La Jornada.
México 27 de octubre de 2005.
Cuba enfrenta un arbitrario bloqueo, un abierto programa intervencionista y el acoso político-militar de Bush y el Pentágono (DdD), que, además, utilizan la base de Guantánamo -territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos desde principios del siglo XX- como campo de ensayo para la articulación de lo que es la más profunda usurpación de funciones policial-judiciales experimentada en la historia de EU. Ahí se practica la instauración de "un nuevo orden político-judicial", cuya meta es la suspensión de principios constitucionales cardinales a la impartición de justicia, gestados a lo largo de siglos, en torno a la protección de derechos humanos básicos como el habeas corpus.
El papel de lo que hoy ocurre en Guantánamo, en el proceso de gestación de un régimen dictatorial e imperialista, en su dimensión legal (de consecuencias tan funestas para la humanidad, como la traumática versión sufrida por Alemania durante el régimen nacionalsocialista), fue analizado con nitidez por Jean-Claude Paye ("Guantánamo and the New Legal Order", Monthly Review, mayo, 2005). En su dimensión humana lo que ocurre en Guantánamo está siendo denunciado por medio de huelgas de hambre, lenguaje de la desesperación de prisioneros, torturados y agobiados, sometidos cotidianamente, durante ya tres años, a los más brutales y sistemáticos abusos sicológicos y maltratos físicos, hablando así por todas las víctimas de la dictadura imperial.
En Guantánamo -y en el resto del proliferante sistema carcelario instaurado tanto en Irak como en navíos de guerra o "delegando" los "interrogatorios" a países que practican la tortura- se perfilan las características ominosas de "la dictadura imperial" que opera con la colaboración del gobierno de Blair, bajo el amparo y justificación de la "guerra contra el terrorismo". Aunque muchos fueron liberados, desde el 11-9 más de mil 200 personas han sido arrestadas y detenidas, cuando no secuestradas, sin cargo alguno, por el solo hecho de ser árabes o musulmanes o tener esa apariencia, como sucedió al ciudadano brasileño, ejecutado por la policía inglesa.
Las mismas disposiciones antiterroristas -y la histeria racista-, gestada por los ataques del 7 de julio en Londres, que costaron la vida al brasileño por su mero aspecto, influyeron a los legisladores estadunidenses para renovar y dar permanencia a la Ley Patriota.
En Guantánamo hay cerca de 540 personas, procedentes de poco más de 40 países, a quienes no se les llama "prisioneros de guerra", "detenidos" o "prisioneros políticos". Sólo nueve han sido formalmente acusados.
Guantánamo, por su estatus de territorio ocupado ilegalmente, se usa para que personal de EU se comporte al margen del derecho internacional y de la Constitución, y bajo el estado de excepción de la Ley Patriota. La meta es poner en práctica un régimen de "excepción" en todos los estadios del procedimiento judicial.
La Ley Patriota (aprobada por la legislatura bajo la indignación del 11-9 y días después de unos extraños ataques con ántrax high tech del Ejército, cuya autoría no ha sido clarificada) "formaliza" el estado de excepción y, como recuerda Paye, "autoriza" la detención ilimitada de ciudadanos extranjeros que se sospeche forman parte o son miembros de cualquier organización que el Ejecutivo catalogue de "terrorista". A esta "autorización" de la legislatura, se agrega otra que el Ejecutivo se otorga a sí mismo mediante un decreto presidencial de noviembre 13 de 2001 en el cual se establecen "comisiones militares ad hoc para juzgar a individuos acusados de participar o de apoyar a tales organizaciones". Por medio de ese decreto y al margen del derecho internacional, de la Constitución y de los procedimientos penales, civiles y militares, la camarilla Bush-Cheney-Rumsfeld se autoriza a sí misma para realizar tales juicios en secreto eliminando de paso cualquier apelación civil, mientras dirige la violencia estatal contra "ciudadanos extranjeros", o ciudadanos de EU calificados como "combatientes enemigos".
En la mayoría de los casos, a los prisioneros se les ha negado el derecho de asesoría legal o de demanda judicial. En custodia se les ha maltratado, torturado, prohibido practicar su religión, todo en violación flagrante de la Convención contra la Tortura y Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por EU. Aún más, la realización extraterritorial de arrestos a diestra y siniestra, así como el "reconocimiento" de muchas naciones de este "derecho" (bajo presión económico-política de la Casa Blanca) anuncian el arribo de un nuevo orden político internacional en el que se utiliza el terror de Estado sin contemplación legal alguna, cancelándose las libertades y derechos fundamentales, afectando la esfera pública y privada y, según advierte Paye, marcando..." el fin de la separación formal de poderes al dar al Ejecutivo el tipo de autoridad que se asigna a los jueces: la autoridad de plantear e interpretar la ley: el poder autoritario de la dictadura".
