Pascual es el mensaje

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 9 de Abril de 2009.

Las senadoras Yeidckol Polevnsky (PRD) y Rosario Green (PRI), integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, comentaron hace poco el nombramiento de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México: la primera aconsejó a Barack Obama valorar el esfuerzo del país por reconstruir su relación con Cuba. Mandar a alguien de origen cubano, dijo, “es controvertido… Ya han tenido otros diplomáticos, nacidos en la isla, que les han generado conflictos con otros países”. Ojalá, remató, no venga con una visión de querer influir en el gobierno de México en cuanto a la relación con Cuba. Green, por su parte, espera que esa designación no signifique que el mensajero es el mensaje, porque se trata de un experto en estados fallidos (La Jornada, 28/3/09, p. 4).

Ni para México, Brasil, Cuba, Argentina o Venezuela esas observaciones son pueriles: ante la debacle político-militar estadunidense en Irak, la dupla Bush/Cheney trató de derivar lecciones para agilizar, institucionalizar y ampliar a otras regiones esa genocida, pero redituable petroguerra y ocupación usando la rúbrica de la estabilización y reconstrucción.

El Departamento de Defensa (DdD) bajo Rumsfeld encargó el diseño conceptual y operativo para esa tarea al Defense Science Board (DSB). En 2004 circuló un documento titulado Transition to and from hostilities y en agosto Bush designó a Pascual para que encabezara una unidad en el Departamento de Estado que fungiría bajo el inocuo título de Oficina del coordinador para la reconstrucción y estabilización.

El concepto del DSB se apoyó en la praxis imperial británica y en nociones de Thomas P.M. Barnett del Colegio de Guerra Naval, quien había propuesto que el DdD debía dividirse en dos fuerzas con misiones diferentes: una fuerza Leviatán, centrada en el uso de poder aéreo y naval capaz de pulverizar cualquier opositor a los apetitos y objetivos imperial-monopólicos (libre comercio, petróleo, gas, minerales, etcétera) y una fuerza de administración del sistema basada en el ejército y los marines, encargada de ganar la batalla decisiva para “estabilizar y reconstruir naciones” después del desate de las hostilidades y la ocupación que las dejaría aterrorizadas y destrozadas.

En Terror e imperio (Debate, 2006, pp 257-270) analicé el documento del DSB, el papel de Pascual y el endoso del ahora vicepresidente Biden al planteo imperial/militar. También revisé la administración colonial y el uso del terror de Estado en Irak y en México, por ejemplo, contra el movimiento zapatista.

Dos son las consecuencias del accionar de la oficina de Pascual: a) una ampliación sin precedentes de las funciones y operaciones castrenses hacia virtualmente toda la administración del gobierno federal de Estados Unidos; y b) el establecimiento de un programa de nation building en el país objetivo, que captaría dentro de la estructura y presupuesto del gobierno estadunidense las funciones propias a un Estado soberano como Irak o cualquier otro. Me refiero a tareas de defensa, relaciones exteriores y economía.

Irak muestra que la meta no fue ni la reconstrucción o la estabilización, sino el contratismo corrupto, el saqueo de la economía y el control de su reserva petrolera. En 2005 Bill Van Auken (www.archivum.info) informó que según documentos del DdD y del Consejo de Inteligencia Nacional, encabezado hoy por Dennis Blair, existía un listado de 25 países maduros e importantes y que la oficina de Pascual tenía la responsabilidad de diseñar los planes detallados para su invasión y ocupación.

Las identidades de los países que figuran en la lista se mantuvieron en secreto, pero se supo que se concentran en regiones claves, productoras de petróleo en Medio Oriente, la cuenca del Cáucaso y África occidental. No se sabía si países latinoamericanos productores, como México o Venezuela, estaban incluidos.

El nuevo embajador despeja esa duda e ilustra continuismos entre Bush y Obama: Tony Garza vino por la reforma en Pemex. Pascual por el resto.

Caos e intervención

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 26 de Marzo de 2009.

Cuatro son los pilares de los juegos geoestratégicos propiciados por el aparato de seguridad de Estados Unidos en México: armas, droga, negocio y caos. El término juegos es engañoso. No son travesuras espontáneas sino sangrientos esquemas encaminados a eliminar, del Bravo a la Patagonia, obstáculos jurisdiccionales al dominio hegemónico y empresarial de EU sobre naciones con recursos humanos y naturales estratégicos. México y Colombia son los campos de prueba para impulsar la doctrina de las fronteras flexibles, como ya lo experimentó Ecuador en Sucumbios el año pasado.

El manejo que hace el aparato de seguridad de EU de la dinámica entre armas, negocio y drogas es central en la promoción del caos y la inestabilidad en dichos países que es base y excusa para la intervención y ocupación militar. Son realmente espectaculares y muy preocupantes los datos ofrecidos por instancias oficiales del gobierno mexicano sobre la cauda inagotable de armamento de gran calibre, volumen y alta tecnología que, bajo las narices (si no es que con la venia) de las aduanas de EU, se envía a México: se han asegurado 29 mil armas de nueva tecnología de uso exclusivo militar como lanza granadas MGL calibre 37 y 40 milímetros; fusiles Barret 50; sub ametralladoras y pistolas belgas importadas por EU y enviadas de manera expedita a México; armamento diseñado para penetrar vehículos blindados, cohetes anti tanque M72 y At4; lanza-cohetes; granadas de fragmentación como las usadas contra la población en Morelia el 15 de septiembre de 2008 –un operativo utilizado para el lanzamiento de la Iniciativa Mérida.

Ese armamento, por su volumen, (imposible de escapar a la detección en aduanas), alto calibre junto con un probable despliegue de mercenarios y/o fuerzas especiales bajo cubierta, serían ingredientes centrales de los esquemas de ampliación militar del Departamento de Defensa (DdD) en curso en México, montados en el baño de sangre en que se transformó la militarización de la guerra contra el narco con que dio inicio un sexenio huérfano de legitimidad después de la cuestionada elección de 2006.

El escenario es deplorable: Mexicanos aniquilando mexicanos mientras EU, su aparato de seguridad y sistema bancario sacan jugo con la dinámica entre el tráfico y consumo sin control de drogas allá y la venta de armas aquí. Al norte, los dólares, al sur las balas y las pilas de cadáveres. Todo con graves riesgos para la soberanía e integridad territorial del país y sus vastos recursos naturales. Es una dinámica en la que los organismos de espionaje de EU y su DdD, ahora bajo Robert Gates, ex director de la CIA, juegan un papel primordial: la inter-relación con y protección de, los negocios mundiales del narco y el tráfico de armas, quedaron ilustrados en el escándalo Irán-contras, un operativo secreto de la CIA para financiar la guerra de Reagan contra la revolución sandinista usando dinero del tráfico ilegal de armas a Irán. Según Michel Chossudovsky, Gates está implicado en el Irán-contra y hoy las fuerzas de ocupación en Afganistán apoyan el narcotráfico que produce cerca de 200 mil millones de dólares en ingresos para el crimen organizado, las agencias de inteligencia e instituciones financieras occidentales. (Voces del Periodista, III-09). Además, se ha documentado que la CIA jugó un papel central en el desarrollo de los triángulos de la droga latinoamericanos y asiáticos. Estos fabulosos negocios y arreglos siguen bajo la protección de los servicios de inteligencia de EU indicando su vigencia bajo el nuevo gobierno demócrata, lo que además ofrece una base para la interpretación adecuada de un documento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuyo eje es el caos en México, ante el cual EU estaría obligado a dar una respuesta dadas las consecuencias para su seguridad interna. Lo que no se menciona es el papel de EU en la génesis del caos inducido por medio del trinomio armas-negocio-drogas.

En bandeja de plata

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 12 de Marzo de 2009.

México vive momentos de alto riesgo. Cuando arrecian recesión, desempleo y flaquean los alfileres que sostienen la economía por la caída de petróleo, remesas, turismo y exportaciones, las imprudentes y desatinadas políticas económicas neoliberales y de seguridad del calderonismo nos colocan en serio predicamento. Se privatiza y extranjeriza la renta petrolera; se aplican medidas procíclicas; se arremete contra salario, agricultura, derechos laborales y el aparato productivo en un esquema que anualmente expulsa a 600 mil mexicanos de su espacio nacional. Con la válvula cerrándose por el colapso del empleo en Estados Unidos, a diario aumenta el riesgo de explosión social, en especial en la frontera norte. Mientras, la inconstitucional militarización de la campaña contra el narcotráfico y crimen organizado, tareas exclusivas de entes civiles, alentada por Estados Unidos y Los Pinos, se hunde en un baño de sangre, debilita la función de defensa nacional y gesta una debacle de derechos humanos.

En medio del torbellino, el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, apologista del Plan Colombia, de visita la semana pasada nos avisa que las fuerzas armadas a su cargo “están listas para ayudar a México en su guerra contra el narco con tácticas de contrainsurgencia como las empleadas contra los rebeldes de Irak y Afganistán”. La declaración es ominosa. Anuncia la ocupación militar con operaciones de inteligencia y patrullajes terrestres, aéreos y navales conjuntos. En Irak y Afganistán Estados Unidos no enfrenta a rebeldes sino a los pueblos organizados como resistencia armada ante una atroz petro-guerra y ocupación militar.

En México el plan de juego del Pentágono incluye, como en Colombia, la Iniciativa Mérida que no ataca las raíces ni los pilares de la criminalidad y el narcotráfico: o los deja intactos o los acicatea y utiliza como excusa para militarizar e intervenir junto al despliegue de bases, esquemas portuarios y empresariales de dominio económico/territorial sobre recursos humanos y naturales.

Ante los riesgos de usar al Ejército Mexicano como eje de la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, Dominique De Villepin, ex primer ministro de Francia, consideró necesario advertir a Los Pinos en 2008, en una conferencia magistral en la sede del PAN, que en esa campaña “la militarización no tiene que ser el elemento central… ya que tiene consecuencias”, e insistió en la importancia de poner adelante los elementos de inteligencia y financieros, económicos. Esto, según De Villepin se acompaña con la estrategia de seguridad y militar.

Para Edgardo Buscaglia del ITAM, asesor de la ONU en estos temas, la violencia desatada revela que la política de enfrentar la delincuencia organizada no es la correcta, ya que privilegia la militarización y no atiende las causas que originan el crimen y el narcotráfico. El resultado, dijo Buscaglia hace un año, está a la vista y puede recrudecerse si no se replantea el camino, si no se trata de desmantelar la red en que se sostienen los grupos criminales, en vez de militarizar, de atacarlos con efectivos y buscar su encarcelamiento como ocurrió en Colombia. Diego Valadés, de la UNAM, advierte de la inconstitucionalidad de esta militarización a lo que se agrega el peligro golpista por los desequilibrios cívico-militares inducidos en México cuyos efectos en Estados Unidos serían de largo alcance en lo social y político.

Advertencias todas de innegable urgencia, pero desoídas. Sin noción de razón de Estado y con levedad, Calderón abre de par en par las puertas a la injerencia del Pentágono. Además, de manera temeraria, en medio de una de las crisis económicas mundiales más severas de la era moderna, aplica políticas recesivas, antipopulares y entreguistas, no sólo en materia petrolera, alentando tensiones de clase y el caldo de cultivo de los males que dice combatir. Mientras México estalla, el panista lo sirve a Washington en bandeja de plata.

De crisis, acoples y desacoples

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 26 de Febrero de 2009.

Existe suficiente evidencia para plantear, como hace Jorge Beinstein, de la Universidad de Buenos Aires, en un compacto y bien sustentado estudio (alainet.org/active/28980), que la radicalización de la recesión en centro y periferia capitalista vira, con intensidad que alarma, de un acople recesivo a un acople depresivo global, en el que Estados Unidos es también el motor de la crisis.

A un cabal listado de los renglones económicos y sociales clave que retratan la ruina calamitosa de la economía de Estados Unidos, que seguramente arrastrará el conjunto del sistema global, Beinstein agrega el desplome de 14 billones (trillions) de dólares de la riqueza neta (el valor de propiedades, acciones etc., menos deudas) en 2009 respecto al valor promedio de 2007, equivalente al producto nacional bruto (PNB) de Estados Unidos del año pasado. A esto adosa el abrupto ascenso de desempleados oficiales, crónicos y precarios, que en diciembre de 2008 llegó a casi 22 millones: un salto al vacío de más de 8 millones de personas en 19 meses. Si, como plantea el autor, la lluvia de billones de dólares, euros, etc. arrojados sobre sus mercados no consigue frenar la aceleración de la caída económica, entonces su aserto de que en 2009 se producirá la gran depresión, mucho más grande que la de los años 1930, pasa de catastrofista a un juicio realista. Los masivos rescates, subsidios y estímulos hasta ahora se ven trabados ante la deflación que se generaliza junto a la sobre-capacidad global en los polos asiáticos, europeos y emergentes. Por doquier estallan burbujas y se colapsan manufacturas: producción, precios y ganancias van al precipicio deflacionario.

En Estados Unidos se cerró casi el 50 por ciento de la industria del acero y a fines de 2008 ya la sobrecapacidad global afligía a sectores con gran impacto en los encadenamientos productivos y el empleo: en un mundo capaz de producir 90 millones de vehículos al año, se fabricaron 66 millones, con todos los inventarios abarrotados. En 2009 la tendencia se agrava e incluye los semiconductores, con una producción mensual de 9 mil 260 wafers frente a un potencial instalado de 14 mil 930 unidades, y mientras la capacidad de producción mundial de petróleo es de 89 millones de barriles diarios, el procesamiento de crudo este año no rebasará los 83.8 millones (Businessweek, 16-II-09).

La atención en Asia, reflejada en la gira de Clinton, es por el impacto y sinergia global del frenazo de esas economías. Esa región, que esperaba estar desacoplada del trauma económico de Occidente, dijo The Economist el 31 de enero, se encuentra tan golpeada como cualquier otra y en algunos casos más. El desplome de Estados Unidos, el consumidor/deudor de última instancia, y de la industria mundial debilita el cemento del acople. Asia se recuperó de otras recesiones con las exportaciones: una vía ahora cerrada por el derrumbe de Estados Unidos y Europa. Frente al desplome en Asia –y en el mundo–, la demanda doméstica y regional se presenta como salvavidas de urgencia mayor.

Al calor de la crisis muta la ecuación mundial de poder, con un deterioro hegemónico de Estados Unidos. Los nacionalismos económicos de vieja raigambre (tipo buy american) y el proteccionismo regional en curso, se acentúan en el corto y mediano plazos como respuestas al acople depresivo global. Se trata de desacoples comerciales, monetarios y de seguridad: aunque la proyección de fuerza militar estadunidense es colosal, se hunde en Irak/Afganistán; existe un empate estratégico/nuclear con Rusia y aumenta la capacidad balística-satelital y naval de Asia y Europa.

Del Bravo a la Patagonia la reactivación de la Cuarta Flota, los Comandos Norte y Sur, las bases militares y los diseños del Foreign Relations Council (TLCAN-Aspan/Plan Colombia-Mérida) indican que Estados Unidos va por una integración vertical del hemisferio, anulando nuestra unidad regional. La alternativa al diseño imperial (Unasur/ALBA/ Banco del Sur) es crucial para la vigencia histórica de América Latina en el emergente orden mundial.

Chávez, Obama y Calderón

John Saxe-Fernandez, La Jornada, Jueves 12 de Febrero de 2009.

No extraña que el embate contra Hugo Chávez desde Estados Unidos y los principales medios venezolanos se intensifique ante el referendo del 15 de febrero: la intención de lanzar al futuro una revolución bolivariana que recuperó la renta petrolera, mejoró la situación socioeconómica de la población y que en sus primeros 10 años articuló una política exterior y energética que cala hondo en América Latina y el mundo, evoca fuerte hostilidad en los círculos oligárquico-imperiales, en especial los del poder económico-petrolero.

Así se refleja en “Latin Opportunity”, un editorial publicado por el Washington Post (WP) el 18 de enero poco después de que Barack Obama compartiera “una sopa de tortilla” con Felipe Calderón. Se menciona que Calderón expresó al WP “preocupación” por “sentimientos antiestadunidenses” en América Latina y que “percibía algunas amenazas a los principios y valores que compartimos: democracia y derechos humanos, la economía de mercado, los derechos de propiedad y el estado de derecho”. Para cualquier observador medianamente enterado de la violencia oficial, la debacle económica y legal y la calamidad político-electoral que afligen al pueblo mexicano –todavía no cuadran las cifras con que se eligió a Calderón–, esa enunciación de “principios” evoca un dicho de Stevenson: “es algo demasiado doloroso para reír y soy demasiado viejo para llorar”.

El WP usó la doblez y la “denuncia” aduladora del panista para poner nombre y apellido a esos retos (“algunas de esas amenazas son conocidas por nosotros gracias a la grandilocuencia del venezolano Hugo Chávez”) y sugerirle a Obama que Calderón es guía y modelo para Latinoamérica. Un consejo oportuno sólo si, en el contexto de la actual debacle económica y del empleo, la intención del demócrata fuera desatar los precipitantes de “guerra interna” a lo largo y ancho del continente. Con sólo dar continuidad a la agenda en materia comercial/laboral, de energía y de seguridad e integración militar pactada por Bush con Fox y Calderón en la ASPAN y la Iniciativa Mérida se garantiza un deterioro de los fundamentos materiales, sociales, legales y políticos de la estabilidad y la paz social en México. Se trata de arreglos clasistas y leoninos entre empresarios, funcionarios civiles y militares pactados a espaldas del pueblo, los congresos y sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá.

Para las fundaciones e institutos de la ultraderecha estadunidense, Calderón también es el héroe y Chávez el chico malo. Recomiendan a Obama, entre otras linduras, “no renegar de los acuerdos de libre comercio” (traducción: mantener la ofensiva contra sindicatos, salarios y aparato productivo no sólo al sur del Bravo); “mantenerse firme con México en la lucha antidrogas” (traducción: proseguir con el intervencionismo policial-militar y de espionaje); y “no tratar de apaciguar a Chávez”, sino “articular una estrategia dura” porque “debilita gravemente la cooperación hemisférica en áreas vitales para la seguridad nacional”. Traducción: mantener las intentonas golpistas, los operativos clandestinos y el castigo mediático por haber recuperado la renta petrolera y, peor aún, usarla en función del interés público venezolano, además de impulsar coaliciones latinoamericanas y euroasiáticas de corte energético, monetario y de seguridad. A partir del control nacional del petróleo en 2003, el PNB venezolano creció 13.5 por ciento anual, en su mayor parte en el sector privado no petrolero y la pobreza pasó de afectar a 54 por ciento de las familias en 2003 a 26 por ciento en 2008. (Más detalles en www.cepr.net.)

El pecado mayor del gobierno de Chávez fue haber fortalecido los fundamentos del Estado nacional venezolano y su jurisdicción sobre la mayor reserva petrolera del hemisferio. El gran logro de Calderón es una “reforma” energética que le permite ir a Davos a ofrecer a las grandes petroleras “bloques” del territorio y lo que queda de Pemex, mientras claudica con una desleal integración militar con Estados Unidos.

El silencio del Pentágono

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 29 de Enero de 2009.

Desde hace años las concepciones del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de EU sobre los problemas primarios de “seguridad nacional” en México, el Caribe y América Latina se centran de manera exclusiva e interesada en los efectos y no en las causas de la “inestabilidad”. No es por miopía conceptual. Tampoco es asunto menor si se recuerda que cuando sus docentes del Colegio de Guerra han señalado que los programas de ajuste estructural del “consenso de Washington” (auspiciados por el Comander-in-Chief desde el Banco Mundial –BM–, el BID y el FMI) están en la raíz del problema de seguridad nacional en México, se les margina y hasta se les castiga con el cese fulminante de sus cargos.

Y es que su desacato no fue menor: desarticulan y desautorizan las premisas de las hipótesis y justificaciones para las operaciones clandestinas y/o de intervención y ocupación militar, como migración ilegal, narcotráfico y criminalidad. El asunto cobra trascendencia cuando nos enteramos, gracias a datos y análisis ofrecidos por Jorge Luis Sierra, que en las hipótesis de guerra del Pentágono en México se prevén acciones militares “ante la posibilidad de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe´, como resultado del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico” (El Universal, 24/1/09). Se indica que los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD, ubican a México “en el contexto mundial de los estados débiles, cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos y operacionales de la fuerza militar de EU” (ibid).

Se presentan así amenazas graves a la jurisdicción e integridad territorial mexicana, ya que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México”. En todo esto lo que más llama la atención es el silencio del Pentágono sobre el papel tan activo de EU en el auspicio de las condiciones básicas de esos “juegos de guerra” en los últimos 26 años al impulsar desde el FMI-BM-BID el retiro del Estado mexicano de sectores estratégicos desregulando y desnacionalizando bancos, ferrocarriles, petróleo, electricidad, infraestructura, agricultura, agua, etcétera, y propiciando el desequilibrio sociopolítico por medio de la rigurosa aplicación (con el concurso de sus empleados en Los Pinos, Hacienda y Economía) de un guión basado en una drástica reducción del gasto público; la anulación de subsidios al campo, a los alimentos, al transporte para los sectores populares; la promoción de despidos masivos de burócratas, técnicos y trabajadores de las empresas privatizadas; la desregulación en beneficio de banqueros y comerciantes; la eliminación de límites a ganancias y al capital especulativo; la supresión del control de precios, devastando más el ingreso familiar con los topes salariales; la promoción de la apertura total e indiscriminada a la inversión extranjera y a las mercancías y capitales del exterior, socavando empleo y aparato productivo; el auspicio de los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo, instaurando una política cambiaria muy flexible que permite la entrada y salida irrestricta de capitales nacionales y extranjeros, es decir, con “libertad para saquear a un país si en otro hay mayor seguridad o mayores tasas de ganancia” (Ver Arturo Ortiz W., Política económica de México, 1982-1995, Nuestro Tiempo,1994). Hasta hoy EU considera básica la libre oportunidad para especular en bolsas de valores y paraísos fiscales donde se bursatilizan y rematan nuestros activos estratégicos.

Tal es el recetario para la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico. El Pentágono sabe que el estallido social está en curso y es de largo alcance: sin cambio de rumbo siguen balcanización e incautación del país.

El legado
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 15 de Enero del 2009

Ante el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, en medio de la más grave crisis humanitaria y económica desde la Gran Depresión, es hora de elaborar, de manera preliminar al menos, un inaplazable “corte de caja” ya que llega a su fin la primera década del siglo XXI con la pax americana en serio aprieto. La economía de Estados Unidos experimenta lo que sólo puede calificarse de “colapso integral” después de ocho años de aplicación de la más implacable guerra de clase a nivel doméstico e internacional, en la que se usaron como nunca antes instrumentos de Estado, civiles, militares y de seguridad, para favorecer intereses del capital monopólico/financiero bajo la sombrilla del free trade.
Linda J. Bilmes y Joseph E. Stiglitz (Harper’s, enero/2009) muestran que Bush/Cheney entregan al gobierno entrante una catástrofe económica estimada en 10 billones (trillions) de dólares, registrándose los mayores déficit fiscal, comercial y de deuda en la historia estadunidense e inusitados aumentos en desempleo e inflación, el desplome del ahorro y un debilitamiento de encadenamientos industriales de enorme magnitud, mientras el costo final de la genocida petroguerra y ocupación de Irak, según esos cálculos llega a los 3 billones: un descalabro económico con repercusiones históricas que acompaña la hecatombe humana, financiera y bancaria.
Vivimos un cambio de época que se acelera sin aparente límite de velocidad, y sin que la conciencia se percate de manera cabal del orden de magnitud de los vertiginosos procesos y acontecimientos y su vinculación con crímenes de lesa humanidad y eventos económicos y del entorno ecológico (calentamiento global) condición sine que non para el despliegue de los sucesos históricos sobre la corteza: el “momento monopolar” en la estructura de poder mundial gestado por el derrumbe de la URSS se desvaneció, aún antes de la catástrofe humana y militar desatada por la Casa Blanca de Bush/Cheney sobre la población iraquí y afgana.
El quebranto también es jurídico: ocurre en medio de un imperdonable cataclismo con más de un millón 200 mil bajas civiles en Irak. Ese ataque se hizo bajo las premisas de la “guerra de autodefensa anticipatoria”, anidada en la Doctrina Carter cuando éste proclamó en enero de 1980 ante el Congreso y el mundo que su país tenía “derecho” al uso de toda medida, incluso de la fuerza, para garantizar sus “intereses vitales”. Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad de Carter, sabía que aquello era una réplica de la blitzkrieg nazi con los recursos naturales y humanos de Europa y Rusia en la mira.
La guerra contra Afganistán e Irak es, además, una debacle estratégico-militar y económica que, con la “guerra al terror” hizo añicos los anhelos de la Paz de Westfalia (1648) en el orden internacional y en especial de la normatividad gestada en torno al habeas corpus especificado en la Carta Magna inglesa hace 796 años, así como en los ordenamientos de los Juicios de Nuremberg y las convenciones de Ginebra. La ofensiva nazi-fascista persiste impune, en la tortura y en la implicación de Bush en la criminal agresión perpetrada por Israel contra el pueblo palestino: en ambos casos Obama debe deslindarse, empezando por girar una orden ejecutiva para cerrar Guantánamo. Fueron ocho años de ataque a la Constitución y el estado de derecho, en Estados Unidos y el orbe. Corresponde a la Corte Penal Internacional juzgar los crímenes de guerra de Bush/Cheney et al. En esto coinciden árabes y occidentales, con el endoso del público al gesto –zapatazo– del periodista Al-Zaidi para recordar a Bush los huérfanos y viudas de su carnicería en Irak.
Harold Pinter, en su conferencia magistral por el Nobel de 2005, con exactitud calificó ese genocidio como “un acto de bandolerismo, un acto de abierto terrorismo de Estado, que demuestra el desprecio absoluto por el concepto mismo del derecho internacional… un acto que intentó consolidar el control militar y económico de Estados Unidos sobre Oriente Medio”.