Las visitas de Bush

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 30 de marzo de 2006.

La cantidad de eventos político-militares, legales y constitucionales ocurridos entre la primera y lo que probablemente sea la última visita oficial de Bush a su homólogo mexicano Vicente Fox, hace que parezca como si hubiesen pasado décadas y no años. En febrero de 2001, Bush recién asumía la presidencia. Aquel fue un encuentro que anunció lo que vendría después: apartándose de las formas civilizadas, Bush ordenó, desde México, un ataque aéreo contra Irak. Ahora sabemos que fue una operación para, entre otros motivos, colocarnos como cómplices geopolíticos.

Quedó claro que la Casa Blanca profundizaría la diplomacia de fuerza en el Oriente Medio y en el mundo. Testigos de las deliberaciones secretas del Consejo de Seguridad Nacional, como Paul O Neill (ex secretario del Tesoro) y Richard Clarke, encargado de la campaña antiterrorista, posteriormente dejaron saber que, mientras Bush visitaba a Fox, el Consejo de Seguridad Nacional discutía los planes militares contra Irak y que ya circulaba un plan político-militar "para la crisis en Irak después de Sadam". La ocupación militar de Irak y su vasta reserva petrolera estaba lista.

En El precio de la lealtad (R. Suskind, Océano, 2004) O'Neill indica que Rumsfeld "había puesto toda su atención en analizar "cómo" un incidente podría causar una escalada en la tensión -un incidente como el derribo de un avión estadunidense... y cuál podría ser la respuesta de EU ante dicha contingencia" (p.118). Tal "incidente" no ocurrió en los cielos de Irak, sino de Nueva York y Washington, en horas y minutos en que los principales dispositivos militares a cargo de la seguridad del espacio aéreo, o habían sido desactivados o bien estaban ocupados en ejercicios militares o de protección civil. Cuando Clarke, después de que el primer avión impactó una de las Torres Gemelas pidió auxilio al Comando Aéreo (NORAD) para detener los aviones, se le informó que "estamos a mitad de un ejercicio NORAD, el Vigilant Warrior" y, se le notificó que "los AWACS -aviones radar- "...no están en alerta" (Contra todos los enemigos, Taurus, 2004 p. 20).

Desde Enero de 2001 Clarke pidió audiencia con Bush para activar un programa antiterrorista vasto y agresivo y así neutralizar las operaciones de Al Qaeda y de Bin Laden en Estados Unidos. Con amargura narra que no lo recibiría hasta septiembre. Todas sus iniciativas fueron metódicamente relegadas, degradadas o desactivadas. La política de la Casa Blanca de congelar el programa antiterrorista, "antes" del 11-09 se diseminó a los puestos clave del aparato de seguridad, y de ahí a los rangos medios y operativos.

Abundan evidencias que desarman la explicación oficial sobre la "no prevención" de los ataques, centrada en "fallos burocráticos". El caso más reciente lo ofreció Harry Samit, agente del FBI en Minneapolis, quien testificó bajo juramento en el juicio que se le sigue a Zacarías Moussaoui -el único terrorista vivo que habría sido parte del equipo en los ataques del 11-09-, que "había advertido a sus superiores más de 70 veces" que Moussaoui estaba armado y preparando la captura de aviones. El 18 de agosto de 2001 Samit le informó a la oficina central de la FBI que "Moussaoui intentaba secuestrar un avión" y que según fuentes francesas fue "reclutado por un grupo musulmán de Chechenia vinculado con Osama bin Laden" (The Washingon Post, 21-III-06). Pero Michael Maltbie, el supervisor de Samit, modificó el texto eliminando toda referencia a Osama bin Laden, por lo que él y sus superiores han sido acusados por Samit de "negligencia criminal". A pesar de ello, Maltbie fue promovido y hoy es supervisor en Cleveland. Algo similar le ocurrió al general encargado de la vigilancia del espacio aéreo durante las horas -y minutos- cruciales de los ataques, quien fue nombrado por Rumsfeld como primer encargado del recién establecido Comando de la América Norte.

Bajo el impulso del 11-09, se "justificó" la agresión a Irak, se instauró un Estado de Excepción, formalizado en el Acta Patriota, se aplicó un programa ilegal de espionaje interno, se suspendieron fracciones centrales de la Constitución, y el Ejecutivo se dedicó a usurpar funciones legislativas y judiciales, estableciendo tribunales secretos al margen de la ley criminal y de los códigos militares. Además, por medio de la Doctrina de la Guerra Preventiva, rompió con principios básicos del Derecho Internacional.

Desde que Bush nos visitó, se han registrado más de 150 mil bajas iraquíes (incluyendo mujeres y niños), 2 mil 300 soldados de Estados Unidos muertos y más de 15 mil efectivos, heridos y mutilados. De Guantánamo a Abu Ghraib, y desde una vasta red de prisiones en mar y tierra, se practican sistemáticamente atrocidades y torturas. La debacle moral y política es profunda. Como bien lo sintetizó William Pfaff ( Harpers Nov. 2005 ) la Casa Blanca de Bush "autorizó a los oficiales de Estados Unidos cometer actos por los que los aliados de la Segunda Guerra Mundial colgaron a oficiales de la Gestapo y de la SS, así como a comandantes japoneses de los campos de prisioneros".

Agro, agua y seguridad nacional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de marzo de 2006.

Es notable la continuidad de Salinas y Fox: en relación al manejo bancario (IPAB-Fobaproa), el agua, el agro y energía, el sexenio foxista siguió el recetario socialmente explosivo del FMI-Banco Mundial-BID, implantados por Salinas-Zedillo, cuya "política agraria" y "reforma" al 27 constitucional desgarró el tejido social de la nación, agredió a la población indígena y campesina y desembocó en la mayor crisis de la agricultura mexicana desde 1910. Salinas, además de usurpar la Presidencia, dejarnos sin bancos y vender más de mil 200 empresas públicas, muchas operando con números negros, despojó y lanzó a la calle, a las ciudades y a la frontera norte, a millones de mexicanos, provocando una vasta desestabilización que afecta al país y su relación migratoria con EU. Para contener la explosividad que se generó, el BM elaboró el Procampo, un programa que nació, según los asesores de la embajada estadunidense, "como un instrumento creado a la luz del TLC para opacar el dolor del campesinado (ante) un mercado abierto... la (orientación)... del campo hacia el sector privado ha tenido consecuencias abruptas y catastróficas para la población rural mexicana, que pocas posibilidades tiene de modernizarse para competir en el marco del TLC". Salinas pontifica sobre "estabilidad"desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Pero los asesores del embajador advierten que su política agraria contribuyó "a fomentar la inestabilidad social y, por lo tanto, a impulsar" movimientos guerrilleros.

Después de que De la Madrid modificó en 1983 la Constitución para descentralizar a estados y municipios los servicios de agua potable y drenaje, la "reforma" de Salinas al 27 constitucional permitió otorgar a extranjeros concesiones de explotación de agua, mientras la Ley de Aguas de 1992, por su parte, facilitó su explotación, observándose desde entonces la privatización de 20 por ciento de la explotación del vital líquido en favor de multinacionales como Suez-Ondeo (con) Peñoles, Vivendi-Veolia (con) ICA, Biwater, Herat Tech Inc, Aguas de Barcelona y su subsidiaria Inter Aghar, entre otras, según datos recabados por M.Barlow y T. Clarke ("La Lucha por el agua en América Latina", 2004; citados en Proceso, 12 de marzo de 2006, pp. 56-61). Al abrigo de Fox, el BM-BID y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) crean el Programa para la Modernización de las Sociedades de Administración del Agua (Promagua) con un cañonazo de 250 millones de dólares de la Federación y el BM para acelerar la privatización de la distribución del agua y el control de los servicios acuíferos de los centros urbanos más importantes y zonas turísticas "dejando al gobierno los municipios menos poblados y, por lo tanto, mucho menos lucrativos" (p. 60). Ahora, esas grandes multinacionales se aprestan, por conducto del cuarto Foro del Agua, a promover sus operaciones todavía de manera más agresiva (Coca-Cola quiere aumentar el control de fuentes de agua en Chiapas, principal zona de recarga acuífera de México), que ya causan malestar por abusos en tarifas, deficiencias en servicio, etcétera.

Con la privatización y extranjerización de la gestión del vital líquido Salinas y Fox juegan con lo social y políticamente explosivo y con la soberanía, ya que su paquete entreguista incluye la infraestructura relacionada, presas, acueductos, hidroelectricidad, alcantarillado, sistemas de distribución, plantas de tratamiento y potabilización, vitales para la seguridad nacional mexicana por el stress acuífero de grandes regiones y sectores de la población, rural y urbana. En Agua y seguridad nacional (Debate, 2005), Gian Carlo Delgado ofrece un encuadre histórico-conceptual y una investigación de primer nivel, necesaria para el análisis serio de una temática urgente y crucial para el país. La gestión del agua es un asunto que, como el de la energía, el petróleo y el agro no deben dejarse en manos de mercachifles en hábito de servidores públicos. Dedicados a los negocios de "la compra-venta de México" y ante un escenario electoral adverso, despotrican desde Los Pinos o del MIT, contra quien cuestione sus transas en los jugosos negocios de los energéticos y el agua. Salinas y Fox siguen dedicados a servir a quienes hacen grandes negocios por medio del "acceso, gestión y usufructo" de esos recursos "en un mercado global", provocando, por medio del BM-BID-BERD, una catarata de proyectos y contratos para privatizar petróleo y agua, como se ilustra en Imperialismo económico en México (Debate, 2005). Son recursos vitales transformados por Salinas y Fox en una explosiva y delicada oportunidad para la rapiña empresarial.

A decir de Gérar Mestrallet, director ejecutivo de Grupo Suez, una de las mayores empresas del ramo, "el agua es un producto eficiente... es un producto que normalmente sería gratuito, y nuestro trabajo es venderlo. Pero es un producto que es absolutamente necesario para la vida" (p. 99). El cuarto Foro Mundial del Agua es un operativo dedicado a promover el lucro con lo que es central para la paz social, por ser "absolutamente necesario para la vida".

La Casa Blanca: matriz de Fox

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 2 de marzo de 2006.

Ante crecientes evidencias de que el electorado mexicano se inclina por un gobierno de centro-izquierda que impulse el interés público nacional y los fundamentos socioeconómicos formalizados en la Carta Magna, el régimen foxista, apoyado en la plutocracia doméstica y en los instrumentos de proyección de poder de la Casa Blanca -el FMI, el BM y el BID- se esfuerza por formalizar un "maximato", que permita prolongar el esquema que por 24 años devastó el aparato productivo, la economía popular y transformó el patrimonio nacional en botín. Como se ilustra en el libro de Guillermo Zamora, 2006: el año de la izquierda en México (Colibrí, 2006), no quieren soltar el poder ni las jugosas movidas que desde ahí se realizan. Después de la maniobra para desactivar a AMLO mediante el desafuero, ahora tratan de acotar su capacidad para ejercer la Presidencia ante un escenario electoral que le es favorable con 35 meses como puntero en las encuestas.

A Fox le ocupan y preocupan los negocios y los contratos, sean de sus allegados o de las grandes empresas extranjeras. Lo público es espacio y oportunidad para hacer negocios. Está ahí para "amarrar" oportunidades, mercantilizar la educación pública y privatizar, desde el petróleo, el gas y la electricidad hasta el servicio del agua o el muy lucrativo manejo de aduanas: los filones, las gangas y las usuras están por doquier: en la ley de agua, en la perforación y mantenimiento de pozos petroleros, a favor de Halliburton y Bechtel, en la asignación de contratos de servicios múltiples, en la autogeneración de la Comisión Federal de Electricidad con Pemex, en la privatización de puertos, aeropuertos y líneas aéreas, en las "magníficas" oportunidades del Fobaproa-IPAB y la Comisión del Agua -manejada por otro ex empleado de la Coca-Cola como él. Sigue "la hoja de ruta" del BM, la "ingeniería financiera", elaborada por Enron para Pemex.

No le importa si la "nación" deviene "colonia": es dócil ante la extraterritorialidad de la ley Helms Burton, como en el Sheraton, saliendo a la defensa del hotel frente a las medidas administrativas que tomó la autoridad delegacional y sin considerar lo fundamental: si se va a permitir que un poder externo dicte la política interna pasando por encima de la Constitución.

Fox sigue la política de "dotar de autonomía" al Servicio de Administración Tributaria (SAT) -medida impulsada por la gerencia del FMI y por el titular del SAT, quien negó que ello reste autoridad al próximo Presidente. Pero lo que está de por medio son las reformas al Código Fiscal de la Federación, la distribución de los excedentes petroleros y la donación de activos para los estados y municipios. Bush y "su" FMI pretenden que Fox, su desacreditado portavoz para América Latina y el Caribe, elija y nombre a quienes desvincularían la administración gubernamental de la recaudación de impuestos y el manejo de aduanas. Alfonso Ramírez Cuéllar acierta al advertir que con tal medida, el SAT "adquiriría carácter de organismo supranacional, ajeno a las necesidades del país. Además, esa condición impediría auditar al SAT y frenar la corrupción en Aduanas" (La Jornada, 24/2/06, p. 30).

El maximato opera desde dos pivotes que fundamentan la "nueva corrupción" que aflige al país: a) que "el gobierno es un negocio y los negocios son el gobierno" y b) socializar los costos y privatizar los beneficios. Como bajo el FMI-BM-BID, el gobierno se transforma en máquina generadora de tributación colonial y de lucro para oligarcas, cuyo combustible es la corrupción y, además, no se genera empleo, la ilegitimidad se generaliza mientras la informalidad económica se expande, robándole futuro a las nuevas generaciones.

El saqueo es magno y la política económica en vigor deviene en problema nodal para la seguridad nacional. Una situación que se agudiza porque Fox, más que "Presidente" de una nación soberana, se comporta como gerente-administrador de una empresa-colonia, cuya casa matriz está en Washington.

Como quien vende Coca-Cola, jabones o desodorantes, "gobernar" es saturar al electorado con espots radiales y televisivos, violando las reglas de neutralidad de los servidores públicos. Su "gobierno" se basa en la "autocracia mediática" que padece nuestra incipiente democracia, sometida al uso y abuso presidencial del poder de un duopolio televisivo que se trata de mantener incólume durante el próximo sexenio por medio de la llamada ley Televisa, otra gestión para preservar el poder de esa dictadura electrónica. Incluso se pretende que quienes se encarguen del manejo y asignación de los espacios radiofónicos y televisivos en los próximos años y sexenios sean nombrados por Fox.

En éste y otros rubros medulares el ocupante de Los Pinos acata fielmente la línea de Washington, su casa matriz, para prolongar "un maximato" empeñado en mantener los compromisos y negocios derivados de la incautación del salario y del pillaje del caudal energético, acuífero, minero y forestal. En territorio nacional, Fox no tiene matriz.