Frontera norte de Latinoamérica

John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 28 de Mayo de 2015.

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ilma Rousseff visita México, donde América Latina colinda con EU. Lo hace en momentos críticos para la nación y el orbe: desde el 11/S EU está en estado de excepción y en belicoso despliegue militar operando al margen del Derecho Penal Internacional (Irak, Afganistán, espionaje de NSA, ejecuciones extrajudiciales con drones, ejercicios militares cerca de Rusia y China) mientras se acentúa una carnicería entre mexicanos que impacta al país y al mundo con los horrores de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato (La Jornada, 24/5/15). Nos visita cuando está en riesgo la soberanía por la alta violencia y el fratricidio con armas de asalto vendidas por un EU que en 1994 vinculó al TLCAN, base de la ALCA, con su expansión territorial desde la Compra de Louisiana (1803) y la Compra de Alaska (1867) y que ahora continúa con la transferencia de armas de alto y grueso calibre a tirios y troyanos.

Esta visita de repercusión nacional, regional y mundial, fortalece una relación bilateral crucial para la región en la que ambos aprenden de sus aciertos y errores. Con una política interior y exterior ahogada por EU y su FMI-BM-BID, México debe hacer suyo el enfoque social y multilateral de Brasil. Además tiene mucho que enseñar sobre los graves errores que le llevan a ser puntero mundial por la cantidad de muertes violentas sólo después de Siria e Irak. Al calor de tres décadas de acumulada guerra de clase neoliberal, aquí la carnicería se acentuó al optar Calderón y sucesor por la vía militar, la ruta del Departamento de Defensa de EU (DdD) para lidiar con el narcotráfico y el crimen organizado. En el combate al crimen trasnacional desatendieron los protocolos de la Convención de Palermo, que permiten frenar tragedias humanitarias y riesgos a la soberanía. ¿Fue por los recursos del DdD canalizadas por la Iniciativa Mérida (IM) y el Comando Norte (CN)?

La violencia es asunto multifactorial: existe dato duro de que el aumento en el ingreso de armas de asalto a México, desde que en 2004 cesó la vigencia de la Prohibición Federal de las Armas de Asalto de EU (PFAA) es causa directa del aumento de la violencia en México. Así lo indican, en Tráfico oficial e ilícito de armas a México” (El Punto Sobre la I, Nº14/2014), Gonzalo Aguilar Zinzer et al. Con cifras y documentos oficiales en mano indican que según la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU –ATF–, 71 por ciento de las armas aseguradas por las autoridades mexicanas vienen de EU. La Auditoría General (GAO) dice que 90 por ciento de las armas tiene ese origen. Del puntual estudio se infiere que dedicando más recursos humanos y tecnológicos a la detección y control del tráfico de armas, en México y en EU, los índices de violencia acá se verán rápida y perceptiblemente reducidos. (p.10) Pero las prioridades y los objetivos en materia de narcotráfico y crimen organizado son otros. Se menciona que en 2012 sólo había 421 agentes de la ATF asignados a vigilancia fronteriza del flujo de armas hacia México en contraste con 18 mil 546 agentes en control migratorio. Entonces, ¿para qué sirve la IM y el CN sino para acentuar enlaces militar-militar e intervención en materia propia del Ministerio Público?

Después de todo, se trata de asuntos de importancia mayor por lo vasto de la tragedia humana y sobre lo engañoso del tan pregonado impulso a la estabilidad; el fortalecimiento del tejido social y las fronteras inteligentes del Siglo XXI que enarbola la IM. Por lo que esta no es cualquier incoherencia. Es una que trae consigo una larga cola que se remonta al Texas de 1836 y al gran despojo formalizado en 1848. Ahora se juega con la integridad territorial de todo México. Ya las implicaciones de la IM y el CN sobre la jurisdicción territorial de la Federación se hacen sentir: en la autorización para que agentes extranjeros porten armas en territorio nacional y en los ominosos avisos de que Canadá autorizaría a agentes de EU a realizar arrestos en su territorio. Como en ningún momento el derecho ciudadano en EU para adquirir y poseer un arma se vincula a las de grueso y largo calibre, es del todo razonable la observación de Zinzer et al de que cuando menos debe reinstalarse la PFAA, pequeño gran cambio que podría reducir de ya la violencia refleja en México. (ibidem)

Un pequeño gran cambio fuera de la agenda Bush/Calderón y Obama/Peña. Para la IM, que no se rige por el derecho internacional ni está bajo escrutinio legislativo acá, todos los dineros. Para salvar vidas mexicanas nada: en enero de 2010 17 adolescentes perecieron –junto a decenas heridos– en la masacre de Villas de Salvárcar. No se supo entonces que las armas también venían de la operación Rápido y furioso no obstante que las autoridades de EU y México tenían pleno conocimiento de ello. (p11)

EU arma a gobierno y cárteles ¿para desarticular la Federación y alentar los precipitantes de guerra civil, terreno fértil para más despojo?

México: capitalismo del desastre

John Saxe-Fernández, La Jornada a Jueves 14 de Mayo de 2015.

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os dos Méxicos, el decasas nuevas para los mandamás y el de fosas nuevas repletas de Tlatlayas y Ayotzinapas para amansar al resto (La Jornada, 14/4/15) son expresión brutal de lo que en La doctrina del shock Naomi Klein llamó capitalismo del desastre. Con un recetario desde 1982 a base de desregulación, privatización, austeridad a 99 por ciento y derrama fiscal a uno por ciento, el shock vía la guerra alnarco se palpa en cerca de 150 mil muertos, más de 26 mil desaparecidos e inusitada, torpe y riesgosa represión ante resistencias y protestas legítimas. Como en San Quintín, por las reivindicaciones de trabajador@s agrícolas ante estremecedoras condiciones de explotación, que el neoliberalismo y el TLCAN llevan a todos los rincones de la Federación con su cauda de desempleo, hambre y represión con creciente intervención policial, militar y del espionaje extranjero, parte y parcela de la sombrilla de terror y seguridad para consumar el gran despojo consignado en las (contra) reformas estructurales.

Detrás de la privatización petrolera están, en la ronda uno, los negocios de petroleras de dentro (las menos): Pemex, la recién fundada Petrobal y Diavaz, entre otras, y las apetitosas ambiciones de firmas de fuera (las más): Exxon, Chevron. BP, Shell, Ecopetrol (Colombia), Cobalt International, Hunt Overseas, Total (Francia), Sierra Oil&Gas, BHP Billinton, Hess News, a quienes favorece –especialmente a las de Estados Unidos–, la Iniciativa Mérida y el programa de ajuste estructural entroncándolas con leyes secundarias, a mineras de aquí y de allá (Canadá, Australia) y a los intereses que codician la gestión del agua. Lo hacen con una atroz Ley de Aguas congelada hasta después de las elecciones de junio, por el fuerte rechazo popular que concita.

La radical contrareforma energética peñista parece calca de diseños de corte colonial de Exxon/Mobil y el Banco Mundial en África Occidental. Se asemejan hasta en la participación de Citigroup como uno de los bancos globales que, años ha, zopilotean el tan esperado festín a costa de México. Para facilitar operaciones especulativas a gran escala con la riqueza localizada en territorio bajo jurisdicción nacional, las reformas estructurales permiten a las mineras, receptoras de generosas concesiones (70 por ciento ya en manos extranjeras), que suman la friolera de 98 millones de hectáreas, para que, además del desastre humano y ambiental de la minería a cielo abierto, exploten los hidrocarburos, en especial los no-convencionales (gas y petróleo de lutitas, o shale) de enorme toxicidad, grave impacto medioambiental, atmosférico, sísmico, alta voracidad acuífera y territorial y una inviabilidad geológico-financiera que augura un mega-Fobaproa fósil, a lo bestia.

El saqueo neoliberal, llamadoproceso de cambio, causa destrozos al tejido social, expulsa la población de su territorio por medio de instrumentos policial-militares (y para-militares o de plano de empresas mercenarias deseguridad) para consumar la incautación de los recursos naturales en ejidos, tierras y forestas comunales, mantos acuíferos, desvío o trasvase de ríos, de una cuenca a otra como en el acueducto Independencia con afectación grave a comunidades, los yaquis entre muchas.

Para perpetrar la incautación de los bienes comunes, la aplanadora legislativa PRI-PAN-Verde-Panal, busca su renovación, frente a lo cual sólo el voto podría desalojarlos del Congreso en junio, por ser un consistorio voraz, sumiso, corrupto y apátrida que entregó el gas y el petróleo y aprobó la vieja demanda imperial (y de EPN) para que agentes extranjeros puedan portar armas en México: toda una proeza anti-nacional de quienes Monsiváis dijo que eran la primera generación de estadunidenses con nacionalidad mexicana que recién arribaba al poder (1982) y que ahora en calidad de senadores, advierte Manuel Bartlett Díaz, están cometiendo un atentado contra la nación mexicana, serán responsables de la integración del territorio nacional a las autoridades de EU.

Desde la perspectiva de la seguridad e integridad de México el riesgo de lo denunciado por el senador Bartlett no es asunto menor: es eje del diseño de seguridad imperial que ejecutan con entusiasmo el Ejecutivo y la aplanadora legislativa a través de lo que en verdad interviene, interfiere y acota nada menos que operaciones cruciales al monopolio del ejercicio de la violencia legítima sobre el territorio nacional, mientras grandes firmas realizan uncercamiento de enorme calado, mayor al despojo territorial de los años 40 del siglo XIX, vía la privatización y dislocación de la vasta y multimillonaria infraestructura desplegada (desde 1938) en grandes complejos económico/territoriales en los que Pemex y CFE realizan operaciones vitales a la seguridad e integridad de la nación. Ambas entidades, ahora empresas productivas del Estado, están bajo alevosa agresión fiscal de los hacendistas locales (FMI), para llevarlas a un punto de venta.