La Jornada.
México 2 de marzo de 2006.
Ante crecientes evidencias de que el electorado mexicano se inclina por un gobierno de centro-izquierda que impulse el interés público nacional y los fundamentos socioeconómicos formalizados en la Carta Magna, el régimen foxista, apoyado en la plutocracia doméstica y en los instrumentos de proyección de poder de la Casa Blanca -el FMI, el BM y el BID- se esfuerza por formalizar un "maximato", que permita prolongar el esquema que por 24 años devastó el aparato productivo, la economía popular y transformó el patrimonio nacional en botín. Como se ilustra en el libro de Guillermo Zamora, 2006: el año de la izquierda en México (Colibrí, 2006), no quieren soltar el poder ni las jugosas movidas que desde ahí se realizan. Después de la maniobra para desactivar a AMLO mediante el desafuero, ahora tratan de acotar su capacidad para ejercer la Presidencia ante un escenario electoral que le es favorable con 35 meses como puntero en las encuestas.
A Fox le ocupan y preocupan los negocios y los contratos, sean de sus allegados o de las grandes empresas extranjeras. Lo público es espacio y oportunidad para hacer negocios. Está ahí para "amarrar" oportunidades, mercantilizar la educación pública y privatizar, desde el petróleo, el gas y la electricidad hasta el servicio del agua o el muy lucrativo manejo de aduanas: los filones, las gangas y las usuras están por doquier: en la ley de agua, en la perforación y mantenimiento de pozos petroleros, a favor de Halliburton y Bechtel, en la asignación de contratos de servicios múltiples, en la autogeneración de la Comisión Federal de Electricidad con Pemex, en la privatización de puertos, aeropuertos y líneas aéreas, en las "magníficas" oportunidades del Fobaproa-IPAB y la Comisión del Agua -manejada por otro ex empleado de la Coca-Cola como él. Sigue "la hoja de ruta" del BM, la "ingeniería financiera", elaborada por Enron para Pemex.
No le importa si la "nación" deviene "colonia": es dócil ante la extraterritorialidad de la ley Helms Burton, como en el Sheraton, saliendo a la defensa del hotel frente a las medidas administrativas que tomó la autoridad delegacional y sin considerar lo fundamental: si se va a permitir que un poder externo dicte la política interna pasando por encima de la Constitución.
Fox sigue la política de "dotar de autonomía" al Servicio de Administración Tributaria (SAT) -medida impulsada por la gerencia del FMI y por el titular del SAT, quien negó que ello reste autoridad al próximo Presidente. Pero lo que está de por medio son las reformas al Código Fiscal de la Federación, la distribución de los excedentes petroleros y la donación de activos para los estados y municipios. Bush y "su" FMI pretenden que Fox, su desacreditado portavoz para América Latina y el Caribe, elija y nombre a quienes desvincularían la administración gubernamental de la recaudación de impuestos y el manejo de aduanas. Alfonso Ramírez Cuéllar acierta al advertir que con tal medida, el SAT "adquiriría carácter de organismo supranacional, ajeno a las necesidades del país. Además, esa condición impediría auditar al SAT y frenar la corrupción en Aduanas" (La Jornada, 24/2/06, p. 30).
El maximato opera desde dos pivotes que fundamentan la "nueva corrupción" que aflige al país: a) que "el gobierno es un negocio y los negocios son el gobierno" y b) socializar los costos y privatizar los beneficios. Como bajo el FMI-BM-BID, el gobierno se transforma en máquina generadora de tributación colonial y de lucro para oligarcas, cuyo combustible es la corrupción y, además, no se genera empleo, la ilegitimidad se generaliza mientras la informalidad económica se expande, robándole futuro a las nuevas generaciones.
El saqueo es magno y la política económica en vigor deviene en problema nodal para la seguridad nacional. Una situación que se agudiza porque Fox, más que "Presidente" de una nación soberana, se comporta como gerente-administrador de una empresa-colonia, cuya casa matriz está en Washington.
Como quien vende Coca-Cola, jabones o desodorantes, "gobernar" es saturar al electorado con espots radiales y televisivos, violando las reglas de neutralidad de los servidores públicos. Su "gobierno" se basa en la "autocracia mediática" que padece nuestra incipiente democracia, sometida al uso y abuso presidencial del poder de un duopolio televisivo que se trata de mantener incólume durante el próximo sexenio por medio de la llamada ley Televisa, otra gestión para preservar el poder de esa dictadura electrónica. Incluso se pretende que quienes se encarguen del manejo y asignación de los espacios radiofónicos y televisivos en los próximos años y sexenios sean nombrados por Fox.
En éste y otros rubros medulares el ocupante de Los Pinos acata fielmente la línea de Washington, su casa matriz, para prolongar "un maximato" empeñado en mantener los compromisos y negocios derivados de la incautación del salario y del pillaje del caudal energético, acuífero, minero y forestal. En territorio nacional, Fox no tiene matriz.
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