La Jornada.
México 2 de febrero de 2006.
La sospecha generalizada de que con la excusa de la guerra contra el terrorismo se asentó una "dictadura" en la Casa Blanca es algo que ya incomoda a George W. Bush, inquieta a personajes como Albert Gore, preocupa al Legislativo y a la prensa, y debe alarmar a la opinión pública mundial.
La sensibilidad de Bush al respecto es aguda: en una entrevista de diciembre 2005, impactada por la revelación del New York Times (NYT) sobre un vasto programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) contra ciudadanos estadunidenses y sin autorización judicial, se le preguntó sobre el aparente poder irrestricto (unchecked power) que refleja ese operativo.
En ese momento, "el tono usualmente relajado y jocoso del presidente cambió a uno enojadizo", y blandiendo por los aires su índice replicó: "decir 'poder irrestricto' es básicamente adscribir alguna suerte de posición dictatorial al presidente, algo que yo rechazo enérgicamente".
Bush se muestra, más que quisquilloso, amenazado por el rechazo público ante los amplios poderes que acumula al utilizar la tragedia del 11/9 y el posterior -e inexplicado- terrorismo con ántrax, como una máquina para generar poder y usurpar funciones judiciales y legislativas. Bajo el impulso de esos ataques se instauró el Estado de excepción, formalizado en la Ley Patriota, que Bush busca consolidar derechizando la Suprema Corte, dándole carácter permanente, aunque hay resistencia legislativa.
En un llamado para restaurar la legalidad, el ex vicepresidente Albert Gore expuso en el Congreso que la Constitución está en grave peligro: "muchos de nosotros hemos venido aquí, a la sala de la Constitución -localizada en el Congreso-, para tratar de colocar a un lado las diferencias partidistas y escuchar el sonido de alarma". Una aprensión compartida por el establishment mediático. Bajo el título de La presidencia imperial en acción (15-01-06), el New York Times advierte "... la urgencia de que el Congreso acote la expansión de poder del señor Bush. No existe nada en el consenso nacional para combatir el terrorismo después del 11/9 que justifique la redefinición de más de 200 años de tradición y de legalidad, por parte de un presidente dedicado a una cruzada ideológica".
Además de la Constitución, la Casa Blanca quebranta los ordenamientos legales. Según el Servicio de Investigación Legislativa, la Ley de Seguridad Nacional exige que el Ejecutivo informe a todos los miembros de los comités de inteligencia cualquier actividad de espionaje interno, como el de la NSA sobre teléfonos y correos electrónicos. El 6 de enero pasado se informó que ese servicio concluye que "las justificaciones esgrimidas por el gobierno contradicen la legalidad vigente".
Como los demócratas y un número sustancial de republicanos coinciden con la juez federal Sandra O'Connor y la American Civil Liberties Union de que el estado de guerra no justifica que el presidente viole la Constitución y los derechos civiles, sobre Bush se cierne la sombra de Nixon y Watergate, y la amenaza del desafuero. Según el ex fiscal Ramsey Clark, (www.impeachbush.org) hay pruebas sólidas para ese procedimiento, según los términos del artículo II, inciso 4, de la Constitución.
Entre otras menciona: 1) la toma del poder para desatar guerras de agresión en violación de la Constitución, la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional, realizando un asalto masivo y la ocupación de Irak, país que no amenazaba a Estados Unidos, resultando en la muerte y mutilación de decenas de miles de iraquíes y de cientos de soldados estadunidenses; 2) mentir a la población estadunidense, al Congreso y a la ONU para justificar la guerra; 3) autorizar y condonar ataques directos sobre civiles, la infraestructura -salud, agua, electricidad, etcétera- y lugares donde eran inevitables las bajas civiles; 4) autorizar, ordenar o condonar asesinatos, ejecuciones sumarias, detenciones secretas e ilegales, la tortura y coerción física y sicológica de prisioneros en violación de la primera, cuarta, quinta, sexta y octava enmiendas de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5) actuar para despojar a civiles de EU de sus derechos constitucionales y legales ordenando la detención indefinida de ciudadanos, sin acceso a defensa legal, sin cargos y sin la oportunidad de presentarse ante una corte civil, todo ello con base en poderes discrecionales y designando como "combatientes enemigos" a los inculpados; 6) autorizar tribunales militares secretos y ejecuciones sumarias de personas que no son ciudadanos, acusados a discreción del Ejecutivo, que actúa como juez, fiscal y única alternativa de apelación; 7) rehusar hacer públicas las identidades y localización de personas arrestadas y detenidas por el gobierno; 8) realizar arrestos secretos de personas dentro y fuera de Estados Unidos, negando el derecho a juicios públicos; 9) instaurar la práctica de efectuar perfiles raciales y religiosos y desplegar el espionaje doméstico contra la población sin autorización judicial.
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