Finanzas, crisis y guerra

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 25 de agosto de 2011.

La instauración de un estado de excepción global con la guerra preventiva y el uso y abuso de la carta policial-militar desde el 11/9 para sostener el manejo clasista de la crisis y frenar el deterioro hegemónico de Estados Unidos representa el riesgo mayor a la paz mundial. Desde finales de 2001, la guerra y las operaciones especiales de Estados Unidos se extienden a las regiones y naciones con recursos estratégicos vitales, Oriente Medio, Venezuela, Brasil, México, Canadá.

Y mientras el Pentágono contempla riesgosos planes contra Irán y China, se intensifica la guerra de clase, la represión y el intervencionismo por la aplicación de un recetario recesivo ante la crisis de acumulación en centro y periferia.

En Estados Unidos, por vez primera desde los años 30, no crece el empleo: en los 60 creció a 31 por ciento y la siguiente década bajó a 27 por ciento. Esa leve caída, el aumento de 60 por cientoen los precios del crudo (1979) y el timing de la crisis de los rehenes en Irán que llevó a la renuncia del secretario de estado Cyrus Vance, la primera ocurrida en 65 años, (Jomeini retuvo los rehenes hasta el último día del gobierno de Carter), llevaron a la presidencia a Reagan en 1981. Superó a su antecesor y llevó el gasto militar a niveles descomunales, en especial el rubro anti-balístico y aeroespacial.

Al recurrir al mercado de capitales y al déficit provocó fuertes aumentos en las tasas de interés, con devastadores efectos en América Latina: la debacle deudora de 1982 y el sometimiento a la condicionalidad cruzada FMI-Banco Mundial, instauran el neoliberalismo. Esa fue la primera de las crisis que desde entonces abaten al régimen de acumulación de la valorización financiera (ver Leda M. Paulani (http://rrpe.sagepub.com/) manifestándose en estallidos de burbujas especulativas de creciente intensidad y extensión.

Los cabildos e intereses detrás de Reagan y sucesores lograron la desregulación financiera, reducir impuestos a ricos y empresas, elevar la retórica librecambista y la praxis privatizadora a dogma sagrado junto al estado de guerra, con recortes al gasto social y medioambiental. La mezcla de la narrativa del free market con un keynesianismo militar se sustentó en un enorme paquete de billonarios contratos plagados de sobrecostos, corrupción. Eran subsidios a las grandes firmas. Esas fueron las bases para el armagedón económico-militar en curso: Reagan profundizó la militarización a costa del medio ambiente y la eficiencia energética. Propició la quema de combustibles fósiles y mientras perpetraba una gran carnicería en Centroamérica, el FMI y el BM inflingían severos programas de ajuste estructural a los pueblos latinoamericanos, incluidas la austeridad recesiva y la desregulación de los flujos de capital, mientras en Estados Unidos el déficit se elevó sin descanso y el Pentágono, el mayor consumidor de crudo del mundo, ante el agotamiento de la reserva petrolera de Estados Unidos, (llegó al techo en 1970), lanzó un ofensiva bajo el lema: “don’t conserve, we’ll go out and get it for you”. Las grandes petroleras agradecieron la continuación e intensificación en el uso de instrumentos de Estado (militares o de espionaje) para acceder al crudo localizado en México y Canadá, pero siempre con la mira en el Oriente Medio, sede de 60 por ciento del crudo mundial.

Con el régimen de acumulación en crisis y las burbujas proliferando, se desata una dinámica de retroalimentación prevista por Hyman Minsky, al revisar la coexistencia del estancamiento que aflige al capital monopólico y la hipertrofia financiera (por las decrecientes oportunidades para la apropiación de excedentes en el aparato productivo).

La disputa por los recursos naturales, agudiza la crisis con efectos sistémicos. Su manejo clasista genera altos riesgos bélicos, ambientales y enormes subsidios a los dueños y managers de estructuras financieras cada vez más frágiles. Recurren al Homeland Security, para sostener lo insostenible: seguir privatizando las ganancias y socializando los riesgos.

El protectorado

John Saxe-Fernández, la jornada, jueves 11 de agosto de 2011.

A

unque es claro que al adoptar el TLCAN (una capitulación económico/comercial y de inversión impulsada por transas oligárquicas con Wall Street), Estados Unidos enclaustraba a México, con injerencias policial-militares de alto costo para la población y la soberanía, el desplome capitalista, cuyo fuerte oleaje llega hoy al mundo desde un hegemón que se agrieta bajo la militarización de su política doméstica e internacional y la gravitación del capital especulativo, acarrea graves riesgos para la paz mundial y para un México que, sometido por Calderón al diseño de guerra irregular del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) que opera bajo la rúbrica de guerra al narcotráfico, como era previsible ve aumentar la presencia del aparato de seguridad imperial, al tiempo que se debilita su jurisdicción territorial, en especial en los estados norteños, tan cerca de Estados Unidos. (ver De Afganistán a México, LaJornada/27/7/11).

El New York Times del 6 de agosto publicó un reportaje de Ginger Thompson sobre la decisión de Estados Unidos de ampliar su papel (sic) en la guerra al narco en México, ¿alentados porque con solo un voto en contra, la Comisión de Defensa del Senado mexicano cometió el error histórico de aprobar, en lo general, el uso de los militares en tareas de seguridad pública? El NYT cubre asuntos de máxima sensibilidad, como que (textual):Funcionarios en ambos lados de la frontera dicen que se han diseñado nuevos métodos para dar la vuelta a las leyes mexicanas que prohiben que fuerzas militares y policiales extranjeras operen en territorio mexicano...

Quien ocupa Los Pinos, que según el diario pactó con Obama estaampliación, es algo más que entreguista. Es un más, grave en lo jurídico y constitucional. Además se nos detalla que para dar la vuelta a nuestras leyes, se recurre al ingreso al país (como en Afganistán) de mercenarios que operan como contratistas desde firmas de seguridad de Estados Unidos, de horrenda fama mundial por atrocidades contra la población. ¿Desde cuándo operan aquí?

Otra dimensión, igualmente seria de las equívocas decisiones de Calderón en materia de seguridad, es haber admitido en México (especialmente en una base en el norte) no sólo la presencia militar del Comando Norte y de organismos de seguridad de EU, sino también el presupuesto de la Iniciativa Mérida (IM), gestando clientelas y dependencia en el área militar y de seguridad: quien paga, manda. Y ahora se nos informa que, además de los mil 400 millones de dólares de la IM, la asistencia de seguridad a México desde la nómina del DdD es de ¡decenas de millones de dólares!

Una analista de la Brookings afirma que en México es de esperar que se cuestione la IM y se pregunte cómo se usa y gastan esos dineros. Y no sólo aquí. El cabildo militar y de la industria de la seguridad, es ducho en persuadir a senadores y diputados de los comités de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores, de allá. Y ¿de aquí también?.

Mientras Obama transgrede las Convenciones de Ginebra, realiza ejecuciones extrajudiciales y despliega fuerzas especiales en 120 países bajo su único mando adiestradas en operaciones clandestinas, al solicitar el ingreso a territorio nacional de esas fuerzas y decontratistas, se hace patente el desapego constitucional y el endoso calderonista al Homeland Security en México, homologándonos además en materia de allanamientos, arraigos, espionaje electrónico, telefónico, etcétera, y de militarización de la seguridad pública, delegando de facto al Comando Norte la función de defensa nacional mexicana.

Si Fox llevó a Pemex a un punto de venta; abrió los campos petroleros a firmas extranjeras y avaló con la ASPAN, la ampliación del perímetro de seguridad de Estados Unidos, ahora el boleto, además de dejar a Pemex como cascarón con la reforma energética de 2008, es legalizar y dar permanencia al estado de guerra, instaurar un régimen policial-militar y consumar, con el PRI, la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security.