Acoso estratégico

John Saxe-Fernández

La Jornada, México,

20 de diciembre de 2007.

“Si este sistema de misiles se pone en funcionamiento lo hará automáticamente como parte de toda la infraestructura nuclear de Estados Unidos. Será parte integral de la capacidad nuclear de EU.” Vladimir Putin describió así la médula de la iniciativa del gobierno de Bush para instalar sistemas antibalísticos, interceptores y radares en Polonia y la República Checa. Hecha ante Europa –y el mundo–, en la Conferencia sobre Política de Seguridad que se celebró en Munich a principios de año, los eventos demostraron que no fue una declaración menor: al colocar las fuerzas balísticas y nucleares estadunidenses en las puertas mismas de Rusia, la Casa Blanca intenta crear una capacidad de “primer ataque nuclear”. El propósito de corto plazo es paralizar a Rusia, por ejemplo, ante un eventual ataque de Bush-Cheney contra Irán, nación poseedora de la segunda reserva petrolera del planeta.

Pero después de que 16 agencias de inteligencia de EU dieron a conocer hace poco que Irán había cancelado su programa nuclear militar desde 2003, en contradicción con los dichos de la Casa Blanca, se derrumbó la justificación para la guerra y para el “escudo antimisiles”, erigido, según Bush, “para proteger a Europa” de un ataque iraní con cohetes. Así lo enfatizó la prensa checa y polaca en encabezados de primera página. Pero el Pentágono persiste con el “escudo antimisiles”, haciendo ostensibles dos designios de la ultraderecha militar (neocon): uno interno, centrado en grandes negocios derivados de jugosas subvenciones bélico-industriales del “escudo” y en los presuntos beneficios electorales de otra guerra durante los comicios presidenciales; y otro externo: para frenar el desplome hegemónico de EU, propiciando el control militar sobre la principal cuenca petrolera (y un insostenible “patrón petróleo-dólar”); acorralando a Moscú y China desde la OTAN y azuzando conflictos euroasiáticos, cruciales al ascenso hegemónico de EU durante el siglo XX.

Es claro que el escudo “antibalístico” de Bush es, en verdad, “una declaración de guerra de facto” contra la Federación Rusa, pues es como si Rusia hiciera lo mismo en Chihuahua y Alberta. Se induce así otra guerra fría con su carrera armamentista, la competencia por el dominio de áreas de alta tecnología –microelectrónica, espionaje satelital, “nano y bio tecnología”, etcétera– y su secuela de guerra propagandística y fortalecimiento de redes de espionaje. Pero la actual guerra fría difiere de la anterior en al menos tres aspectos: 1) el crudo antagonismo geopolítico en torno a asuntos demográficos y de recursos naturales estratégicos (petróleo, minerales, agua, biodiversidad) sustituye la confrontación ideológica; 2) con el colapso medioambiental en curso se crean otros conflictos –y oportunidades de intervención–, y 3) existe una probabilidad mayor de que, en los tiempos del peak oil, la nueva guerra fría mute en “guerra general termonuclear” (GGT) de manera vertiginosa. La inestabilidad e incertidumbre creadas por el “acoso antibalístico” son riesgosas. Yuri Baluyevski, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Rusia, se refirió la semana pasada a la moratoria impuesta por Moscú al Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE). Adujo la desventaja militar que ocasiona porque EU y la OTAN lo usan para presionar a Rusia y consideró necesario “recordar”, no en estricto sigilo –nótese–, sino urbe et orbi, que el “escudo” que EU intenta desplegar en Europa “podría provocar una respuesta con un proyectil balístico intercontinental”. Luego agregó: “el lanzamiento de un proyectil antimisiles desde Polonia podría ser considerado por el sistema autómata de Rusia como el lanzamiento de un misil balístico, lo que podría provocar un asalto en respuesta” (La Jornada, 16/12/07, p. 25).

El “sistema autómata” mencionado se refiere a una postura estratégica y capacidad operativa (balística-satelital-computacional) conocida como Launch-on-Warning (LoW), desarrollada por EU, la URSS y Rusia. Aunque la documentación desclasificada es escasa, documentos del Archivo de Seguridad Nacional indican que en el otoño de 1969 Georgy Arbatov, del Instituto de Estudios sobre EU y Canadá de Moscú, comentó a Helmut Sonnenfeldt del Consejo Nacional de Seguridad de EU sobre las dificultades estratégicas de LoW. Irónico dijo que “no había problema”, porque “ninguno de los dos esperaría en caso de recibir advertencia de un ataque. En lugar de ello, vaciarían sus silos lanzando un contrataque de manera inmediata”. Años después H. Kissinger, irresponsable y con calculada ambivalencia, “aceptó y desestimó” los altos riesgos de GGT “accidental” o por una “falsa alarma” del LoW. Son contingencias advertidas por Robert McNamara y Fred Ikle con aprensión y alarma comprensibles: EU y Rusia cuentan con 13 mil armas nucleares y unos 4 mil 400 cohetes en estado de máxima alerta desde que EU anunció que ampliaría su infraestructura nuclear a Polonia y la República Checa.

El de Bush es un corrupto “acoso estratégico” con alto riesgo de catástrofe humana y ecológica terminal.

BM: Pilatos previsor

John Saxe-Fernández

La Jornada, México,

jueves 6 de diciembre de 2007.

La crisis institucional de la pax americana se suma, junto con la energía, la pobreza y el calentamiento global, a la agenda contemporánea. Nuevas opciones financieras regionales (arreglo Chi Mai o el Banco del Sur), así como la pérdida de 88 por ciento de la cartera de préstamos del FMI desde 2002, y de 42 por ciento que afectó al Banco Mundial (BM) desde 1996, así lo indican. Agréguese la debacle moral y de derecho penal internacional, por más de un millón de bajas civiles en Irak y crímenes de guerra a granel, y se comprende lo difícil que es ocultar una criminalidad de Estado en la cual el BM, la CIA, el Pentágono y el FMI han sido pieza central.

En México, cual Pilatos previsor, el BM se lava las manos de cara a 2008. Dice que “le preocupa” la polarización social (La Jornada, 4/12/07, primera plana) y días antes se alarma por el “índice de desestabilización”. Los “índices”, parte de sus herméticos manejos estadísticos, no apantallan a una opinión pública que padece los resultados de los programas privatizadores, de ajuste estructural y de apertura comercial impulsados por el BM y sus country managers que operan desde Los Pinos y Hacienda. El lobo se dice inquieto por el bienestar y la seguridad de Caperucita, días antes de la cadena de zarpazos de 2008 pactados en el TLCAN contra millones de productores de maíz, leche, carne y frijol.

A lo largo de 25 años, el BM y FMI han jugado un papel central en la inducción de condiciones micro y macroeconómicas que afectan al aparato productivo, el empleo y el bienestar social, lo que, según Joseph Stiglitz, ex economista jefe del BM, se realiza en cuatro etapas (Memoria, junio de 2002): el paso uno “… puede llamarse con más precisión la sobornización”, es decir, el uso de empréstitos y otros dispositivos “para lograr la adhesión de presidentes y ministros para que, en lugar de oponerse a la venta de las grandes empresas estratégicas de gas, electricidad, petróleo, puertos o ferrocarriles, se inclinen a liquidarlas alegremente”.

Con las exigencias del FMI como excusa, “podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión de 10 por ciento, pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado unos cuantos miles de millones el precio de venta de los bienes nacionales” (p. 15). La venta de garage salinista (que algunos taimados “de izquierda” aconsejan seguir en Pemex por medio de contratos riesgo), valorada entre 23 y 26 mil millones de dólares, superó las privatizaciones de Yeltsin, hechas bajo impulso de EU en medio de “oleadas oligárquico-etílicas”, rematando grandes empresas energéticas, ahora recobradas.

Al segundo paso Stiglitz lo denomina “el ciclo del dinero caliente”, o sea, la “desregulación” del sector financiero, pactada por Salinas y Zedillo con el FMI para que especuladores y empresas extranjeras puedan repatriar dólares a su gusto. Así se prepara el terreno para grandes despojos, usando además instrumentos “novedosos” como el “mercado mexicano de derivados”. El Plan Brady, por su parte, facilitó a Wall Street inflar el “mercado emergente mexicano” mutando decenas de miles de millones de dólares de dudosos bonos de la deuda en valores comerciales “respetables”, al amparo de papeles del Tesoro estadunidense a 30 años: para Salomón Brothers, Meryll Lynch, Citibank, J.P. Morgan et al, las ganancias fueron fabulosas en medio de risas y champaña. La hilaridad fue mayor cuando el secretario Gurría afirmó, días antes de la macrocrisis de 1994, que la Ronda Uruguay “y la firma de acuerdos comerciales de México, en particular el TLC… ofrecerán a nuestro país un entorno favorable que debe aprovechar para sustentar el crecimiento futuro en el comercio y la inversión, alejando con ello la amenaza de otra crisis de sobrendeudamiento”. Lo cierto es que en cada ciclo “neoliberal” aumentan desempleo, despojo del patrimonio y millones migran a EU en busca de empleo.

El paso tres consiste en una desestabilización sociopolítica tal cual, pues con políticas recesivas se ataca la economía popular al alentar desempleo e “informalidad económica”, con su sector punta: el crimen organizado y el narcotráfico. A sabiendas de las consecuencias se reduce la inversión pública social y productiva, se retiran subsidios a la agricultura, se arrasa con los contratos colectivos, acelerando los despidos y acentuando la distribución regresiva del ingreso, se impulsa el alza en el precio de los combustibles (gasolinazo) y se ataca la canasta básica. Esto da lugar al paso “tres y medio” de Stiglitz: “los disturbios sociales inducidos por el FMI”.

Paso cuatro: con la nación “caída y en desgracia”, el FMI y el BM “se aprovechan y le exprimen hasta la última gota de sangre. Incrementan el calor, hasta que la olla entera explota”. (p. 15-17). En este contexto, con aval de Calderón, EU despliega sobre territorio nacional su sombrilla de seguridad (ASPAN-Iniciativa Mérida-contratistas/mercenarios), mientras sus empresas, con nuevos apoyos, se lanzan sobre “los bienes restantes” (petróleo, electricidad) “… a precios de remate”.

EU: la crisis








John Saxe-Fernández
La Jornada, México,
22 de noviembre de 2007.

Según Jan Hatzius, de Goldman Sachs, las consecuencias macroeconómicas de la crisis hipotecaria “podrían ser bastante dramáticas”. Pocas horas después, John Stumpf, CEO de Wells Fargo, advirtió que la situación del mercado de bienes raíces “es la peor desde la Gran Depresión”. Hay riesgos de orden mayor: además de “hipotecaria”, la crisis es bancaria, bursátil, de liquidez y, en el fondo, de hegemonía. En el aparato productivo su impacto es extenso: al contraerse la inversión en bienes raíces se afecta a la industria de la construcción, gran generadora de empleo, vinculada con otras actividades: cemento, acero, vidrio, plásticos, etcétera. Por el impacto tan amplio del sector vivienda, el “contagio” de la crisis es asunto potencialmente grave, dentro y fuera de EU: incrementos mayores del desempleo conllevan más oleadas antinmigrantes, racismo y represión contra nuestra población. Y las disminuciones en los volúmenes de importaciones afectan la relación de EU con Asia y de manera especial con México: la asimetría estructural con EU es notoria: 90 por ciento de nuestras exportaciones van al otro lado del río Bravo mientras sólo 15 por ciento de las suyas se destinan a México.

La crisis hipotecaria no es pasajera y sin impacto sociopolítico. Jeff Faux advierte que esta situación difiere del desplome que se dio en el mercado accionario, que no afectó a las familias “porque tenían pocas o ninguna acción”. Pero ahora “el precio de la vivienda en picada sería un desastre prolongado”, como ocurrió en Japón desde 1991 (Global Class War, New York, John Wiley, 2006, p. 198. De próxima publicación por la UACM).

Ya se registran quiebras bancarias y en fondos especializados en la industria de la construcción. De interrumpirse la cadena de pagos la situación sería explosiva en un escenario macroeconómico deteriorado por el costo de la petro-ocupación de Irak y Afganistán, entre otros desatinos de Bush: sus déficit fiscal y de cuenta corriente crecen sin control y como en 1975 hay riesgos de inflación con estancamiento (estagflación). Según Hatzius, un cálculo “conservador” de las pérdidas de los inversionistas –unos 200 mil millones de dólares– se traducirían en recortes en la inversión por 2 billones (trillions) de dólares. Es decir, más desempleo, rebajas en las tasas de interés y mayor déficit comercial. Y con ello un deterioro todavía mayor del dólar, con fuertes pérdidas para inversionistas y tenedores de la divisa.

Estudios del Instituto Levy, citados por Faux, indican que en 2008, “para evitar que el desempleo siga, el gobierno tendría que aumentar de manera sustancial su gasto deficitario por encima de su déficit federal proyectado en 2.3 billones de dólares para la década”, lo que “mandaría volando la deuda externa e interna a 100 por ciento del PIB, y después vendría más”. Y a mayor inyección de liquidez, mayor “estagflación”.

El contexto difiere del de 1975, ya que desde entonces ocurrió un cambio profundo en la estructura de poder del aparato monetario internacional. El dólar no tiene más el monopolio como divisa de reserva: existen otras opciones sostenidas por políticas macroeconómicas que inversionistas y bancos centrales consideran más “responsables”, de cara al desorbitado gasto de “seguridad” de EU, estimado en un billón de dólares en 2007. Para gobiernos e inversionistas los títulos en dólares no son confiables y mantener sus monedas atadas al dólar resulta una operación riesgosa. En noviembre el desplome que registró el dólar se debió tanto a la crisis hipotecaria como a las declaraciones de un funcionario chino de que su país “tiene un plan bien definido” para diversificar sus reservas monetarias. (China tiene reservas cercanas al billón de dólares.)

La diversificación monetaria y de portafolios se generaliza: en India la caída del dólar ante la rupia llegó a los tabloides: publicaron que la súper modelo Gisele Bündchen no acepta dólares como pago a sus servicios. Mientras para ingresar a museos y monumentos como el Taj Majal, el ministerio de cultura dejó de obligar a los turistas a pagar en dólares. Ahora se usa la rupia, más estable. Los ingresos de Bündche o los del ministerio de cultura son ínfimos comparados con los de los jeques de la OPEP, quienes en la última cumbre rehusaron dejar constancia de “preocupación” por el desplome del dólar, como sugirieron Irán y Venezuela. Eso sí, diversifican “poco a poco” sus portafolios y reservas monetarias: desde mayo Kuwait “desató” su moneda del dólar. Igual plantean los Emiratos Árabes Unidos (EAU): una desvinculación gradual por medio de una canasta de monedas. El Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a Kuwait, los EAU, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Omán, tratará el asunto en diciembre.

La crisis hipotecaria es síntoma de agravamiento de una crisis histórica: si Vietnam fue un fracaso táctico, Irak es un desastre tanto estratégico-militar como “monetario” y “fiscal”: el Pentágono debilita, no apuntala al dólar. Es la crisis de la pax americana: momento de incertidumbre, de oportunidad y de gran riesgo a la paz mundial.

NAFTA: The Intersection of the Geopolitics and Geoeconomics of Capital

John Saxe-Fernández

Social Justice, Vol. 23, 1996

Journal Article Excerpt

www.questia.com

Preliminary Outline
The North American Free Trade Agreement (NAFTA) "is REMINISCENT OF an earlier era, when mother countries such as England offered preferential trade terms, or Commonwealth preferences, to their former colonies in order to ensure their continued economic, financial, and political dependence....The motives of the [U.S.] government with regard to Mexico certainly remind us of those of the British Empire." This was written by Robert Kuttner in Business Week in mid-1991. At that time the intersection of U.S. "geoeconomics and geopolitics," as it would affect North America - and the rest of the Western Hemisphere - was already apparent.

The idea was to "integrate" a Third World country of Latin America - a country that at the time of this writing is still officially known as the United States of Mexico - into the larger economy of North America.(1) Few Mexican citizens were aware that not only some of the constitutional principles established more than 150 years ago, but also crucial elements of the exercise of "jurisdiction" normally associated with the concept of the nation-state were at stake in the "negotiations" preceding the eventual implementation of NAFTA. More specifically, I refer to the "total" transformation of the "economic geography" (which covers not only trade, but also finance, industry, infrastructure, and agriculture) of North America, to the detriment of the "public interest" of Mexico and that of the other countries involved.

The consequences will be especially costly and damaging for the formal wage-earning sector, whether blue- or white-collar. This sweeping transformation has been orchestrated mainly to cater to "U.S. private interests"(2) and it entails a "geopolitics" that also serves large corporate interests. Both the geopolitics and the geoeconomics have been codified through the commercial, financial, geopolitical, and jurisdictional instruments developed by the most powerful of the three nations concerned during the process that culminated in the signing of NAFTA. From a historical perspective, this "integration process" should be seen as a fresh manifestation of the Monroe Doctrine; there is a direct link between NAFTA and the expansionist tradition of the United States. U.S. Vice President Al Gore vividly expressed this connection, urbi et orbi, when he compared NAFTA to the territorial acquisitions of Louisiana and Alaska made by the United States in the last century.(3) In this century, NAFTA is not the first example of expansion...
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Montebello: saqueo de México



John Saxe-Fernández

La Jornada, México,
8 de noviembre de 2007

Poco después del cónclave secreto en Montebello, Canadá, de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) es “brújula”, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, insta a “proteger a los consumidores” ante monopolios “que frenan la competitividad y por ende el crecimiento económico”: entre ellos mencionó los de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y “el de energía”.

Toda una prestidigitación seguida poco después por el PAN, transformado en vergonzoso cabildo de las petroleras extranjeras, para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que Jorge F. Moncada y Mario di Costanzo han calificado, en relación al “rescate bancario”, como El saqueo a los mexicanos (Grijalbo, 2007): un magno atraco que dejó al país sin banca y lo colocó a merced de la usura “legalizada”. Con parte mínima de los intereses de ese “rescate”, ardientemente promovido por tecnócratas y oligarcas locales, podría duplicarse el presupuesto de salud y “duplicar la capacidad de refinamiento de petróleo y reducir así al mínimo la importación de gasolina” (p.11).

Ni lerdos ni perezosos, los integrantes mexicanos del CCAN lanzan otra cruzada para “la apertura de ciento por ciento” a favor de la inversión extranjera directa (IED), “en sectores estratégicos”, metiendo en el mismo saco a los monopolios privados y a los sectores constitucionalmente reservados a la nación. Es una maña vieja: con Salinas (1988-1994) el Banco Mundial (BM) desató sobre Pemex un diseño de desmembramiento y desarticulación, conocido en Estados Unidos como divestiture, que el Senado de ese país a principios de los 70 amenazó, pero decidió no aplicar, a sus monopolios petroleros porque los llevaría a la ruina ante una competencia externa con sólida integración vertical. Con aval de Salinas, el BM lo hizo, “marcando su territorio” sobre Pemex, como perro por su jardín.

Ahora se lanzan sobre los principales “trozos” de Pemex bajo el ropaje de la “competitividad”.¿Objetivo?: medio tapar el hedor de las transas de las privatizaciones-rescates (bancos, carreteras, azúcar, etcétera) para que el CCAN, integrado por promotores de la IED, como Claudio X. González, procedan con un “fobaproa petroeléctrico”: la receta para terminar de hacer pedazos la economía y la paz social del país.

Esta estafa en curso dentro del vital sector energético se realiza por la vía de la subcontratación –Halliburton/Bechtel–, el “manejo” opaco del portafolio de negocios de Pemex-CFE y de una vil agresión fiscal perpetrada por el FMI-Hacienda. Se ataca el corazón del país en momentos en que la capacidad mundial de producción de crudo convencional ya no cubre la demanda y por tanto el control nacional del sector es crucial para que la nación no se nos deshaga en las manos.

Pero las grandes petroleras, en pos del negocio del crudo, cuentan con los cómplices de siempre. En 1996 en un sobrio análisis sobre procesos e intereses implicados en la enajenación del sector petroeléctrico, eje principal de acumulación de México, Gastón García Cantú señalaba que la dirigencia empresarial es “fundamental” en la transformación de las empresas públicas que quedan, “en botín a repartirse entre mexicanos, primero, y extranjeros después, con el argumento de que en poder del Estado no hay negocio próspero”.

Es el “guión” que usan Acción Nacional y algunos bribones de la “oposición” legislativa para entregar Pemex a la IED: para el BM es un ente poco competitivo que llegó al límite de su endeudamiento siendo los privados los únicos que pueden aportar los capitales requeridos para su expansión. Pero como demuestra José Luis Manzo (http://www.untcip.net/) con datos recientes del Estado de resultados y balance general de Pemex, en los 18 años comprendidos entre 1989 y 2006 ésta acumuló (en dólares constantes de 2006) utilidades por 471 mil millones de dólares (mmdd). Entre 1989-1997 los ingresos totales fueron de 264 mmdd y los costos de 107 mmdd, con utilidades de 157 mmdd e impuestos pagadores por 145 mmdd, arrojando una utilidad de 12 mmdd. Sólo en el sexenio de Fox, por el alza de precios, se lograron ingresos por 441 mmdd, generó utilidades por 240 mmdd, pero Hacienda, bajo lacayos de Washington, la asaltó con una carga fiscal de 258 mmdd.

En el periodo 1998-2005 la codicia y el entreguismo se salieron de control. Zedillo y Fox perpetraron un crimen de lesa patria: después de restar a los ingresos (471 mmdd) los costos (215 mmdd), Pemex registró una utilidad de 256 mmdd, “superior en casi 100 mil millones de dólares a la del periodo anterior (...) Sin embargo, como el importe de impuestos pagados fue todavía mayor (284 mmdd) ello provocó a Pemex una pérdida contable acumulada de 28 mmdd en este periodo” (¡!). Y claro, comparada con las empresas privadas en México y otras petroleras extranjeras, resulta que Pemex no es “competitiva”: su carga fiscal cuadruplica la de las empresas privadas en el país y casi triplica la de otras petroleras.

El predicamento mexicano



John Saxe-Fernández



La Jornada, México,
jueves 25 de octubre de 2007

Hoy como ayer, en la entrega del país a EU la oligarquía se posiciona como intermediaria en los grandes negocios de la “compraventa” de México. Regímenes que, ante su ilegitimidad de origen, optan por la represión como ocurrió en la usurpación electoral y posterior coerción sufridas por las fuerzas encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas durante el gobierno de Salinas (1988-1994) y ahora contra vastos sectores de la población aglutinados en torno a López Obrador y de otras causas populares, que sufren el embate policial-militar a sus derechos humanos y políticos: el estado de excepción se instala de facto como blindaje para los opacos negocios de la privatización y entrega de ferrocarriles, petróleo, agua, biodiversidad, electricidad, bancos, carreteras, puertos, aerolíneas, seguridad social, universidades, etcétera.

Rasgo central de la “colonialidad” de esta dirigencia ha sido el hecho de que, como ocurrió en 1848 y en el Tratado de la Mesilla (1853), “la enajenación del país es el fin de una política represiva. En la medida que se restringen las libertades individuales y sociales, se persigue a los intelectuales que los denuncian y se reparte como un botín los bienes públicos, se procede a la venta de la nación al extranjero”, como escribió Gastón García Cantú, en su imprescindible Las invasiones norteamericanas en México (Era, 1971). Es un trauma relacionado a las fases diferentes del desarrollo capitalista y la posición internacional de EU: tanto el “reordenamiento territorial” de México, un despojo de 2 millones de kilómetros cuadrados, como el sometimiento del librecambismo porfirista, contribuyeron en el ascenso de EU a las grandes ligas imperialistas a finales del siglo XIX. Y de ahí, como retador hegemónico del imperio británico, luego de su largo, y en el siglo XX, fulminante, ascenso hegemónico que culmina con la primacía global después de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de la “pax americana” y el dólar.

Las ecuaciones de poder no son estáticas: ahora bajo el capital monopolista fuertemente impactado por un agresivo sector financiero y en una constelación de poder signada por agudas contradicciones, a poco más de 15 años del colapso de la URSS y con una relación estratégica ruso-china revigorizada, EU está anegado por la resistencia Iraquí y dependiente de combustibles fósiles, agua y minerales, con movimientos de construcción social alternativa bolivarianos y retadores monetarios y tecnomilitares en Europa y Asia. Por lo que se vuelca sobre México y Canadá como “modelo” y plataforma de “imperializacion” para una recomposición de su hegemonía hemisférica, con el TLCAN y una “integración profunda” de corte policial-militar pactada por los “líderes” –Bush, Harper y Calderón– a espaldas de los poderes legislativos y de la opinión pública de sus respectivos países. Esto se hace bajo tres ejes post 11-09: a) el desborde hacia México y Canadá de un estado de excepción que conlleva la ampliación de facto de la jurisdicción de EU; b) la agudización de un apartheid laboral con una homologación a la baja de los derechos y salarios del trabajador de México y EU; y c) un vasto esquema de infraestructura –corredores del TLCAN– para el saqueo de recursos y mayor explotación de la fuerza de trabajo.

EU es un hegemón de gran poder y acumulación de contradicciones: su agresividad militar no equilibra, sino que desestabiliza dimensiones cruciales de la economía y política mundial que van desde los fundamentos político-electorales de la paz social mexicana hasta los de la OTAN. La ocupación de Irak y la “imperialización” de México se dan en medio de la debacle de Bretton Woods (FMI-BM-BID), de una veloz multilateralización y regionalización económica, monetaria, industrial y tecnológico-militar. El fenómeno, que desembocó en guerra mundial, difiere del bloquismo del periodo entre-guerras: el retorno a las “grandes áreas” por la cúpula de EU desde el Foreign Relations Council y sus contrapartes en México y Canadá, se hace en un contexto de “crisis hegemónica” con mecanismos de seguridad establecidos por las mismas fuerzas de clase y bajo la colonialidad formalizada en el TLCAN: el Consejo para la Competitividad de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte.

La capitulación de Calderón al diseño policial-militar (Plan México) energético, laboral y ambiental de EU cercena la soberanía e impone, por la fuerza y la usurpación, a la facción oligárquico-imperial que sigue lucrando con la “compra-venta” del país. Pocas veces, desde la década de 1840, estuvo México en tal riesgo y se necesitó de tanta cohesión cívico-militar para su defensa. Por lo que resalta el desentendimiento de este predicamento en el penoso endoso de Cárdenas a la usurpación electoral de Fox y Calderón. Sus “argumentos” debilitan las fuerzas sociales y los instrumentos político-electorales para el tránsito pacífico a la legalidad y a la constitucionalidad. La legitimidad y lealtad de Calderón a la Carta Magna sí están a debate.

La entrega de

“todo México”

John Saxe Fernández

La Jornada, México

jueves 11 de octubre de 2007

Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).

Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”.

Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).

Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”.

Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.