Geopolítica: energía, agua y territorio (I)

John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 29 de Septiembre de 2016.

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ientras la cúpula política de México en el poder desde 1982 todo lo articula en términos delmercado y procede bajo el ajuste estructural del FMI-Banco Mundial-BID a la privatización/extranjerización del sector energético (petróleo, gas, electricidad), en Estados Unidos la historia es diferente. Como informa Nafeez Ahmed (ICH 8/8/15) el Pentágono (DoD) se prepara a favor del uno por ciento, para un siglo de emergencias climáticas y guerras por el petróleo, en tanto en México la lumpenburgesía realiza un harakiri energético rechazado por más de 70 por ciento de la población para acceder a la “lista dorada Forbes” de losmilmillonarios.

Dos documentos del Ejército plantean estos asuntos partiendo de hechos: una prevista desestabilización mundial por el calentamiento global antropogénico y por el desabasto alimentario y de recursos naturales estratégicos no-renovables y renovables (petróleo, gas, minerales, agua, territorios), parte de la dinámica en curso.

Esos textos muestran de manera fehaciente lo que revela la historia de Estados Unidos en México y el mundo: que su clase gobernante, como la del Imperio Británico, adora allibremercado y lalibrecompetencia, como narrativa pública, pero al menor obstáculo para acceder al botín anhelado, recurre al ejercicio de los instrumentos estatales, en especial los militares. Para el alemán Otto von Bismarck, el librecomercio es la doctrina favorita de la potencia dominante, temerosa de que otros sigan su ejemplo. Lázaro Cárdenas estaba empapado de esas argucias, no así sus sucesoresneoliberales, históricamente desmemoriados y rapaces, por decirlo con generosidad. En el prefacio del informe del Ejército al Departamento de Defensa “Energy Security & Sustainability (ES2) Strategy (Seguridad Energética y (ES2) Estrategia Sustentable), de fácil acceso en Internet (www.army.mil/e2/c/downloads/394128.pdf) el subsecretario Brad Carson y el sub-jefe del staff Daniel Allyn califican la nueva estrategia de la seguridad energética como un punto de quiebre. Ello porque incluye el papel central de la energía, el agua y losrecursos territoriales, como fundamento para realizar misiones específicas que, además, demandan una amplia colaboración de las comunidades avecindadas a las cerca de entre 800 y mil bases que Estados Unidos ha desplegado en el orbe. El nuevo diseño siempre opera en función de los intereses del big oil por su compromiso explícito de preservar los intereses y negocios del capitalismo de Estados Unidos y de sus socios como objetivo central. Así se consigna en el texto. Es una estrategia de La Guerra Global de Clase, como bien la retrata Jeff Faux (UACM, 2008), en que, dice el Pentágono, se enfrentará a aumentos poblacionales concentrados en grandes urbes de Estados Unidos y del mundo, repletos de jóvenes adultos desempleados y eso sí, su estrategia es para dar energía y recursos a la permanencia de su economía que observa enorme consumo per cápita de recursos naturales. En esta tesitura Estados Unidos se inclina a desacctivar estados nacionales con jurisdicción sobre los recursos territoriales. Prefiere estados fallidos con regiones de sacrificio que ya se presentan como regiones de desarrollo.

Esta visión militarizada se corresponde con la creciente financiarización y militarización de la la economía y la política de Estados Unidos en un contexto de colapso climático, que el aparato político de esa potencia no puede enfrentar por la hipertrofiada influencia del big oil. Este es un giro novedoso que se agrega al deterioro del liderato moral e intelectual que le abate desde la irrupción de la crisis de acumulación detectada a mediados de la década de 1960 y de los desastres humanitarios de Vietnam a Irak, Afganistán, Libia, Siria, etcétera.

Si bien el foco de atención del Pentágono es mundial, la base de operación es el Estados Unidos continental con Canadá y México en una América del Norte como parte del TLCAN y del perímetro de seguridad del homeland a cargo del Comando Norte, acompañado delDepartment of Homeland Security,instaurados ambos al calor de los ataques del 11/S. Para el resto de las Américas está el Comando Sur existiendo comandos y operaciones en Asia Sudoriental y el Pacífico, Europa, África del Norte, Oriente Medio, Asia del Sur, África subsahariana y Océano Índico, ex Unión Soviética, Estados Unidos y territorios.

Los documentos del Ejército plantean como grandes fuerzas de mutabilidad a la rápida promoción de tecnologías, las modificaciones en los centros de actividad económica internacional y el calentamiento climático, esto último priorizado junto a otros problemas, como los disturbios socio-políticos y militares. Para el Ejército de Estados Unidos laresiliencia es asunto de clase: es “la capacidad de anticipar, prepararse, aguantar y adaptarse a disturbios causados por fuerzas naturales o humanas y recuperarse rápido de ellos. Esta es la base de un supuesto incuestionable: que el capitalismo global dominado por Estados Unidos debe ser protegido.

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11-S: terrorismo de Estado

John Saxe-Fernández, La Jornada a 15 de Septiembre de 2016.

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or fin, y bajo presión de las familias de unas 3 mil víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11/S), Obama desclasificó en julio pasado 29 páginas censuradas por el entonces presidente Bush en 2002, delInforme senatorial sobre los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono. El documento, bajo estricta vigilancia, se colocó en la bóveda de un sótano del Congreso. Se permitió acceso a los legisladores, con prohibición de tomar notas y bajo juramento firmado de no divulgar su contenido so pena judicial. ¿Por qué tanta restricción? Sin razones legítimas de seguridad nacional, la censura fue para encubrir la complicidad de funcionarios y agentes de Arabia Saudita en parte crucial de la armazón del 11-S, una suerte de Pearl Harbor para justificar un ambicioso y secreto diseño, el Project for a New American Century, PNAC, que incluye guerras de agresión (bajo el membrete de antiterrorismo) y un regime changeen EU, ya que Bush asentó que la Presidencia tiene el poder de hacer a un lado estatutos aprobados por el Congreso cuando entran en conflicto con su interpretación de la Constitución.

Quien agregue las 29 páginas censuradas al contenido del informe bicameral descubre que Arabia Saudita es la nación extranjera involucrada y más mencionada en los ataques y que el secreto es porque de esas páginas se concluye que ni Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Paquistán o Laos fueron colaboradores o encubridores de los ataques. Además, que desde septiembre 2000, un año antes de tomar el poder, Bush/Cheney habían decidido atacar Irak y a Hussein y no a Arabia Saudita: como parte del esquema del dominio global estaban los intereses de grandes monopolios de EU e Inglaterra por el acceso a yacimientos de Irak de alta calidad y bajo costo de extracción que Saddam había concesionado a firmas europeas y rusas. Como informó un analista del MI6, una vez Bush/Cheney en la Casa Blanca la acción militar contra Irak fue inevitable y los datos se manipularon de acuerdo con las decisiones políticas.

Detrás del PNAC estaban los multimillonarios contratos dereconstrucción de Irak que gestionaría la cúpula gubernamental de EU en torno al cuantioso gasto de un Departamento de Defensa (DoD) con sistemas de auditoría frágiles, por decirlo con generosidad. Bajo los neocon la canalización de riqueza de lo público a lo privado en EU se realiza por medio de novedosos sistemas de subrogación de cuanta función pública esté a mano: sea la evaluación estratégica, de logística, manejo de cárceles clandestinas, control de muchedumbres, interrogatorio de prisioneros (tortura), contrainsurgencia rural y urbana etcétera. Ya en 2004, con Bagdad e Irak hechos pedazos, Bush creó una oficina para coordinar la reconstrucción de países arrasados por EU y su posterior estabilización con represión, masacres decontrainsurgencia y operativos tipoAyotzinapa.

Esa oficina en el Departamento de Estado que puso a cargo de Carlos Pascual, ex embajador en Ucrania (y en México), operaría con fondos del DoD. Su misión sería acelerar el traspaso de riqueza pública a los privados agilizando la gestión de contratos. En conferencia en un instituto en DC, reseñada por Naomi Klein (Rebelión, 5/5/05), Pascual dijo que se trata de planes post-conflicto para 25 países que no están, todavía, en conflicto. Para Pascual, la reconstrucción y estabilización sería también capaz de coordinar tres operaciones totales de reconstrucción en países diferentes al mismo tiempo, con duración de cinco a siete años (ibid). Prometió que incluso los contratos de reconstrucción (de sistemas hidráulicos, electricidad, escuelas, hospitales, mercados arrasados por el bombardeo y la guerra) estarían listos a firmar antes de lanzar la guerra preventiva.

En 15 años desde el 11-S, son millones de bajas civiles, de desapariciones forzadas, de desplazados por la violencia, gran saqueo de Irak y otros países y del erario de EU. Como a mediados de 2016 auditores del DoD detectaron un inexplicable faltante estimado en ¡5.6 billones (trillions) de dólares! los creadores y operadores del PNAC y sucesores ameritan atención de las Cortes Federales y desde luego, de la Corte Penal Internacional, si es que esa instancia atiende los crímenes de guerra del liderato de nacionesindispensables.

Las 29 páginas, tanto como la Constitución vigente en EU, el hábeas corpus consagrado en la Carta Magna, las Convenciones de Ginebra y en general el derecho penal internacional, son documentos con datos y principios estorbosos ya superados, según los neoconservadores de tiempos de Bush y de Obama. En el entusiasmo de empresas y altos funcionarios por estos contratos bajo sostén de un nuevo ¿orden? global se encontrará el motor del abandono de EU del derecho penal internacional y su endoso desde el 11-S a guerras de agresión, el mayor crimen en curso según las normas derivadas de los juicios de Nuremberg.

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Educación: negocio para el uno por ciento

John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 1 de Septiembre de 2016.

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unque aquí la narrativa para la promoción de la reforma educativa ni lo menciona, en Estados Unidos sí: se trata de un negociazo. La colocan junto a otras industrias de alto rendimiento, como la farmacéutica o la del petróleo. La llaman industria de la reforma educativa (the education reform industry), inspiración y aspiración de Mexicanos Primero, con la mira en el botín del kínder a la universidad. Así la piensan los amigotes de allá, las corporaciones, fundaciones y FMI, Banco Mundial (BM), BID y OCDE, verdaderos cabildos del uno por ciento. Presentes, como en otros servicios públicos en vías de mayor privatización, educación, salud, seguridad pública, gestión del agua, petroquímica, electricidad, infraestructura etcétera, las asociaciones público-privadas (APP) se usan para la usurera y opaca extracción de riqueza de lo público a lo privado.

Para la Fundación de la familia Walthon, dueña de Walmart, la reforma educativa, ya en Estados Unidos o acá, es instrumento de poder y negocio. También para la Fundación de la Familia Clinton. En un bien documentado estudio, Guerra y Wall Street: el sombrío expediente de Clinton (Truthout org, 1/8/2016), Timothy Scott puntualiza que en la Fundación de los Clinton está la crème de la crème del mundo bancario, corporaciones, filantropías, cabildos, contratistas militares, de la industria del gas y del petróleo, la farmacéutica y múltiples donantes, de Citigroup, Goldman Sachs y Exxon Móbil a Monsanto y ¡Blackwater! Narra que una vez nombrado gobernador de Arkansas (1988), Bill Clinton colocó a Hillary a cargo del Comité de Evaluación Educativa para la reforma del sector de ese estado. De ahí salió una ley extraordinariamente regresiva que financia la educación con aumentos en los impuestos al consumidor, dejando a las grandes corporaciones libres de mayor obligación fiscal. Para los educadores esa reforma no fue diseñada para ayudar, sino para castigar y transformar a los maestros en chivos expiatorios de todos los males del sistema educativo. Desde entonces, Hillary mantiene contacto personal y profesional con (textual) la industria de la reforma educativa y algunos filantropistas claves.

Ante la creciente oposición nacional a la reforma educativa en Estados Unidos, como en México, auspiciada por el uno por ciento, Clinton actúa con cuidado para no perder votos. Sin embargo, Scott revela que “DLA Piper, firma legal que representa las principales empresas en el mercado de la reforma educativa, es uno de los principales donantes a la campaña electoral” de Hillary, al igual que Alice Walton, una de las personas más ricas del mundo, heredera de Walmart, que opera en todo México.

La narrativa del BM-BID y de los hacendistas locales, dice que las APP combaten pobreza y alientan el bienestar general. Cuando el Senado mexicano aprobó una controvertida reforma a la Ley de las APP, el pasado 16 de marzo, PRI, PAN y anexos, al tiempo que abrían las puertas a las APP en lo educativo, salud y seguridad pública, enarbolaron las banderas del BM-BID, de que aumentan inversión, empleo, crecimiento, el ingreso familiar y dan más y mejores servicios públicos y bienestar. Lo que ni las evaluaciones internas del BM se atreven a afirmar, menos dados los desastres a la vista en Mexichem y OHL, entre otras APP.

Vicente Bello de Tren Parlamentario informó que según el senador Manuel Bartlett: se trata del robo al presupuesto nacional, garantizado por los gobiernos neoliberales, apoyado por la Secretaría de Hacienda. Observación puntual porque la SHCP aplica la línea macroeconómica del FMI, que es la del alto capital, exigida para acceder a las líneas de crédito del BM-BID. Las evaluaciones internas del BM avalan las críticas vertidas en el Senado. Recabadas por Nicholas Hildyard thecornerhouse.org.uk y presentadas a la Escuela de Negocios de Manchester, el BM reconoce que son escasos los datos en su posesión requeridos para evaluar las APP; que el BM no cuenta con sistemas que permitan evaluar las APP una vez concluido el proyecto y además, que para el BM desarrollo exitoso equivale a éxito comercial. Los del BM asumen que si fue un buen negocio, entonces debió ser bueno para el país como un todo y en particular para los pobres(sic).

La senadora Dolores Padierna advirtió que con aval de PRI y PAN la ley permite que cualquier actividad a cargo del Estado, sea productiva o social, pueda ser contratada por privados al extremo de usar las APP para delegar en ellos la regulación económica del sector energético con el enorme riesgo de perder el poco control que le dejó al Estado la reforma energética. El senador Alejandro Encinas advirtió que quienes usan las APP las conciben no como un instrumento para fortalecer los bienes públicos y el interés público, sino como continuidad del proceso de privatización. Delegan “al sector privado funciones sustantivas que corresponden al ámbito de gobierno en materia de educación, de salud, de seguridad pública”.

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