La Jornada.
México 28 de noviembre de 2002.
Anthony Garza, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, inicia su gestión bajo el impulso directo del secretario de Estado, Colin Powell, y del controvertido John Ashcroft, el fiscal general encomendado de montar el mayor asalto contra los derechos civiles y constitucionales registrado en la historia de la nación norteña, quienes encabezaron aquí una delegación integrada por legisladores y otros miembros del gabinete de Bush durante las reuniones de la Comisión Binacional, que acaban de concluir.
A su llegada a territorio nacional, Garza informó a la prensa que días antes, durante la ceremonia de juramentación al cargo, el presidente Bush le expresó de manera inequívoca: "...de nueva cuenta para nosotros no hay una relación más importante", declaración cuyo significado concreto fue rápidamente dilucidado, de manera didáctica, por JB Penn, subsecretario de Agricultura.
Según Andrew Watson, de The News, Penn advirtió de manera solapada al gobierno de Fox sobre "...todas las posibles consecuencias que podrían derivarse si el gobierno mexicano decidiera otorgar protección a los agricultores, cuando desaparezcan casi todas las fracciones arancelarias el año entrante. Aunque no hizo una amenaza específica (Penn) dijo que el apoyo al libre comercio se vería afectado por ese tipo de medidas". Penn envió al baúl de los olvidos las frecuentes infracciones al TLC por parte de Estados Unidos, incluyendo medidas proteccionistas contra importantes exportaciones mexicanas, así como manejos arbitrarios, por ejemplo, en torno a restringir el ingreso de nuestra flota de camiones a sus carreteras. El funcionario rechazó tajante cualquier insinuación de que la nueva ley agrícola de ese país (US farm bill), promulgada en mayo y que incrementó los apoyos a ese sector en 190 mil millones de dólares durante los próximos 10 años, fuera a afectar a nuestros agricultores. Y como la agricultura de ese país ya es de por sí una de las que reciben los mayores apoyos y protección en el mundo, Penn, como quien trata de presentar una excusa, primero hizo referencia a los sustanciales subsidios y protecciones que caracterizan a la política agraria de Europa y Japón, para rematar reconociendo que Washington efectivamente hace lo que le da la gana con el TLC y afirmar que su país está listo para abandonar los subsidios "...cuando los otros renuncien a los suyos".
Según Garza, la agenda, que sería tratada a partir de la visita de Powell et. al, considera como aspectos prioritarios: "...el comercio, el medio ambiente, la lucha contra el crimen, la seguridad y la migración". Aunque al menos durante su primera conferencia de prensa en el aeropuerto no mencionó ni discutió temas nodales de esa agenda en torno al sector agrícola y energético, ni aludió a la forma en que la Casa Blanca intenta vincular la política fronteriza con la "guerra contra el terrorismo" -asunto que presumiblemente sería tratado por Ashcroft con Creel-, lo cierto es que el currículum del embajador indica, de manera elocuente, que Bush espera una actuación sobre cuestiones sumamente delicadas, ya que toca aspectos vinculados con la privatización y extranjerización del complejo teproeléctrico (Pemex-CFE-CLFC) y con la jurisdiccionalidad territorial de la Federación mexicana.
Sólo el tiempo nos permitirá conocer en concreto las capacidades de Garza y del equipo de analistas y operadores de inteligencia que le acompañan. Su experiencia en el sector del petróleo y de la energía no es despreciable, aunque es curioso que el público mexicano fuera informado de ella de manera elíptica, por medio de una especie de lenguaje cifrado para diplomáticos, geólogos y especialistas en la materia.
En efecto, la prensa dio a conocer que hasta antes de asumir su nuevo cargo, Garza fungió como integrante nada menos que de la Comisión de Ferrocarriles de Texas (CFT), lo que equivale a un puesto en uno de los principales directorios encomendados de la política petrolera de Texas y Estados Unidos. La importancia de la CFT tiene que ver con petróleo y electricidad, no con los ferrocarriles. Aunque conservó su nombre original, desde hace años, y como producto de las excentricidades del aparato legal de Texas, la CFT está encargada del manejo de la industria petrolera y, por lo tanto, de regular y ajustar su producción con la demanda. Es un cártel público que opera bajo la égida de los barones del petróleo, como recuerdan Richard O'Connor en The Oil Barons (Little and Brown, Boston, 1971), y más recientemente Kenneth Deffeyes (Hubbert's Peak, Princeton, 2001).
Dado el dominio de la producción petrolera de Texas en el mercado de EU, la CFT ha actuado en forma tal que logró regular el resto de la industria petrolera del país permitiéndole incidir de manera efectiva en los precios, tal como hoy lo hace el cártel de exportadores de petróleo en relación con los precios internacionales del crudo. "La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -escribe Deffeyes- se estableció bajo el mismo modelo de la CFT. Sólo sustitúyase Arabia Saudita por Texas". Una vez descifrado el código, entonces es más fácil percibir el papel, las funciones y los servicios que Bush y la industria del gas y del petróleo de EU esperan del embajador Garza.
El uso patrimonialista de los recursos públicos no es algo nuevo en la experiencia de EU. Cualquier análisis que se haga pronto corroborará la aseveración de varios estudiosos, Walter La Feber y James Petras entre ellos, del contenido imperialista de la política exterior, fuertemente influida a lo largo de los siglos XIX y XX por los intereses cortoplacistas del alto empresariado. Y desde que el petróleo se posicionó como la mercancía de mayor importancia económica y estratégica del mercado mundial, la influencia de esa industria sobre el aparato de Estado ha sido notable. Pero nunca de manera tan evidente como hoy.
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