Milmillonarios y el nuevo aeropuerto CDMX

John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves  26 de Abril de 2018.

C

omo entre los principalescontratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) figura Carlos Slim, considerado el peso pesado ante las críticas técnicas y propuestas de evaluación necesarias y multidimensionales de ese proyecto, apoyadas por Andrés Manuel López Obrador, vale revisar lo específico de los poderes fácticos, así como las observaciones especializadas sobre la terminal, desde la perspectiva del dato duro y del interés público. Para eso hay que recurrir tanto a los aportes de las ciencias social y naturales, y de la ingeniería. Para empezar cabe recordar, aunque sea de paso, el apartado sobre los milmillonarios –personas que tienen una fortuna mayor a los mil millones de dólares (mmdd)– en el puntual estudio sobre Desigualdad extrema en México (2015), realizado por Gerardo Esquivel de El Colegio de México y distribuido por Oxfam.

Luego de una bien articulada síntesis sobre la concentración de los poderes político y económico, Esquivel consigna el sorprendente dato sobre la magnitud del aumento conjunto de la riqueza acumulada de mexicanos de 0.1 por ciento que integran la “lista dorada Forbes” de milmillonarios entre 1996 y 2014.

Aunque no creció su número, se calcula que el conjunto de su riqueza pasó de 25 mmdd –de 15 de ellos– en 1996 a 142.9 mmdd de 16 en 2014. Cada fortuna pasó de un promedio de 1.7 mmdd a 8.9 mmdd lo que, como señala Esquivel, “contrasta tremendamente con lo que ha ocurrido en el país entre 1996 y 2014: la tasa de crecimiento del PIB per cápita ha sido ligeramente superior a uno por ciento en promedio anual. (Ibid pp. 17-18).

En relación con los cuatro punteros en la lista de milmillonarios encabezados por Slim, datos de Forbes revelan que hasta 2002 la riqueza de ese grupo representaba únicamente alrededor de 2 por ciento del PIB mexicano. Con la consolidación de la guerra de clases llamada neoliberalismo se acentuó el favoritismo al sector más rico. La Presidencia y las secretarías de Estado, como buenos country managers, cumplieron con las exigencias de FMI-BM-BID. Lanzaron a cuatro millones a la pobreza y promovieron los diseños de seguridad de Estados Unidos vía la Iniciativa Mérida. A partir de 2003 comenzó un ascenso en la riqueza de 0.1 por ciento para el lapso 2011-2014 su riqueza acumulada alcanzó un promedio de 9 por ciento del PIB. Ese aumento tan significativo de la riqueza de estos mexicanos no se debe sólo a lo ocurrido en el caso de Slim, cuya fortuna pasó de poco más de uno por ciento de PIB a casi 6 por ciento porque lo mismo ocurrió con la riqueza de los otros tres. De medio punto porcentual del PIB para 2003 pasaron a casi 3 por ciento en el periodo 2011-2014. (Ibid pp. 18-19).

A más de las codicias prianistas, las privatizaciones en el mundo son para Washington estación de paso para transferir activos públicos estratégicos a sus monopolios. Los agraciados locales aceptan una coparticipación en la apropiación del excedente. Ni FMI-BM-BID o la USAID o el NED son devotas monjas de la caridad. Están en el negocio de desbaratar Estados, entes estatales y recursos (Libia, Irak, Siria, Telmex, Pemex, Ferronales, reserva mineral, forestas y ríos). Esquivel se pregunta: ¿qué es lo que tienen en común los primeros cuatro milmillonarios? Y responde: Que todos derivan una parte significativa de su fortuna de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público. (p. 20). Para detalles de las extracciones de riqueza pública googlear: Desigualdad extrema oxfamexico.org.

La decisión sobre el NAICM estaba tomada desde el gobierno de Vicente Fox, como lo reveló Slim. ¿Es desde el epicentro de riqueza extrema que se dirime Texcoco? Ahí se juega vida y patrimonio de millones de personas y de muchas especies.

¿Es el NAICM coto privado o es asunto público, con bienes, terrenos e inversión pública? Revisar a fondo, entiéndase bien, es atender y colocar en la atención pública estudios como Consideraciones hidrológicas y ambientales para el posible desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el lago de Texcoco, de técnicos de la Comisión Nacional del Agua que advierten que la construcción de la terminal representa un alto riesgo para la ciudad en términos de inundación y es incompatible con la vocación reguladora de grandes volúmenes de agua de lluvia y drenajes que tiene el vaso. Es igualmente incompatible con los servicios ambientales que presta el lago Nabor Carrillo como refugio de aves migratorias (Álvaro Delgado, Proceso, 28/1/2016). El estudio se entregó al equipo de transición de Enrique Peña Nieto que lo desdeñó. Eso reveló a Delgado el ex director de la Conagua, José Luis Luege.

Estudiosos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad hallaron deficiencias múltiples en el documento de la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental, que declara procedente el proyecto que iría hasta 2062, mientras los técnicos de Conagua prevén tormentas de mayores dimensiones sobre todo por el cambio climático.

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Moro y la guerra judicial(Lawfare)

John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 12 de Abril de 2018.

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l término Lawfare, compuesto por las palabras law (ley) y warfare (guerra), se inventó en Harvard en los años 90 vía los programas de empréstitos de Estados Unidos, en especial del BID, con títulos tan impecables como modernización judicial o fortalecimiento del estado de derecho. La Lawfare se extiende por la región y hoy llega hasta la prisión federal de Curitiba, Brasil, donde el juez Sérgio Moro, quien en pleno mal uso y abuso del sistema judicial de Brasil ya puso en marcha la reclusión de Lula, para sacarlo de la contienda electoral tratando de evitar cualquier reclamo de soberanía ante los arreglos oligárquico-imperiales de Estados Unidos sobre Brasil y su Amazonía. El juez con saña traidora y algunos generales en bancarrota intentan quitar al actual puntero en las presidenciales de octubre próximo.

Moro estudió en Harvard, cuna de la Lawfare, y como observó el diplomático Samuel Pinheiro Guimarães, en entrevista con Darío Pignotti (Página/12,14/2/17), no debe perderse de vista “que estamos hablando de un miembro del Poder Judicial que fue adiestrado en el Departamento de Estado, que viaja permanentemente a Estados Unidos (…) Moro sabe cómo ganarse la aprobación de Washington”. Lo hace coordinando y ajustando su función judicial al golpismo judicial que derrocó a Dilma para reimplantar y ahora mantener la brutal guerra de clase llamada neoliberalismo.

Antes de ir a prisión, Lula ofreció la semana pasada una histórica reflexión ante decenas de miles que llenaron las calles de Sao Paulo que llevan al Sindicato Metalúrgico. Transmitida por Telesur desde la vasta movilización se escuchó fuerte la voz pública contra la reclusión mientras Moro, en plena ofensiva judicial, guarda silencio ante indicios graves de generalizada corrupción de Michel Temer, el ocupante de Plano Alto e informante del Comando Sur. Europa Press informó que la Fiscalía había denunciado a Temer por sobornos de la mayor procesadora mundial de carne a través de uno de sus asesores. Otros informes oficiales completan un paquete de denuncias del fiscal que incluyen la obstrucción de justicia y presunta asociación criminal. Con suficientes votos, la diputación adepta a Temer rechazó la iniciativa de juicio que tendrá que esperar hasta enero de 2019, cuando termina el mandato de éste.

La judicialización de la política y/o la politización del sistema judicial, se realiza desde procesos vinculados a programas de empréstitos que aumentan el poder del sistema judicial en estados y federación al tiempo que lo penetran. El BID, por ejemplo, maneja los empréstitos al judicial bajo protocolos de funcionamiento operativo similares a los aplicados a los programas de ajuste estructural, es decir, incluyendo las generosas y legales comisiones para quienes, ya sean altos funcionarios o jueces, operan empréstitos destinados a la modernización judicial, es decir, virtuales aparatos de sobornizaciónque en este caso fomentan vínculos que alimentan la función judicial con datos seleccionados por el espionaje sobre fortalezas y debilidades de la élites.

En un estudio de alta calidad Silvina Romano et al, Lawfare: la vía ‘justa’ al neoliberalismo, detallan el uso político de la justicia. Uno de los objetivos a corto y mediano plazo de la lawfare es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial. Los y las autor@s plantean que se recurre a un estado de excepción por medio de herramientas (supuestamente) legales (así definidas por un aparato judicial que se elevó por encima de los demás poderes), que en los hechos conducen a la omisión de la ley a favor de la imposición violenta de un nuevo orden.

Sobre Lula dicen que en la sentencia condenatoria y durante todo el periodo de instrucción y tramitación que lleva el expediente, se han deformado: 1) el estado de inocencia; 2) la imparcialidad del juez; 3) las motivaciones (doctrinarias) en las decisiones jurídicas; 4) la prohibición de pruebas ilícitas; 5) el principio de la igualdad ante la ley; 6) la publicidad de los actos procesales; 7) la amplia defensa; 8) la exigencia de natural jurisdicción.

En síntesis: la sentencia de 238 folios del juez Sérgio Moro que como se sugiere en este estudio, “muestra el modo en que se construye una condena de ‘excepción’ en el contexto de un estado de excepción”. (Ibid) Un Lula bajo venganza de Moro, aislado de la convivencia humana.

El contexto que permite apreciar el fondo de este acontecimiento histórico lo ofreció al público la maestría periodística de Stella Calloni en Brasil: el asesinato de la justicia: ¿un golpe en el golpe? (La Jornada, 9/4/18) Antes de la decisión del Tribunal Superior Federal el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo amenazante que el tribunal induciría la violencia en el país si Lula no iba preso y amenazó con un golpe de Estado.

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