La Jornada.
México 11 de julio de 2002.
Desde que Bush calificó de "fase dos" a los ataques bioterroristas que se registraron después del 11/09, resultó importante determinar sus vínculos con los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Aunque la Casa Blanca lo negó al principio, se acumularon evidencias que indican que sectores de la Comunidad de Inteligencia (CI) habían recibido abundantes advertencias sobre un potencial ataque utilizando aviones de pasajeros como armas de guerra, y por negligencia, incompetencia -¿o conveniencia?- no actuaron.
En ese contexto fue llamativa la oposición de Bush a cualquier investigación independiente sobre qué sabía el equipo de la Casa Blanca y la CI antes del 11 de septiembre. Si la sombra de la sospecha se cierne sobre la fase uno, ahora se hace pública información explosiva en torno a los ataques ocurridos en la "fase dos" usando ántrax.
Una reseña del drama político y legislativo que ocurrió en el contexto del clima de pánico e indignación generado por el bioterrorismo muestra, primero, cómo logró neutralizar el natural desgaste del choque sicopolítico ocasionado por el 11/09 y luego cómo facilitó la aprobación de un conjunto de medidas, incluyendo la Ley Patriota, documento central impulsado por Bush y Ashcroft, que implanta un estado de excepción que debilita los sustentos normativos y constitucionales de la democracia y de los derechos y libertades civiles.
La importancia de esclarecer la conexión entre estas dos fases se basa en que la FBI aceptaba como muy probable el origen doméstico del bioterrorismo, aunque su director, que opera bajo las órdenes del fiscal Ashcroft, se apresuró a atribuírselo a un "bioquímico solitario".
Ignorado significativamente por los medios electrónicos, el tema adquirió resonancia mayor desde el martes 2 de julio cuando el New York Times publicó una columna de Nicholas D. Kristof (Antrax? The FBI Yawns) en la que se pone en tela de juicio la hipótesis de la incompetencia de los organismos de seguridad y se ofrecen datos que dan plausibilidad a contemplar otras explicaciones más siniestras sobre la fase dos que, a decir de Rosa Townsed (El País, 7/07/02, p. 1), están siendo suscritas por un número cada vez mayor de científicos y medios de comunicación, "que denuncian una trama de encubrimiento al más alto nivel".
Una de las observaciones más importantes de Kristof se refiere a que la falta de resultados en la investigación de la FBI sobre el bioterrorismo, nueve meses después de ocurridos los atentados, se debe no al letargo, abulia o a la superabundancia de información que oficialmente se aduce como explicación a la incapacidad para evitar tanto la fase una como la fase dos, sino a un intento deliberado por encubrir el involucramiento de agentes gubernamentales del más alto nivel del gobierno y de la CI en las acciones bioterroristas. El principal sospechoso, que Kristof identifica como Mr. Z, y que, según Townsend, se llama Steven Hatfill, "es un científico ligado a la CIA y el Pentágono". Ni más ni menos. Además es acusado de causar el mayor brote de ántrax de la historia, que mató a 10 mil campesinos. Esta proeza la realizó mientras trabajaba simultáneamente para el ejército de Estados Unidos y el régimen racista blanco de la entonces Rodesia -hoy Zimbawe. Kristof y Towsend indican que Hatfill continúa trabajando en misiones especiales del gobierno de Bush en Asia Central.
Los análisis genéticos realizados confirman que las cartas con ántrax dirigidas a los senadores demócratas Tom Dashle y Patrick Leahy sólo podían ser obra de un experto en ántrax, vacunado contra el patógeno y con acceso al Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Detrick (Maryland), donde se llevan a cabo experimentos secretos de biodefensa. Según Townsed, esto llevó a Steven Block, profesor de guerra bacteriológica en la Universidad de Stanford, a sugerir que la razón por la que la FBI está retrasando la investigación es porque "el autor (de los atentados) o bien tiene información sobre el gobierno de Estados Unidos o bien es el propio gobierno" (p. 2). Lo grave es que el aparente letargo del aparato de seguridad (FBI) al mando de Ashcroft ya permitió que se incinerara parte importante de la evidencia (ántrax) necesaria en la indagación.
Las implicaciones son de orden mayor. Hatfil continúa al servicio del gobierno de Bush a pesar de que realizó un ataque bioterrorista contra la integridad física de la población y del liderato demócrata en el Senado, lo que lleva a varios analistas a la conclusión de que el gobierno actúa como "facilitador", después de los hechos, o antes de que ocurran, de un programa de acción de la fracción en el poder, en su fase dos, que tiende a la eliminación física o política de la oposición legislativa que endosa la investigación sobre el 11/09 que se realiza a puertas cerradas.
La operación militar que se planea contra Irak, justo antes de las elecciones legislativas de noviembre, aparentemente se orienta, entre otros objetivos, a crear condiciones que permitan el dominio de ambas cámaras por parte del equipo de ultraderecha encabezado por Bush.
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