John Saxe-Fernández
La Jornada, México,
30 de agosto de 2007.
“He autorizado a nuestros comandantes militares en Irak a hacer frente a las actividades homicidas de Teherán.” A estas palabras de Bush, pronunciadas el martes en Nevada, siguieron otras más ominosas: afirmó que el programa nucleoeléctrico iraní amenaza dejar al Oriente Medio “bajo la sombra de un holocausto nuclear”. Como el despliegue naval de Estados Unidos en aguas cercanas a Irán incluye armamento nuclear “táctico” y además Israel colocó en estado de alerta una escuadra de bombarderos, presuntamente armados con armas “no convencionales”, la “advertencia” de Bush no puede ser más grave: otro indicio de su extremo desprecio de las normas de convivencia internacional. El uso de la amenaza de “holocausto nuclear” como parte de los instrumentos de política exterior, además de reflejar desesperación e impaciencia totalitaria ante el crudo desmoronamiento político-militar de la ocupación de Irak, es otra manifestación de “criminalidad de Estado” del grupo en el poder que acarrea enormes riesgos de intensificación bélica a escala mundial.
Días antes de la mencionada arenga y con el título de “Criminales controlan el Poder Ejecutivo”, Paul Craig Roberts, ex subsecretario del Tesoro de Ronald Reagan (1981-1989), conocido articulista y ex integrante de la página editorial de The Wall Street Journal, escribió que “el pueblo estadunidense y sus representantes en el Congreso deben enfrentar el hecho de que personas criminales y dictatoriales controlan el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y deben de manera inmediata rectificar esta situación, altamente peligrosa”. Después de comentar las delicadas advertencias de Zbignew Brzezinsky ante el Senado, analizadas aquí con anterioridad (La Jornada, 1/03/07; 5/07/07 y 16/08/07), Craig asevera que las razones para desaforar a Bush y Cheney exceden en varios órdenes de magnitud el conjunto de todas las que se han argumentado en el pasado para someter a juicio a cualquier presidente estadunidense. La amenaza de un ataque convencional/nuclear contra Irán elucida el gran riesgo mundial de la campaña bélico-electoral de Bush y Cheney, respaldada por un sector “politizado” del Pentágono: tejen un asalto armado contra Irán y lo que va quedando de la Constitución. Ante ello, dice Craig, “lo mínimo que el Congreso puede hacer en este estado avanzado del proceso es dejar en claro que cualquier ataque contra Irán bajo cualquier pretexto sin la autorización del Congreso o cualquier intensificación de la guerra en Irak sin una autorización legislativa expresa… conllevaría la remoción inmediata de Bush y Cheney”. La renuncia del fiscal Alberto González fortalece la propuesta de Craig de que el Congreso, además, investigue el ataque de Bush a las libertades civiles, la separación de los poderes, las Convenciones de Ginebra y la desinformación usada para “justificar” la agresión a Irak.
Robert Baer, un ex miembro de la CIA, publicó en la revista Time del 18 de agosto, que la Casa Blanca “atacaría Irán en los próximos seis meses”, es decir, ya con el proceso electoral en su fase decisiva. Baer constató los juicios de Craig cuando dijo a Fox News que el asalto sería diferente al de Irak, porque no se prevé el envío de tropas. El casus belli se centra en la presunta intervención en Irak de la Guardia Revolucionaria Islamista de Irán (GRI) –la mayor fuerza del ejército iraní–, que Bush está en vías de colocar en la lista de “organizaciones terroristas”, lo que se interpreta en Teherán como una declaratoria de guerra, y en la acusación, hecha por varios oficiales militares adictos a Bush, sin verificación independiente, de que Irán suministra “explosivos sofisticados” a la “insurgencia” iraquí. Baer agregó que después de un sondeo informal que realizó dentro del gobierno, “la sensación es que atacaremos a la GRI” considerada “… un obstáculo para que exista un Irán amistoso y democrático”. Además que “los iraníes están interfiriendo en Irak y en el resto del Golfo”. Esas fuentes no anticipan una guerra que incluya el uso terrestre de tropas. Lo que se plantea desde Nevada es reactivar la “guerra relámpago” (blitzkrieg) hitleriana, en el contexto de la “doctrina de la guerra de autodefensa anticipatoria” que Bush impulsó desde 2002, en desacato abierto a los fundamentos del derecho internacional. “De ocurrir ese ataque”, dijo Baer, “… será algo muy rápido y va a sorprender a mucha gente”. Además es un blitzkrieg político-electoral para conservar el poder y restablecer, manu militari, el control de la principal cuenca petrolera del planeta. Decisión funesta que lejos de enfrentar la crisis hegemónica que abate a Estados Unidos, la profundiza: la noción de que puede gobernar el orbe amenazando a Irán, la región y a la humanidad con un “holocausto nuclear”, lanzando tropas y/o explosivos de destrucción masiva sin sufrir represalias igualmente devastadoras, llegó a su límite no sólo militar, sino también comercial, financiero y monetario: un ataque nuclear/convencional en la principal cuenca petrolera del planeta haría estallar en pedazos –literalmente– a la economía internacional y al dólar.
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