La Jornada.
México 19 de septiembre de 2002.
La "reforma del sector de la energía" diseñada por el Banco Mundial (BM) e impulsada por Salinas, Zedillo y ahora Fox se concreta, tanto en petróleo como electricidad, en una "privatización de facto", lo que, en criterio de Emilio Krieger (en uno de sus más recientes libros, Violaciones presidenciales a la Constitución, Grijalbo, 1996), colocó a los anteriores mandatarios y al actual Presidente en la condición de "transgresores" de la Constitución, predicamento que sólo preocupa al BM por el hecho de que resta "confianza" a los inversionistas, quienes en todo caso, al margen de la normatividad constitucional vigente y con el beneplácito gubernamental, ya han realizado operaciones importantes en el sector eléctrico.
Por medio de los reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) se procede a la privatización eléctrica, y se están retirando del sistema nacional los clientes más importantes de ese servicio, como los del sector industrial. Dado que la Constitución y la ley establecen que corresponde a la nación prestar el servicio eléctrico, el BM y el gobierno de Salinas realizaron un malabarismo lingüístico para dar entrada "legal" al capital privado, poniendo bajo la categoría de lo que "no es" servicio público los siguientes rubros: la autogeneración, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción y la exportación e importación de electricidad.
Hasta el año 2000 la Comisión Reguladora de Energía había concedido 169 permisos: 111 para autoabastecimiento, 37 para cogeneración, 14 para producción independiente, uno de exportación y seis de importación. Representan un incremento de cerca de 12 gigavatios, aproximadamente la tercera parte de la capacidad total actualmente instalada, con una inversión de 6.9 mil millones de dólares.
Como ocurrió durante el gobierno de Zedillo, la "reforma constitucional", que por segunda vez envía Fox al Poder Legislativo, se encamina a ajustar la Constitución a las exigencias de los grandes especuladores, interesados en lanzar a Pemex y la CFE-CLFC al piso de remates de Wall Street. Existen elaborados programas de "ingeniería financiera" para sustentar, con el respaldo del gobierno de EU, programas para la privatización de Pemex y el sector eléctrico. En estos esquemas (blueprints) participan de manera intensa la Internacional Finance Corporation y la Multilateral Investment Guarantee Administration (MIGA), vinculadas orgánicamente bajo la figura del Grupo del BM.
Uno de los blueprints fue presentado en junio de 1997 por el Investors Guaranty Fund LTD. Brevemente descrito en mi libro, La compra-venta de México, que aparecerá en octubre, amerita ser conocido ahora. La fugacidad descriptiva se debe a la reticencia de las corredurías y bufetes a divulgar esquemas que quebrantan la legalidad constitucional. El capital necesario se generaría por medio de la bursatilización de nuestro patrimonio a través de la venta en dólares de títulos que se denominarían Mexdsgias, es decir, Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rates Guaranteed Investment Agreements.
En esa venta participarían bancos internacionales de desarrollo (BM, BID) y otros inversionistas extranjeros bajo el liderazgo de las corporaciones multinacionales -petroleras y de la electricidad-, así como constructoras tipo Bechtel y Haliburton y otros grandes contratistas. Los Mexdsgias serían uno de los instrumentos para consumar la "compraventa de México", que además se realizaría en las Bermudas, un paraíso para que los especuladores se hagan a su antojo con nuestro principal eje de acumulación.
Según los promotores de este blueprint, los Mexdsgias podrían "... ser adquiridos por inversionistas institucionales de todo el mundo", es decir, por las famosas mutuales y grupos financieros que llevaron al país a la catástrofe de 1994. Entre sus propósitos está darle la vuelta y luego "reformar" el aparato constitucional mexicano que prohíbe la participación privada en el sector de la energía por su carácter estratégico.
Según los documentos, se trata de solventar "la falta de marco de referencia para la inversión... El programa de energía e infraestructura responde a cambios importantes en la legislación federal mexicana paralelamente con amplios programas de privatización de México, la inversión pública con impacto presupuestal diferido y todo un nuevo sistema privado de pensiones y las demandas de miles de millones de dólares para la creciente infraestructura energética de México... Este plan de desarrollo agresivo crea oportunidades para la inversión... Más de 9 mil millones de activos planeados y existentes de Pemex y la CFE están programados para ser privatizados y capitalizados por medio de los mercados internacionales de capitales.
"México tiene planes de privatización de 8 mil millones de dólares en otros sectores. Tanto el presidente del Consejo Mexicano de Inversión como el secretario de Energía han mostrado interés y apoyo en este método para financiar el programa propuesto."
Agincourt -la empresa encargada de la operación- seleccionó Bermudas como su base jurisdiccional de operación por "... su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y particularmente de los servicios financieros".
Tal es el escenario ideal para tejer la ingeniería financiero-especulativa que permite a los gobernantes y sus "socios" realizar sus negocios y las jugosas ganancias que generaría a su favor, el despojo al pueblo mexicano de Pemex y la CFE-CLFC. Ya lo experimentamos con el sistema bancario y el megafraude Fobaproa-IPAB. El intento y el atentado es de orden mayor, lanzando los principales activos del país -y a la precaria paz social que vivimos- al hoyo negro de la especulación y el caos.
