La Jornada.
México 28 de septiembre de 2006.
En medio de las dudas generadas por las anomalías del proceso comicial de 2006, con un "presidente electo" por obra y gracia de un Poder Judicial que no osa asumirse como tal ante un Ejecutivo electoralmente delincuencial, la busca y el afán de Calderón de asegurar fuentes internas y externas de "legitimación", acentúan los riesgos para la resistencia civil pacífica, para la vigencia del estado de derecho, las libertades y garantías ciudadanas, y para la soberanía nacional.
En el ámbito interno, a juzgar por la "paramilitarización" del conflicto en Oaxaca, su falta de solución política y acudir a la represión azuzarían el autoritarismo de sectores del panismo y de los poderes fácticos, que no verían mal recurrir cada vez más a medidas de excepción.
En torno a la escena "externa", se identifican al menos dos pivotes del continuismo neoconservador a) la persistencia y profundización de la administración de corte colonial del país, presente desde 1982 por medio del FMI-Banco Mundial (BM)-BID, conllevando una ampliación de las "reformas estructurales" para consumar -y legalizar- la entrega a las petroleras y a la oligarquía del complejo petroeléctrico de la nación; y b) la continuidad en la lesiva capitulación foxista de la jurisdicción territorial de México ante EU, mediante mecanismos de facto del Poder Ejecutivo y empresarial de ese país, como la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN).
En áreas tan vitales como el diseño de la educación superior y el manejo y orientación de la ciencia y la tecnología ha sido acreditada la insólita injerencia del BM: documentación oficial al respecto fue analizada por Gian Delgado, del Ceiich-UNAM, en una mesa de análisis sobre "el sexenio de Fox y su continuismo con Calderón", que se realizó el 13 de septiembre en el Centro Benemérito de las Américas, de la delegación Coyoacán (La Jornada, 20/9/06, p.1). La acción del BM en virtualmente todos los ámbitos del quehacer nacional -salud, agro, administración pública, vivienda, infraestructura, y privatizaciones de ferrocarriles, petróleo, electricidad, agua, biodiversidad- se realiza a través de préstamos usados para comprar influencia. Reconocida por Joseph Stiglitz, ex economista del BM, como una política de sobornización, aquí impacta el proceso de toma de decisiones económicas, administrativas y político-judiciales.
Es preciso insistir que el BM no es una simple "institución financiera internacional" o "multilateral" dedicada a fomentar el desarrollo. Se trata de una instrumento de Estado y de clase, porque articula los intereses de las multinacionales y sus socios locales y, además, porque está ampliamente dominado por la Casa Blanca, hoy por medio de Paul Wolfowitz, uno de los principales responsables, con Bush y Rumsfeld, de la genocida petroguerra desatada contra la población iraquí y del corrupto programa de "reconstrucción y estabilización". Por ello, es imperativo indagar el impacto del BM en nuestro Poder Judicial en todas sus funciones, incluyendo la electoral, especialmente en el proceso de "restructuración" del IFE y en la modernización del tribunal electoral del Distrito Federal. Y es que inquieta que se someta el manejo del Judicial a operaciones transexenales, adjudicadas como parte del programa "anticorrupción y de transparencia", incluidos en la Country Assistance Strategy del BM. Como muestra un botón: uno de estos préstamos por 30mdd, para "la modernización judicial-estatal de apoyo al acceso a la justicia", del 4 de junio de 2004, cubre de 2005 a 2009 y lo realiza el BM por medio de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banobras. Los planes de modernización en marcha incluyen los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuaha, Colima, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Sonora y el estado de México. Así que, en un área tan sensible para la soberanía nacional como es la estructura y dinámica del Poder Judicial, también Wolfowitz et al, por conducto del BM, meten mano. Lo delicado del tema se percibe mejor si se contempla que, por medio de la ASPAN Bush y las multinacionales propician la "integración" no sólo del sector "energético", sino también policial-militar y judicial. El estado de excepción instaurado en EU con la Ley Patriota se implanta de manera casi silenciosa en México y Canadá, usando la ASPAN como catapulta y disfraz, y a través de los artilugios que se emplearían, como se advirtió en el Senado "en caso de contingencias altamente riesgosas", generadas a partir de hechos como "la perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en serio peligro", por lo que sería "imperativo suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que impidan hacer frente a la situación rápida y fácilmente".Tal sometimiento y sobornización del Judicial es ya, después de la legalización del fraude electoral, una grave amenaza a la soberanía y la paz social.
