¿Elecciones federales o lavadora?

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 26 de Julio de 2012.

Como una de las funciones esenciales de las instancias encargadas de la calificación de las elecciones es generar certidumbre y consenso postcomicial, ofreciendo la información de lo ocurrido para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evalúe si se apegaron o no al mandato constitucional y califique su validez o invalidez, llama la atención que Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral: 1) se sorprendió por la difusión del Informe Circunstanciado que el IFE presentó al TEPJF ¿por su inadmisible retórica, parcialidad y asumir un papel que no le corresponde?, y 2) que reaccionara como incondicional del PRI, primero medio ofendido y luego burlón, ante la solicitud formal y respetuosa de los integrantes del Movimiento Progresista –PRD, PT y MC– y del PAN para que se agilicen las indagaciones ante el Iguazú de dineros que inundó la campaña del PRI, a fin de que sean presentadas antes de la calificación, y el TEPJF cuente con elementos, ahora esenciales, para dar curso a su función. Su respuesta de que el IFE no es rehén de nadie y que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene hasta enero (2013) para resolver sobre el caso, induce lágrimas de risa por su inmadurez, y de llanto por la frivolidad y laxitud ante un panorama (y normatividad) nacional e internacional complejo, que además de lo electoral, ya incluye una institucionalidad penal y de seguridad por el presunto origen ilegal y uso de las elecciones federales mexicanas para el lavado de narcodólares. De ahí la importancia de ventilar el involucramiento de la alta narcofinanza en estos tejes y manejes (HSBC y su sucursal en México, entre otros).

La mencionada petición ante el IFE de fuerzas políticas que representan dos terceras partes del electorado, obedece a que, según Jesús Zambrano y Gustavo Madero, presidentes del PRD y del PAN respectivamente, cada día hay más evidencias, fuertes y contundentes, del manejo ilegal de recursos a través del Banco Monex durante la campaña del PRI, por lo que el IFE y la Fepade deben ofrecer al TEPJF los datos sobre abundantes impugnaciones (que cubren un amplio espectro), con énfasis en el rebase de los topes de gasto de campaña, la compra y coacción del voto y el presunto origen ilícito de fondos por parte del PRI. Desde el 8 de febrero AMLO propuso 12 medidas para prevenir la compra y coacción del voto, pero esa iniciativa, recordó Jaime Cárdenas, fue contestada por el IFE tres meses y medio después, rechazándola con desdén porque esos asuntos corresponden a la Fepade.

La respuesta de Leonardo Valdés Zurita más que una burla parece una movida legaloide, con el mensaje de que aquí ganan las trampas. ¿Acaso se intenta alentar la explosividad socio-política e inducir un clima de violencia, planteando a la opinión pública, y en especial a una juventud movilizada contra la manipulación mediática, que para la imposición de EPN se recurrirá a la asfixia del cauce legal, para que las graves y generalizadas violaciones no se presenten antes sino a toro pasado, luego de que el TEPJF emita su sentencia?
PRD y PAN ya plantearon que la PGR y su Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se encargue de aclarar el origen de los dineros. Validar las elecciones sin aclarar la triangulación de fondos y la magnitud del rebase, de la compra de votos y el origen del dinero, sea de fuentes públicas o delincuenciales, además de violar la Constitución y las leyes relacionadas con delitos por narcotráfico y lavado, acarrea rompimientos con tratados y convenios internacionales.
Desde hace 20 años, cuando se ampliaron las oportunidades de corrupción a niveles inimaginables, existen documentos e investigaciones de la Red para la Persecusión de Delitos Financieros y del Senado de Estados Unidos, sobre la incidencia del dinero ilícito en el sistema. Dada la imbricación del lavado con el aparato financiero desde que se puso en marcha el vasto y corrupto programa de privatizaciones y sus megamillonarios, la tolerancia en el uso de las elecciones como lavadora acarrearía efectos penales y no sólo políticos y económicos.

Violencia y retroceso autocrático

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 12 de Julio de 2012

En una entrevista con Fareed Zakaria desde CNN, Enrique Peña Nieto (EPN), cuyo triunfo es cuestionado ante monumentales irregularidades (compra y coacción del voto, etc.), que en cualquier nación acarrearía la anulación de las elecciones, aclaró que en materia de seguridad su agenda es la apuntada por Estados Unidos: continuar la guerra irregular, esto es, seguir desangrando y desestabilizando a México como desde 2007, bajo la pantalla de “guerra al narco”, generando hiperviolencia con efectos demográfico-territoriales vistos con atención por el Comando Norte del Departamento de Defensa (DdD).

Lo que aquí es un trauma nacional, para Estados Unidos es oportunidad para colocar tropa y contratistas en territorio mexicano e incidir en la toma de decisiones sobre seguridad interna. Incluso es excusa para plantear la invasión militar, como hizo el gobernador de Texas, estado que, como Arizona, deriva ventajas del gran desalojo de mexicanos: la violencia expulsa miles de trabajadores, empresarios, fábricas y grandes fortunas hacia Mission, Houston, Phoenix, etc. Allá genera un boom, acá, pueblos fantasmas, desempleo y grandes vacíos geográficos, con riesgo de desgaje territorial. Es un cuadro alentado por el lavado de dinero y el magno flujo, rápido y furioso, de armas de alto poder hacia cárteles y otros entes armados que operan en el país y en los estados norteños.
EPN aseguró al Wall Street Journal que no cambiaría, sólo ajustaría, la actual estrategia anticrimen de Calderón, enfatizó el papel de la Policía Federal y luego anunció que Óscar Naranjo, ex general y ex director de la policía colombiana, le asesoraría en materia de seguridad. El pedigree de Naranjo, rigurosamente analizado por Carlos Fazio (La Jornada, 30/6/12, p. 2 y ss), lo convierte en un producto de exportación estadunidense, cuya primera recomendación a EPN, según la Ap, fue crear grupos de choque mixtos (Ejército, Armada, policías) para combatir al narco y sicarios ... concentrando los esfuerzos en las regiones de mayor conflictividad, es decir, alborotando el avispero con grupos de choque, en la frontera con Estados Unidos. ¿Para qué? ¿llevar la explosión hasta las calles de Chicago o NY y que nos bajen la frontera hasta Monterrey?
La experiencia de Estados Unidos en la formación y uso de pelotones de asesinato (paramilitares) para implantar regímenes de terror de Estado, impulsados y financiados desde el Plan Colombia con resultados atroces para la población rural y urbana, es para el DdD (junto al uso de drones para matar o espiar, ya avalado por EPN), aplicable a otras naciones de interés, sea por los “corredores energéticos o minerales en su territorio (Afganistán) o por su dotación de petróleo (Irak, Nigeria, Irán, etc.) y por tanto de valor para las petroleras y la seguridad nacional estadunidenses, máxime cuando se agudiza el agotamiento de los estratos baratos, de fácil acceso y alta calidad de hidrocarburos (peak oil) y otros recursos vitales.

Aunque la conjunción de intereses empresariales y de seguridad de Estados Unidos, encarnada por Negroponte, asumió que una mayor privatización de Pemex era asunto políticamente delicado que debía ser debatido (La Jornada, 13/1/11), todo indica que la decisión se realizó a puertas cerradas en el PRI, en el PAN –¿y en la embajada?– porque días después EPN fue a Estados Unidos a anunciar que acataría esa directriz y pronto el PAN se pronuncio por profundizar las reformas estructurales del FMI-Banco Mundial-BID vigentes por 30 años, devastando población, el aparato productivo y el empleo, fuente prima del caldo de cultivo de la criminalidad que Estados Unidos dice combatir con la Iniciativa Mérida, el esquema de intervención/ocupación con que, a decir de G. Thompson (NYT/VII/11) se despliegan en México agentes de la CIA/DEA, militares retirados y contratistas de seguridad.
Coda: luego del bochorno electoral de 2012, en EPN confluyen, además de la ilegitimidad comicial y el poder de la televisión, el refuerzo de la autocracia presidencial: como en Estados Unidos, luego del 11/S, acá se auspicia la usurpación legal de funciones judiciales y legislativas por el Ejecutivo vía la nueva Ley para la Evaluación y Aprobación de Tratados (La Jornada 27/4/12). De ser aprobada por el Senado, sería una hazaña de homologación con el imperio, en que el PRIAN nos abre al ingreso de naves, equipo y tropa extranjera o al envío de soldados al exterior. Porfirio Muñoz Ledo advirtió que con esa ley se están convirtiendo los acuerdos ejecutivos para darles el valor de tratados, violentando el equilibrio de poderes, convalidando los ya suscritos y suplantando al Senado con una simple notificación por parte del Ejecutivo y el diputado Jaime Cárdenas fue a su fondo geoestratégico: detrás de esta ley está el interés en el petróleo, los minerales, el agua, la biodiversidad y el deseo de imponer a México las estrategias de organismos financieros en materia de soberanía económica y alimentaria.