Bush: ¿un 11-9 plus?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 18 de enero de 2007.

Apesar de que como respuesta a la dura derrota legislativa de noviembre, Bush et al estimulan procesos tipo 11-9 en la esfera nacional y geoestratégica, la situación es de riesgo extremo porque cuentan con dispositivos militar-dictatoriales. Además de la Ley Patriota, el "estado de excepción" se asienta sobre: 1) la Ley de Comisiones Militares aprobada por los republicanos días antes de esos comicios, para dar "legalidad" a los inconstitucionales tribunales militares, al uso de la tortura y las detenciones arbitrarias perpetradas en la vasta red de prisiones tipo Guantánamo y de campos de detención, que mantienen bajo arresto a cerca de 14 mil personas. Se eliminó el "habeas corpus", un principio legal y un derecho humano esencial, establecido en la Carta Magna, un retroceso enorme; 2) la John Warner Defense Authorization Act of 2007, firmada por Bush el 17 de octubre de 2006, que pasó inadvertida por el público. Información obtenida por Frank Morales (uruknet.info) indica que el senador Patrick Leahy reveló que esa ley permite al Ejecutivo declarar un estado de Ley Marcial Federal, ya que modifica las leyes sobre "insurrecciones" y la Ley Posse Comitatus de 1878, en la mira de Bush et al, porque prohibían el uso de los militares "en EU y sus posesiones". La nueva ley otorga amplios poderes para detener personas a placer del Ejecutivo y usando cuerpos policiales militarizados, desatar la represión de cualquier manifestación de inconformidad, crítica o protesta y "para suprimir, en cualquier estado de la Federación cualquier insurrección, violencia doméstica o conspiración ilegal". El impacto de esta legislación en la ecuación "cívico-militar" no se ha hecho esperar: el New York Times (13/1/07) informa que el Pentágono (DdD) amplía sus operaciones de espionaje en Estados Unidos para vigilar cuentas bancarias y operaciones financieras y bursátiles de cientos de ciudadanos y otros "sospechosos de terrorismo y espionaje" dentro de territorio estadunidense, como parte de "una agresiva expansión militar en las operaciones de espionaje doméstico". El NYT tiempo atrás indicó que la Agencia de Seguridad Nacional recibió "órdenes" de Bush para espiar las comunicaciones telefónicas, los correos electrónicos y tácitamente todas los intercambios entre ciudadanos de Estados Unidos y el extranjero, en violación de las leyes que requieren autorización judicial; 3) a contracorriente de una opinión pública que se manifestó contra la guerra en Irak en las elecciones legislativas y ahora también con la oposición de la mayoría demócrata en el Congreso e incluso de conocidos legisladores de su propio partido, Bush insiste en enviar 20 mil soldados adicionales a Irak, subestimando además las sugerencias de una comisión evaluadora sobre Irak, nombrada por él mismo, que recomendó la reducción gradual de tropas y la incorporación de Irán y Siria en el proceso negociador para salir del desastroso derrumbe causado por la resistencia iraquí a la petroguerra de Bush et al.

En tajante contraste se aumentó la presencia militar; se prosigue con las instrucciones giradas por Bush desde abril del año pasado ­según declaraciones de Condoleezza Rice al NYT­ para realizar operaciones de provocación contra Irán y se hostiliza a Siria. La toma de oficinas del gobierno de Irán en el norte de Irak por parte del DdD y la captura de varios funcionarios iraníes son percibidos como una "declaración de guerra". En el Arab Times (14/1/07), Ahmed Al-Jarallah consigna que Bush, Cheney, el nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, Rice y un cuerpo de asesores se reunieron en la Casa Blanca para discutir un plan de ataque contra Irán, crimen de guerra que se consumaría en abril. Según esa fuente, Gates y Rice sugirieron posponer el ataque, pero Bush y Cheney insistieron en realizarlo sin negociación, "basados en la lección aprendida recientemente en Irak: la Casa Blanca cree que atacando a Irán se creará una nueva ecuación de poder regional, se acallará la situación en Irak y se debilitará al régimen sirio".

Ahora es mayor el riesgo de guerra nuclear en el Oriente Medio y el mundo, un escenario advertido por Michel Chossudovsky (Globalresearch.com, 22/II/06), quien además informa que según los encargados de la seguridad en EU, un nuevo 11-9 "podría ser usado como justificación y oportunidad para atacar algunos blancos conocidos" (globalresearch, 10/8/06).

Las "oportunidades y justificaciones" se extenderían a México y Canadá. Así lo dice Robert Pastor a Jerome Corsi, del World Net Daily. Pastor integró el Consejo de Seguridad de EU y promueve la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte, es vocero del Council on Foreign Relations y codirector de la revista Norteamérica del Centro de Investigaciones de América del Norte (UNAM). Según Corsi, Pastor plantea que "otra crisis del tipo 11-9 podría ser el catalítico para fusionar a EU, México y Canadá": "No es que yo quiera otro 11-9, pero tener una crisis forzaría tomar decisiones que de otra manera no se adoptarían" (sic).

saxe@servidor.unam.mx