Religioso a la "cargada triunfalista". La reunión se efectuó en lo que sólo puede calificarse como un irresponsable esfuerzo por despertar al México bronco, aunque el cardenal Rivera luego aclaró que "hasta ahora no tenemos presidente", quizá impactado por el millón y medio de almas congregados en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana el domingo pasado en torno a AMLO para exigir que se limpien los comicios.

El comportamiento gubernamental, y los espots del IFE, defendiéndose de la crítica, empeoran una crispación que se acentúa por la actitud provocadora de Calderón y su cerrazón a que se constaten los resultados, voto por voto, y por encasillar como "violentos" y chantajistas a quienes así lo exigen. Lo que contrasta con la actuación pacífica y creativa de la población el 2 de julio y a lo largo de dos multitudinarias manifestaciones precisamente a favor del desahogo pleno de los mecanismos legales e institucionales disponibles para generar certidumbre electoral.

Para tirios y troyanos es vital que la única instancia jurisdiccional encargada de calificar el proceso comicial, el TEPJF -la "llave de seguridad" disponible para que el país no se nos precipite al abismo de la confrontación (ya hay conatos de violencia)- disipe las graves dudas en torno a unas elecciones que, por muy reñidas, y estar plagadas de irregularidades, algunas explicables, otras metódicamente dolosas, exigen un escrutinio cabal. Comparto la esperanza de millones de ciudadanos de todo el país, representados el domingo en el Zócalo, en el sentido de que, como bien expresó John M. Ackerman desde Proceso (Núm. 1550), los magistrados del Tribunal adoptarán "... una actitud proactiva y responsable, ordenando la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales cuyos resultados estuvieran bajo cualquier sospecha, o incluso ordenando un recuento de la totalidad de la votación para presidente de la República". Asegurar la certeza de la elección es ahora esencial para la paz social.

El país pende de un hilo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 6 de julio de 2006.

El proceso comicial se vio gravemente menoscabado, entre otros factores, por la ostensible conducta facciosa del presidente Fox. En su campaña contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador abusó de los instrumentos de Estado a su disposición, despojándose del papel arbitral y neutral que corresponde a un presidente, para poner en marcha, coligado con una derecha intransigente, de dentro y fuera del país, lo que se ha calificado de un "golpe de Estado técnico" (La Jornada, 4/7/06, p. 21). En su inadmisible interferencia electoral, abusó de instancias que van desde la oficina presidencial y la Procuraduría General de la República hasta las secretarías de Economía y Hacienda, y programas sociales a favor del PAN.

Luego del fallido intento del PRIAN de rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando una extensa ofensiva multifacética contra AMLO, arriesgando la integridad del proceso. Fueron múltiples sus ataques por radio y televisión, directos, personales y persistentes en medio de una multimillonaria campaña de miedo incitada por Acción Nacional. Todo ello "respaldado" por una "estrategia de tensión" consistente en operativos de "seguridad" y de provocación, y de una represión intensa y violenta para amedrentar a la población.

A pesar de la inducción del temor, de la pasividad del IFE, de la guerra sucia y del encono de la campaña, la respuesta ciudadana fue contrastante: la votación, copiosa, se dio en un medio ambiente de tranquilidad y concordia. La ciudadanía se volcó a las urnas confiada en la transparencia del mecanismo electoral para dirimir, de manera pacífica, los graves y urgentes retos económico-sociales y políticos que enfrentamos.

La participación de una propuesta alternativa al desastre socioeconómico y a la debacle moral de la corrupción sin freno del régimen, llevó a millones de ciudadanos a acudir a las urnas. Ahora, en medio de evidencias de manejos computacionales sesgados del PREP y de un tropel de inconsistencias, como evidencias de "fraude hormiga", irregularidades y manipulación en cerca de 50 mil casillas, el conteo repetido de casillas a favor del PAN, el "extravío" de 2 y medio millones de votos (sólo aclarado hasta que el PRD lo denunció, datos cuya inclusión acortó más la distancia entre AMLO y Calderón) es forzoso contabilizar acta por acta y, donde proceda, voto por voto. Esta circunstancia exige cabal limpieza.

Se abren escenarios complejos: una muy riesgosa burla a la voluntad popular, que "podría prender la mecha" del polvorín, o una salida institucional y legal que dé curso, con desahogo pleno, a una revisión íntegra del proceso.

Ayer, 5 de julio, dio inicio el cómputo distrital y se contempla que el 9 de julio el IFE, si procede, dé constancia de mayoría. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) define al ganador a la luz de las impugnaciones sobre los resultados contenidos en las 130 mil 480 casillas abiertas el 2 de julio.

El 10 de julio se pone en marcha el periodo para que se presenten los recursos de impugnación. El TEPJF, que falló contra al PAN por la guerra de espots contra AMLO, tiene capacidad legal para invalidar el proceso comicial, por ejemplo, si se llegaran a anular 20 por ciento de las casillas, o por graves irregularidades que resten libertad, autenticidad y equidad al procedimiento. El 31 de agosto es el día límite para resolver las impugnaciones de los juicios de inconformidad de la elección presidencial y el 6 de septiembre es el último día para que el TEPJF declare si hay presidente electo.

En todo esfuerzo por desmontar el "golpe técnico" es esencial garantizar la integridad de actas y paquetes electorales a la luz de lo ocurrido en 1988. Hay un candidato decidido a defender el voto y ya no vivimos en la absoluta oscuridad en materia jurisdiccional de aquel entonces, cuando la participación del Poder Judicial en las elecciones era inconcebible. Hoy existen mecanismos como el TEPJF, considerado por algunos como "la llave de seguridad" para resolver encrucijadas difíciles como la actual.

El país pende de un hilo. Es vital el desempeño riguroso, legal y justo del TEPJF, que desde 1996 forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con facultad plenipotenciaria, inapelable, para calificar la elección. También lo es la integridad de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales terminan su mandato en octubre. Como sugiere Jonathan Torres (El Semanario, 15-21 de junio de 2006), en caso de que se impugne la elección, algunos magistrados "podrían liberarse de ataduras" partidistas y votar de manera objetiva, pero otros "podrían razonar su voto con miras a su aspiración por ocupar una magistratura en la SCJN o emitir un juicio al vapor ante su próxima salida". José Fernández Santillán sostiene, sin embargo, que el TPJF "ha tratado de arrancarse el cordón umbilical que lo vio nacer, para actuar conforme con los principios legales". Ojalá.

Comicios: alto a la postración

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 22 de junio de 2006.

Plantear que los efectos sociopolíticos acumulados de la política económica, vigente ya durante 25 años, es asunto central para la seguridad humana -y para la "seguridad nacional"-, es algo que puede verificar quien se asome a los datos oficiales del INEGI o del Banco Mundial (BM). Es notorio el atasco del crecimiento per cápita, la no generación de empleo y la riesgosa profundización de la brecha entre ricos y pobres, y precisamente tanto el BM, el FMI y el BID han estado en el centro de la decisión para implantar este letal recetario concebido en función del interés privado nacional de EU y de las empresas de algunos de sus socios en Europa y Asia. Pero no se puede soslayar la complicidad de la oligarquía nacional, cuyo concurso históricamente y hoy es imprescindible para aplicar la política económica, asegurando eso sí, su coparticipación en la apropiación del excedente.

Cuando se analizan los efectos sociales y económicos del recetario integrado por una apertura comercial unilateral, la desregulación financiera, la flexibilización laboral, la drástica disminución de la inversión pública, el programa de privatizaciones -y la megacorrupción que le acompaña, incluyendo aquella plasmada en el Fobaproa-IPAB-, y una batería de "reformas estructurales" que impactan de manera profunda y negativa los ingresos de la población y de manera lacerante de la campesina y también al patrimonio nacional, estamos ante una implacable "guerra de clase", realizada a favor del alto capital y gestada al calor de una crisis de acumulación que se observa internacionalmente desde la década de los setenta del siglo pasado.

Montado sobre la estructura oligárquico-imperial, EU desató a sangre y fuego esa ofensiva del Bravo a la Patagonia, desgarrando países enteros, propiciando en México decisiones que acentúan de manera insostenible las desventajas comparativas estructurales sobre la base productiva nacional, dañando de paso nada menos que la capacidad de generar empleo. Plantear su continuidad y persistir en aumentos en la carga tributaria de los consumidores para enfrentar flaquezas fiscales, agravaría una tendencia que perpetúa el estancamiento, máxime si los encargados del manejo de la economía estadunidense, a la que el neoliberalismo nos amarra todavía más, incrementan las tasas de interés y manipulan las ventajas que deriva el Tesoro de EU de ser emisor del dólar.

Este panorama no es el resultado de "la globalización", sino de decisiones de clase, de la cúpula neoliberal que hegemoniza los instrumentos de Estado, a la cual el votante puede desalojar del poder. Es un fenómeno de clase, descrito de manera precisa por Samuel del Villar (Agravios nacionales, Océano, 2006), desde la perspectiva fiscal y hacendaria nacional, y por Jeff Faux (The Global Class War, John Wiley & Sons,2006), quien ofrece una descripción puntual de las componendas entre la clase gobernante de EU y sus socios mexicanos, demostrando cómo conjugaron sus esfuerzos para ampliar sus intereses por medio del TLCAN, mismos que prosiguen a través del endoso torpe y desleal de Fox a la llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), esquema oligárquico-imperial y de seguridad nacional que profundiza la desnacionalización de facto del sector petro-eléctrico y acota gravemente la jurisdicción del Estado nacional mexicano.

Del Villar logra una magistral síntesis del fenómeno. Plantea que desde De la Madrid, pero de manera señalada con Salinas, Zedillo y Fox (el PRIAN), se asentó en el país una verdadera dictadura fiscal-hacendaria que, en el proceso de aniquilar el estado derecho, atrofia la economía y degrada la sociedad, con costos estratosféricos: "sólo la que deriva del Fobaproa de 1994 a 1998, y del IPAB, desde 1999 a la fecha, alcanza un 'costo fiscal' de un billón 300 mil millones de pesos, que representa 19 por ciento del PIB" (p. 59). El orden de magnitud de tal sangría de recursos públicos es ignorado por la prensa estadunidense, que si considerara su equivalente nacional, lo vería desde otra perspectiva. Si el PNB de Estados Unidos toca los 12 billones (trillions) de dólares y con el gasto público de mayores dimensiones registrado para nación alguna en los 500 años de la era moderna, pues sólo el de su gobierno federal es de 2.3 billones, una desviación semejante de los recursos públicos por medio de un hipotético desvío de 19 por ciento del PNB de esa nación (poco menos de 2.4 billones), a favor de una corrupta cúpula local y de bancos e inversionistas extranjeros, habría generado ahí una hecatombe político-electoral, judicial y constitucional. Para calibrar mejor: la mayor defraudación contable corporativa detectada en EU, perpetrada por Enron -la empresa encargada del "diseño energético" de Fox- palidece ante el magno despojo de "nuestro" Fobaproa-IPAB. En EU no se percibe cuán vital es para México acabar, por la vía pacífica y electoral, con "la más formidable defraudación bancaria y corrupción organizada que todavía mantiene postrado al país".

Calderón, Madrazo: ¿adiós a Pemex?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 8 de junio de 2006.

La codicia sin límite está en la base de los esfuerzos, desesperados, de los "cabeza caliente" de la derecha, por mantener bajo "blindaje político", la vasta gama de operaciones irregulares, y la megacorrupción gestadas en torno al Fobaproa-IPAB, estimadas en 120 mil millones de dólares, y las igualmente vastas ilegales e inconstitucionales operaciones que se realizan en Pemex en lo que es la puesta en operación de un diseño gestado desde la Casa Blanca, encaminado al apoderamiento de su inmenso portafolio de negocios. Por lo que se recurre a todo tipo de operaciones de propaganda y operaciones negras para evitar que desde Los Pinos se articule una propuesta alternativa que ponga coto al saqueo de la hacienda pública y de la principal empresa de la nación.

Las manifestaciones de criminalidad de Estado por medio del uso de la violencia estatal incluyendo feroces ataques a la población, serían escenarios de "cabezas calientes" que pueden "reactivarse" en el último tramo comicial, parte de una táctica ultraderechista que intenta hilvanar lazos sicosociales entre la propaganda del miedo y la activación de atentados para generar el abstencionismo y el voto del miedo, como intentó hacer Aznar en España, infructuosamente.

El objetivo de tan irresponsable actuación estatal es proseguir con el gran despojo en curso. Sus beneficiarios recurren a la "criminalidad de Estado" que ahora se detecta, impune en el sector de "cuello blanco" que desde su dirección general maneja Pemex, empresa pública cuyo portafolio de negocios está en la mira del alto empresariado petrolero de EU y sus "socios" bien colocados dentro de la empresa. El diseño más reciente de privatización de facto es "SUMA por un solo Pemex", el cual, según fuentes internas que participan en su ejecución, "responde a indicaciones que habrían dado desde EU a Ramírez Corzo, actual director general de Pemex, para agilizar las gestiones para poder explorar y explotar crudo en México sin oposición, más allá de los contratos de obra, arrendamiento y aún sobre los Contratos de Servicios Múltiples que beneficiaron principalmente a empresas como Halliburton" (Fortuna, mayo de 2006). Según un documento confidencial en poder de Fortuna, el nuevo esquema reorganiza a Pemex para dar entrada al sector privado, "nacional y sobre todo extranjero" (p. 5) en la producción, refinación y comercialización de crudo. Todos los instrumentos del estado de derecho son echados por la borda, desde la Ley Orgánica de Pemex que obliga a someter un proyecto de esta envergadura a su consejo de administración para luego llevarlo ante el Legislativo, hasta la Constitución. SUMA evade la autorización del Congreso para su publicación, "... pues de acuerdo con funcionarios de Pemex que participaron en la elaboración del mismo, el proyecto se ha empezado a aplicar en algunas áreas desde noviembre del año pasado" saltándose virtualmente todo el estado de derecho y todos los trámites. Esta "ilegalidad de cuello blanco" estatal se realiza en medio del tráfico de influencias, la impunidad y la desvergüenza.

En su importante reportaje Ana Lilia Pérez indica que, "de acuerdo a estimaciones de funcionarios que participan en el SUMA y que proporcionaron una copia del documento, aplicar el proyecto de Ramírez Corzo costará a la paraestatal mil 500 millones de dólares, que incluye el costo de la restructuración y la liquidación o jubilación, en tres anualidades, de 20 mil trabajadores". Llama la atención que los impulsores del esquema, al tiempo que persisten en su guerra de clase contra trabajadores y técnicos mexicanos, "desalojándolos" de Pemex dan entrada a contratos con empresas extranjeras. Asumen que gozan de un fuero especial, de una "protección" política y que seguirán haciéndolo "después" de las elecciones. Muestran la misma convicción que el secretario de Energía, cuando fue a La Jolla, California, a anunciar a los petroleros estadunidenses que la entrega de Pemex es cosa de días. Muy confiados de que un privatizador de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como Calderón o Madrazo accederá a Los Pinos.

SUMA operaría con tres direcciones corporativas: la de Operaciones, de Administración y de Finanzas (DCF). Ramírez Corzo desaparece todo lo que suene a Ingeniería petrolera mexicana y desarrollo de proyectos. De eso se encargarían Halliburton, Bechtel y Schlumberg, con aval de Hacienda y el Banco Mundial desde la DCF. Es cirugía mayor: cambios a la Ley Orgánica de Pemex, al Contrato Colectivo de Trabajo, al Consejo de Administración. Como un pequeño Napoleón, este Ramírez "Corzo" se coloca como el emperador: "las tres direcciones corporativas incluidas tomarán en sus manos todas las operaciones de las filiales y subsidiarias de Pemex, bajo el mando del director general". Todo gira en torno al botín, o sea, el portafolio de negocios de Pemex valorado en decenas de miles de millones de dólares: "el director general y una junta de gobierno tendrán la última palabra en el portafolios de negocios que incluye a empresarios como consejeros independientes".