La Jornada.
México, 21 de marzo de 2002.
El espectáculo con visos de farsa y tragedia que se difunde urbe et orbi desde Monterrey, a raíz de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por la ONU y con la participación de FMI, BM y BID -principales instrumentos de Estado y de clase para la proyección de poder de los acreedores encabezados por Estados Unidos-, debe ser interpretado, no tanto bajo la rúbrica de la "globalización", sino de lo que sigue siendo, según W. Tabb, el problema de fondo: "el poder y las contradicciones del capital".
La experiencia de Estados Unidos, después de la guerra civil y hasta nuestros días, muestra que el modelo capitalista que se proyecta nacional e internacionalmente opera bajo el impulso de la depredación, afectando profundamente las bases de la estabilidad social. En Monterrey se impuso la presencia y postura librecambista y de proteccionismo a ultranza a favor de la inversión extranjera directa de Bush. Su escamoteo a cualquier incremento de las migajas que se destinan para el desarrollo de la periferia, sometida como nunca antes a la explotación de sus recursos humanos y naturales, contrasta con la realidad.
Una investigación que realicé con Omar Núñez, publicada en Globalización, imperialismo y clase social (Lumen-Hvmanitas, 2001), muestra que entre 1976 y 1997 América Latina realizó una transferencia de excedentes a favor de los países ricos -por concepto de servicio de la deuda, transferencias unilaterales, fugas de capitales, utilidades netas remitidas de inversión directa, términos de intercambio, errores y omisiones-, conservadoramente estimada en 2 billones 51 mil 619.1 millones de dólares, deflactados al PIB 1990 de Estados Unidos. Ello encarna el enlazamiento y profundización de las desestabilizantes fuerzas de centrifugación capitalista, por la vía de los programas privatizadores y de ajuste estructural, con la correspondiente tendencia a la centripetación y proyección del poderío policiaco militar del Poder Ejecutivo, que caracteriza a lo que en la historiografía de Estados Unidos se conoce como la "presidencia imperial", término que no tiene nada que ver con el uso que algunos le han asignado en México para referirse a lo que en rigor ha sido una anacrónica autocracia presidencial.
Hoy, como antaño, la "presidencia imperial", por medio del FMI-BM-BID y, tristemente, de la ONU, está dedicada a fomentar, ampliar y proteger el interés privado nacional de Estados Unidos, a sus inversionistas y sus exportadores, así como los de sus "socios-competidores", en Europa y Asia.
El contraste entre las consecuencias prácticas de esta forma de organización de la economía con las proclamas a favor del orden y la estabilidad que acompañan el discurso de la política exterior de Washington constituye, sin duda, uno de los fenómenos históricos cuya relevancia, en especial para los países al sur del Bravo, es de lo más significativo.
La interrelación de la expansión capitalista (centrifugación) y la centralización, así como el uso del poder policiaco-militar presidencial, utilizado para restablecer el orden desestabilizado por el mismo accionar capitalista, se acentuó al calor de los acontecimientos del 11/09/2001, al punto de que conocidos editorialistas de Estados Unidos mencionan "los poderes dictatoriales" que se autoconfirió Bush con la excusa de la "guerra contra el terrorismo". No necesito detallar los efectos del modelo vigente sobre nuestro tejido social, porque a lo largo de los últimos años Julio Bolvitnik le ha ofrecido al público estudios rigurosos y estremecedores sobre la enorme capacidad y éxito del "modelo" para generar pobreza y desigualdad.
La frustración y polarización acicatean la explosividad sociopolítica y militar. La vigencia de los parámetros históricos de la presidencia imperial se evidencia a diario. Por ejemplo, mientras el embajador de Estados Unidos ante la ONU, John D. Negroponte -de ingrata memoria para los hondureños por su involucramiento con grupos paramilitares de ultraderecha-, exaltaba los 5 mil millones de dólares (mmdd) que Estados Unidos destina al "desarrollo", así como el paquete ya pactado del Consenso de Monterrey (más del mismo y peligroso recetario que explotó en Argentina), en Washington se informaba que el presupuesto militar para 2003 ascenderá a 379 mmdd -un aumento de 48 mmdd-, sin incluir los fondos destinados al sector militar del Departamento de Energía ni los impactantes gastos del rubro de pensiones castrenses derivadas de guerras pasadas, presentes y futuras, contabilizadas como "gasto social".
Antes de su visita a Monterrey -de paso a El Salvador y Perú- Bush hizo un llamado al Congreso para aprobar las erogaciones para la "guerra ampliada contra el terrorismo". Lo hizo desde Fort Bragg, uno de los centros de adiestramiento de la oficialidad latinoamericana y en el transcurso de un "ejercicio antiterrorista", que plasma la convergencia de centrifugación y centripetación imperial. Según Adam Entour, de Reuters, ese simulacro se realizó en un país ficticio, Pineland, donde Bush personalmente enfrentó a una "amenazante turba de huelguistas callejeros", quienes habían quemado dos autobuses escolares y le insultaban, mientras se arrojaban sobre un tanque destruido. Pronto, seis agrupaciones de paracaidistas fueron lanzadas desde 3 mil metros de altura, con máscaras de oxígeno, mientras un helicóptero Blackhawk y dos M-47 Chinook descargaban comandos army rangers contra los huelguistas. Desde otro helicóptero, MH-6 Little Bird, se baleaba a una muchedumbre armada con palos que coreaba al unísono: "Go home USA."
Entour detalla que Bush pudo observar cómo las fuerzas especiales arrasaban varios edificios en los que se ocultaban huelguistas, "usando explosivos y ametralladoras". Poco tiempo después, "Bush envió un mensaje al comandante, indicando que la batalla había acabado, y el silencio cayó sobre 'Pineland'". Todo un ejercicio de la Rambo-kultur que caracteriza a la presidencia imperial.
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