Bush: ¿un 11-9 plus?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 18 de enero de 2007.

Apesar de que como respuesta a la dura derrota legislativa de noviembre, Bush et al estimulan procesos tipo 11-9 en la esfera nacional y geoestratégica, la situación es de riesgo extremo porque cuentan con dispositivos militar-dictatoriales. Además de la Ley Patriota, el "estado de excepción" se asienta sobre: 1) la Ley de Comisiones Militares aprobada por los republicanos días antes de esos comicios, para dar "legalidad" a los inconstitucionales tribunales militares, al uso de la tortura y las detenciones arbitrarias perpetradas en la vasta red de prisiones tipo Guantánamo y de campos de detención, que mantienen bajo arresto a cerca de 14 mil personas. Se eliminó el "habeas corpus", un principio legal y un derecho humano esencial, establecido en la Carta Magna, un retroceso enorme; 2) la John Warner Defense Authorization Act of 2007, firmada por Bush el 17 de octubre de 2006, que pasó inadvertida por el público. Información obtenida por Frank Morales (uruknet.info) indica que el senador Patrick Leahy reveló que esa ley permite al Ejecutivo declarar un estado de Ley Marcial Federal, ya que modifica las leyes sobre "insurrecciones" y la Ley Posse Comitatus de 1878, en la mira de Bush et al, porque prohibían el uso de los militares "en EU y sus posesiones". La nueva ley otorga amplios poderes para detener personas a placer del Ejecutivo y usando cuerpos policiales militarizados, desatar la represión de cualquier manifestación de inconformidad, crítica o protesta y "para suprimir, en cualquier estado de la Federación cualquier insurrección, violencia doméstica o conspiración ilegal". El impacto de esta legislación en la ecuación "cívico-militar" no se ha hecho esperar: el New York Times (13/1/07) informa que el Pentágono (DdD) amplía sus operaciones de espionaje en Estados Unidos para vigilar cuentas bancarias y operaciones financieras y bursátiles de cientos de ciudadanos y otros "sospechosos de terrorismo y espionaje" dentro de territorio estadunidense, como parte de "una agresiva expansión militar en las operaciones de espionaje doméstico". El NYT tiempo atrás indicó que la Agencia de Seguridad Nacional recibió "órdenes" de Bush para espiar las comunicaciones telefónicas, los correos electrónicos y tácitamente todas los intercambios entre ciudadanos de Estados Unidos y el extranjero, en violación de las leyes que requieren autorización judicial; 3) a contracorriente de una opinión pública que se manifestó contra la guerra en Irak en las elecciones legislativas y ahora también con la oposición de la mayoría demócrata en el Congreso e incluso de conocidos legisladores de su propio partido, Bush insiste en enviar 20 mil soldados adicionales a Irak, subestimando además las sugerencias de una comisión evaluadora sobre Irak, nombrada por él mismo, que recomendó la reducción gradual de tropas y la incorporación de Irán y Siria en el proceso negociador para salir del desastroso derrumbe causado por la resistencia iraquí a la petroguerra de Bush et al.

En tajante contraste se aumentó la presencia militar; se prosigue con las instrucciones giradas por Bush desde abril del año pasado ­según declaraciones de Condoleezza Rice al NYT­ para realizar operaciones de provocación contra Irán y se hostiliza a Siria. La toma de oficinas del gobierno de Irán en el norte de Irak por parte del DdD y la captura de varios funcionarios iraníes son percibidos como una "declaración de guerra". En el Arab Times (14/1/07), Ahmed Al-Jarallah consigna que Bush, Cheney, el nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, Rice y un cuerpo de asesores se reunieron en la Casa Blanca para discutir un plan de ataque contra Irán, crimen de guerra que se consumaría en abril. Según esa fuente, Gates y Rice sugirieron posponer el ataque, pero Bush y Cheney insistieron en realizarlo sin negociación, "basados en la lección aprendida recientemente en Irak: la Casa Blanca cree que atacando a Irán se creará una nueva ecuación de poder regional, se acallará la situación en Irak y se debilitará al régimen sirio".

Ahora es mayor el riesgo de guerra nuclear en el Oriente Medio y el mundo, un escenario advertido por Michel Chossudovsky (Globalresearch.com, 22/II/06), quien además informa que según los encargados de la seguridad en EU, un nuevo 11-9 "podría ser usado como justificación y oportunidad para atacar algunos blancos conocidos" (globalresearch, 10/8/06).

Las "oportunidades y justificaciones" se extenderían a México y Canadá. Así lo dice Robert Pastor a Jerome Corsi, del World Net Daily. Pastor integró el Consejo de Seguridad de EU y promueve la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte, es vocero del Council on Foreign Relations y codirector de la revista Norteamérica del Centro de Investigaciones de América del Norte (UNAM). Según Corsi, Pastor plantea que "otra crisis del tipo 11-9 podría ser el catalítico para fusionar a EU, México y Canadá": "No es que yo quiera otro 11-9, pero tener una crisis forzaría tomar decisiones que de otra manera no se adoptarían" (sic).

saxe@servidor.unam.mx

México: colonialidad y resistencia

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 4 de enero de 2007.

Como resultado de lo que un legislador priísta consideró "una brutal elección de Estado", el país es sometido con Felipe Calderón a lo que, más que un capitalismo neoliberal, es un diseño "recesivo-desindustrializador" de corte colonial. La macro-economía continúa dominada por Estados Unidos con Agustín Carstens, un ejecutivo reciclado del FMI, mientras ramas vitales como el sector industrial de la energía se sujetan a los lineamientos de Washington y su Banco Mundial (BM).

El contraste de la política macro-económica entre metrópolis y traspatio se ahonda con un descomunal gasto público en Estados Unidos, en especial el bélico-industrial, como ariete anti-cíclico, mientras al sur del Bravo la austeridad del FMI ahoga los intentos por superar el estancamiento crónico presente desde 1982, profundizándose, como característica central, la incapacidad inherente del recetario fondomonetarista para generar empleo.

Se auspicia así la pobreza, la polarización y explosividad social, así como la expulsión de millones de connacionales. Y mientras en Estados Unidos, como queriendo hacer estallar la caldera mexicana, se favorecen políticas anti-inmigrantes que incluyen un complejo de muros fronterizos (en el que ya mueren anualmente más personas tratando de cruzarlo que todas las bajas ocurridas en la historia del muro de Berlín), se nos informa de un programa del Pentágono de 560 millones de dólares para construir "campos de detención", asignado a Kellog, Brown and Root, la subsidiaria de Halliburton, la misma empresa gigante de servicios petroleros favorecida por el foxismo, junto a Bechtel con jugosos contratos de Petróleos Mexicanos, que desplazan a trabajadores y técnicos mexicanos.

Por su parte, la Contraloría General ­GAO, por sus siglas en inglés­ en su informe financiero del gobierno de Estados Unidos dado a conocer el 15 de diciembre pasado, informa que el boquete fiscal siguió creciendo de manera incontenible totalizando 53 billones ­millones de millones­ con 63 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos.

Pero la situación puede ser mucho más grave ya que según David. M. Walker, el contralor general, "las graves debilidades en el manejo financiero contribuyeron significativamente a nuestra incapacidad para determinar la confiabilidad de los datos financieros consolidados". (Excelsior, 29-XII-06 p.4) Ante tales cifras e incertidumbres, analistas de corredurías advierten que este predicamento estimula de manera "preocupante" la inclinación entre los principales tenedores públicos y privados de dólares y de papeles del Tesoro ­China, Japón, Corea del Sur, etcétera­, por diversificar sus portafolios, con efectos "potencialmente devastadores" para la posición del dólar frente a monedas de curso global como el euro, al tiempo que también se impulsa una creciente "regionalización monetaria". De igual manera se intensificaría entre los principales exportadores de crudo, la "desdolarización" en la cotización del crudo, la principal mercancía del mercado mundial.

Por el lado del BM la tendencia es hacia la profundización de la colonialidad por la vía de mantener la especialización de México en la exportación de crudo y electricidad, desarticulando, privatizando y desnacionalizando el sector industrial de la energía compuesto por la industria de la refinación, del gas natural, de la petroquímica y de la electricidad. En este sector, el impacto del BM ha sido persistente e intenso desde 1982. Uno de los mayores "logros" del BM ha sido la creación en México de lo que el ingeniero Felipe Ocampo Torrea, en un estudio presentado al coloquio Energía: Situación y Alternativas (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, UNAM, 2006), percibe como una anomalía internacional: cuando "el valor de las importaciones de gas natural, destilados y petroquímicos, desde hace varios años excede el valor de las exportaciones" de un gran productor de crudo como México. Como lo apunta Ocampo, la petroquímica mexicana "que se desarrolló en forma extraordinaria en México y obtuvo, en su sector estatal producciones de cerca de 20 millones de toneladas anuales, fue desmantelada y actualmente produce cerca de 6 millones de toneladas, aproximadamente el 30 por ciento. Con las modificaciones a las leyes secundarias del artículo 27 constitucional, que permitieron la inversión privada en campos anteriormente reservados al Estado, se derrumbó la producción".

El esquema colonial-desindustrializador operó gracias a la diligencia "globalizadora" salinista-zedillista que abrió la inversión a ciento por ciento en petroquímica, pero los entes extranjeros invadieron el mercado mexicano con productos de sus países. Ante las crecientes contradicciones del capitalismo, a las trampas electorales, a la represión y al legado oligárquico-imperial que deja un país devastado, sin bancos y autosuficiencia alimentaria, sin petroquímica y acero y en vías de perder al sector petro-eléctrico, el agua y la biodiversidad: ante tal reto requerimos más presencia político-electoral y mayor resistencia civil pacífica.

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