La Jornada.
México 8 de junio de 2006.
La codicia sin límite está en la base de los esfuerzos, desesperados, de los "cabeza caliente" de la derecha, por mantener bajo "blindaje político", la vasta gama de operaciones irregulares, y la megacorrupción gestadas en torno al Fobaproa-IPAB, estimadas en 120 mil millones de dólares, y las igualmente vastas ilegales e inconstitucionales operaciones que se realizan en Pemex en lo que es la puesta en operación de un diseño gestado desde la Casa Blanca, encaminado al apoderamiento de su inmenso portafolio de negocios. Por lo que se recurre a todo tipo de operaciones de propaganda y operaciones negras para evitar que desde Los Pinos se articule una propuesta alternativa que ponga coto al saqueo de la hacienda pública y de la principal empresa de la nación.
Las manifestaciones de criminalidad de Estado por medio del uso de la violencia estatal incluyendo feroces ataques a la población, serían escenarios de "cabezas calientes" que pueden "reactivarse" en el último tramo comicial, parte de una táctica ultraderechista que intenta hilvanar lazos sicosociales entre la propaganda del miedo y la activación de atentados para generar el abstencionismo y el voto del miedo, como intentó hacer Aznar en España, infructuosamente.
El objetivo de tan irresponsable actuación estatal es proseguir con el gran despojo en curso. Sus beneficiarios recurren a la "criminalidad de Estado" que ahora se detecta, impune en el sector de "cuello blanco" que desde su dirección general maneja Pemex, empresa pública cuyo portafolio de negocios está en la mira del alto empresariado petrolero de EU y sus "socios" bien colocados dentro de la empresa. El diseño más reciente de privatización de facto es "SUMA por un solo Pemex", el cual, según fuentes internas que participan en su ejecución, "responde a indicaciones que habrían dado desde EU a Ramírez Corzo, actual director general de Pemex, para agilizar las gestiones para poder explorar y explotar crudo en México sin oposición, más allá de los contratos de obra, arrendamiento y aún sobre los Contratos de Servicios Múltiples que beneficiaron principalmente a empresas como Halliburton" (Fortuna, mayo de 2006). Según un documento confidencial en poder de Fortuna, el nuevo esquema reorganiza a Pemex para dar entrada al sector privado, "nacional y sobre todo extranjero" (p. 5) en la producción, refinación y comercialización de crudo. Todos los instrumentos del estado de derecho son echados por la borda, desde la Ley Orgánica de Pemex que obliga a someter un proyecto de esta envergadura a su consejo de administración para luego llevarlo ante el Legislativo, hasta la Constitución. SUMA evade la autorización del Congreso para su publicación, "... pues de acuerdo con funcionarios de Pemex que participaron en la elaboración del mismo, el proyecto se ha empezado a aplicar en algunas áreas desde noviembre del año pasado" saltándose virtualmente todo el estado de derecho y todos los trámites. Esta "ilegalidad de cuello blanco" estatal se realiza en medio del tráfico de influencias, la impunidad y la desvergüenza.
En su importante reportaje Ana Lilia Pérez indica que, "de acuerdo a estimaciones de funcionarios que participan en el SUMA y que proporcionaron una copia del documento, aplicar el proyecto de Ramírez Corzo costará a la paraestatal mil 500 millones de dólares, que incluye el costo de la restructuración y la liquidación o jubilación, en tres anualidades, de 20 mil trabajadores". Llama la atención que los impulsores del esquema, al tiempo que persisten en su guerra de clase contra trabajadores y técnicos mexicanos, "desalojándolos" de Pemex dan entrada a contratos con empresas extranjeras. Asumen que gozan de un fuero especial, de una "protección" política y que seguirán haciéndolo "después" de las elecciones. Muestran la misma convicción que el secretario de Energía, cuando fue a La Jolla, California, a anunciar a los petroleros estadunidenses que la entrega de Pemex es cosa de días. Muy confiados de que un privatizador de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como Calderón o Madrazo accederá a Los Pinos.
SUMA operaría con tres direcciones corporativas: la de Operaciones, de Administración y de Finanzas (DCF). Ramírez Corzo desaparece todo lo que suene a Ingeniería petrolera mexicana y desarrollo de proyectos. De eso se encargarían Halliburton, Bechtel y Schlumberg, con aval de Hacienda y el Banco Mundial desde la DCF. Es cirugía mayor: cambios a la Ley Orgánica de Pemex, al Contrato Colectivo de Trabajo, al Consejo de Administración. Como un pequeño Napoleón, este Ramírez "Corzo" se coloca como el emperador: "las tres direcciones corporativas incluidas tomarán en sus manos todas las operaciones de las filiales y subsidiarias de Pemex, bajo el mando del director general". Todo gira en torno al botín, o sea, el portafolio de negocios de Pemex valorado en decenas de miles de millones de dólares: "el director general y una junta de gobierno tendrán la última palabra en el portafolios de negocios que incluye a empresarios como consejeros independientes".
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