La Jornada.
México 16 de febrero de 2006.
No debe sorprender a nadie decir que Vicente Fox es un neopolko, término utilizado por don Manuel Buendía, el asesinado periodista de Excélsior, para referirse a la nueva camada de tecnócratas desnacionalizados que tomaron el poder en 1982, cuando se instauró el régimen acreedor auspiciado por Estados Unidos desde el Banco Mundial, el FMI y el BID.
La falta de una respuesta oficial, inmediata y enérgica ante la expulsión del hotel Sheraton de 16 ciudadanos de Cuba, integrantes de una delegación que realizaba negociaciones con empresarios estadunidenses, acción ordenada desde Washington, no es un asunto menor, o "administrativo" como lo presentan algunos analistas. Es una "expresión operativa" de la extraterritorialidad de la ley Helms Burton, que se observa desde hace algún tiempo, y un corolario de la doctrina Monroe, la cual sostiene que la soberanía estadunidense se extiende a la propiedad y a los contratos de sus empresas.
La aplicación extraterritorial de las leyes estadunidenses en México ocurre en medio del deterioro de los fundamentos de la estabilidad y del equilibrio sociopolítico. No se genera empleo y mientras la economía informal crece de manera desorbitada, millones de compatriotas son "desalojados" de su patria, de su hogar y de su parcela, por obra y gracia del neoliberalismo. Ellos presencian, con asombro y disgusto, cómo desde las más altas esferas del poder político y económico se desmantela el agro, la industria y el mercado nacional.
En medio de este deterioro acumulativo se generan tendencias e incidentes complejos y riesgosos para la soberanía y la seguridad nacional, como los que se protagonizan en la frontera con Estados Unidos, con la aparición de fuerzas militares "irregulares", de presuntos integrantes del Ejército Mexicano que incursionan en territorio de la nación norteña. Aunque las secretarías del ramo han negado la participación de soldados mexicanos, el embajador estadunidense, personajes derechistas y voceros de la Casa Blanca insisten en una campaña diplomático-propagandista montada en operativos "irregulares", de corte polkista, aparentemente para promover las iniciativas de "criminalización" de la inmigración, auspiciadas por la Casa Blanca.
El panorama nacional y "fronterizo" es explosivo, por lo que resulta todavía más sorprendente e inadmisible la persistencia de Fox de proceder con la privatización y extranjerización de actividades claves de Pemex abriendo el ingreso de empresas y contratistas extranjeros, precisamente en las fronteras terrestres y marítimas de México con EU, donde se han detectado importantes yacimientos de gas y petróleo: en la Cuenca de Burgos y en aguas profundas del Golfo de México. Para EU, las concesiones a sus empresas son una extensión de su soberanía.
En medio de los ecos del desmembramiento territorial de 1848, el desprecio de Fox por la Constitución, que juró defender, es inaceptable. Recuerdo que su inasistencia al cónclave del Castillo de Chapultepec, convocado por la plutocracia local, se debió a que realizaba una gira por Calgary, capital petrolera de Canadá, para promover la participación de empresas de ese país en el sector energético. Es una actitud de colaboracionismo neopolkista con intereses externos, que burla la Carta Magna y que se disemina entre sectores político-empresariales que esperan beneficios de estas operaciones.
En el encabezado de una nota de la revista Petróleo (dic 05-ene 06, p. 44), un número que dedica espacio a los contratos de servicios múltiples para aguas profundas, puede leerse: "Mientras se aprueban cambios constitucionales que abran la industria petrolera en México a la iniciativa privada, Petróleos Mexicanos prepara el camino con las grandes multinacionales para concretar alianzas estratégicas".
Ahí se informa que hasta ahora los mismos funcionarios foxistas que profundizan acciones administrativas, técnicas y hacendarias encaminadas a inducir la quiebra financiera y productiva de Pemex -principal fuente de recursos fiscales del país- ya han firmado convenios de "colaboración" con ExxonMobil, Shell, ENI, BP, TotalFina y Petrobras que "comprometen recursos prospectivos oficialmente estimados en 54 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente".
Son los mismos hacendistas sometidos al BM-BID y la Casa Blanca, que promueven las "reformas estructurales" mientras sangran a la empresa, desfinancian su mantenimiento adecuado o niegan recursos para ampliar las operaciones y adquirir la tecnología y financiamiento disponibles en el mercado internacional a fin de realizar, por cuenta propia, las operaciones en el Golfo y en la Cuenca de Burgos. Es una agresión sistemática, puntualmente analizada por José Luis Manzo en "Soberanía energética" (Memoria, enero 2006).
Para Fox, por encima de la Constitución están los negocios y los contratos, como los que auspició con Halliburton y su subsidiaria Kellow Brown and Root, muy vinculadas con la Casa Blanca, valorados en 2005, en mil 220 millones de dólares. Fox vulnera la soberanía y la seguridad nacional mexicana.
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