 La dinámica entre armas, negocios y drogas sirve como excusa a Estados Unidos para intervenir en otros países, afirma el analista John Saxe-Fernández.
Los permisos legislativos para que un centenar de embarcaciones artilladas y más de 18.000 oficiales de la marina y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, puedan desplazarse en la lucha contra el narcotráfico por el territorio costarricense en los próximos seis meses, desató el repudio de diversos sectores, no solo por la desproporción del contingente, sino por el trámite violatorio de la Constitución Política.
Aunque ha venido ocurriendo desde hace varios años, un mayor irrespeto permitido ahora por la Asamblea Legislativa a los términos en que se pactó el convenio de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos en 1999, desató las críticas y el malestar de numerosas organizaciones sociales y políticas del país.
La polémica se disparó entre el 30 de junio y el 1 de julio, cuando diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Movimiento Libertario (ML) se dieron la mano para renovar los permisos de patrullaje que se realizan desde 1999, al amparo de la ley número 7929.
Pese a que la ratificación de estos permisos semestrales se había vuelto un asunto de mero trámite legislativo en los últimos años, la aprobación reciente provocó una fuerte oposición de un grupo de diputados, en vista de que ese órgano legislativo fue más allá de lo que estipula el convenio y no solo autorizó la participación tradicional de los barcos del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, sino que avaló la entrada de 46 embarcaciones de guerra de la marina de ese país, entre ellas portaaviones.
Sumado a lo anterior, legisladores que se opusieron al trámite cuestionaron la vigencia del convenio, suscrito por las partes por un periodo de 10 años, sin que se haya formalizado su prórroga.
Además de las aparentes violaciones a la Constitución Política en la tramitación de dichos permisos, algunos sectores objetan la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el mar patrimonial costarricense, al considerar que lejos de disminuir el tráfico de drogas, más bien ha aumentado en los últimos años, y porque este patrullaje más bien es una excusa para los propósitos geopolíticos norteamericanos.
Esta intención de Estados Unidos la tiene muy clara el especialista en estudios latinoamericanos John Saxe-Fernández, nacido en Costa Rica y ciudadano mexicano, coordinador del programa "El Mundo en el Siglo XXI", del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Saxe-Fernández dijo a este Semanario, que “la militarización de la campaña antidrogas, en México y ahora en Costa Rica, es en realidad un esquema imperial de intervención y ocupación de 'espectro amplio'. Es decir, por medio de operativos aéreos, navales y
terrestres, que –sépanlo los irresponsables que abrieron las puertas del infierno desde la Asamblea Legislativa– gesta ya en México un gran trauma con más de 22 mil muertos e incontables tragedias”.
El experto agregó que “es la 'guerra' fallida de Calderón (Felipe, presidente de México) que ahora hace suya Chinchilla (Laura, presidenta de Costa Rica), mientras el aparato de seguridad y el sistema bancario y grandes firmas de inversores sacan jugo con la dinámica entre el tráfico y consumo, sin control de drogas y la venta de armas en Estados Unidos” (véase recuadro “La excusa del narcotráfico”).
APROBACIÓN ¿INCONSTITUCIONAL?
Vale recordar que el 30 de junio pasado, con 34 votos a favor y 13 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el permiso para que en los próximos seis meses puedan participar en el patrullaje conjunto contra el narcotráfico 53 embarcaciones y aeronaves del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, según lo contemplado en el referido convenio.
Un día después, el Poder Legislativo autorizó también para que puedan sumarse a las labores de patrullaje 46 barcos artillados de la marina estadounidense, entre los cuales hay portaaviones y otras naves que han participado en conflictos bélicos. Solo se reportaron tres no artilladas.
Al gestionar los permisos la embajada de Estados Unidos, aclaró que no todas las embarcaciones surcarán las aguas nacionales y “solamente lo harán aquellas que necesiten hacer visitas cortas”.
De acuerdo con la capacidad máxima de tripulación de las 99 embarcaciones con permiso tramitado, podrían transitar por territorio de Costa Rica de aquí a diciembre, 18.317 oficiales estadounidenses, los cuales en conjunto superan el número de las fuerzas policiales costarricenses. Hace algunos días el ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, mencionó que bajo su cargo hay un poco más de 13.000 policías.
En cuanto a los permisos aprobados, varios diputados los combatieron con fuerza, al estimar que se irrespetaba la Carta Magna; entre ellos estaban Luis Fishman (Unidad Social Cristiana –PUSC-), Juan Carlos Mendoza (Acción Ciudadana –PAC-) y José María Villalta (Frente Amplio).
Este último informó a UNIVERSIDAD que a más tardar el lunes 12 de julio presentaría una acción de inconstitucionalidad contra lo acordado, ya que en su opinión estos permisos son “un cheque en blanco” para Estados Unidos y con ellos se viola –entre otros aspectos– el artículo 12 de la Constitución Política, que establece que “solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares” (…).
Villalta recordó que la entrada de barcos militares fuera del marco del convenio no es nueva, pues se produce desde la administración del mandatario Abel Pacheco, con la anuencia de la Asamblea Legislativa y la oposición de algunos diputados. “Como ellos (Estados Unidos) ven que el país lo ha ido permitiendo, cada vez se abusan más del convenio”, acotó.
Además de Villalta, el convenio fue impugnado en los tribunales de justicia por diputados del PUSC, por el abogado Roberto Zamora Bolaños, y por el ciudadano Yeudy Blanco Vega.
Asimismo, han protestado contra la Ley 7929 organizaciones como la Comisión Nacional de Enlace, el Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, y el Concejo Municipal de San Ramón de Alajuela.
Respecto de la vigencia del convenio, el tres veces diputado José Miguel Corrales aseguró que ya está vencido desde octubre del año pasado, en vista de que era por diez años y hasta la fecha las partes firmantes no ha formalizado su prórroga, tal como lo establece el acuerdo.
De igual manera, el exlegislador sostiene que es inconstitucional que se permita la participación de fuerzas militares en la lucha contra el tráfico de drogas, que es una tarea eminentemente policial.
Corrales es de la tesis de que este convenio se enmarca en estrategias de Estados Unidos como el Plan Mérida y el Plan Colombia, de lucha contra la guerrilla de ese país, y de enfrentamientos geopolíticos con gobiernos que no le son afines, como el de Venezuela. “Costa Rica tiene una posición geográfica estratégica en el continente y por eso muchos desean usar su territorio, para poder controlar las operaciones de otros países”, comentó.
Una opinión coincidente con Villalta y Corrales expresaron los abogados Nicolás Boeglin y Óscar Hernández , profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Boeglin –experto en derecho internacional público- y Hernández –hasta hace poco asesor legislativo por más de 20 años, en donde analizó el citado convenio– son del parecer que el aval de la Asamblea Legislativa para que participen en el patrullaje fuerzas militares estadounidenses deviene en inconstitucional, dado que el combate contra las drogas se debe hacer bajo principios policiales y no bélicos, como son los que rigen para los miembros del ejército.
Hernández enfatizó en que el artículo 12 de la Constitución deja claro que “para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesaria”, lo cual en su criterio excluye a las fuerzas militares para reprimir la criminalidad común y por eso de la participación del Servicio de Guardacostas estadounidense, que está adscrito al Ministerio de Transporte de ese país y no al ejército.
La excusa del narcotráfico
“La campaña antinarco en México, Colombia, Centroamérica y el Caribe, no ataca las raíces ni los pilares de la criminalidad y del tráfico de drogas: o los deja intactos o los acicatea. Eso sí, los utiliza como excusa para intervenir en tierra, aire y mar, junto al despliegue de bases, esquemas portuarios y empresariales de dominio económico-territorial sobre recursos humanos y materiales”.
Esta es la contundente opinión del especialista en estudios latinoamericanos John Saxe-Fernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al analizar el contexto internacional en que se da la participación de Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico más allá de sus fronteras oficiales.
Al ser consultado por este Semanario, Saxe-Fernández criticó desde Ciudad México las políticas económicas de Estados Unidos que, mientras profundizan la pobreza en América Latina, “auspicia a los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo”, el cual promueve la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico.
Frente a esta coyuntura internacional, el experto sostiene que “Washington y su Pentágono saben que el estallido social está en curso y es de largo alcance y que muchos de nuestros pueblos están reaccionando a la crónica embestida de clase, de corte oligárquico-imperial y antinacional, tomando el mando de su destino, de su economía, de sus recursos, comercio y moneda, en mano propia. De ahí la reactivación de la Cuarta Flota (que incluye a la Marina de Guerra y a los Guardacostas de EE.UU.), el despliegue de bases en Colombia, y a un año del golpe en Honduras, la militarización de
Costa Rica”.
Según Saxe-Fernández, “el manejo que hace Washington de la dinámica entre armas,
negocios (bancos, empresas de inversión, petroleras, mineras, etc) y drogas, es central en la promoción del caos y la inestabilidad. Es la base y excusa para la intervención y ocupación militar, en curso en México y -por lo que veo- también en Costa Rica. Todo el mundo sabe que el instrumento militar no es central en cualquier diseño antinarco, que la información, la investigación policial, el control del sistema financiero y del flujo de armamento, sí son los rubros esenciales”.
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