la Jornada.
México 20 de julio de 2006.
Desde cualquier ángulo en que se enfoque la actual encrucijada política que vive la nación, resulta tarea crucial evaluar, corregir y neutralizar las irregularidades detectadas antes, durante y después del proceso comicial del 2 de julio. Sólo así se puede garantizar que en los tiempos por venir exista un medio ambiente estable y predecible que permita una marcha socioeconómica fluida, libre de traumas fratricidas, como los que ya se registraron en la historia mexicana en los albores del siglo XX: "dislocaciones" que con su millón de bajas y cientos de miles de familias desgarradas, se gestaron al calor del implacable esquema "oligárquico-imperial" entonces vigente y que todavía hoy padecemos, a pesar de toda la retórica de la "globalización".
Es cierto que el abierto y persistente intervencionismo faccioso del presidente Fox a lo largo de la campaña electoral y las prácticas torpes, amañadas y hasta ilegales del Instituto Federal Electoral (IFE), así como la ofensiva mediática financiada y orquestada por una oligarquía voraz contra el principal candidato opositor -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- están en la raíz del escepticismo y la irritación que ensombrecen estas elecciones.
Dado lo cerrado de la contienda, en nada ayudó a calmar los ánimos la precipitación del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, haciendo declaraciones triunfalistas a favor del candidato oficial, Felipe Calderón, lo que, ante evidencias de manejos irregulares, generó mayor inquietud.
Fue amplia la sensación pública de que Ugalde asumía funciones que la ley sólo confiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), única instancia legalmente capacitada para calificar el proceso electoral y declarar si hay presidente electo. A esa "precipitación" pronto le siguió una amplia y riesgosa "cargada" de "triunfalismo anticipado" liderado por Calderón, que está tensando el ambiente poselectoral. Difícil olvidar aquella entrevista de López Dóriga con Calderón, a pocas horas del "triunfo". En los primeros cinco minutos, luego de recibir las "felicitaciones" de Televisa, el candidato se apresuró a asegurar a los grandes monopolios extranjeros y sus socios del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora sí se concretarían las "reformas estructurales que México necesita", el "código" para designar la privatización y extranjerización del petróleo y la electricidad, el agua, la educación superior, la seguridad social y la "flexibilización de la fuerza laboral".
Pronto se registró el uso de los instrumentos de Estado para promover el "triunfalismo precoz": desde Relaciones Exteriores se "cabildeó" para que gobiernos extranjeros felicitaran a Calderón. Algunos, informados sobre tal "precipitación", pronto rectificaron. Otros que no lo hicieron, como Rodríguez Zapatero de España, ofenden nuestra institucionalidad.
La Secretaría de Gobernación no podía faltar en el irrespeto al Poder Judicial: Abascal trató de cubrir a Calderón con un manto de "legitimidad religiosa" agregando al Consejo Inter Religioso a la "cargada triunfalista". La reunión se efectuó en lo que sólo puede calificarse como un irresponsable esfuerzo por despertar al México bronco, aunque el cardenal Rivera luego aclaró que "hasta ahora no tenemos presidente", quizá impactado por el millón y medio de almas congregados en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana el domingo pasado en torno a AMLO para exigir que se limpien los comicios.
El comportamiento gubernamental, y los espots del IFE, defendiéndose de la crítica, empeoran una crispación que se acentúa por la actitud provocadora de Calderón y su cerrazón a que se constaten los resultados, voto por voto, y por encasillar como "violentos" y chantajistas a quienes así lo exigen. Lo que contrasta con la actuación pacífica y creativa de la población el 2 de julio y a lo largo de dos multitudinarias manifestaciones precisamente a favor del desahogo pleno de los mecanismos legales e institucionales disponibles para generar certidumbre electoral.
Para tirios y troyanos es vital que la única instancia jurisdiccional encargada de calificar el proceso comicial, el TEPJF -la "llave de seguridad" disponible para que el país no se nos precipite al abismo de la confrontación (ya hay conatos de violencia)- disipe las graves dudas en torno a unas elecciones que, por muy reñidas, y estar plagadas de irregularidades, algunas explicables, otras metódicamente dolosas, exigen un escrutinio cabal. Comparto la esperanza de millones de ciudadanos de todo el país, representados el domingo en el Zócalo, en el sentido de que, como bien expresó John M. Ackerman desde Proceso (Núm. 1550), los magistrados del Tribunal adoptarán "... una actitud proactiva y responsable, ordenando la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales cuyos resultados estuvieran bajo cualquier sospecha, o incluso ordenando un recuento de la totalidad de la votación para presidente de la República". Asegurar la certeza de la elección es ahora esencial para la paz social.
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