La entrega de

“todo México”

John Saxe Fernández

La Jornada, México

jueves 11 de octubre de 2007

Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).

Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”.

Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).

Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”.

Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.