Crisis nacional: Precipitantes de Guerra Civil

John Saxe-Fernández
Publicado semanalmente en Excélsior,
entre el 27 de febrero y el 22 de mayo de 1998

Nota: Este no es un documento oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, por lo tanto, no refleja necesariamente la posición del EZLN con respecto al tema tratado. El contenido de este documento ha sido considerado de interés general por parte del Comité Editorial de ¡Ya Basta! y por eso ha sido incluido aquí. El contenido del mismo es responsabilidad del Comité Editorial de ¡Ya Basta! a menos que se especifique lo contrario.

HACE una semana tuve oportunidad de participar en un seminario sobre Chiapas, el TLC y la Violación de los Derechos Humanos en México, organizado por una universidad canadiense. Junto con Donald Schultz, del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, quien, a título personal, hizo lo propio desde la perspectiva estadunidense, me correspondió el análisis sobre los asuntos de seguridad, relacionados con el TLC. Nuestros enfoques tuvieron importantes diferencias interpretativas, especialmente en lo relativo a la naturaleza y los objetivos de la política exterior de Estados Unidos hacia México y el resto de América Latina. Pero el hecho es que, tanto desde el punto de vista de Schultz, como del mío, los principales retos a la "seguridad nacional mexicana" tienen como uno de sus principales elementos causales la profunda desestabilización social y política acarreada por la estrategia económica que se ha estado aplicando desde principios de los ochenta.
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TODAS las advertencias sobre los peligros que acarreaban a la estabilidad social y política mexicana los esquemas económicos del binomio FMI-Banco Mundial aplicados por los tecnócratas locales con el entusiasmo y la diligencia propios de quienes actúan como "country managers" en un gran esquema de corte colonial, también fueron soslayados por el gobierno demócrata de Clinton. A principios de 1993, el conocido analista estadunidense Walter Russell Mead advertía sobre los retos que encaraba EU en México: el país podía convertirse en un "dolor de cabeza", porque "una década de reformas económicas todavía no producen beneficios políticos o económicos para la mayoría de los mexicanos". Russell Mead advertía que, si el TLC fracasaba en llevar el bienestar a la mayoría de la población, "la crisis latente del sistema mexicano se agudizará... Es casi cierto que el TLC no sea la respuesta a esta profunda crisis de la sociedad mexicana. La inestabilidad real y el conflicto civil en México —ambas posibilidades claras en la próxima década— enfrentarán a EU con una verdadera pesadilla".
En verdad, el tipo de política económica que desembocó en el TLC, un esquema de integración subordinada que codifica las abismales asimetrías entre nuestra nación, latinoamericana y subdesarrollada, con dos de las principales potencias económicas del orbe, es uno de los principales precipitantes de la desestabilidad que hoy aflige a México, desde Chiapas hasta la frontera norte y del Golfo al Pacífico, porque generó desempleo y subempleo, polarizó todavía más el ingreso y ha aumentado de manera inusitada y sistemática los niveles de frustración social. Tampoco tuvimos que esperar una década para que la explosividad acumulada en la brutal política económica centrada en el despojo salarial y en la subasta del patrimonio de México para beneficiar a una mimada plutocracia apátrida, adquiriera una expresión militar: pocos meses después de que se publicó el excelente trabajo de Russel Mead, estallaba la insurrección chiapaneca, mientras la Casa Blanca y sus empleados locales prosiguieron, impertérritos, aplicando los mismos recetarios que han devastado la economía del pueblo mexicano, especialmente de campesinos, obreros y, crecientemente, de la clase media y de decenas de miles de pequeños empresarios.
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ES cierto que la rebelión chiapaneca tiene raíces profundas en una historia colonial de violencia, expropiación violenta de la tierra e indignidades sufridas por la población india, y que tales daños no los subsanaron los gobiernos emanados de la Revolución, cuyas prácticas políticas y económicas se orientaron al beneficio de los terratenientes, los ganaderos y todos los grandes intereses dedicados a la explotación forestal o mineral.
Una cruda coalición de estos grupos, fundada en la explotación política y en las inequidades del caciquismo, con sus "guardias blancas", estaban y están en la base del orden de dominación en Chiapas. Las estructuras agrarias y sociales derivadas de la modernización capitalista sólo beneficiaron a una pequeña minoría y proletarizaron a vastos sectores campesinos, no sólo en ese estado, sino también a lo largo y ancho del país, como nos describe este proceso José Luis Calva, en La disputa por la tierra (Fontamara, 1993).

—II—

EN el país, y específicamente en Chiapas, las condiciones generales de frustración social han estado presentes largo tiempo, pero los actos que de manera directa incitan la rebelión chiapaneca están íntimamente vinculados con el TLC y los programas económicos auspiciados por EU mediante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y concretados gracias al "quintacolumnismo neoliberal'' que se asienta en el poder desde el delamadridato y que a quienes Manuel Buendía, con ironía histórica, calificó como "los neopolkos''. Caben dos aclaraciones: cuando menciono al FMI-BM no hago referencia, de manera estricta, a "instituciones financieras internacionales o multilaterales'', como se les califica usualmente, porque estamos en presencia de instrumentos para la proyección de poder de lo que el historiador Arthur Schlesinger ha calificado como "la presidencia imperial'' en un famoso tomo publicado en 1973.
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LA otra aclaración es que, en sentido estricto, la única "presidencia imperial'' existente en el hemisferio occidental está asentada en la Casa Blanca. Lo que tenemos en Los Pinos, dado el predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, es una suerte de "autocracia presidencial''. Abundan ejemplos de cómo la Casa Blanca utiliza al FMI-BM en operaciones unilaterales e intervencionistas, como lo fue la veda de todo crédito cuando Nixon decidió "desestabilizar'' al gobierno de Salvador Allende. En ese entonces, el accionar del FMI-BM se "integró'' al esquema "golpista'' de guerra política, económica y sicológica de la CIA y el Pentágono, articulado por Kissinger y los carniceros de turno al margen del derecho constitucional, penal, e internacional y posteriormente de toda la normatividad generada por los juicios de Nurenberg.

De igual manera, uno se pregunta, ¿qué hacen instituciones presuntamente "multilaterales'' o "interamericanas'', como el BM, el FMI y el BID, en los esquemas unilaterales de "certificación'' elaborados por EU para la ampliación "de facto'' de su jurisdiccionalidad, con la excusa de la guerra contra el narcotráfico? Hechas estas aclaraciones, entonces resulta de inusitada relevancia auscultar, tanto los factores endógenos, como los efectos social y políticamente desestabilizantes de los programas de privatización y de ajuste estructural (PAE) del FMI-BM y, de manera particular, el impacto de los esquemas de "modernización agraria'', en la etiología de la militarización del conflicto chiapaneco, que tiende a generalizarse al resto del país. El paquete de "ajustes'' que incluye la brutal reducción de las inversiones públicas, el encauzar los recursos gubernamentales y privados hacia el pago de las deudas externas, la extranjerización de las principales empresas y la liberación de precios, junto con el control salarial para reducir la inflación y así aumentar la "competitividad internacional'' de los productos mexicanos de exportación, tuvieron efectos devastadores sobre el pueblo como un todo.
Los recetarios del FMI-BM propiciaron una declinación profunda en los ingresos reales. Un estudio realizado en 1984 por el Instituto Nacional del Consumidor, cuando De la Madrid era Presidente y Salinas una figura clave de su gabinete, mostraba que ya un alto porcentaje de familias de bajos ingresos habían renunciado al consumo de carne (11.4%), leche (7.5%), pescado (6.7%) y frutas y vegetales (3.3%). Estudios del BM corroboraban que los salarios reales se habían desplomado a lo largo de los 80 y que la mayor declinación se detectaba precisamente en el sector agrario. Ya para 1989, en México y en la región latinoamericana, los efectos de los PAE eran abismales y los analistas advertían que "un inmenso grupo, entre 60 y 80% de la población, sufre una situación que se acerca a la desesperación observada en el Africa sub-Sáhara o en Bangladesh''. La declinación de los ingresos reales no se limitó a las clases más desposeídas, sino que empezó a afectar, y de manera profunda y acelerada, a los sectores medios. A la "jornalerización'' del campesinado se agregó la "proletarización'' de la clase media mexicana, un proceso que se acentuó de manera desmedida durante el salinato, evocando las advertencias hechas por Crane Brinton en Anathomy of Revolution, sobre el deterioro de la clase media como un tema recurrente en la etiología de la revolución cromwelliana, estadunidense, francesa y rusa.

La Frustración Acumulada

— III —

EL desplome de la inversión pública en el sector agropecuario, la irreflexiva contrarreforma agraria salinista al artículo 27 constitucional y la entrada en vigor del NAFTA se combinaron para actuar como detonantes en un medio altamente volatilizado por los efectos acumulativos de frustración socioeconómica de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del FMI y el BM. En el caso de Chiapas, la declinación de los salarios reales fue más devastadora debido a la alta proporción de "jornaleros", es decir, de aquellos dependientes de un salario. Cuando el salario mínimo fue dramáticamente reducido, se tradujo en un desplome del estándar de vida del campesinado chiapaneco, estimado en 64.7%. En relación con los estándares de vida de 1970, el PAE redujo los salarios reales cerca de 60%, según datos elaborados por el INEGI. Los estudios económicos contribuyen de manera decisiva a dilucidar el panorama, porque indican que las políticas altamente recesivas implantadas desde el 83, el colapso de los precios del café en el mercado internacional y la apertura unilateral del mercado interno, expresaron en creciente desempleo y subempleo. Como resultado de estas tendencias, una alta proporción del campesinado chiapaneco sufrió reducciones de 50% de su salario mínimo, o sea, menos de 1.74 dólares diarios. Los datos ofrecidos por Calva indican que este fue el caso para 38.8% de la población, y otro 36.6% ganaba entre 1.74 y 3.48 dólares diarios.
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ASI, las políticas económicas de los últimos tres sexenios, que están en el corazón mismo del trauma nacional, difícilmente pueden ser concebidas como una "revolución económica pacífica", término usado por Clinton cuando Carlos Salinas era objeto de gran reverencia de los medios de comunicación, del gobierno y de las universidades de EU, que le ofrendaban mensualmente doctorados honoris causa. La nación padece de una chocante y traumática involución y regresión. Chiapas es un síntoma de una condición generalizada que afecta los fundamentos mismos de la sociedad mexicana, porque los principales factores responsables de la rebelión zapatista se encuentran por doquier.
Carlos Montemayor, conocido estudioso de los movimientos guerrilleros mexicanos y autor de La guerra del paraíso, en el que analiza algunas de las características antropológicas más importantes de la estructura social chiapaneca, ha indicado que el EZLN no es más que la punta del témpano del malestar popular y de la rebelión, y tiene razón. Argumenta que ha habido un largo periodo de incubación que hace que tales movimientos sean altamente resistentes a la represión. También son resistentes a acciones impuestas desde afuera de la comunidad de lucha y, sin duda, no son el producto de fuerzas externas, como se ha querido caracterizar a los zapatistas, este último un tema rigurosamente estudiado, desde una perspectiva antropológica, por Miguel Bartolomé, en su reciente libro, Gente de costumbre y gente de razón (Siglo XXI).
Las precondiciones de guerra civil, es decir, las "variables independientes" involucradas en el fenómeno, no se restringen a Chiapas, porque la frustración social, económica y la de las aspiraciones políticas, es una característica generalizada del panorama nacional, de tal suerte que los PAE, así como las masivas privatizaciones que desembocan en la entrega del patrimonio nacional, junto con despidos sumarios y masivos de ferrocarrileros, petroleros y electricistas, el desempleo y el subempleo, entre otros, han fungido como principales precipitantes del conflicto social y del notable incremento delicuencial. Al respecto, el concepto de "privación relativa", en su expresión actual, de frustración acumulada, es esencial en cualquier diagnóstico de los orígenes de la rebelión zapatista.
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ESTO quiere decir que no es la pobreza absoluta la responsable de precipitar la guerra interna, sino las percepciones sociales relacionadas con la discrepancia entre las expectativas valorativas de la comunidad y las capacidades valorativas. Las primeras se refieren a los bienes y condiciones de vida a los que la población cree tener el derecho, mientras que las segundas son los bienes y condiciones sociopolíticas y de bienestar sicológico y cultural que son capaces de obtener y mantener como propios.

La Redistribución Regresiva

— IV —

LA "privación relativa", es decir, la brecha entre los bienes y condiciones de vida a los que la población cree tener derecho y lo que realmente obtienen, ha observado una profundización acumulada con la aplicación de continuos programas de ajuste estructural. Es esta discrepancia la principal causante del malestar sicosocial y, en este sentido, la "privación relativa" puede ser mayor en estados como Chihuahua o Coahuila, con estándares de vida más altos que los observados en las regiones donde prevalece una mayor pobreza absoluta. Sin embargo las aspiraciones profundamente enraizadas en la conciencia nacional, como las de "tierra y libertad", han incrementado a lo largo y ancho del país la percepción sobre la ilegitimidad de la constitucionalización del contrarreformismo agrario fondomonetarista aplicado por Salinas al artículo 27 de la Carta Magna. A esto es necesario agregar la debilidad objetiva que se deriva de la igualmente generalizada percepción sobre las políticas de distribución regresiva del ingreso, acompañada de un insolente programa de "bienestar social invertido" ("an upside down welfare state"), es decir, dedicado al subsidio, rescate y apoyo de neobanqueros en los que ya nadie confía, o de empresas acostumbradas al apapache oficial y a los rescates mineros o carreteros.
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EL programa para combatir la "pobreza extrema", diseñado por el Banco Mundial y conocido bajo diversos nombres ("Solidaridad", "Procampo", etc.), lejos de alejar la frustración popular y de los campesinos ha tenido efectos desastrosos. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que ha sido incapaz de contrarrestar los efectos generalizados de la política de topes salariales y de despidos masivos, estos últimos como parte de los compromisos contraídos por el gobierno salinista y el actual con los inversionistas "nacionales y-o extranjeros" interesados en la compra "libre de pasivos laborales" de los Ferrocarriles, de la CFE y de las partes en que ya ha sido desmembrada Pemex. La contracción fondomonetarista de los salarios ha sido tan brutal como irracional. Durante el periodo 1970-1982, los datos del INEGI indican que los salarios representaron cerca de 37.1% del PNB, mientras que entre 1990 y 1994 habían descendido a sólo 25.8%. Utilizando esta información, el economista José L. Calva calcula que, entre 1983 y 1993, los asalariados mexicanos perdieron el equivalente a 246,900 millones de dólares y que, durante los cuatro primeros años del salinato, la pérdida fue de 160,900 millones. Con Solidaridad sólo se recuperó poco más de 4% de lo perdido por los asalariados. Los analistas frecuentemente clasifican las políticas de desarrollo en dos tipos. El desarrollo que fragmenta, es decir, que concentra la riqueza y polariza la sociedad, y el que integra, o sea, que tiende a promover la equidad económica. La política de FMI-BM aplicada por los tres más recientes gobiernos mexicanos es decisivamente del primer tipo. Al concentrar la riqueza en medio del crecimiento inusitado de la pobreza, se ha propiciado la violencia social y, en vez de cambiar este rumbo, se acelera el proceso fragmentador por medio de una igualmente inusitada militarización de la acción gubernamental para encarar las consecuencias del programa económico estadunidense. En 1984, el ingreso de 10% de las familias más pobres de México representó 1.72% del PNB y, en 1989, después de grandes esfuerzos del delamadridismo, se redujo a 1.58% y, para 1992, era de 1.55%.
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EN contraste, el ingreso de 10% de familias de mayores ingresos aumentó su participación en el PNB al pasar de 32.7% en 1984, a 37.93% en 1989 y a 38.16% en 1992. Datos recabados del Banco de México y de la Bolsa Mexicana de Valores indican que la concentración de la riqueza auspiciada por este "modelo neoporfirista" ha llegado a niveles difíciles de imaginar. En 1994, sólo 0.2% de la población, la crema de una mimada plutocracia, controlaba 51.11% de los activos del país, una cifra que se acrecentó durante la actual administración ya que se dedican a hacer negocios con sus socios de EU, con los pedazos en que fueron desintegrados los Ferrocarriles Nacionales y, no satisfechos con ello, ahora, "exigen" la privatización total de Pemex y de la CFE.

El Neoporfiriato Capitulacionista

— V —

Al senador Conchello.

"UNA pequeña pero poderosa oligarquía se había formado alrededor del Presidente, quien les había otorgado el derecho de enriquecerse. Este pequeño grupo poseía toda la riqueza del país; sus miembros daban preferencia a sus amigos en la distribución de la prosperidad. Cliques surgidas a la sombra de los bancos... monopolizaban todas las ganancias y hacían que el progreso social fuera otra leyenda nada más. Ciegos ante los problemas de su país, esas gentes sólo se preocupaban de sus propias ganancias". Este retrato, que fácilmente puede extraerse de las tendencias y eventos que han caracterizado a los últimos tres sexenios, fue presentado por Leopoldo Zea en su libro El Positivismo en México (1944), para describir al gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX.
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LA "pequeña y poderosa oligarquía" del "neoporfiriato" está aglutinada alrededor de esa minoría que mencioné la semana pasada y que, representando menos de 0.2% de la población, controla 51.1% de los activos del país. El amiguismo, las "cliques" surgidas alrededor de los neobanqueros y la miopía ante los problemas del país quizás hayan sobrepasado al porfiriato en codicia, entreguismo y corrupción. En este sentido, el término "oligarquía" también tiene vigencia. Según L. Thurow, el interés de un "establishment capitalista" en ningún momento les lleva a sacrificar la integridad nacional ante el altar de las ganancias. Sus integrantes no desatienden el hecho de que su conveniencia mayor está íntimamente vinculada con el buen funcionamiento de la sociedad como un todo, a la que se concibe como una gran embarcación, a la que es necesario preservar cuidando los equilibrios socioeconómicos. Una oligarquía, al contrario, está dominada por la codicia: el lucro se halla por encima de la integridad nacional y no muestra mayor preocupación si la nave naufraga; cómo destinan gran parte del ahorro nacional bajo su control a las actividades especulativas o a la fuga de dinero hacia todos los paraísos fiscales conocidos, en la eventualidad de un hundimiento nacional, cuentan con lujosos yates donde refugiarse.
La privatización y extranjerización del patrimonio del país ofrece a la oligarquía una magnífica oportunidad para realizar jugosas ganancias, que ahora desean ampliar, desde la telefonía, la aviación, la industria azucarera, los ferrocarriles o los bancos, hacia Pemex, la CFE, los puertos y los aeropuertos. Las "desincorporaciones", impulsadas por EU mediante el FMI-BM, han tenido una apoyatura fundamental en sus "inversionistas institucionales" (fondos mutuales, etcétera) y en el gobierno de esta desmemoriada plutocracia. A su favor se realizó la masiva transferencia de unas 1,200 empresas públicas valoradas en poco más de 24 mil millones de dólares, incluido todo el sistema bancario, en vías de extranjerización. Ahora, los organismos patronales que los representan exigen la inmediata privatización de la petroquímica, del gas natural y de la CFE, para "restaurar el equilibrio de las finanzas públicas" ante el desplome de los precios del petróleo. Ciegos al hecho de que los montos de los rescates bancarios o carreteros sobrepasen tales desequilibrios, en ningún momento están dispuestos a sacrificarlos ni tampoco informan al público que algunos de los esquemas financieros para lanzar al piso de remates de Wall Street toda la infraestructura energética del país, han estado circulando algún tiempo entre sus miembros.
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UNO de ellos fue elaborado, por Aeicon Corporation, Agincourt Ltd y Ridgewood Group International, mismo que considera la creación del Mexico Energy Export-Oriented Development Program, bajo la inversión directa de Investors Guaranty Fund Ltd (IGF), encargado de la capitalización del programa por medio de la venta de MEXDS GIA, "denominaciones en dólares para contratos de inversión con calificación AAA". Se piensa colocar parte de los MEXDS GIA por la vía de préstamos del BM-BID y otra parte mediante los "institutional investors". Por motivos empresariales y estratégicos, Washington necesita tener en el bolsillo de sus inversionistas al sector energético mexicano, por lo que todo está listo para proceder con la primera etapa para el remate de activos de Pemex, petroquímica y gas natural y la CFE, por 9 mil millones de dólares.

El TLC y la Insurrección Zapatista

— VI —

ES frecuente escuchar y leer a políticos y estudiosos identificados con las más diversas posturas ideológicas mencionar que, desde la implantación de regímenes neoliberales a principios de los años 80, se abandonó al Estado de bienestar. Si se comparan las políticas y condiciones actuales con la situación prevaleciente antes de los regímenes neoliberales, es cierto que se registra un inusitado aumento en la generación de millones de nuevos pobres, categoría que incluye a la clase media en decadencia, así como un marcado deterioro en el nivel del gasto social, entre otros factores, pero es necesario reconocer que, tanto en México como en el resto de América Latina es una exageración afirmar que en algún momento hayamos vivido un verdadero Estado de bienestar de corte keynesiano. Esto se corrobora de cara a los datos comparativos sobre los niveles del presupuesto público —y dentro del mismo, del gasto social— en relación con el PNB en Europa o hasta en los mismos Estados Unidos, y los respectivos rubros para América Latina. Incluso durante el régimen de Thatcher, en Inglaterra, el gasto público representó 47% del PNB, del cual 27% se destinó al gasto social y, en otros países europeos, como Alemania, Holanda, Francia o Bélgica, los porcentajes son superiores a 50%.
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AUN así, en México el nivel de gasto social anterior a los regímenes de corte "neoporfiriano" fue mayor y no incluyó el masivo y costoso esquema de relaciones públicas que ha caracterizado a los programas diseñados por el Banco Mundial, como Solidaridad o Procampo, dirigidos en realidad a promover los intereses políticos y electorales del partido oficial en las ciudades y en las zonas rurales. El uso patrimonialista de los fondos públicos exacerba todavía más los niveles de frustración política a nivel nacional. En 1980, la inversión pública en el sector social llegó a los 3,200 millones de dólares y durante el último año del gobierno de López Portillo se aumentó 3,500 millones. Sin embargo, para 1993, esa cifra se había reducido a 1,960 millones. De 1989 a 1993, los programas regionales de Solidaridad, en Chiapas, llegaron a los 527.5 millones de dólares, pero las pérdidas de los asalariados en esa entidad, según estimaciones realizadas por José Luis Calva, fueron de poco más de tres mil millones de dólares en ese mismo periodo.
No es accidental que la insurrección chiapaneca coincidiera con la puesta en marcha oficial del NAFTA, el 1º de enero de 1994. La vinculación de los dos actos se relaciona además con varios procesos y acontecimientos entre los que cabe mencionar los problemas causados por la política de control salarial y la crisis del mercado del café que afectó a cerca de 60 mil pequeños productores en todo Chiapas. La crisis fue el resultado del rechazo de Salinas al Acuerdo Internacional del Café, para cumplir con los requerimientos formalizados en el Apéndice 702.3 del NAFTA, en el sentido de que México se comprometió a no actuar en coalición con otros productores para restringir exportaciones y, consecuentemente, afectar los precios internacionales. Pero, como lo apunta Calva, la cláusula del café no fue la única razón por la que los indios rechazaron el TLC, porque los campesinos ya habían sufrido los efectos de la liberalización comercial en los precios de otros productos, como lo fue el colapso de los precios de carne, soya, sorgo, bananos y cacao, que redujeron todavía más el ingreso del campesino y nacionalmente se desarticuló al sector agrícola de la economía.
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PERO el hecho central es que la política económica vigente desvía en forma masiva el presupuesto nacional hacia el gasto no productivo (pago del servicio de la deuda, rescates bancarios, etc.) y naturalmente la inversión pública global de México observa una declinación de 60.4%, entre 1981 y 1992, y las partidas destinadas al sector agropecuario experimentan una brutal reducción de 79.04% durante ese mismo periodo.

La Revancha de don Porfirio

— VII —

LA irreflexiva contrarreforma agraria del artículo 27 constitucional y la caída de casi 80% en la inversión pública en el sector agropecuario en una década, son dos iniciativas diseñadas por el FMI y el Banco Mundial y aplicadas por los gobiernos neoliberales, que se actúan como precipitantes de guerra interna al haber generado la mayor crisis observada en la agricultura mexicana desde la Revolución de 1910. Los pequeños productores de todo México ahora afrontan la competencia de importaciones baratas de granos de EU, como el maíz, mientras el subsidio gubernamental a los precios de los granos —siguiendo lineamientos previamente pactados con el BM— fueron interrumpidos de manera fulminante. Usando otros parámetros estadísticos para analizar el asunto, mientras la inversión pública en el sector agropecuario en 1982 por la vía de créditos, transferencias fiscales y otras inversiones públicas, representaba 2.5% del PNB, ya para 1991 había caído a 0.7%.
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LO que ha venido ocurriendo en la agricultura mexicana desde el salinato fue apropiadamente calificado por un conocido semanario estadunidense como "la revancha de don Porfirio'', no sólo por el masivo programa de privatizaciones, sino también debido a que, desde la perspectiva de muchos observadores externos, aparecía como una contrarreforma agraria de grandes dimensiones. Los cambios al artículo 27 implantados por Salinas y su mayoría legislativa, mismos que fueron previamente pactados con el FMI-BM, formalmente finalizan la reforma y el reparto agrario, eliminando el concepto de "propiedad social'' y dejando a los ejidatarios y pequeños agricultores a merced de "las fuerzas del mercado''. Se trata de un "compromiso'' en el FMI-BM que el actual gobierno se inclina a mantener contra viento y marea, incluso arriesgando un conflicto militar de imprevisibles consecuencias, como quedó claro en declaraciones que E. Rabasa, el comisionado oficial para la paz en Chiapas, hizo al diario español El País en torno al "impasse'' en la negociación de los Acuerdos de San Andrés, en el sentido de que no se permitiría la "colectivización'' de la tierra.

Como consecuencia de estas medidas, se observa un aumento substancial de los latifundios y de una agresiva ofensiva de los "agribusiness'' extranjeros. Los efectos sociales y políticos que han resultado del colapso de la inversión pública en el sector agrícola llevaron al BM a diseñar (y al gobierno de Salinas a aplicar) el Procampo, un programa de emergencia de 3,500 millones de dólares, diseñado en parte para afrontar el predicamento de los campesinos, pero que realmente ha operado con la intención de neutralizar los costos electorales de las regresivas políticas implantadas al sector agropecuario.
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UN documento confidencial, preparado por los asesores económicos de la embajada de EU, dice al respecto que dicho programa "nace como un instrumento creado a la luz del TLC para opacar el dolor del campesinado hacia la transición de un mercado abierto... la transformación económica del campo hacia el sector privado ha tenido consecuencias abruptas y catastróficas para la población rural mexicana que pocas posibilidades tiene de modernizarse para competir en el marco del TLC''.

EU y la Desestabilización del Agro

— VIII —

NO deja de llamar poderosamente la atención el hecho de que, mientras el gobierno de Estados Unidos y el binomio FMI-Banco Mundial impulsaron, por medio del TLC, el programa salinista de privatización rural con su respectiva contrarreforma al artículo 27 de la Carta Magna, en un documento privado difundido por la prensa, los asesores económicos del entonces embajador Jones reconocían que tal política agropecuaria "...ha contribuido a fomentar la inestabilidad social y por lo tanto a impulsar el movimiento guerrillero zapatista". Como la privatización agraria ocurrió casi simultáneamente con las elecciones presidenciales, esos mismos analistas puntualizan que Procampo, el programa de "modernización" agrícola diseñado y financiado por el BM coincidió, "...con un año electoral (pues) el gobierno tiene la obligación de, al menos temporalmente, aliviar los problemas rurales para mantener la ventaja electoral que tradicionalmente ha disfrutado en las áreas rurales".
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EL documento indica que Estados Unidos "será el mayor beneficiario de la instrumentación de Procampo, pues el giro en los cultivos de las tierras mexicanas favorecerá una mayor importación de maíz y frijol en el corto plazo... El giro en los cultivos mexicanos hacia otros productos básicos —como trigo, sorgo, soya, arroz y algodón— hará que para mediano y largo plazos se dé una mayor demanda de estos bienes sobrepasando la capacidad productiva nacional e incrementando las importaciones de los Estados Unidos". Así, los intereses cortoplacistas de los exportadores de grano de EU se anteponen a cualquier consideración relacionada con la explosividad rural y urbana que se genera al calor de los programas de ajuste estructural y de privatizaciones fondomonetaristas. Hay que tomar nota del hecho de que las consecuencias, al nivel de "seguridad nacional", que se derivan de una política tendiente a lanzar a millones de campesinos mexicanos hacia las ciudades y hacia Estados Unidos, están siendo afrontadas, por el mismo gobierno que la auspicia, por medio de una militarización sin precedentes y la continua construcción de todo tipo de muros de Berlín, a lo largo de la frontera con México.
Como parte de los planes de contingencia estadunidenses para el crítico periodo de las más recientes elecciones presidenciales en México y en anticipación de un cada vez mayor malestar de la población rural y urbana sometida por el FMI-BM y sus "country managers" locales a una verdadera guerra económica, el gobierno de Clinton ha venido autorizando la exportación de equipo militar para proveer a las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) con mayor movilidad y poder de fuego, incrementando su capacidad en cuanto al control de huelgas y transfiriendo otras tecnologías para el abatimiento de las expresiones de descontento rural y urbano.
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SEGUN el San Antonio Express News, sólo durante los primeros tres meses después de iniciada la rebelión zapatista, Salinas importó de EU 3,000 vehículos, mientras el Pentágono aprovechó la situación para aumentar su influencia sobre las FAM promoviendo las funciones policiales y de contrainsurgencia en el contexto de una estrategia económica que propicia enfrentamientos con las fuerzas populares.

El Estado "Consular"

— IX —

EL director general del IMSS afirmó recientemente ante el Poder Legislativo que es un "disparate'' asumir que el crédito por 700 millones de dólares que se gestiona ante el Banco Mundial por medio de la SHCP esté condicionado. El director general descalificó la veracidad de un documento dado a conocer por la prensa detallando los pormenores del préstamo, "porque no es oficial''. No creo que, en el caso del IMSS, el BM, a diferencia de lo que ha venido haciendo desde hace por lo menos quince años, súbitamente se haya transformado en un ente filantrópico. Existen documentos oficiales del BM que indican que gran parte de sus préstamos se orientan a preparar las condiciones para llevar a las empresas o instituciones "favorecidas'' a la "modernización'', que explícitamente el BM traduce como la privatización a favor de empresas "nacionales y/o extranjeras''.
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TANTO el Senado como la Cámara de Diputados harían bien en exigir una investigación sobre la larga lista de "préstamos'' altamente condicionados que se han pactado, pues el aumento en la injerencia sobre la dirección económica de México, de instituciones directamente vinculadas con la Casa Blanca, como el FMI-BM y el BID, no se restringe al área agropecuaria, por ejemplo, por medio del diseño y la financiación del procampo, sino que se extiende, a lo largo de la experiencia posterior a la negociación de la deuda de 1982, al diseño presupuestal de la Federación, impactando de manera directa la orientación estratégica que se va adoptando en grandes empresas y sectores de la economía, como Pemex, la CFE y los Ferrocarriles.
La política de inversión extranjera y de comercio exterior, así como la desnacionalización y desincorporación de empresas públicas, no han sido procesos que respondan al accionar de una abstracta "globalización'', pero tampoco obedecen a los criterios, modalidades y ritmos endógenos, sino a necesidades temporales y materiales de EU expresadas por medio de "préstamos'' y "paquetes de rescate'', altamente condicionados y con gran fuerza persuasiva.
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DOCUMENTOS oficiales de la División de Comercio, Finanzas e Industria del BM indican que la apertura comercial unilateral realizada desde 1986 fue el resultado de la fuerte condicionalidad acreedora. A la condicionalidad del FMI —que se refleja más que todo en la dirección macroeconómica—, se añadió el manejo de las ramas económicas y empresas de mayor interés para las grandes firmas de los acreedores, por medio de préstamos atados del BM en campos que van desde la política comercial y la de exportaciones, la minería y la petroquímica, hasta programas para la "modernización'' de carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, plantas generadoras de electricidad, incluyendo a la política municipal, el transporte urbano, la extensión agrícola, el mantenimiento de carreteras, el adiestramiento de mano de obra, la "reestructuración'' del sector acerero, agrícola y de fertilizantes, la rehabilitación portuaria, la construcción de viviendas, el diseño de programas para promover esa política económica, la asistencia social, el combate a la pobreza extrema, la desregulación financiera, administrativa e industrial y del transporte de personas y bienes.

Entrega de las Líneas de Mando

— X —

CONFORME el país desvía de manera irracional la inversión pública hacia el servicio de la deuda o al rescate bancario, a lo largo de los últimos 16 años se fue incrementando de manera proporcional la influencia del FMI y el BM sobre las ramas económicas de mayor interés para las empresas de los acreedores. Entre 1982 y 1990, los préstamos sectoriales del BM ascendieron a más de 11,500 millones de dólares y, según se desprende de los informes de su División de Comercio, Finanza e Industria, esa cifra más que se duplicó en lo transcurrido de la presente década. Los préstamos incluyen diversos "tramos'' cuya aprobación está condicionada al cumplimiento de metas y calendarios fijados por el BM, cuya evaluación, control y vigilancia está a cargo de sus propias misiones técnicas. En virtualmente todas las Secretarías de Estado, Direcciones y Subdirecciones, empresas públicas, y muchas privadas, existe algún tipo de relación directa o indirecta con el BM, ya sea de inspección y supervisión o de sujeción y minucioso escrutinio.
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ESTE tipo de "gobierno paralelo'', imperceptible para la opinión pública y aparentemente libre del monitoreo legislativo, no se limita a México. Por medio del FMI el BM y el BID, Washington ha establecido un complejo y vasto entramado administrativo que le permite influir de manera muy directa y detallada sobre la administración pública latinoamericana, tratándose de un esquema cuya dinámica observa paralelismos con las estructuras imperial-coloniales aplicadas por Londres (durante el periodo de apogeo del imperio británico. Los instrumentos de proyección de poder e influencia no se restringen al ámbito de la administración económica; se extienden también a la política internacional y de "seguridad interior''.
Los instrumentos "interamericanos'' que EU está forjando tienen como punta de lanza el esquema comercial, de inversión y "político-militar'' generado en torno al TLC, y constituyen un complejo esquema de relaciones de la metrópoli sobre "su'' periferia de influencias y cruces en las líneas de mando. Una comprensión del fenómeno se logra traduciendo el lenguaje técnico y especialmente las metáforas usadas por el FMI y el BM o el Pentágono para referirse a los aspectos políticamente más delicados, por ejemplo, los problemas de "seguridad'' derivados del traspaso que se está realizando del manejo, control y usufructo, a favor del empresariado extranjero, preponderantemente estadunidense, de grandes complejos económico-territoriales en México, con la "desincorporación'' ferroviaria, eléctrica y del sector petrolero.
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EN la base de este proceso está la aceptación, por los últimos tres gobiernos mexicanos, de los programas de ajuste estructural cuya piedra angular se centra en la transformación de México (y América Latina) en tributarios de EU, transformando al país y a la región en grandes exportadores de capital por medio del servicio de la deuda externa, al que estos gobiernos dan prioridad sobre cualquier consideración política, social o incluso constitucional.

Vulnerabilización Financiera

— XI —

BAJO la presión de la crisis de 1982 se aceptaron préstamos del FMI a cambio de aplicar un estricto programa de estabilización y de ajuste estructural del cual Washington derivaría capacidades para influir de manera profunda sobre la dirección económica mexicana y muy particularmente su orientación favorable hacia la participación de los inversionistas y las empresas extranjeros en áreas de su interés geoestratégico, como la energética y la vinculada con la infraestructura de transportación. Su creciente dependencia de minerales y combustibles fósiles inducía a Estados Unidos a mirar a México y sus ricas dotaciones minerales y de combustibles fósiles, "con otros ojos", y simultáneamente a poner en marcha instrumentos que le permitieran "remontar" los obstáculos normativos a su acceso y control de recursos constitucionalmente vedados a la inversión privada.
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LA amplia gama de acuerdos con el FMI y el Banco Mundial que siguieron durante los siguientes quince años, han incluido una masiva reducción del gasto público, reformas impositivas, restricciones al crédito, la aceptación de topes salariales, la liberalización comercial y la inversión y la privatización de las empresas públicas, lo que a su vez se tradujo en una creciente "desnacionalización" del proceso de toma de decisiones en materia económica y, de manera crucial, en el diseño presupuestario de la Federación, y también —aunque no exclusivamente—, de las grandes paraestatales. Durante el primer año del sexenio salinista, el FMI logró cumplir con una de sus más importantes metas. Por medio del Extended Facility Agreement de 1989, a decir de Alejandro Nadal Egea, "todo un acontecimiento histórico", pues conllevó una profunda "reforma" del sistema financiero nacional, es decir, acceder a la "sugerencia" del FMI para la privatización y posterior extranjerización del crédito y el depósito nacionalizados por JLP, incluidas reducciones a las regulaciones y restricciones a la participación de la inversión extranjera y una mayor liberalización comercial.
El actual proceso de privatizaciones tiene como uno de los mecanismos centrales para su concreción el tipo de vulnerabilidad financiera gestada mediante el mencionado acuerdo. Así, mientras la apertura comercial unilateral auspiciada por conducto de los "trade policy loans" del Banco Mundial al gobierno delamadridista se traducía en abultado déficit comercial, junto con una seria afectación de miles de pequeñas y medianas empresas, un fenómeno que continuaría impactando a la economía durante los años 90, el masivo déficit fiscal ocasionado por el desvío de la inversión pública hacia el servicio de la deuda pública —y posteriormente también de costosos programas de rescate del sector financiero privatizado— era perentoriamente subsanado por medio de masivas infusiones de capitales extranjeros preponderantemente de portafolios.
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LA vulnerabilización financiera inducida por el FMI conllevó la casi total desregulación de la inversión extranjera directa y de portafolios en un movimiento de causación circular. El endeudamiento crónico y la aceptación de un rembolso acelerado de la deuda, junto con la reducción drástica de los presupuestos, está en la base de la capitulación económica formalizada en el Memorándum de Políticas Económicas de enero de 1995.

La Capitulación

— XII y último —

ENTRE junio de 1990 y junio de 1994 entró una inversión extranjera calculada en 91,700 millones de dólares, 77% de portafolios, capaz de fugarse en cuestión de milésimas de segundo. La vulnerabilidad financiera abrió las puertas de par en par a la inversión extranjera directa y de portafolio. Se desplegó todo un programa intervencionista para sacar del hoyo a los subordinados gobernantes mexicanos, a cambio de otro vasto programa de privatizaciones y también para rescatar a las instituciones financieras y mutualistas y a sus varios cientos de miles de ambiciosos inversionistas estadunidenses dedicados a la especulación y a obtener jugosas ganancias del mercado emergente mexicano, durante el salinato el más prometedor y caliente del Tercer Mundo.
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CABE recordar que la mutación del sistema Bretton Woods, a principios de los setenta, manifestada en cambios políticos y de clase y de creciente conflictividad intercapitalista, era en realidad producto de una grave crisis de acumulación que llevó a articular una verdadera "guerra de conquista" de zonas previamente cerradas a la inversión —como las empresas públicas—. El FMI, el BM y el BID se dedicaron con especial ahínco a la "creación de condiciones favorables para las privatizaciones". Bajo la presión generada por esta vulnerabilidad económica, Washington había impuesto dos grandes programas de privatización de codiciadas empresas públicas encabezados respectivamente por el delamadridismo y el salinato. Bajo los efectos de la debacle financiera de diciembre de 1994, se instaura una tercera oleada privatizadora que incluye a las principales empresas públicas de la nación. Zedillo mantiene la apertura indiscriminada al capital especulativo y continúa con el sacrificio del patrimonio nacional y del salario, incrementando los riesgos de más "criminalidad rural y urbana" y de estallidos sociales acicateados por los programas de ajuste estructural del FMI, así como los peligros de lanzar de nuevo al país a un despeñadero (ya el déficit de cuenta corriente es de 14 mil millones de dólares, bajo el influjo de los capitales golondrinos, como si no hubiera ocurrido nada desde 1982 y existiese en los círculos oficiales una predisposición a no aprender de los grandes traumas: no sólo se persiste, sino que se eleva vertiginosamente el subsidio al monumental fracaso de una banca privatizada, poco profesional, propensa a la especulación irrefrenada y a la corrupción.
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EN este contexto se firma el Memorándum de Políticas Económicas de enero de 1995, redactado por los asesores del BM y cuyo inciso 17 sintetiza la capitulación económica en estos términos: "El gobierno de México ha decidido acelerar las reformas estructurales en los sectores de transporte, telecomunicaciones y banca... El Presidente ha enviado al Congreso propuestas de enmienda constitucionales que permitan la inversión privada en ferrocarriles y comunicaciones vía satélite. El gobierno también... promoverá la inversión privada en plantas de generación de energía eléctrica y ha propuesto al Congreso modificaciones legales que permitan una mayor participación extranjera, en el sistema bancario, de lo considerado bajo el TLC. También se acelerará el proceso iniciado para privatizar otras empresas estatales, incluidos puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas".