Finanzas, crisis y guerra

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 25 de agosto de 2011.

La instauración de un estado de excepción global con la guerra preventiva y el uso y abuso de la carta policial-militar desde el 11/9 para sostener el manejo clasista de la crisis y frenar el deterioro hegemónico de Estados Unidos representa el riesgo mayor a la paz mundial. Desde finales de 2001, la guerra y las operaciones especiales de Estados Unidos se extienden a las regiones y naciones con recursos estratégicos vitales, Oriente Medio, Venezuela, Brasil, México, Canadá.

Y mientras el Pentágono contempla riesgosos planes contra Irán y China, se intensifica la guerra de clase, la represión y el intervencionismo por la aplicación de un recetario recesivo ante la crisis de acumulación en centro y periferia.

En Estados Unidos, por vez primera desde los años 30, no crece el empleo: en los 60 creció a 31 por ciento y la siguiente década bajó a 27 por ciento. Esa leve caída, el aumento de 60 por cientoen los precios del crudo (1979) y el timing de la crisis de los rehenes en Irán que llevó a la renuncia del secretario de estado Cyrus Vance, la primera ocurrida en 65 años, (Jomeini retuvo los rehenes hasta el último día del gobierno de Carter), llevaron a la presidencia a Reagan en 1981. Superó a su antecesor y llevó el gasto militar a niveles descomunales, en especial el rubro anti-balístico y aeroespacial.

Al recurrir al mercado de capitales y al déficit provocó fuertes aumentos en las tasas de interés, con devastadores efectos en América Latina: la debacle deudora de 1982 y el sometimiento a la condicionalidad cruzada FMI-Banco Mundial, instauran el neoliberalismo. Esa fue la primera de las crisis que desde entonces abaten al régimen de acumulación de la valorización financiera (ver Leda M. Paulani (http://rrpe.sagepub.com/) manifestándose en estallidos de burbujas especulativas de creciente intensidad y extensión.

Los cabildos e intereses detrás de Reagan y sucesores lograron la desregulación financiera, reducir impuestos a ricos y empresas, elevar la retórica librecambista y la praxis privatizadora a dogma sagrado junto al estado de guerra, con recortes al gasto social y medioambiental. La mezcla de la narrativa del free market con un keynesianismo militar se sustentó en un enorme paquete de billonarios contratos plagados de sobrecostos, corrupción. Eran subsidios a las grandes firmas. Esas fueron las bases para el armagedón económico-militar en curso: Reagan profundizó la militarización a costa del medio ambiente y la eficiencia energética. Propició la quema de combustibles fósiles y mientras perpetraba una gran carnicería en Centroamérica, el FMI y el BM inflingían severos programas de ajuste estructural a los pueblos latinoamericanos, incluidas la austeridad recesiva y la desregulación de los flujos de capital, mientras en Estados Unidos el déficit se elevó sin descanso y el Pentágono, el mayor consumidor de crudo del mundo, ante el agotamiento de la reserva petrolera de Estados Unidos, (llegó al techo en 1970), lanzó un ofensiva bajo el lema: “don’t conserve, we’ll go out and get it for you”. Las grandes petroleras agradecieron la continuación e intensificación en el uso de instrumentos de Estado (militares o de espionaje) para acceder al crudo localizado en México y Canadá, pero siempre con la mira en el Oriente Medio, sede de 60 por ciento del crudo mundial.

Con el régimen de acumulación en crisis y las burbujas proliferando, se desata una dinámica de retroalimentación prevista por Hyman Minsky, al revisar la coexistencia del estancamiento que aflige al capital monopólico y la hipertrofia financiera (por las decrecientes oportunidades para la apropiación de excedentes en el aparato productivo).

La disputa por los recursos naturales, agudiza la crisis con efectos sistémicos. Su manejo clasista genera altos riesgos bélicos, ambientales y enormes subsidios a los dueños y managers de estructuras financieras cada vez más frágiles. Recurren al Homeland Security, para sostener lo insostenible: seguir privatizando las ganancias y socializando los riesgos.

El protectorado

John Saxe-Fernández, la jornada, jueves 11 de agosto de 2011.

A

unque es claro que al adoptar el TLCAN (una capitulación económico/comercial y de inversión impulsada por transas oligárquicas con Wall Street), Estados Unidos enclaustraba a México, con injerencias policial-militares de alto costo para la población y la soberanía, el desplome capitalista, cuyo fuerte oleaje llega hoy al mundo desde un hegemón que se agrieta bajo la militarización de su política doméstica e internacional y la gravitación del capital especulativo, acarrea graves riesgos para la paz mundial y para un México que, sometido por Calderón al diseño de guerra irregular del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) que opera bajo la rúbrica de guerra al narcotráfico, como era previsible ve aumentar la presencia del aparato de seguridad imperial, al tiempo que se debilita su jurisdicción territorial, en especial en los estados norteños, tan cerca de Estados Unidos. (ver De Afganistán a México, LaJornada/27/7/11).

El New York Times del 6 de agosto publicó un reportaje de Ginger Thompson sobre la decisión de Estados Unidos de ampliar su papel (sic) en la guerra al narco en México, ¿alentados porque con solo un voto en contra, la Comisión de Defensa del Senado mexicano cometió el error histórico de aprobar, en lo general, el uso de los militares en tareas de seguridad pública? El NYT cubre asuntos de máxima sensibilidad, como que (textual):Funcionarios en ambos lados de la frontera dicen que se han diseñado nuevos métodos para dar la vuelta a las leyes mexicanas que prohiben que fuerzas militares y policiales extranjeras operen en territorio mexicano...

Quien ocupa Los Pinos, que según el diario pactó con Obama estaampliación, es algo más que entreguista. Es un más, grave en lo jurídico y constitucional. Además se nos detalla que para dar la vuelta a nuestras leyes, se recurre al ingreso al país (como en Afganistán) de mercenarios que operan como contratistas desde firmas de seguridad de Estados Unidos, de horrenda fama mundial por atrocidades contra la población. ¿Desde cuándo operan aquí?

Otra dimensión, igualmente seria de las equívocas decisiones de Calderón en materia de seguridad, es haber admitido en México (especialmente en una base en el norte) no sólo la presencia militar del Comando Norte y de organismos de seguridad de EU, sino también el presupuesto de la Iniciativa Mérida (IM), gestando clientelas y dependencia en el área militar y de seguridad: quien paga, manda. Y ahora se nos informa que, además de los mil 400 millones de dólares de la IM, la asistencia de seguridad a México desde la nómina del DdD es de ¡decenas de millones de dólares!

Una analista de la Brookings afirma que en México es de esperar que se cuestione la IM y se pregunte cómo se usa y gastan esos dineros. Y no sólo aquí. El cabildo militar y de la industria de la seguridad, es ducho en persuadir a senadores y diputados de los comités de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores, de allá. Y ¿de aquí también?.

Mientras Obama transgrede las Convenciones de Ginebra, realiza ejecuciones extrajudiciales y despliega fuerzas especiales en 120 países bajo su único mando adiestradas en operaciones clandestinas, al solicitar el ingreso a territorio nacional de esas fuerzas y decontratistas, se hace patente el desapego constitucional y el endoso calderonista al Homeland Security en México, homologándonos además en materia de allanamientos, arraigos, espionaje electrónico, telefónico, etcétera, y de militarización de la seguridad pública, delegando de facto al Comando Norte la función de defensa nacional mexicana.

Si Fox llevó a Pemex a un punto de venta; abrió los campos petroleros a firmas extranjeras y avaló con la ASPAN, la ampliación del perímetro de seguridad de Estados Unidos, ahora el boleto, además de dejar a Pemex como cascarón con la reforma energética de 2008, es legalizar y dar permanencia al estado de guerra, instaurar un régimen policial-militar y consumar, con el PRI, la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security.

De Afganistán a México

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 28 de julio de 2010.

E

arl Wayne, embajador designado para México por la Casa Blanca, sucesor de Carlos Pascual, afirmó en la sesión pública para ser confirmado por el Senado de Estados Unidos, que dará prioridad a la Iniciativa Mérida (IM) como una parte vital de las relaciones entre los dos países (La Jornada, 21/7/11 p.22). Ésa es la instrucción de Obama. El mensaje no puede ser más elocuente: la experiencia de Wayne como embajador en un Afganistán brutalmente invadido y ocupado por Estados Unidos, sin duda fue clave en su selección. Ahí se aplica un programa de estabilización y reconstrucción (PER) concebido en tiempos de Rumsfeld por el Defense Science Board del Departamento de Defensa (DdD), con decenas de miles de empresas y contratistas de Estados Unidos y en medio de cientos de miles de bajas, y destrucción de la infraestructura.

Es ostensible que Wayne dará continuidad a la misión de Pascual, el diplomático que encabezó en el Departamento de Estado el PER por su experiencia en Ucrania y en la inducción y manejo de estados fallidos. Además de estar, como México, en plena y atroz guerra irregular, con injerencia y aportes presupuestales del DdD en su estructura y dinámica de seguridad interna (junto al deterioro del estado de derecho, una característica básica de un Estado fallido) Afganistán y Pakistán encabezan las listas de esatipología, elaborada por centros académicos y oficiales de Estados Unidos.

Llama la atención, pero no sorprende, que Wayne enfatice la dimensión militar y de seguridad en la relación bilateral, parte de un programa de Seguridad Nacional hacia el hemisferio planteado en los años 90 en el Annual Defense Guidance Statement para ...estandarizar los vínculos militares con México de manera similar a como se desarrollaron a lo largo de la guerra fría con otros países latinoamericanos. Tras el colapso de la URSS no se afectaron ni el presupuesto o la influencia del DdD. Al contrario, se le asignaron funciones antes en manos civiles, como la lucha anti narcóticos que con Bill Clinton erauno de los principales programas de la posguerra fría para incidir en la dinámica de la estructura de autoridad interna de México y del resto de América Latina y cuando ya estaba en marcha un programa de privatizaciones de gran escala a favor del empresariado estadunidense. (JSF,El tercer vínculo, Excelsior, 14/6/1996/7a).

Dar continuidad transexenal y agilidad al presupuesto de la IM, para que los mexicanos prosigan exterminándose unos a otros sin afectar el precio, ni la demanda de drogas en Estados Unidos, o el flujo de armamento hacia el sur que alimenta la violencia y mucho menos el negocio de ese tráfico que se realiza en Wall Street y bancos como Wachovia del Wells Fargo, se refleja en que, según Wayne, la IM ya ha rendido frutos con la detención de una treintena de capos del narcotráfico, gracias a los mecanismos y estructuras que hemos construido para intercambiar información. Unosfrutos que incluyen más de 40 mil bajas civiles, 10 mil desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales que rompen el estado de derecho, no afectan el flujo de droga y alientan la intervención/ocupación militar, en especial de los estados norteños: una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que analiza el número de decomisos de droga en la frontera suroeste de Estados Unidos entre 2009 y 2010 concluye que no existe ningún patrón apreciable que correlacione, ya sea un incremento o decrecimiento en el aseguramiento de drogas, con la eliminación de personajes clave en las organizaciones de narcotraficantes.

Lo sustantivo de la guerra al narcotráfico es que encubre y promueve el despliegue en territorio mexicano del aparato policial-militar de Estados Unidos y su incidencia en la dinámica y toma de decisiones sobreseguridad nacional por el enlacepresupuestal que acarrea la IM con DdD, DEA, CIA etcétera, en tareas de control de la población, la protección de inversiones, comercio asimétrico y apropiación de recursos y empresas estratégicas.

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Piñera, cobre y petróleo

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 14 de Julio de 2011.

D

urante la visita de Estado a México del presidente chileno Sebastián Piñera, con una narrativa librecambista, privatizadora y antiestatista, no se ocultó su buen humor y humanidad, como se vieron en el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, pero tampoco sus desfiguros sobre el capitalismo realmente existente.

Piñera es parte del establishment que vio crecer su fortuna al calor del programa privatizador. Como diría René García (Estado y sociedad, Flacso,1995), es un heredero del Estado: algo común en el México que encabeza la lista Forbes, donde pueblo, mineros, trabajadores y sus familias, como en Pasta de Conchos, son poco menos que reses: es el país de las ejecuciones extrajudiciales, al igual que en Colombia, Irak y Afganistán, donde impera la guerra irregular del Pentágono y el enemigo está entre una población acosada por entes armados, de dentro y fuera del gobierno.

La visita del presidente se dio junto a la represión de la policía militarizada contra la protesta de miles de estudiantes en Santiago y ciudades de provincia, a la que se sumaron profesores, rectores y el sindicato de empleados públicos contra el modelo privatizador de Piñera, igual que aquí, el del Banco Mundial/BID, que se amplía a sectores estratégicos: el lunes pasado la Federación de Trabajadores del Cobre de Chile, con 17 mil empleados y cerca de 20 mil subcontratados, hizo un paro de 24 horas como advertencia para que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) tome en cuenta el rechazo a la privatización del sector.

La prensa informó de la paralización total de Codelco, ante la iniciativa que tienen gobierno y empresa de empezar una privatización encubierta de este estratégico recurso, indicando que los trabajadores reprueban la obsesión del actual gobierno de deshacerse de los activos rentables del Estado... afín con la línea de pensamiento de la derecha, de que únicamente es eficiente lo privado(Telesur).

Para Piñera deben haber sido estimulantes las charlas en Los Pinos sobre los avances de Calderón –y las petroleras de Estados Unidos–, en la anticonstitucional privatización y extranjerización de las actividades sustantivas de Pemex, como se documenta en Sarahí Ángeles, et al,Reforma energética (México, Cosmos, 2011) y de la marcha del diseño policial-militar para sostener laestabilidad ante la frustración popular por el despojo, socavando la función dedefensa nacional del territorio y los recursos, a favor de la represión y de la desnacionalización de la toma de decisiones en materia de seguridad, como en Chile desde el golpe, bajo la militarización de la seguridad pública manejada por Washington.

Investigaciones de Orlando Caputo y Graciela Galarce (www.rebelión.org)indican que las exportaciones del cobre chileno son superiores a las de Pemex y equivalen a 70 por ciento de las exportaciones petroleras de Venezuela. Chile concentra 40 por ciento de la reserva mundial de cobre. Su renta minera pasó del control nacional con Allende a la desnacionalización pinochetista de 1981, bajo laConcesión plena, un artilugio que, gracias a la colaboración de la Concertación, permitió que las mineras mundiales a más de las utilidades del capital, se apropien de esa renta (avizora.com).

Paul Walder (www.puntofinal.cl)indica que sólo cuatro mineras producen 70 por ciento del cobre chileno: Codelco, primer productor mundial, genera 25 por ciento, con activos propios por más de 13 mil millones de dólares –en la mira de Piñera– y el gran resto lo comparten BHP Billiton, Anglo American y la chilena Antofagasta Minerals, de Luksic.

El esquema de seguridad en México y Chile y el proceso privatizador/extranjerizador de Pemex y Codelco no son asuntos menores: esas empresas son las fuentes primordiales del fisco y de divisas no-condicionadas. Son los principales ejes de acumulación –y soberanía– en torno a recursos finitos, de importancia mayor, estratégica y comercial ahora bajo saqueo oligárquico e imperial.

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Diplomacia de fuerza

John Saxe-Fernández, la jornada jueves 30 de junio de 2010.

A

nda la derecha nacional e internacional enloquecida, frotándose las manos y haciendo gozo de la salud del presidente, incluso hablando de la muerte del presidente...les decimos... que... hay Chávez para rato. Eso dijo Elías Jaua, vicepresidente de Venezuela, ante la multimillonaria campaña contra el gobieno, intensificada ahora con un alud de rumores, por la convalecencia en Cuba de una cirugía practicada a Chávez. El esquema desestabilizador, parte de la diplomacia de fuerza por el petróleo impulsada por Bush/Cheney, persiste con Obama y los cipayos de costumbre.

En Venezuela, como en toda nación que ejerce soberanía sobre sus recursos naturales, en especial los no renovables (RNR), acciona y se acentúa la diplomacia de fuerza de Estados Unidos, el mayor importador de crudo y otros RNR. El papel de Venezuela, poseedora de la mayor reserva petrolera del hemisferio, en la génesis y desarrollo de la OPEP, ha sido una piedra en el zapato imperial y según Estados Unidos un mal ejemplo para América Latina, región que considera su reserva de RNR. A partir de 1999, cuando arrancan acciones para afianzar el control y usufructo nacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA), luego de un acotamiento sistemático, recrudeció la hostilidad de Estados Unidos, centrada en la ejecución de acciones y operaciones en dos vías: las abiertas y legales y las que, por violar el derecho internacional, penal, comercial y constitucional, se realizan en secreto.

El golpe de Estado contra Allende en 1973 es un caso bien documentado de la doble vía, puesta en marcha, organizada y micro-administrada con la excusa de la amenaza comunista. Eso y la salvajada de baño de sangre que siguió, fueron ordenados por Nixon y orquestados por Henry Kissinger, su cómplice en múltiples y graves violaciones documentadas al derecho penal internacional en América Latina y el sudeste asiático. Esa tragedia es parte de una estela de criminalidad de Estado hasta hoy impune: ni Kissinger, Bush/Cheney, Blair, Rumsfeld o Wolfowitz, han sido llamados a rendir cuentas por crímenes de guerra cometidos en Argentina, Chile, Vietnam, Afganistán, Irak, etcétera.

Este contexto permite calibrar la importancia del recordatorio de Jaua, de que todo 11 tiene su 13, ya que luego del golpe contra Chávez en abril 11 de 2002, el pueblo salió a las calles para exigir y lograr, el 13, la liberación del presidente, prisionero en una base militar. Entre 2000 y 2002 proliferaron los mensajes y operativos de provocación y terror contra el pueblo que, asienta Jaua, llevaron a la grave ruptura institucional del Estado venezolano y a una peligrosa situación de pre-guerra civil. La población, con apoyo militar, frenó la dinámica golpista.

La continuidad entre Bush hijo y Obama es ominosa. Lo muestra el golpe en Honduras de 2009 e intentonas y fricciones con Ecuador, Bolivia y otros integrantes de la Alba y Unasur, la proliferación de bases, el ingreso de Costa Rica a la agenda de guerra de EU, el acoso imperial a PDVSA, la injerencia en las diplomacias nacionales, etcétera. Además con Obama se intensificaron las ejecuciones extrajudiciales condrones, en Afganistán y Pakistán. Esta criminalidad de Estado, explícita en el apoyo al Plan Colombia y la Iniciativa Mérida (atroces diseños de intervención/ocupación bajo la guerra al narco o al crimen) se evidenció en un una plática entre Hillary Clinton y Kissinger en el Departamento de Estado, difundida por Bloomberg Tv: por una hora y ante cientos de embajadores, funcionarios de la dependencia y millones de televidentes, Clinton hizo gala de su identificación con Kissinger y la diplomacia de dos vías, haciendo notar, aquí y allá a lo largo de la sesión, el contraste entre lo que decía y lo inmencionable en público. Fue una exaltación de la diplomacia de fuerza, personificada en Kissinger, y una bofetada a la conciencia universal por el despliegue, en la mejor tradición goebbeliana, de la impunidad que goza ese honorable caballero.

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Movilización ciudadana

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 16 de junio de 2011.

E

l fin de la estrategia de guerra, la desmilitarización de las funciones policiacas, la cancelación de la Iniciativa Mérida y otros proyectos castrenses con Estados Unidos, son parte del Pacto Nacional Ciudadano, planteado en Ciudad Juárez por la Caravana por la paz y grupos de esa entidad (La Jornada (J), 11-6-2011 p.2). Poco después, en Los Ángeles, California, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a connacionales a unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y advirtió que los problemas binacionales no se resolverán “con militarización,razzias, deportaciones, discriminación racial y violaciones a derechos humanos”(J,13/6/2011p.9).

En El Paso, un grupo de texanos y los mexicanos ahí refugiados, desalojados con violencia de su país junto a otros 240 mil a lo largo y ancho de esa gran y codiciada franja del territorio nacional, recibían a la Caravana. Una defensora de derechos humanos, exiliada a pesar suyo en Texas, preguntó a Javier Sicilia: En qué momento perdimos nuestro México? (J. 12/6/2011p.6). La respuesta, centrada en cómo recuperar el tejido social, socavado por la “guerra al narco” auspiciada por Estados Unidos desde Los Pinos, se desahogó durante esa movilización ante el dolor de las miles y miles de víctimas de la guerra y de la militarización de la seguridad pública. El narcotráfico, dijo Sicilia a los texanos, ...no es un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública. Tienen que impedir ese Plan Mérida, que alimenta la violencia o serán cómplices de ese crimen de lesa humanidad en México.

Mientras la Caravana avanzaba hacia Ciudad Juárez, visibilizando a las víctimas y las tragedias familiares, diputados del PRI afines a Peña Nieto, su aspirante presidencial, impulsaban una Ley de Seguridad Nacional que, para abatir el hedor de autocracia y sometimiento, legaliza la militarización de la seguridad pública, eje de la agenda de Estados Unidos en México, centrada en el anexionismo castrense, que nos muta en protectorado al cancelar la función de defensa nacional a favor de su Comando Norte, que la captaría por el desgaste de las Fuerzas Armadas en la guerra al narco donde el enemigo está entre los civiles. La meta es arribar a Los Pinos dando continuidad trans-sexenal, con cobertura legal, a esta atroz carnicería entre mexicanos. ¡Seis años más!. Así lo recomendó en octubre, desde Toluca, John D. Negroponte, ex director del National Intelligence Council, máximo ente del espionaje de Estados Unidos.

En contraste, AMLO abogó por una relación de respeto con Estados Unidos, donde la cooperación sea por el desarrollo y no militar y advirtió que México nunca será base militar, protectorado ni colonia de ningún país extranjero. En lugar del Plan Mérida y de que nos entreguen armamento y helicópteros necesitamos reactivar la economía, crear empleos y evitar que nadie, por necesidad, tenga que verse obligado a emigrar. Este mensaje y el de Ciudad Juárez cobran urgencia en el contexto de crisis general y múltiple del capitalismo y el inminente riesgo de un estado policial-militar instaurado en función de la depredación de monopolios y oligarquías (proyecto 2030).

Los de alto ingreso no pagan impuestos en Estados Unidos. Aquí tampoco. Lo hace Pemex, mientras el abultado gasto militar, el dispendio y la polarización socio/económica se amplían. Allá está en curso algo mayor que la crisis de los años 30, con graves secuelas acá: la caída inmobiliaria es peor que entonces; el desempleo crónico no cesa y según los economistas Anna Schwartz, James Galbraith y Nouriel Roubini, si en los 1930 los bancos enfrentaron una crisis de liquidez, hoy son totalmente insolventes. Como insolventes son los rescates billonarios de Wall Street y luego del 11/9, los diseños policial/militares para apoyar lo insostenible.

La guerra antiterrorista o al narcoes, en realidad, guerra irregular al pueblo mexicano y su nación, por lo que urge la movilización ciudadana a todo nivel y ante diputados y senadores.

Economía y estado de excepción

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 2 de junio de 2011, p.33

..

El desborde hacia México y Canadá del estado de excepción instaurado en Estados Unidos después del 11/9 con la Ley Patriota (renovada el pasado jueves), la Ley de Comisiones Militares que conlleva la abrogación del habeas corpus y la ley marcial que permite al Ejecutivo el uso de los militares en ta- reas de seguridad pública tiene como trasfondo el sur del Bravo la explosividad social y la informalidad económica de la cual la delincuencia y el narcotráfico son expresiones cruciales, gestadas al calor del manejo clasista de la política económica del FMI-Banco Mundial-BID y las secretarías del ramo, en vigor en centro y periferia capitalista por tres décadas, ante una crisis estructural que persiste, se amplía y se agudiza desde 2007.

Agréguese la incapacidad del alto capital, en especial de los sectores financiero, bélico-industrial, de seguridad y de los intereses vinculados a la quema de combustibles fósiles, para enfrentar colapsos como el desempleo crónico, los retos ambientales y los límites geológico/atmosféricos (peak oil y calentamiento global) del patrón energético y se confirmará el aserto de Istvan Mézáros a Lucien Goldman, durante la rebelión estudiantil parisina en 1968, de que la crisis que se perfilaba entonces, haría aparecer la gran depresión como una tarde de té en la vicaría.

Ese es el trasfondo de la protesta del otro mundo es posible del Foro Social Mundial; del estamos hasta la madre y del Movimiento de Regeneración Nacional en México, que lleva a cientos de miles (y a millones detrás de ellos) a las plazas y calles, de San Cristóbal al Zócalo y a Ciudad Juárez; del Cairo a Madrid y a Madison: son respuestas, cada vez más extensas e intensas de trabajadores, sindicatos de entes públicos y privados, campesinos, indígenas y de amplias fracciones de la clase media, ante la agresión económica y policial-militar, de esquemas oligárquico-imperiales de intervención/ocupación, saqueo y explotación, que operan bajo la militarización de la guerra al narco, al crimen organizado o al terrorismo, conestímulo presupuestal y diplo-militar de la Iniciativa Mérida (IM) de Estados Unidos en México y Centroamérica. Estados Unidos no está exento. Aún el conservador Instituto Cato detecta, a raíz del 11/9, una perturbadora militarización de las operaciones de seguridad pública civil, así como un aumento dramático en el uso de unidades policiacas paramilitarizadas en labores policiales rutinarias, a lo que se agrega un muy extenso e ilegal espionaje electrónico de la ciudadanía por la Agencia de Seguridad Nacional. Jack Balking de Yale, percibe lanormalización y legitimación bipartidista de un estado de vigilancia nacional (New Yorker, 23/5/11 p.48):desde el 11/9 surgió una vasta y nueva burocracia de seguridad en la que se emplea al menos dos millones y medio de personas con autorización para manejar información confidencial, secreta o de secreto máximo; cuentan con inmensos fondos para la vigilancia electrónica, retorciendo la ley para hacerlo, así como arreglos público/privados, que han transformado a la industria contraterrorista en un poderoso cabildo. Y Obama, advierte Balkin,ha adoptado sistemáticamente políticas consistentes con lo que se hizo durante el segundo gobierno de Bush. Es un estado orwelliano policial-militar, con aval de Bush (y ahora de Obama) bajo la noción, inconstitucional, de la primacía del Ejecutivo sobre Legislativo y Judicial como comandante en jefe de la guerra anti terrorista.

En México con la Ley de Seguridad Nacional se alienta algo similar: un estado de excepción a la sombra de una creciente montaña de 40 mil cadáveres. Es un diseño dictatorial impulsado por PRI y PAN paralegalizar la inconstitucional militarización de la seguridad pública. A Estados Unidos le importa dar continuidad al actual esquema de intervención, aun a costa de prolongar la masacre en curso entre mexicanos. ¿Será una exigencia que ya Peña Nieto negoció a cambio de la presidencia?

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