John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 18 de Diciembre de 2008.
No es asunto menor: se trata de ceder a contratistas y empresas espacios terrestres y marítimos bajo jurisdicción mexicana, sitio de una vasta riqueza de hidrocarburos rescatada en 1938 para el pueblo mexicano por Lázaro Cárdenas del Río, con apoyo de su esposa, doña Amalia Solórzano, de quien hoy lamentamos su ausencia. En silencio y sin debate, bajo una mayoría PRI-PAN que apesta a propina trasnacional, con el alcahueteo de legisladores y políticos de oposición y la ingenuidad de algunos de sus consejeros, la Cámara de Diputados rehusó, tajante, prohibir expresamente el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas a contratistas, como lo propuso Andrés Manuel López Obrador.
Tal decisión fue celebrada por el primer círculo de Calderón que desde 2006 dividió el Golfo de México en 239 bloques para, según Fabio Barbosa, de la UNAM, “ser licitados y explotados en lo que llaman alianzas estratégicas con empresas privadas” (Contralínea, diciembre 2008, p.48). Esta proeza antinacional se gesta, según reseña Marcos Chávez, aprobando al vapor que Pemex y los organismos que establezca el Ejecutivo “… podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios contratos y suscribir títulos de crédito… Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”, como el TLCAN. Se añade que, “tratándose de actos jurídicos de carácter internacional (se) podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto” y además se podrán “otorgar…permisos y autorizaciones en materia energética… incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos… se levantará un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras: así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera” (Ibid, p.14 y ss).
Bajo arrastre de empréstitos del Banco Mundial (BM), PRI y PAN impulsaron reformas estructurales como tapadera legal de inconstitucionales operaciones que van dejando a Pemex como un cascarón al trasladar la gestión operativa a privados y grandes firmas tipo Halliburton y Slumberger. Con la reforma petrolera en el bolsillo, cúpula y empresas despliegan a directivos y equipos de abogados para incidir sobre decisiones que eventualmente emanarían de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en torno a la “asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos”. Esa comisión fue propuesta hace años por el BM bajo un esquema “regulador” (dominado por las petroleras), utilizado en Texas. Por lo que, como señala Mario Di Costanzo, las concesiones de áreas en el Golfo de México bien “pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima” (ibidem).
La maniobra contra la nación es magna. Recuerdo que en la privatización petrolera en Brasil el BM creó la Agencia Nacional del Petróleo y, como en el caso de la Texas Railroad Comission, sus órganos fueron penetrados por las empresas petroleras, igual que los diputados de la “reforma”, lisonjeados hace pocos meses por el Comando Norte (CN) de EU en sus instalaciones en la Base Aérea Peterson, en Colorado Springs, donde asistieron a un curso para familiarizarse con el CN y enfatizar, dice el Pentágono, “la asociación fuerte de cooperación con México, que es crítica para ambos países: la seguridad de Norteamérica (sic) y el hemisferio”. El CN se encarga de la “seguridad” de Alaska al Suchiate y el Golfo de México. Ahí opera la Cuarta Flota y se localizan los bloques de la traición.
