La Jornada.
México 4 de septiembre de 2003.
Desde la instauración de un régimen acreedor a ultranza, resultado de los desaciertos en los que incurrieron los encargados de la "negociación" de la crisis deudora, esto es, de 1982 a la fecha, se han mantenido impertérritos los ejes centrales de la política económica de México, tanto en su dimensión macro, impactada por los recetarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), como "por rama", impulsados por el Banco Mundial (BM) mediante un encadenamiento de empréstitos altamente condicionados.
Tanto el FMI como el BM establecen así una suerte de maximato, para usar un término de nuestra cultura política derivado de la experiencia política con el sonorense Plutarco Elías Calles, quien después que dejar el poder creó el Partido Nacional Revolucionario y fue llamado el jefe máximo de la Revolución, aceptado como tal durante los gobiernos de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Durante ese periodo su influencia fue determinante sobre el presidente de turno, generales, diputados, senadores y secretarios de Estado.
El actual maximato imperial incide en el proceso de toma de decisiones, en especial, aunque no exclusivamente, en materia de diseño presupuestal, fundamentado en tres condiciones que se retroalimentan. Primero, por el desvío masivo de la inversión pública al gasto no productivo (servicio de la deuda externa, rescates tipo Fobaproa-IPAB, derivados del fracaso del programa privatizador), lo que crea enormes "boquetes" presupuestales, que se llenan con préstamos. Ante la reticencia oficial para renegociar los términos de la deuda y el cambio requerido en la política económica, crece la dependencia y urgencia de los préstamos y la desnacionalización del proceso de toma de decisiones. Segundo, por el "cruce" de las condicionalidades, es decir, de los parámetros fondomonetaristas con las exigencias de los programas crediticios del BM. Y, finalmente, pero no menos importante, por el impacto en la correlación de fuerzas, derivado de los grandes intereses, internos y externos, así como de relaciones clientelares de los principales beneficiarios locales de esta política económica y de las empresas extranjeras. No es tanto la "terquedad" de Fox la que explica su insistencia en facilitar y otorgar cobertura legal y constitucional al desmantelamiento de los derechos sindicales y a la privatización de facto y extranjerización del complejo petro-eléctrico-gasero, manejado por Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro -programa que se presenta a la opinión pública bajo la rúbrica de la "globalización" y la cobertura lingüística del paquete de "reformas estructurales" que el BM impulsa en México y en toda la región latinoamericana-, sino de la codicia, compromisos, negocios y contubernios, establecidos por los regímenes neoliberales en materia petrolera y eléctrica, al margen de la normatividad constitucional.
Esta suerte de maximato incluye la acción del Estado imperial (FMI-BM) y de manera imprescindible la del Estado periférico e incide en la correlación de fuerzas mediante fuertes cañonazos (como el más reciente paquete de préstamos por 5 mil millones de dólares). Si consideráramos al FMI-BM como meras "instituciones financieras internacionales" estaríamos incapacitándonos para dar cuenta de la realidad. Son mucho más que eso. Fueron concebidas en Bretton Woods (1944) como instrumentos fundamentales de proyección de poder de la pax americana, y operan en función del interés privado nacional de Estados Unidos y de las empresas de sus "socios" primermundistas. Como he documentado en un estudio que realicé con Gian Carlo Delgado (Banco Mundial y desnacionalización integral en México, UNAM-CEIICH, 2003), son instrumentos de Estado y de "clase" diseñados en forma tal que Washington pueda dominar sus políticas e impulsar programas favorables a su aparato empresarial por la vía de sus mecanismos de votación y los requisitos de membresía. Estos últimos enrocan la actuación y fomentan la sinergia de ambas instituciones al exigir que para ser miembro -y recibir empréstitos- del BM es necesario, primero, serlo del FMI y operar bajo su condicionalidad macroeconómica. En este contexto téngase presente que, según sus creadores y promotores, estas instituciones fueron diseñadas para proporcionar un marco de referencia gubernamental seguro para promover la inversión privada y, ciertamente, el "desarrollo económico" de los países capitalistas centrales, encargándose de mantener y acrecentar el carácter tributario-colonial de nuestras economías.
Aunque el FMI-BM y el GATT (ahora OMC) fueron diseñados para sustituir el sistema colonial de preguerra, en ningún momento tal medida fue considerada para inducir un tipo de transformación colonial que negara a Estados Unidos el acceso a los recursos naturales, fuerza de trabajo y mercados de nuestros países. Es un esquema que ha operado el margen de cualquier tipo de control democrático y popular. Eso, como ocurrió al maximato de Calles, hoy puede y debe acabar.
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