La caja de Pandora

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 23 de septiembre de 2004.

Al Qaeda sería uno de los principales beneficiados de una relección de Bush, ironizó hace dos días un conocido diplomático inglés. El "sin comentarios" de su gobierno ante esta incisiva declaración es comprensible, aunque ciertamente en torno a este asunto ya se ha presentado al público una escrupulosa exploración de un testigo privilegiado, como podrá comprobar quien revise el substancial libro Contra todos los enemigos (Taurus, 2004), de Richard Clarke, el ex zar antiterrorista de los gobiernos de Clinton y Bush.

Ahí saltan a la vista algunos de los aspectos más sensibles, relevantes y hasta ahora desconocidos por la opinión pública sobre las decisiones, inexplicables contradicciones y asombrosos fallos en materia de seguridad interna del gobierno de Bush, antes del 11-9, así como del papel de esos ataques terroristas en la campaña neo hitleriana para sacar ventaja político-electoral de la tragedia, formalizar por medio del acta patriótica la instauración de un régimen de excepción, incidir en la militarización de la ecuación cívico-militar y para justificar el unilateralismo, el belicismo y la guerra de conquista y ocupación contra Irak.

Clarke se manifiesta sumamente preocupado, desde el título y dedicatoria hasta las últimas páginas por la propensión de la camarilla de Bush de transformar al 11-9 en lo que el historiador Golo Mann, en referencia al Tercer Reich llamó "una máquina para la manufactura del poder". Defender la Constitución significa también defenderla "... de todo aquel que utilice la amenaza terrorista contra las libertades que la propia Constitución consagra. Dichas libertades se están viendo socavadas, y si en este país se lleva a cabo otro ataque terrorista del mismo impacto y gravedad se producirán nuevos asaltos a nuestros derechos y libertades civiles. Por tanto, es esencial (evitarlos) y que... protejamos la Constitución... contra todos los enemigos" (p. 14).

El título del libro se refiere a los enemigos externos, pero de manera significativa a quienes están prestos a explotar políticamente esta calamidad nacional y "para sacar adelante sus planes sobre Irak" (p. 51). En su intento por culpar a Irak de los atentados, Wolfowitz, segundo de Rumsfeld en el Pentágono, abrió una caja de Pandora al argumentar que el ataque fue "una operación demasiado sofisticada y compleja para haber sido llevada a cabo por un grupo terrorista", sin apoyos estatales (p. 51). Por eso llama poderosamente la atención la dedicatoria del libro: "a los asesinados el 11 de septiembre de 2001, incluidos los que intentaron evitarlo, como John O'Neill (...)".

Clarke aclara que O'Neill era su mejor amigo en el FBI y que sus iniciativas para localizar y desactivar las células de Al Qaeda en Estados Unidos "incomodaban" a su director Louis Freeh. Revela también que O'Neill era "un hombre decidido a acabar con Al Qaeda (...) hasta que le apartaron de esa tarea porque estaba demasiado obsesionado con esa red terrorista y no se andaba con chiquitadas en su afán de capturar a Osama Bin Laden". Agrega que "O'Neill no encajaba en el patrón reducido y limitado que el director quería para sus agentes".

Esta rara actitud de Freeh en su enfrentamiento con O'Neill es un claro ejemplo de por qué el "FBI no podía proteger nuestro territorio" y es parte de un cuadro general encaminado a negar recursos y aparentemente a desactivar la campaña antiterrorista a cargo de Clarke. Desde el arribo de Bush, pese a todas las advertencias del autor, de funcionarios del FBI, e incluso del director de la CIA -en un famoso memo del 6 de agosto de 2001 entregado al mandatario- en torno a la alta probabilidad de un ataque de grandes proporciones de Al Qaeda en territorio nacional, los analistas observan una tendencia de la cúpula gubernamental por devaluar sistemáticamente los instrumentos y presupuestos antiterroristas con las más variadas excusas. Es una pauta que se detecta en la Casa Blanca de Bush, Cheney y Rice, en el Pentágono de Rumsfeld y Wolfowitz, y en la fiscalía de Ashcroft, hasta el 11-9, misma que favoreció a los agresores tanto como la ventana de oportunidad que les ofreció la laxa vigilancia aeroportuaria (Clarke quedó "atónito" al enterarse de que a bordo de uno de los aviones secuestrados "había activistas de Al Qaeda cuyos nombres eran conocidos por el FBI") y la coincidencia del ataque, con Vigilant Warrior, ejercicio militar del comando aéreo estratégico (NORAD) realizado el 11-9, que dirigió la atención de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, incluyendo los aviones radar AWACS, hacia un hipotético ataque ruso. Mientras, los atacantes hacían lo suyo.

Clarke nos informa que por su enfrentamiento con Freeh, O'Neill había dejado el FBI y acababa de ser nombrado director de seguridad del complejo del World Trade Center "la semana anterior" al ataque. Como a un soldado amotinador al que se castiga enviándolo hacia una muerte segura en el frente de batalla, John O'Neill murió en las Torres Gemelas el 11-9 aplastado por miles de toneladas de acero.

La apuesta de la derecha

John Saxe-Fernández
la Jornada.
México 2 de septiembre de 2004.

El pasado fin de semana, en la ciudad de México y en Nueva York afloraron indicios de que la jugada de la derecha por la polarización, la guerra de clases y la provocación encierra enormes riesgos para la paz social y para quienes, como Aznar, Bush y Fox, han buscado sacar ventaja electoral y la auspician de manera imprudente: cientos de miles de ciudadanos tomaron las calles para manifestarse, en el primer caso, en defensa de un proyecto alternativo a la debacle gestada por la depredación neoliberal y su brutal agresión contra el campesinado, los sectores medios y la clase trabajadora, y en el segundo, para rechazar la regresiva política económica y de libertades civiles, así como la unilateral, corrupta y belicosa política exterior de Bush en Irak.

Aquí, ese repudio, entiéndase bien, no es al "neoliberalismo" como una abstracción, sino a una agenda concreta impulsada por agentes específicos e intereses de clase identificables, como el Banco Mundial y la depredadora plutocracia doméstica, crónicamente presta a fungir como intermediaria con el exterior para venderlo todo a la menor provocación: banca, comercio y, si se le deja, petróleo, electricidad, agua, biodiversidad y territorio.

La situación es grave. El esquema de despojo llegó a los límites de tolerancia sociopolítica. Los planes de choque ahondaron los factores que llevan al país a ser víctima de un ciclo perverso de deterioro de los fundamentos materiales y jurisdiccionales del proyecto nacional formalizado en la Carta Magna, algo que, dada la larga tradición expansionista de Estados Unidos, junto con la vocación entreguista de quienes han estado al mando en Los Pinos (ya por 22 años), nos coloca en situación precaria.

Es dramática la profundización de la inequidad, el desempleo y la pobreza. Los programas impulsados en favor del alto capital mediante el Banco Mundial y sus empleados locales, como el TLCAN, la desregulación financiera y la liberalización comercial a ultranza, la disminución acelerada de la inversión pública y del gasto social y su desvío al pago de la deuda y al rescate de especuladores tipo IPAB-Fobaproa, acicatean las fisuras en lo étnico, regional y económico, agudizando el conflicto de clase. El deterioro es alarmante y representa una amenaza a la "seguridad humana" de nuestra población, seguridad que los especialistas conciben como "un niño que no llegó a morir, una enfermedad que no se propagó, un empleo que no fue eliminado, una tensión étnica que no degeneró en violencia, un disidente que no fue silenciado".

Presenciamos, como en los tiempos previos a los grandes traumas históricos que desembocaron en cruentas guerras civiles, raciales, regionales y globales, que la dirigencia político-económica padece demencia precoz y profundiza los masivos desequilibrios inherentes a un sistema de saqueo doméstico e internacional, articulado alrededor de metas cortoplacistas que marginan del circuito económico a cientos de millones de personas.

Las consecuencias eran ya devastadoras antes de que el panismo llegara al poder. Ahora Fox socava todavía más los ejes de la estabilidad. Desde el domingo cientos de miles de ciudadanos rechazaron este estado de cosas y se manifestaron contra mayores atropellos como el uso político-electoral del aparato judicial. La ciudadanía entiende que se vulneran los mecanismos disponibles para una salida no violenta a la acumulada explosividad social gestada por un régimen faccioso y clasista. Sale a la calle para dejar explícito que utilizar a la Procuraduría General de la República para lograr ventajas electorales, además de irresponsable es un acto abiertamente subversivo y una invitación al caos. Reconoce que los operativos de Estado contra López Obrador debilitan los fundamentos del Estado de derecho y, por tanto, de la paz social. Esos agravios son parte de la estrategia polarizante utilizada por la derecha para acorralar electoralmente cualquier proyecto alternativo. Fox y su gabinete lanzan más gasolina a un tanque que empezó a explotar hace 10 años.

Vivimos hoy una paz precaria, plagada de incertidumbre y violencia cotidiana. Millones de familias despojadas de su patrimonio y de un salario seguro. De ello son testigo los ferrocarrileros y lo acaban de soportar los trabajadores del IMSS a manos de una mancuerna legislativa PRI-PAN torpe y ¿deslumbrada por las migajas que les arrojaron quienes están empecinados en apropiarse de los ahorros de los trabajadores de todo el país, otro botín como el Fobaproa, estimado en poco más de 2 billones de pesos?

Para esa derecha la paz social es sacrificable ante la expectativa de desactivar el enorme ímpetu electoral que, según las principales encuestas, encabeza López Obrador en todo el país. Los aprendices de brujo a la usanza de Aznar y Bush impulsan la guerra de clase y la provocación para apropiarse del centro político-electoral "estigmatizando" como "extremistas", "populistas" o "anarquistas" a los sectores agredidos por ellos. Es una apuesta temeraria.