jueves, 25 de octubre de 2007

El predicamento mexicano



John Saxe-Fernández



La Jornada, México,
jueves 25 de octubre de 2007





Hoy como ayer, en la entrega del país a EU la oligarquía se posiciona como intermediaria en los grandes negocios de la “compraventa” de México. Regímenes que, ante su ilegitimidad de origen, optan por la represión como ocurrió en la usurpación electoral y posterior coerción sufridas por las fuerzas encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas durante el gobierno de Salinas (1988-1994) y ahora contra vastos sectores de la población aglutinados en torno a López Obrador y de otras causas populares, que sufren el embate policial-militar a sus derechos humanos y políticos: el estado de excepción se instala de facto como blindaje para los opacos negocios de la privatización y entrega de ferrocarriles, petróleo, agua, biodiversidad, electricidad, bancos, carreteras, puertos, aerolíneas, seguridad social, universidades, etcétera.





Rasgo central de la “colonialidad” de esta dirigencia ha sido el hecho de que, como ocurrió en 1848 y en el Tratado de la Mesilla (1853), “la enajenación del país es el fin de una política represiva. En la medida que se restringen las libertades individuales y sociales, se persigue a los intelectuales que los denuncian y se reparte como un botín los bienes públicos, se procede a la venta de la nación al extranjero”, como escribió Gastón García Cantú, en su imprescindible Las invasiones norteamericanas en México (Era, 1971). Es un trauma relacionado a las fases diferentes del desarrollo capitalista y la posición internacional de EU: tanto el “reordenamiento territorial” de México, un despojo de 2 millones de kilómetros cuadrados, como el sometimiento del librecambismo porfirista, contribuyeron en el ascenso de EU a las grandes ligas imperialistas a finales del siglo XIX. Y de ahí, como retador hegemónico del imperio británico, luego de su largo, y en el siglo XX, fulminante, ascenso hegemónico que culmina con la primacía global después de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de la “pax americana” y el dólar.





Las ecuaciones de poder no son estáticas: ahora bajo el capital monopolista fuertemente impactado por un agresivo sector financiero y en una constelación de poder signada por agudas contradicciones, a poco más de 15 años del colapso de la URSS y con una relación estratégica ruso-china revigorizada, EU está anegado por la resistencia Iraquí y dependiente de combustibles fósiles, agua y minerales, con movimientos de construcción social alternativa bolivarianos y retadores monetarios y tecnomilitares en Europa y Asia. Por lo que se vuelca sobre México y Canadá como “modelo” y plataforma de “imperializacion” para una recomposición de su hegemonía hemisférica, con el TLCAN y una “integración profunda” de corte policial-militar pactada por los “líderes” –Bush, Harper y Calderón– a espaldas de los poderes legislativos y de la opinión pública de sus respectivos países. Esto se hace bajo tres ejes post 11-09: a) el desborde hacia México y Canadá de un estado de excepción que conlleva la ampliación de facto de la jurisdicción de EU; b) la agudización de un apartheid laboral con una homologación a la baja de los derechos y salarios del trabajador de México y EU; y c) un vasto esquema de infraestructura –corredores del TLCAN– para el saqueo de recursos y mayor explotación de la fuerza de trabajo.





EU es un hegemón de gran poder y acumulación de contradicciones: su agresividad militar no equilibra, sino que desestabiliza dimensiones cruciales de la economía y política mundial que van desde los fundamentos político-electorales de la paz social mexicana hasta los de la OTAN. La ocupación de Irak y la “imperialización” de México se dan en medio de la debacle de Bretton Woods (FMI-BM-BID), de una veloz multilateralización y regionalización económica, monetaria, industrial y tecnológico-militar. El fenómeno, que desembocó en guerra mundial, difiere del bloquismo del periodo entre-guerras: el retorno a las “grandes áreas” por la cúpula de EU desde el Foreign Relations Council y sus contrapartes en México y Canadá, se hace en un contexto de “crisis hegemónica” con mecanismos de seguridad establecidos por las mismas fuerzas de clase y bajo la colonialidad formalizada en el TLCAN: el Consejo para la Competitividad de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte.



La capitulación de Calderón al diseño policial-militar (Plan México) energético, laboral y ambiental de EU cercena la soberanía e impone, por la fuerza y la usurpación, a la facción oligárquico-imperial que sigue lucrando con la “compra-venta” del país. Pocas veces, desde la década de 1840, estuvo México en tal riesgo y se necesitó de tanta cohesión cívico-militar para su defensa. Por lo que resalta el desentendimiento de este predicamento en el penoso endoso de Cárdenas a la usurpación electoral de Fox y Calderón. Sus “argumentos” debilitan las fuerzas sociales y los instrumentos político-electorales para el tránsito pacífico a la legalidad y a la constitucionalidad. La legitimidad y lealtad de Calderón a la Carta Magna sí están a debate.

viernes, 12 de octubre de 2007



La entrega de
“todo México”



John Saxe Fernández


La Jornada, México

jueves 11 de octubre de 2007




Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).




Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”.




Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).




Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”.




Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.