11/09: monumental falla de seguridad

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 30 de mayo de 2002.

Llama la atención de prensa y analistas la sistemática oposición de la Casa Blanca y de la comunidad de inteligencia (CI) a cualquier indagación independiente sobre la actuación del aparato de seguridad antes de la catástrofe del 11/09. Los obstáculos que Bush y la CI colocan ante esa iniciativa derivan del temor de que se debilite su capacidad de controlar los parámetros de cualquier investigación legislativa, que les podría acarrear graves daños políticos, judiciales y aun constitucionales.

Este rechazo no es menor si se tiene presente que la CI, con el Ejecutivo a la cabeza, incluye a la CIA, la FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la inteligencia militar. Pero para mantener el estado de derecho es imprescindible sentar, en palabras de Baltasar Garzón, "las responsabilidades por omisión culpable de todos los servicios de seguridad, inteligencia y policiales de Estados Unidos en la no prevención de la masacre". Para Bush et al la situación se complica por las crecientes contradicciones entre sus declaraciones públicas sobre lo que realmente sabían antes de la tragedia y lo que se ha dado a conocer en los últimos días, debido a varias fugas de inteligencia y documentos clasificados.

Se justifica el furor, tipo Watergate, en los medios político-legislativos y periodísticos por las contradicciones. Condoleezza Rice dijo que no se advirtió al público de los riesgos de ataques terroristas previos a la tragedia porque la información "era muy general y aparecía relacionada con operativos en ultramar" y que "nadie pudo haber previsto que esta gente... usaría un avión como cohete".

El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, comunicó que "los secuestros (de aviones) antes del 11/09 y los secuestros después del 11/09 significan dos cosas muy, pero muy diferentes". Los reporteros de la fuente recuerdan que en la tarde del 11/09 le preguntaron "si el presidente había recibido alguna advertencia del ataque" y Fleisher respondió que no (no warnings). De igual modo Bush dijo: "Estados Unidos jamás se imaginó antes del 11 de septiembre que alguien nos atacaría". Aschcroft también se expresó así y añadió el 16/09 que "es necesario asegurarnos de que se asigne la más alta prioridad a la lucha contra el terrorismo". Ahora se sabe que meses antes del 11/09 Ashcroft rechazó solicitudes de la FBI para contratar a más analistas en contraterrorismo, mientras simultáneamente la FBI le recomendaba que por seguridad "sólo debía viajar en aviones chárter". Más grave: según Bob Woodward y Dan Eggen, del Washington Post (WP), en 1999 un informe preparado por el Consejo Nacional de Inteligencia, afiliado a la CIA, había advertido que "terroristas vinculados con Bin Laden podrían secuestrar un avión y estrellarlo contra el Pentágono, la Casa Blanca o la sede de la CIA".

Además, el WP (16 mayo 2002) publicó que en un memorándum clasificado, escrito por un agente del FBI desde Phoenix en julio/01, se establecieron "firmes vínculos entre un grupo de estudiantes de aviación y Al-Qaeda". El documento de cinco cuartillas fue enviado a la matriz de la FBI a principios de julio.

El republicano R. Shelby, del Comité de Inteligencia del Senado, aseguró que el memorándum de Phoenix "fue una advertencia muy importante y no se le prestó atención. No se distribuyó. No se actuó con base en el mismo" (WP, 15 de mayo). Por su parte, el senador demócrata Bob Graham, presidente del mismo comité, afirma que otro documento de la CIA había sido incluido en agosto como parte de la síntesis altamente secreta que recibe el presidente todas las mañanas, advirtiéndole que Bin Laden estaba planeando un gran ataque contra Estados Unidos. Según Newsweek (27 de mayo de 2002), el vicepresidente Cheney reiteró en entrevista que "las advertencias eran difusas... no hubo amenazas específicas sobre operaciones domésticas o del tipo que ocurrieron", y "no mencionó que los encargados del cumplimiento de la ley en Estados Unidos, incluyendo a George Tenet, director de la CIA, habían advertido de manera urgente sobre un inminente ataque doméstico".

La incompetencia llegó a extremos: según Anne M. Mergier (Proceso, 12 de octubre de 2001), se registraron operaciones de especulación bursátil antes del 11/09, con las acciones de empresas claves: United Airlines, American Airlines, Morgan Stanley Dean Witter & Co -22 pisos en las Torres Gemelas-; Merril Lynch, con oficinas en un edificio derruido cercano a las torres y de las aseguradoras Munich Re, Swis Re y Axa. Estas operaciones, que tipifican el delito de "aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas", ¿tampoco fueron registradas por la NSA, una de cuyas principales funciones es detectar este tipo de ilícitos?
Si fue incompetencia, el caso es grave en extremo por la enorme pérdida de vidas. Y si no lo fue, y estaban al tanto de lo que se perfilaba en el horizonte, entonces, en comparación, las "operaciones negras" del equipo de Nixon responsable de Watergate van a lucir como las movidas de inocentes matronas jugando canasta.

Fox y la privatización de Pemex

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de mayo de 2002.

Desde una plataforma empresarial belga, el presidente Fox acaba de notificarle a la opinión pública mexicana (a la usanza salinista-zedillista) que en el próximo periodo extraordinario del Congreso se aprobarán las medidas legislativas necesarias para proceder con la agenda privatizadora del sector energético, incluyendo el petróleo. La propuesta, impulsada por Washington desde el Banco Mundial (BM), implica someter a la Carta Magna a "cirugía mayor". El hecho de que este sorpresivo anuncio se hiciera pocas horas después de una reunión sostenida por Fox con la cúpula priísta encabezada por Madrazo, ha llevado a algunos analistas a especular, o bien que se llegó a un "arreglo" en torno a las investigaciones en curso relativas al financiamiento externo de la campaña presidencial de Fox y el desvío de recursos de Pemex hacia las arcas electorales del PRI, o que estamos en presencia de otra iniciativa unilateral de Fox, que, como en casos anteriores, le resultó contraproducente. Se trata, en todo caso, de los intereses empresariales y geoestratégicos articulados por el BM desde Los Pinos, que son los de la Casa Blanca y los de la poderosa industria del gas y del petróleo de Estados Unidos. Téngase presente que las presiones y acciones encaminadas a la privatización y extranjerización del sector se observan desde el momento mismo en que Pemex dio inicio a sus operaciones y que posteriormente se intensificaron por el trauma estratégico que sufrió Estados Unidos, resultado del embargo petrolero de la OPEP de 1973 y de la creciente dependencia de suministros externos para mantener su economía civil y militar en funcionamiento.

La meta empresarial y geoestratégica estadunidense para revertir la nacionalización petrolera, tanto a nivel operativo como político-administrativo y eventualmente "constitucional", se ha venido realizando desde principios de los 80 del siglo pasado, por medio del BM propiciando la privatización, primero "indirecta" y luego "directa" de Pemex, y un control in situ de las empresas de Estados Unidos sobre las operaciones de Pemex. Como lo demuestro en La compra-venta de México (de próxima aparición en Plaza & Janés), la postura de los inversionistas extranjeros y sus socios o prestanombres locales articulada por el BM, y adoptada como suya por De la Madrid, Salinas, Zedillo y ahora Fox, se centró en cinco medidas: 1) permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero, 2) permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y 5) privatizar Pemex.

Tres han sido los principales argumentos del BM para justificar este programa, contenidos en sus documentos y publicitados, entre otros, por la Fundación Heritage: 1) que Pemex no invierte lo suficiente, ya sea en exploración o en desarrollo o en petroquímica, 2) que desmembrar a Pemex en empresas separadas, cada una de las cuales operaría independientemente y con criterios de obtención de ganancias, permitiría la competencia interna y externa y, en consecuencia, Pemex "sería más eficiente", y 3) que privatizar totalmente a Pemex le permitiría a México pagar toda la deuda externa e interna. Las tres justificaciones son falaces. El gobierno mexicano impone a Pemex impuestos irracionalmente altos, representando 95 por ciento de las ganancias, destinándolos al servicio de la deuda y otros gastos no productivos de tal suerte que poco queda para el mantenimiento de la inmensa infraestructura de la empresa que cubre el territorio de la Federación.

Durante el sexenio de López Portillo los impuestos directos pagados por Pemex equivalían a 61 por ciento de sus exportaciones totales, con De la Madrid ascendieron a 84 por ciento y durante el salinato la carga fiscal de Pemex fue irresponsable e intencionalmente aumentada a 158 por ciento de sus ingresos por exportaciones, según datos recabados por José Luis Manzo en su esclarecedor ¿Qué hacer con Pemex? (Grijalbo, 1996, p.51). Mientras el BM auspició y Salinas-Zedillo implementaron el desmembramiento de Pemex (proceso conocido en Estados Unidos como divestiture), las grandes corporaciones petroleras operan en forma totalmente opuesta, incrementando su integración vertical para coordinar la producción, refinación y mercadeo del petróleo. El analista petrolero Michael Tanzer ha mostrado que si Pemex fuera privatizada, digamos por 150 mil millones de dólares (mmdd), -como ya lo planteó la Heritage Foundation-, la inversión vendría necesariamente de inversionistas extranjeros -DuPont, Exxon-Mobil, Shell, Amoco, etcétera- y como su mínima expectativa de ganancias es de 20 por ciento nuestra economía tendría que pagarles 30 mmdd anuales, en cinco años estaríamos endeudados más arriba del cuello y ya -como Argentina- sin el petróleo.

Cuba: reto al monroísmo hemisférico

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 2 de mayo de 2002.

A poco menos de dos semanas del affaire protagonizado por México y Cuba en torno a propuestas inadmisibles sobre las formas y tiempos de la participación del presidente Fidel Castro en la cumbre de Monterrey, han corrido tantos ríos de tinta que parece que transcurrieron meses. Conviene realizar un esfuerzo reflexivo sobre algunos asuntos de fondo.
En medio del abandono de los principios históricos de la política exterior mexicana y de su lamentable sometimiento a los lineamientos de Washington en relación con Cuba, resaltan dilemas e interrogantes: ¿por qué los gobiernos de Estados Unidos conciben a Cuba como una amenaza, aun después del fin de la guerra fría? Con 11 millones de habitantes y un aparato militar orientado a la defensa nacional, Cuba no representa peligro para Estados Unidos. Aun así, durante más de 40 años ha estado sometida a un brutal bloqueo comercial, financiero e industrial, y a continuas agresiones encubiertas de corte militar terrorista y bioterrorista, en este último caso no sólo contra la integridad física de Castro, sino también de la población, y las principales cosechas -azúcar, tabaco, etcétera- y el stock ganadero, lo que representa una persistente violación de derechos humanos, políticos y económicos fundamentales.

El mantenimiento del bloqueo no se explica por la naturaleza socialista de la economía cubana, si se tiene presente la creciente interacción económica de Estados Unidos con China y Vietnam. El problema se centra en los intentos cubanos por lograr un manejo soberano en torno a sus principales ejes de acumulación, que virtualmente durante toda la historia de la independencia fueron abrumadoramente controlados y usufructuados por empresas de Estados Unidos. La hostilidad y codicia estadunidense en relación con la soberanía y riquezas, así como la posición geográfico-estratégica de la isla son patentes incluso antes de que existieran economías socialistas en el mundo. Ellas se recrudecieron durante el socialismo soviético y persisten después de su colapso.

En Geoeconomía y geopolítica del Caribe (UNAM, 1997) he postulado que los cambios que se observan en la relación entre México, Cuba y Estados Unidos en su dimensión mundial, hemisférica y regional son de relevancia para comprender algunos rasgos de los procesos de integración de corte monroísta, como los que fueron torpemente aceptados por Salinas y formalizados en el TLCAN y su pretendida proyección al resto de América Latina por medio del ALCA. Cuando se negociaba el TLCAN, el embajador Negroponte notó que se transformaría "en la piedra angular" para inducir un quiebre histórico en la política exterior mexicana a favor de Estados Unidos, aspiración que fue tomando cuerpo paulatinamente con Salinas y Zedillo, y que ahora se concreta bajo la conducción de Castañeda hijo, con tal encono que la dilucidación del fenómeno demanda un enfoque interdisciplinario que se extiende desde la ciencia política al sicoanálisis.

El esfuerzo diplomático que despliega Washington desde Tlatelolco se comprende mejor si se tiene presente que en medio de una creciente rivalidad inter-bloque, la Casa Blanca se esfuerza en articular un esquema signado por la colonialidad y la exclusividad comercial, monetaria y de inversiones en América Latina recrudeciendo su monroismo por medio de un ataque sistemático contra los principios del derecho internacional público, como lo es el derecho soberano de los Estados a recurrir a la reglamentación, nacionalización o expropiación de empresas extranjeras, cuando pongan en peligro el proyecto y la viabilidad misma de la nación, o bien sean de "utilidad pública". A Washington le incomoda la postura cubana en torno al servicio de la deuda externa, uno de los mecanismos fundamentales para el ejercicio de la hegemonía en función de su alto empresariado. Ese servicio constituye una carga intolerable sobre las balanzas de pagos, una merma de las reservas internacionales y una desviación del ahorro interno incompatible con la recuperación de nuestras economías. La actitud "post-monroísta" articulada por la Revolución Cubana es algo más que una piedra en el zapato de Washington.

El post monroísmo materializado en Cuba implica un rechazo al régimen acreedor a ultranza impuesto a la región como resultado de la crisis deudora de 1982. En la esfera económica se expresa en políticas razonables, a nuestro alcance -diametralmente opuestas a los lineamientos auspiciados por Estados Unidos desde el FMI-BM-, por estar orientadas al bienestar social, el crecimiento sostenido, la defensa del aparato productivo y las monedas nacionales, la distribución equitativa del ingreso, la suficiencia alimentaria, la elevación del ingreso rural, la industrialización y construcción de infraestructuras productivas y de investigación y desarrollo propias, así como en su adhesión a principios rechazados formalmente por Estados Unidos como el derecho de las naciones a disfrutar y disponer soberanamente de sus recursos naturales.