La Jornada.
México 3 de febrero de 2005.
La Revolución Cubana, sustentada en una gran movilización político-militar de la población, representa un rompimiento tajante con la sujeción de corte colonial al poderío político-militar y económico de Estados Unidos. Cuba, como ocurre con el resto de América Latina y el Caribe, fue sometida a una continua explotación como área tributaria, primero de España, luego de la potencia norteña: una condición siempre respaldada por la estrecha relación del Estado imperial y sus empresas, con las corruptas, oligarquizantes e igualmente depredadoras estructuras de poder local.
A lo largo del siglo XX la centralidad del fenómeno imperialista y su manifestación de pax americana o, si se desea ser riguroso, de "monroísmo" en nuestra región, en ningún momento amainó. Pero tampoco la resistencia al imperialismo. Cabe recordar, con Gregorio Selser (La violación de los derechos humanos en EUA, UAS, Sinaloa,1993), que cualquier estudio de las sociedades sometidas al imperialismo y de sus procesos de liberación revela un aspecto fundamental: "la recuperación acelerada de su sentido de humanidad y la bestialidad de su opresor. Cada acción en pro de la liberación de los oprimidos es seguida de aterradoras acciones represivas de los opresores, que revelan claramente el proceso de degradación personal de los colonizadores. El miedo a perder sus intereses económicos coloniales compele a los poderes dominantes a perpetrar más actos represivos y a ignorar las legalidades mínimas, inclusive las del marco jurídico legal diseñado para sustentar los regímenes coloniales". Quien, en este contexto, revise la historia de la relación de Cuba con Estados Unidos, pronto descubrirá que la hostilidad hacia la independencia y la soberanía cubanas existía "antes" de la Revolución y del surgimiento del campo socialista, durante su vigencia, e incluso ahora, "después" del colapso soviético, acentuándose con el gobierno de Bush. Así lo recordó hace poco José Luis Toledo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien encabeza la "coadyuvancia" cubana a Enrique González Ruiz, fiscal del Tribunal Benito Juárez (www.tribunal benitojuarez.org), instancia ciudadana que sigue la tradición del Tribunal Russell en los años 60 (sobre los crímenes de guerra en Vietnam) y del Tribunal Bruselas (en relación a Irak).
El Tribunal Benito Juárez se instaló en Caracas hace pocas semanas. Su objetivo es juzgar la continua agresión de Estados Unidos contra Cuba. El evento, que tendrá lugar en México a finales de abril, ocurre en momentos en que se recrudece la agresión económica y política para, como lo ilustró Toledo, provocar la desestabilización interna y propiciar la intervención militar directa, a pesar de su entrampamiento en Irak. La información ofrecida por el decano, en un lúcido y preciso análisis presentado en el Ceiich (UNAM), demuestra que con la destrucción de la Revolución, el gobierno de Bush plantea instaurar un régimen de corte colonial. Para tal efecto se instaló una "Comisión para asistir a una Cuba Libre", encargada de "identificar medios adicionales para poner fin rápidamente al régimen cubano". Con abierto desprecio al derecho internacional, a la Carta de la ONU y de la OEA, y sin que país alguno exija explicaciones, Bush promueve un "cambio de régimen" por medio de una política "más activa, integrada y disciplinada para socavar las estrategias de supervivencia del régimen y fomentar acciones que aceleren su fin". Para ello se identifican seis tareas encaminadas al desarrollo de la actividad subversiva dentro del territorio cubano: a) el fortalecimiento de la "oposición" mediante su financiamiento, promoción y adiestramiento; b) impedir la continuidad de la dirección cubana prevista en la Constitución; c) intensificar el bloqueo para reducir las entradas de divisas; d) desarrollar nuevos métodos para realizar transmisiones ilegales, como el despliegue de aviones militares para tal efecto. Es una acción grave, provocativa y peligrosa que, indicó Toledo, viola el derecho internacional y las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones; e) organizar una amplia campaña de desinformación en el exterior, y f) fomentar el aislamiento internacional de la Revolución mediante esfuerzos multilaterales para sumar otros países a esa política. Bush designará un "coordinador de la transición", una suerte de "procónsul". Como señaló Toledo: "En Irak Paul Bremer fue nombrado como tal después de la ocupación militar; el Bremer para Cuba actuaría desde ahora para provocar el fin de la Revolución y dirigir todo el proceso posterior". La CIA y el Pentágono se encargarían de la formación y manejo de una "fuerza policial civil" y para las "metas" sociales y económicas como privatizaciones, "reforma" educativa, desmantelamiento de laboratorios de nivel mundial y una seguridad social "sostenible", etcétera. Bush echa mano de la administración colonial a su servicio que opera en Latinoamérica: "...se buscará la asesoría... del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI".
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